BUENOS AIRES, feb 25 (DyN) – La difusión de estadísticas que
revelan altos índices de violencia doméstica provocó la reacción de funcionarios, legisladores y organizaciones no oficiales, que
advirtieron es necesario revertir “la cultura de la discriminación”, a través de “reformas” en la Justicia y en la educación, en especial en las provincias del NOA y del NEA.
El Consejo Nacional de la Mujer y especialistas reveló que un
60 por ciento de las mujeres residentes en grandes ciudades son
sometidas a violencia doméstica o conoce a alguien que la padece, mientras cifras oficiales, a las que DyN tuvo acceso, muestran un notable incremento de denuncias.©
La reacción de funcionarios no se hizo esperar, y la titular
del Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI), María José Lubertino, expresó que “detrás de la violencia hay una situación de discriminación, porque la violencia es el último eslabón de la cadena de prejuicios que están en la base de la discriminación”.
La segregación “se da por la naturalización de prejuicios en
las relaciones entre varones y mujeres. Esto se puede ver todavía en la distribución de roles en el hogar, en el ámbito laboral, en materia de salud sexual y reproductiva, pero en especial en algunos dictámenes de la justicia”, dijo Lubertino.
“Hay situaciones muy graves en muchas provincias del noroeste
(NOE) y noreste argentino (NEA), donde el Poder Judicial emite
sentencias discriminatorias hacia las mujeres, donde bajan (las penas por maltrato) por una supuesta cultura”, agregó.
Para “combatir eso hay que reformar el Código Penal, no para
aumentar las penas, pero sí para desactivar la discriminación que está allí, en el capítulo de delitos sexuales, para decir como se debe aplicar la justicia”, sentenció.
Desde el ámbito legislativo, la diputada nacional Lucrecia
Monti (Justicialismo Nacional) advirtió a DyN que “es necesario
adecuar la legislación interna (a tratados internacionales) para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer”, y
advirtió que un proyecto de su autoría sobre el tema “sólo fue
tratado por 1 de las 4″ comisiones que deben emitir dictamen.
El proyecto, según indicó, pretende la capacitación de agentes judiciales, policiales, docentes y profesionales que trabajen en la problemática, así como “un manual de buenas prácticas” para ser utilizado por medios de comunicación, la “asistencia digna a las víctimas”.
Por su parte, una experta en la temática del Ministerio del
Interior, que pidió no ser nombrada, advirtió a DyN que existe en fuerzas provinciales un actitud “machista y desconsiderada” ante delitos de violencia familiar, que “sólo podrá evitarse con una reforma en la formación” de los efectivos.
Organizaciones consultadas agregaron que “la solución y la
forma de prevenir la violencia doméstica está en la educación, en la aplicación de contenidos que aporten a la reflexión sobre paridad y vínculos democráticos” entre géneros.
“Hay una responsabilidad de cada una de las provincias, salvo
en (la policía de) Buenos aires y la Federal, yo no veo avances en la capacitación para la inclusión… da la impresión de que no hay trabajo con el poder judicial, la educación y la fuerzas de seguridad”, consideró Lubertino al respecto.
Cifras del Ministerio de Seguridad bonaerense indicaron que
hubo casi 20.000 denuncias de violencia doméstica sólo en la
provincia durante 2006, mientras 11 mil se registraron en la Capital, donde un 90 por ciento de los casos corresponde a mujeres sometidas por su pareja o por alguien de su entorno.
Especialistas destacaron la labor del Gobierno, el Congreso y
de administraciones provinciales y municipales, en especial por el lanzamiento de nuevas dependencias receptoras de denuncias, como las 37 comisarías de la Mujer bonaerenses.
La sanción de una nueva ley de Educación y la aprobación del
protocolo facultativo del Cedaw, que otorga a las mujeres la
posibilidad de acudir a organismos internacionales ante casos de
maltratos, permiten, según expertos, conocer la dimensión del problema, “pero ahora son mecanismos que hay que implementar”.
PAY FCR EMJ

Fecha de publicación: 25 de febrero de 2007.
Medio: Agencia Diarios y Noticias (DyN)
Autor: Pedro Andrés Ylarri
Título original: INSTAN A REFORMAR JUSTICIA Y EDUCACION PARA
COMBATIR ALTO INDICE DE VIOLENCIA DOMESTICA

BUENOS AIRES, jul 14 (DyN) – La Ley de Protección Integral de los Derechos del Niño, sancionada en 2005 por recomendación de ONU, que otorga a los menores de edad la potestad sobre sus derechos, comenzó a legislarse y aplicarse con éxito en los principales distritos del país, aunque con graves disparidades entre provincias y conflictos entre poderes.
La provincia de Buenos Aires, el principal distrito del país en cantidad de niños encerrados en institutos, reglamentó en los últimos meses una norma por la que se crearon nuevos juzgados de menores y de familia, lo que permitió efectivizar la ley de Protección, suspendida por la Suprema Corte bonaerense.©
El ministro de Desarrollo Humano bonaerense, Jorge Varela, anunció esta semana que 110 municipios firmaron convenios de adhesión a la ley y que “antes de fin de año se sumarán los 24 restantes”, lo que convertiría a Buenos Aires en la primera provincia en descentralizar las ordenanzas de la nueva norma.
La medida pretende en primera instancia brindar asistencia a las familias de más de cinco mil niños y adolescentes que están privados de la libertad en institutos, “a través de los llamados consejos locales, lanzados en cada municipio y que brindan la asistencia por redes sociales”, dijo a DyN Cristina Tabolaro, subsecretaria de Minoridad del ministerio.
“Uno de los objetivos primordiales es poder facilitar a los chicos y sus familias que tienen dificultades, el acceso a programas o servicios disponibles en su propia comunidad”, sostuvo, a fin de evitar que los jueces de menores dispongan su encierro por motivos asistenciales, algo desaconsejado por la nueva ley.
Tabolaro explicó que la gobernación destina más de 60 millones de pesos anuales a la iniciativa, y reconoció que cerca de “90 por ciento de los chicos internados en institutos” lo están por motivos “no penales”.
El nuevo Sistema de Protección y Promoción de los Derechos del Niño, que derogó al Régimen Tutelar de 1919 contrario a la Convención Internacional de los Derechos del Niño, comenzó a aplicarse “con algunas dificultades” y “disparidades entre las provincias”, reconocieron a DyN fuentes oficiales y de Unicef.
La Directora de Derechos de Personas y Grupos Vulnerables, Victoria Martínez, consideró que “el problema de la Argentina es que cada provincia tiene distintas maneras de intervenir en los temas de niñez”.
Asimismo, advirtió que en algunos distritos “persiste el régimen tutelar, un sistema autoritario, el que tiene la costumbre de apelar siempre a la justicia”.
Destacó en este sentido las legislaciones de Entre Ríos, San Luis, Río Negro y Capital Federal, que incorporan la “mediación penal judicial antes de encerrar directamente al niño”, y que junto con las de Mendoza son las más avanzadas en materia de la aplicación de la ley.
La sanción de la ley de Protección en algunas provincias causó férreas discusiones entre autoridades y agentes sociales, como sucedió en Córdoba en junio, cuando la legislatura aprobó la norma en medio de fuertes críticas de organizaciones, que exigieron “mayor universalidad” en los planes para la niñez.
En Neuquén, el Consejo de Niñez y Familia se vio desbordado de expedientes judiciales en los están involucrados niños, por una interpretación de la ley provincial de Protección, que sentó jurisprudencia y generó un conflicto en el sector público.
En Santa Fe, si bien cuenta con legislación avanzada sobre el tema, la justicia de menores se enfrentó en varias oportunidades con el gobernador Jorge Obeid, ante las malas condiciones de los institutos donde son alojados adolescentes en conflicto con la ley penal.
Un estudio de Unicef denunció que las leyes de Corrientes, Formosa y Entre Ríos son extemporáneas y responden al “viejo modelo tradicional tutelar”, por el que el Estado disponía de los niños a través de un juez, mientras que el damnificado no tenía posibilidad de defensa o de ser escuchado.
Unicef advirtió además que Córdoba, La Pampa, Santa Fe y Santiago del Estero incumplen “en la práctica” la CIDN, al no disponer un mecanismo de traspaso a las nuevas normas, por lo que reclamó programas urgentes de transición.

Fecha de publicación: 14 de julio de 2007

Medio: Agencia Diarios y Noticias (DyN)

Título original: AVANZA APLICACION DE LEY DE PROTECCION DE
DERECHOS DE NIÑOS, AUNQUE CON DISPARIDADES