El Congreso debate un proyecto de ley presentado por un diputado de la Federación Agraria para fijar un límite a la cantidad de tierras que pueden estar en manos de extranjeros, las cuales –según algunos estudios– hoy suman al menos el diez por ciento del territorio nacional. La iniciativa, acompañada por la centro-izquierda, genera roces entre las organizaciones del campo, ya que es resistida por “los gordos” de la Sociedad Rural y Confederaciones Rurales Argentinas.

Por Pedro Ylarri y Silvina Marquez

Una ley para restringir la venta de campos a empresarios y a compañías extranjeras está siendo promovida en el Congreso por un grupo de agrodiputados vinculados a pequeños y medianos productores, lo que está generando discrepancias entre legisladores rurales, dijeron a PERFIL diputados y voceros de la cámara baja, por la intención de algunos sectores de impulsar el proyecto “hasta las últimas consecuencias”.

El proyecto, cuyo primer borrador fue presentado en abril de 2009 por el diputado Pablo Orsolini, tiene el apoyo de la Federación Agraria Argentina (FAA) y busca limitar y restringir, por medio de ciertas condiciones, la compra de tierras; no prohibir. Por estas semanas, se debate en la Comisión de Legislación General, luego en la de Agricultura y Asuntos Constitucionales, en donde está cosechando el respaldo de sectores de centroizquierda y de ediles del oficialismo, aseguraron.

Reconocieron, sin embargo, que la norma genera “discrepancias” con el resto de las entidades del campo, las que aglutinan “a los gordos”, como la Sociedad Rural (SRA) y la CRA (Confederaciones Rurales de Argentina). Javier Jayo Oroqui, secretario de CRA, precisó que la entidad se opone “a fijar límites para arrendar y de que se cree un Consejo que controle esto”. Por su parte, Sociedades Rurales de la Patagonia –principal destino de las inversiones en tierra de extranjeros–, entre ellas las de Río Gallegos y de Comodoro Rivadavia, criticaron el proyecto porque, argumentan, hay que privilegiar “el uso racional” de la tierra, sin importar quién es su dueño.

Hay al menos dos proyectos en los despachos del Congreso: uno, de los diputados de la FAA, busca prohibir que los extranjeros sean propietarios de más de 25 por ciento del total de tierras de un mismo municipio. Otro, elevado el año pasado al Ejecutivo por la ex senadora chubutense Silvia Giusti, cercana al gobernador Mario Das Neves, quien propuso, antes de vencerse su mandato en diciembre, limitar que una persona física o jurídica extranjera pueda adquirir más de dos por ciento de los terrenos de una provincia, y no más del diez por ciento de un municipio. Además, exigía a los extranjeros que compraran tierras una declaración jurada en la que constaran todas las propiedades que tienen.

El debate por el supuesto proceso de “extranjerización” de los campos viene siendo promovido por varios sectores de la izquierda desde hace lustros, aunque recién ahora la situación se torna “algo preocupante”, aseguran desde la FAA. Un informe de la entidad asegura que al menos diez por ciento del territorio argentino era propiedad de extranjeros en 2007, es decir, unos 300 mil kilómetros cuadrados. “Hoy, la guerra en el mundo es por el petróleo, pero dentro de treinta o cuarenta años va a ser por el agua. No hay que olvidar que el Acuífero Guaraní nace en Santa Fe y abarca el norte argentino y países vecinos. Esta ley busca proteger las tierras y los recursos naturales”, dijo a PERFIL Orsolini, del Chaco.

Un broker inmobiliario dedicado al negocio de la tierra rural estimó que al menos veinte millones de hectáreas son propiedad de empresas o personas extranjeras en todo el país, mientras que unos 13 millones de hectáreas están en “proceso de venta o fueron vendidas entre 2005 y este año”. En la FAA ven con preocupación cómo los grandes conglomerados sojeros están comprando millones de hectáreas y señalan que, desde 2004, los brasileños reemplazaron a los estadounidenses entre los mayores interesados.

Entre los grandes compradores de tierras, Giusti mencionó al inglés Joe Lewis, quien adquirió de un saque gran parte de los campos que rodean al bellísimo Lago Escondido, en Río Negro, tierras que hoy están valuadas en centenares de miles de dólares. Según denunció Giusti, “emprendedores” como Lewis promueven una tendencia a la privatización de las costas de los lagos hasta los límites de los Parques Nacionales. En la Patagonia, Luciano Benetton y sus hermanos Carlo, Giuliana y Gilberto son dueños de cerca de un millón de hectáreas. Los diputados de la Coalición Cívica denunciaron que el grupo italiano alambró un tramo dentro de una de sus propiedades, dejando adentro a un pueblo y a un río.

“La ley busca limitar a los compradores que adquieren campos por dos pesos y no producen nada, no a los que lo tienen como parte de su cadena productiva”, dijeron en el Congreso, y añadieron que empresas como Massalin Particulares y Nobleza Piccardo, que tienen grandes extensiones en el norte “no tendrían que desinvertir, ya que las limitaciones abarcarían de aquí en más”.

Asesores de los agrodiputados preparan además un informe de “legislación comparada”, con datos sobre las limitaciones a la compra de tierra. Las leyes más nuevas, explicaron, son de América del Norte (México, Estados Unidos y Canadá tiene normas restrictivas), aunque también Brasil (protección del Amazonas), Suiza e Irlanda limitan el acceso a los extranjeros a tener campos.

De avanzar el proyecto, casi no quedarían campos preparados para las actividades productivas tradicionales para ser comprados por extranjeros, ya que según el Censo Nacional Agropecuario existen en el país 180 millones de hectáreas agropecuarias, es decir el máximo a tener por los extranjeros serían 45 millones de hectáreas, diez millones más que las que actualmente ya tienen o están en proceso de venta.

“La concentración y la extranjerización vienen atados a la privatización de las costas y espacios públicos”, dijo la diputada provincial Magdalena Odarda, que acompañó el proyecto de la FAA. La intención de los agrodiputados, explicó, es “proteger áreas clave por sus recursos naturales o interés geopolítico”. Y “defender” a los pequeños productores: entre 2002 y 2008 desaparecieron unos 60 mil productores chicos, por lo que ya son 160 mil si se cuenta la década del noventa. “La ley es clave para frenar esto”, argumentan.

Ficha del artículo:

Título original: Proyecto de ley de la federacion agraria, Quieren limitar la cantidad de tierras productivas en manos de extranjeros.
Fecha de publicación: 6 de junio de 2010
Medio: Diario Perfil, Buenos Aires, Argentina
Link: http://www.diarioperfil.com.ar/edimp/0475/articulo.php?art=22191&ed=0475

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BUENOS AIRES, feb 25 (DyN) – La difusión de estadísticas que
revelan altos índices de violencia doméstica provocó la reacción de funcionarios, legisladores y organizaciones no oficiales, que
advirtieron es necesario revertir “la cultura de la discriminación”, a través de “reformas” en la Justicia y en la educación, en especial en las provincias del NOA y del NEA.
El Consejo Nacional de la Mujer y especialistas reveló que un
60 por ciento de las mujeres residentes en grandes ciudades son
sometidas a violencia doméstica o conoce a alguien que la padece, mientras cifras oficiales, a las que DyN tuvo acceso, muestran un notable incremento de denuncias.©
La reacción de funcionarios no se hizo esperar, y la titular
del Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI), María José Lubertino, expresó que “detrás de la violencia hay una situación de discriminación, porque la violencia es el último eslabón de la cadena de prejuicios que están en la base de la discriminación”.
La segregación “se da por la naturalización de prejuicios en
las relaciones entre varones y mujeres. Esto se puede ver todavía en la distribución de roles en el hogar, en el ámbito laboral, en materia de salud sexual y reproductiva, pero en especial en algunos dictámenes de la justicia”, dijo Lubertino.
“Hay situaciones muy graves en muchas provincias del noroeste
(NOE) y noreste argentino (NEA), donde el Poder Judicial emite
sentencias discriminatorias hacia las mujeres, donde bajan (las penas por maltrato) por una supuesta cultura”, agregó.
Para “combatir eso hay que reformar el Código Penal, no para
aumentar las penas, pero sí para desactivar la discriminación que está allí, en el capítulo de delitos sexuales, para decir como se debe aplicar la justicia”, sentenció.
Desde el ámbito legislativo, la diputada nacional Lucrecia
Monti (Justicialismo Nacional) advirtió a DyN que “es necesario
adecuar la legislación interna (a tratados internacionales) para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer”, y
advirtió que un proyecto de su autoría sobre el tema “sólo fue
tratado por 1 de las 4″ comisiones que deben emitir dictamen.
El proyecto, según indicó, pretende la capacitación de agentes judiciales, policiales, docentes y profesionales que trabajen en la problemática, así como “un manual de buenas prácticas” para ser utilizado por medios de comunicación, la “asistencia digna a las víctimas”.
Por su parte, una experta en la temática del Ministerio del
Interior, que pidió no ser nombrada, advirtió a DyN que existe en fuerzas provinciales un actitud “machista y desconsiderada” ante delitos de violencia familiar, que “sólo podrá evitarse con una reforma en la formación” de los efectivos.
Organizaciones consultadas agregaron que “la solución y la
forma de prevenir la violencia doméstica está en la educación, en la aplicación de contenidos que aporten a la reflexión sobre paridad y vínculos democráticos” entre géneros.
“Hay una responsabilidad de cada una de las provincias, salvo
en (la policía de) Buenos aires y la Federal, yo no veo avances en la capacitación para la inclusión… da la impresión de que no hay trabajo con el poder judicial, la educación y la fuerzas de seguridad”, consideró Lubertino al respecto.
Cifras del Ministerio de Seguridad bonaerense indicaron que
hubo casi 20.000 denuncias de violencia doméstica sólo en la
provincia durante 2006, mientras 11 mil se registraron en la Capital, donde un 90 por ciento de los casos corresponde a mujeres sometidas por su pareja o por alguien de su entorno.
Especialistas destacaron la labor del Gobierno, el Congreso y
de administraciones provinciales y municipales, en especial por el lanzamiento de nuevas dependencias receptoras de denuncias, como las 37 comisarías de la Mujer bonaerenses.
La sanción de una nueva ley de Educación y la aprobación del
protocolo facultativo del Cedaw, que otorga a las mujeres la
posibilidad de acudir a organismos internacionales ante casos de
maltratos, permiten, según expertos, conocer la dimensión del problema, “pero ahora son mecanismos que hay que implementar”.
PAY FCR EMJ

Fecha de publicación: 25 de febrero de 2007.
Medio: Agencia Diarios y Noticias (DyN)
Autor: Pedro Andrés Ylarri
Título original: INSTAN A REFORMAR JUSTICIA Y EDUCACION PARA
COMBATIR ALTO INDICE DE VIOLENCIA DOMESTICA

BUENOS AIRES, jul 14 (DyN) – La Ley de Protección Integral de los Derechos del Niño, sancionada en 2005 por recomendación de ONU, que otorga a los menores de edad la potestad sobre sus derechos, comenzó a legislarse y aplicarse con éxito en los principales distritos del país, aunque con graves disparidades entre provincias y conflictos entre poderes.
La provincia de Buenos Aires, el principal distrito del país en cantidad de niños encerrados en institutos, reglamentó en los últimos meses una norma por la que se crearon nuevos juzgados de menores y de familia, lo que permitió efectivizar la ley de Protección, suspendida por la Suprema Corte bonaerense.©
El ministro de Desarrollo Humano bonaerense, Jorge Varela, anunció esta semana que 110 municipios firmaron convenios de adhesión a la ley y que “antes de fin de año se sumarán los 24 restantes”, lo que convertiría a Buenos Aires en la primera provincia en descentralizar las ordenanzas de la nueva norma.
La medida pretende en primera instancia brindar asistencia a las familias de más de cinco mil niños y adolescentes que están privados de la libertad en institutos, “a través de los llamados consejos locales, lanzados en cada municipio y que brindan la asistencia por redes sociales”, dijo a DyN Cristina Tabolaro, subsecretaria de Minoridad del ministerio.
“Uno de los objetivos primordiales es poder facilitar a los chicos y sus familias que tienen dificultades, el acceso a programas o servicios disponibles en su propia comunidad”, sostuvo, a fin de evitar que los jueces de menores dispongan su encierro por motivos asistenciales, algo desaconsejado por la nueva ley.
Tabolaro explicó que la gobernación destina más de 60 millones de pesos anuales a la iniciativa, y reconoció que cerca de “90 por ciento de los chicos internados en institutos” lo están por motivos “no penales”.
El nuevo Sistema de Protección y Promoción de los Derechos del Niño, que derogó al Régimen Tutelar de 1919 contrario a la Convención Internacional de los Derechos del Niño, comenzó a aplicarse “con algunas dificultades” y “disparidades entre las provincias”, reconocieron a DyN fuentes oficiales y de Unicef.
La Directora de Derechos de Personas y Grupos Vulnerables, Victoria Martínez, consideró que “el problema de la Argentina es que cada provincia tiene distintas maneras de intervenir en los temas de niñez”.
Asimismo, advirtió que en algunos distritos “persiste el régimen tutelar, un sistema autoritario, el que tiene la costumbre de apelar siempre a la justicia”.
Destacó en este sentido las legislaciones de Entre Ríos, San Luis, Río Negro y Capital Federal, que incorporan la “mediación penal judicial antes de encerrar directamente al niño”, y que junto con las de Mendoza son las más avanzadas en materia de la aplicación de la ley.
La sanción de la ley de Protección en algunas provincias causó férreas discusiones entre autoridades y agentes sociales, como sucedió en Córdoba en junio, cuando la legislatura aprobó la norma en medio de fuertes críticas de organizaciones, que exigieron “mayor universalidad” en los planes para la niñez.
En Neuquén, el Consejo de Niñez y Familia se vio desbordado de expedientes judiciales en los están involucrados niños, por una interpretación de la ley provincial de Protección, que sentó jurisprudencia y generó un conflicto en el sector público.
En Santa Fe, si bien cuenta con legislación avanzada sobre el tema, la justicia de menores se enfrentó en varias oportunidades con el gobernador Jorge Obeid, ante las malas condiciones de los institutos donde son alojados adolescentes en conflicto con la ley penal.
Un estudio de Unicef denunció que las leyes de Corrientes, Formosa y Entre Ríos son extemporáneas y responden al “viejo modelo tradicional tutelar”, por el que el Estado disponía de los niños a través de un juez, mientras que el damnificado no tenía posibilidad de defensa o de ser escuchado.
Unicef advirtió además que Córdoba, La Pampa, Santa Fe y Santiago del Estero incumplen “en la práctica” la CIDN, al no disponer un mecanismo de traspaso a las nuevas normas, por lo que reclamó programas urgentes de transición.

Fecha de publicación: 14 de julio de 2007

Medio: Agencia Diarios y Noticias (DyN)

Título original: AVANZA APLICACION DE LEY DE PROTECCION DE
DERECHOS DE NIÑOS, AUNQUE CON DISPARIDADES