Si bien no existen estadísticas certeras, se estima que diez mil bebés, niños y adolescentes que podrían ser adoptados están encerrados en institutos y hogares de menores de la Argentina. Son sólo el 30 por ciento de los menores de edad que están privados de libertad. La Justicia, gobiernos y hasta las ONG siguen prefiriendo sacar a los niños de sus hogares para encerrarlos en institutos por causas asistenciales, aunque rechazan que sean dados en adopción porque hay que “privilegiar el vínculo biológico”. ¿Hipocresía, impericia o negocio?

Por Pedro Ylarri

En nuestro país existe una ciudad invisible de más de 10 mil personas en la que sólo viven bebés, niños y adolescentes que son huérfanos o tienen padres que no cumplen ese rol. Existen, y aunque no están juntos, son invisibles; están encerrados en hogares o institutos de menores. Podrían ser dados en adopción y escapar de esa ciudad, pero la burocracia estatal y la preferencia de la Justicia por la cultura del encierro les ha tendido una trampa. El 40 por ciento de estos chicos tendrá primero la calle y luego la cárcel en el porvenir que el Estado tutelar les ha predestinado.

Se trata del desolador panorama que describen a PERFIL casi una decena de expertos en infancia, legisladores y organizaciones civiles. Se estima que hay 40 mil menores de edad encerrados por el Estado; la enorme mayoría de ellos no por cometer delitos. Están allí, explican todos, “por la vieja cultura del patronato, amparada en una ley de 1919 que supone un Estado tutelar que debe velar por los niños” y justifica su encierro en casos de pobreza o desamparo.

En 2005, vivían en el país al menos 19.579 menores de edad encerrados en orfanatos, institutos y centros privados, 87,1 por ciento de los cuales estaba por situaciones asistenciales (pobreza, violencia y desamparo, entre otras causas), y el resto (el 12,1 por ciento) por cometer ilícitos. Son cifras parciales de Unicef y de la Secretaría de Derechos Humanos, que sugieren que serían más de 30 mil los niños privados de libertad.

“El número no ha decrecido, más bien ha aumentado, los jueces los siguen derivando a institutos y tenemos 40 mil encerrados, de los cuales fácilmente el 30 por ciento podría ser dado en adopción”, explicó a PERFIL Ana María Dubaniewicz, una psicóloga con tres libros y una novela escritos sobre el tema. Cita como ejemplo más paradigmático al hospital Sbarra, de La Plata, donde “hay permanentemente entre 120 y 130 bebés y niños de hasta 4 años, de los cuales 40 podrían ser adoptados”, algo que no sucede. ¿Por qué? Dice que “hay un Estado muy presente para que nadie ni nada cambie”, y denuncia que las trabas burocráticas favorecen la existencia del “negociado” de la adopción ilegal, en el que están metidos “profesionales, médicos e intermediarios”.

La diputada Cynthia Hotton, quien desde hace dos años estudia el tema, añade que “la gran traba” es que la ley y la Justicia priorizan el vínculo biológico por sobre los intereses del niño: “Muchos padres no lo dan en adopción por una cuestión de orgullo o porque cobran subsidios aun viéndolos sólo una vez por año, mientras que las instituciones los prefieren adentro de los institutos por muchas otras cuestiones.” Una de ellas, según los expertos, es que los institutos y ONGs reciben entre 3 mil y 6 mil pesos por niño, “un negocio que no muchos quieren perderse”.

Con por lo menos 10 mil chicos que necesitan y pueden ser adoptados y la misma cantidad de parejas que buscan adoptar, “lo único que tenemos que hacer es favorecer que ambos se junten”, dice la diputada, quien presentó un proyecto para reformar la ley de adopción.

El proyecto pone plazo de dos años a los jueces para que consigan una familia a los niños, permite que los hijos no deseados puedan ser entregados en dependencias oficiales sin que sus madres sean penalizadas por abandono de persona y que puedan hacerlo en forma anónima. Además, reduce de 12 a 6 meses el tiempo en que los padres pierden la patria potestad en caso de no visitarlos.

Debate por las adopciones internacionales

Por Pedro Ylarri

Exultantes y solidarios aparecen en las portadas de revistas de celebridades de todo el mundo estrellas como Madonna, y Brad Pitt y Angelina Jolie, alzando a sus hijos adoptivos africanos, y relatando las bondades de ayudar un niño pobre y darle mejor vida en el primer mundo. Hasta la modelo Nicole Neumann se animó: “Quiero adoptar un bebé de Haití”, dijo tras el devastador terremoto que azotó ese país a principio de año. La adopción internacional se ha puesto de moda entre las celebridades, aunque todavía hay reparos sobre su legalidad y utilidad.

“La regla para la adopción internacional es la misma: debe ser el último recurso para garantizar al niño el derecho a tener a una familia y a crecer en un entorno sano”, explica a PERFIL Gimol Pinto, responsable del Área de Protección de UNICEF Argentina, y destaca que “sólo debe darse cuando el niño no tenga familia y no existe en su país otra que pueda garantizarle esos derechos”.

Si bien según la explicación de Naciones Unidas sólo es recomendable adoptar niños de países muy postergados o ante casos de desastres naturales o guerras, la práctica de criar niños extranjeros ha sido promovida por los países desarrollados, muchos de los cuales tienen índices negativos de crecimiento demográfico. En naciones como Italia y Alemania, las parejas infértiles o personas solteras sólo pueden recurrir al extranjero para tener descendencia.

Una simple búsqueda en Internet revela que existen decenas de entidades y asociaciones públicas y privadas que ofrecen la gestión del trámite de adopción internacional, incluso a padres de países en los que existen niños para adoptar (Estados Unidos y Argentina, por ejemplo) y desde países en los que hay familias sustitutas (Rusia y China).

Si bien no hay estadísticas certeras, las ONG que trabajan en la temática aseguran que Estados Unidos es el país que más niños extranjeros recibe. Solo una ONG rusa –hoy transformada en una empresa norteamericana- aseguró que llevó a 900 niños a Estados Unidos en los últimos años. Además, el país tiene convenios con China y otros de África para el “salvataje de huérfanos”. Cada trámite cuesta entre 20 mil y 40 mil dólares, por lo que entidades como Christian World Adoption (CWA) recomiendan “vender artículos en eBay” o “refinanciar el crédito del auto” para poder afrontar el costo.

Los países desarrollados introdujeron el artículo 21 en la Convención de los Derechos del Niño de 1989 la posibilidad de la adopción internacional, pero nuestro país hizo una reserva del artículo y prohibió que un extranjero no residente adopte a un niño nacido en Argentina, explicó Pinto. Sin embargo, la ley permite el arribo de niños del extranjero a familias de nuestro país.

En efecto, al menos veintidós familias pidieron al Gobierno que facilite los trámites de adopción internacional de niños de Haití y facilite su llegada a la Argentina tras el terremoto. Pero la Cancillería, ante un pedido de “cautela” de Naciones Unidas, se negó aduciendo que los trámites estaban siendo realizados por gestores privados. Por lo bajo, las familias cuestionaron el “burocrático” y “lento” sistema de adopción local, que los “obliga” a “buscar soluciones afuera”.

Ficha del artículo:

Título original: Hay más de 10 mil chicos listos para ser adoptados
Fecha de publicación: 13 de junio de 2010
Medio: Diario Perfil, Buenos Aires, Argentina
Link: http://www.diarioperfil.com.ar/edimp/0477/articulo.php?art=22328&ed=0477

Link corto a este post: http://wp.me/p8Zdg-80

Un estudio de una ONG al que PERFIL tuvo acceso revela que nuestro país incumple varios acuerdos internacionales firmados en el tema del combate a la corrupción. El estudio también confirma el descrédito en el que han caído los organismos fiscalizadores del Estado, reclama ampliar la figura de protección a testigos y subraya que ni el Congreso ni la Justicia tienen hoy oficinas especiales para recibir denuncias por hechos de corrupción cometidos en su seno.

Por Pedro Ylarri

Si usted sospecha que la corrupción sigue siendo un problema grave en la Argentina y que no hay voluntad política para combatirla, entonces es probable que esté en lo cierto: un informe de una reconocida organización no gubernamental revelado esta semana a PERFIL advirtió que nuestro país incumple sus compromisos internacionales en la materia, mientras que el descrédito en ascenso de entidades oficiales que combaten el pago de coimas y sobornos está causando una fuerte caída en la cantidad de denuncias recibidas.

“Argentina suscribió en las últimas décadas compromisos cada vez más sólidos en materia de lucha contra la corrupción y eso implica que tenemos que adecuarnos a ciertos estándares; pero no logramos satisfacerlos, así que claramente estamos en una situación de incumplimiento de lo que el país se ha comprometido”, resumió en diálogo con PERFIL Luis Villanueva, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), a cargo del informe.

El documento, titulado “Mecanismos para la denuncia de hechos de corrupción”, asegura que pocas cosas han cambiado en el país en materia de corrupción en los últimos años, aun pese al proclamado “cambio institucional” que prometió Cristina Fernández. La crítica central de ACIJ es, sin embargo, no tan difícil de cumplir: que sean abiertas oficinas para poder denunciar hechos de corrupción. Sin ellas, es “prácticamente imposible” investigar, perseguir y sancionar esas prácticas.

La carencia se da en especial en la Justicia y en el Congreso, ya que el Poder Ejecutivo tiene dos estructuras que reciben denuncias e intentan combatir la corrupción: la Oficina Anticorrupción (OA) y la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA). Estas oficinas son recomendadas en la Convención Interamericana Contra la Corrupción, y las convenciones de la OCDE y de Naciones Unidas, todas rubricadas y ratificadas por la Argentina con “rango constitucional”.

El incumplimiento de nuestro país no es insignificante: “Esas convenciones están asentadas en la Constitución Nacional y tienen un rango superior al de las leyes nacionales”, dijo a PERFIL el constitucionalista Gregorio Badeni, por lo que es posible que Naciones Unidas u otra entidad “haga alguna recomendación o reclamo” por el incumplimiento, aunque “sin llegar a ser una obligación”.

El informe de la ACIJ busca aportar una “mirada independiente” del problema, ya que a la Argentina la controlan otros países de la región, y, como esas naciones también la incumplen, en general los reclamos son muy laxos, explicaron a este diario desde el tercer sector.

Además de oficinas específicas para denunciar hechos de corrupción en la Justicia y el Congreso, el documento advierte que es necesario aprobar un régimen para la protección de testigos de casos de pagos de sobornos, que garantice a los que denuncien no perder su empleo ni que sean perseguidos. Villanueva explicó que “también hay que cambiar la cultura sobre el tema, por la que ahora parece que el que habla es tratado como buchón”.

En la actualidad, el Ejecutivo protege a testigos sólo de delitos federales, como narcotráfico y secuestros, “pero no hay garantías para quienes denuncian hechos de corrupción”, dijeron desde la ACIJ. La desaparición del testigo Jorge Julio López muestra el nivel de eficacia de ese cuidado. Es por eso que las denuncias “anónimas” son la mayoría entre las presentadas en la OA y la FIA, una situación “indeseable”, ya que la falta de una “parte querellante” hace que la Justicia no llegue a buen puerto.

La solución para el problema de los testigos está al alcance del Congreso, luego de que el abogado y profesor Alberto Bovino encabezó una consulta amplia durante el gobierno de Fernando de la Rúa para escribir un anteproyecto de ley sobre el tema. En una entrevista con PERFIL, Bovino recordó que el proyecto fue analizado desde tres puntos de vista: penal, laboral y administrativo, aunque luego por la crisis “quedó en el olvido”. De todas formas, agregó, “estaba destinado a morir igual, a pesar de la crisis”, asegura el profesor de la UBA.

Un proyecto así no podía ser aprobado por un gobierno que luego sería acusado de pagar coimas en el Senado. En efecto, el anteproyecto auguraba la figura del “arrepentido”, que hubiera atenuado el cargo y la culpa de Mario Pontaquarto, quien denunció el pago de coimas y todavía sigue declarando en calidad de procesado.

Mala imagen, menos denuncias

Mala imagen, menos denuncias. Esa es la ecuación actual en la Oficina Anticorrupción (OA) y la Fiscalía de Investigaciones Investigativas (FIA), las dependencias que siguen acusaciones por pagos de sobornos, sobreprecios o cualquier otro hecho de corrupción en el Poder Ejecutivo.

Tras la salida del fiscal Manuel Garrido de la OA en diciembre 2003, y de la FIA en 2009, apareció “como una tendencia preocupante el constante descenso en las denuncias recibidas”, advierte el informe sobre el tema de la ACIJ. En el primer semestre de 2008, por ejemplo, en la OA sólo se recibieron 98 presentaciones particulares, cifra que contrasta con las 817 recibidas en su primer año, o con el récord de 1.133 que tuvo en 2004.

Cuando Garrido pasó de la OA a la FIA, este último ente registró un aumento importante de causas, al darse prioridad a las denuncias penales contra funcionarios. Pero en 2008, hubo una fuerte reducción en la denuncias, además de un aumento en la participación de los “anónimos”.

Lo que no se cumple:
Las normas globales exigen oficinas de investigación en todas las dependencias públicas.
El gobierno debe alentar a los ciudadanos a denunciar, otorgándoles garantías.
Los funcionarios deben estar obligados a dar a conocer cualquier caso de soborno.
Hay que reformar las normas procesales para acelerar y evitar el archivo de las causas.

Ficha del artículo:

Título original: Argentina no cumple acuerdos internacionales, La corrupción está ganando la batalla
Fecha de publicación: 5 de octubre de 2009
Medio: Diario Perfil, Buenos Aires, Argentina
Link: <a href=”http://www.diarioperfil.com.ar/edimp/0406/articulo.php?art=17319&ed=0406

Link corto a este post: http://wp.me/p8Zdg-3m

La publicidad callejera de la Ciudad de Buenos Aires, un negocio de 120 millones de pesos anuales, es objeto de una dura pelea judicial, con reflejos políticos y en los medios de comunicación. Idas y vueltas de una batalla en tribunales que tiene paralizada en parte la licitación que debería otorgar la explotación del espacio público a las empresas. El cruce de acusaciones llevó al camarista Mario Filozof a dejar la causa, luego de que se lo cuestionara por parcialidad. El secretario de Medios del gobierno nacional, Enrique Albistur, está siendo acusado de favorecer a una firma familiar.

Por Pedro Ylarri

A la Ciudad de Buenos Aires parece no bastarle una década para resolver la licitación por el mobiliario urbano, como se conoce a la explotación de paradas de colectivos, pantallas verdes, chupetes publicitarios y señalización de las calles. Un negocio de 120 millones de pesos anuales y fuerte influencia política: los carteles son vistos por más de un tercio de los votantes de la Argentina.

Vencidos los contratos hace 13 u 8 años según el caso, la administración de Mauricio Macri adjudicó finalmente en marzo pasado a tres empresas la concesión del negocio, por la que las compañías mantienen el mobiliario y cobran la publicidad que se monta en él, y pagan a la comuna un canon superior a 5 millones de pesos.

Pero lo hizo en medio de una fuerte polémica y de denuncias cruzadas, que involucran a funcionarios porteños y a un legislador de PRO, a las compañías de publicidad que compitieron, a poderosos empresarios de los medios y el secretario de Medios de la Nación, Enrique Albistur. También a la Justicia, donde por estos días se desarrolla el más reciente capítulo de esta historia, en una nueva etapa poco transparente ante los ojos de los porteños.

El núcleo de la batalla se encuentra en la Justicia criminal, donde en 2007 se radicó una denuncia contra los hermanos mendocinos Eduardo y Orlando Terranova, dueños de Publicidad Sarmiento SA, que había salido primera entre las tres empresas empresas que Macri dio por ganadoras. La acusación fue motorizada por las firmas que quedaron afuera Spinazzola SA y Viacart, a la que los competidores de esta empresa, y fuentes independientes, la vinculan con Daniel Hadad. También por otra de las victoriosas, Grupo Al Sur SA, de la familia de Albistur, quien esta semana fue citado a declarar ante la sospecha de que benefició a esta compañíasiendo funcionario.

La acusación afirma que los Terranova habría fraguado información para ganar la licitación porteña, lo que fue rechazado en dos oportunidades por el primer juez que recibió la causa, Facundo Cubas, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal Nº 49. Sin embargo, en segunda instancia, el camarista Mario Filozof revocó el sobreseimiento y dirigió la causa a otro juez de primera instancia, Luis Rodríguez, quien en tiempo récord procesó a los Terranova y dictó una medida para evitar que se hagan cargo de la concesión.

Los ejecutivos de Publicidad Sarmiento, quienes tienen dividida su defensa, presentaron un recurso de casación señalando como “arbitrario” lo actuado por Filozof y pidiendo la nulidad de lo actuado por Rodríguez, al considerar que el nuevo juez fue designado fuera de la ley, supuestamente bajo la modalidad “forum-shopping”, una práctica irregular que permite a las partes “seleccionar” el juez del proceso.

La novedad del caso es la sorpresiva decisión del camarista Filozof de apartarse de la causa. Al justificar la designación de Rodríguez, sostuvo que “no existió ni pudo existir ningún interés moral” en su decisión.

Si bien no está previsto en la licitación, una eventual condena contra Publicidad Sarmiento podría dejar a la firma fuera del negocio; y eventualmente el cuarto oferente, en este caso Víacart, tendría intereses, tendría serias posibilidades de obtener el contrato.

La pelea judicial tiene su correlato político, con denuncias de la oposición contra funcionarios porteños por desconocer ordenes judiciales, firmar en forma “poco clara” un acuerdo de mantenimiento del mobiliario y otras “desprolijidades”.

La batalla de los empresarios por adjudicarse el contrato incluye a Albistur; a Spinazzola, que operó las paradas de colectivos hasta 2008; a los hermanos Terranova, fuertes en el interior y en Chile; y a Viacart. La guerra llegó a varios medios, algunos de ellos vinculados a Hadad, a Sergio Szpolski, al Grupo Vila-Manzano e incluso a los Terranova. Todos se dicen afectados por lo que el otro publica.

La pelea judicial. Desde 2000, las empresas y cámaras del sector eligieron la vía judicial como primer campo de batalla, lo que en la práctica postergó la licitación y benefició a quienes mantenían los contratos desde antaño.

Entre ellos, la firma Rainbow, propiedad de Albistur; y Wellon, cercana al empresario Carlos Avila, cuyos contratos de explotación de las pantallas verdes vencieron en 1996. Publicidad Sarmiento tenía en teoría hasta 2001 la concesión los llamados “chupetes”, aunque los mantuvo hasta 2008; al igual que Spinazzola y un grupo ligado a la alemana Siemens, que manejaban los refugios y paradas de colectivos.

La crisis de 2001 postergó la licitación, pese a que la Legislatura porteña aprobó dos normas para motorizar la compulsa.

Durante las gestiones de Aníbal Ibarra y de Jorge Telerman se redactaron los pliegos de licitación, que fueron modificados por reclamos de los competidores, y se iniciaron los debates sobre los diseños de las nuevas paradas y señalizaciones.

Según fuentes del mercado, entre 2001 y 2006 hubo al menos siete reclamos judiciales, de los cuales tres demoraron el trámite. Mientras tanto, se prorrogaban los contratos multimillonarios (ver infografía).

Los amparos y pedidos de no innovar fueron la “moda” durante los primeros años de la década, pero en los últimos 20 meses las denuncias cruzadas llegaron a los juzgados criminales y civiles. Hoy están procesados los Terranova y dos funcionarios de los municipios de Tucumán y Mendoza; y acusados seis funcionarios porteños, entre ellos Mauricio Macri y el legislador Patricio Di Stéfano.

Los cuestionamientos. La trifulca judicial comenzó en marzo de 2007, cuando Al Sur y luego Spinazzola presentaron la denuncia por presunta “adulteración de pruebas” contra los hermanos Terranova, cuya empresa Publicidad Sarmiento había quedado primera entre 8 concursantes tras la apertura del sobre 1 de la licitación, de ofertas técnicas.

La acusación decía que la firma mendocina había adulterado información sobre sus antecedentes de gestión de publicidad en la ciudades de Mendoza y San Miguel de Tucumán.

Allí fue cuando la acusación fue subestimada por Facundo Cubas, aunque luego la Cámara a cargo de Mario Filozof revocó el sobreseimiento; y obligó a volver a investigar, en mayo de 2008. En noviembre del año pasado, Cubas reiteró su rechazo a las imputaciones contra los hermanos Terranova, pero los camaristas volvieron a revocar el sobreseimiento, explicaron a PERFIL fuentes judiciales.

La polémica surgió cuando tras el fallo de segunda instancia de la Cámara y ante una licencia de Cubas, la Cámara ordenó seguir investigando el caso con el nuevo juez subrogante, Luis Rodríguez, quien en tiempo récord procesó a los ejecutivos de Publicidad Sarmiento y a dos funcionarios del interior.

Las decisiones del camarista Filozof y del juez Rodríguez fueron duramente cuestionadas por la defensa de los hermanos Eduardo y Orlando Terranova, que llevan adelante Joaquín Pedro Da Rocha y Mariano Cúneo Libarona, quienes interpusieron un pedido de recusación contra Filozof, y presentaron un recurso de casación contra el fallo de Rodríguez ratificado por la Cámara.

“Fue un fallo sin fundamento, sin competencia y sin contracautela… destruyendo a la empresa, ordenando al jefe de Gobierno abstenerse de ejecutar el contrato de licitación”, asegura la defensa en una de sus presentaciones.

En una entrevista con PERFIL, Orlando Terranova aseguró que todos los papeles presentados de sus antecedentes en Mendoza y Tucumán, que le habrían permitido ganar la licitación en marzo pasado, “son reales” e incluso mostró a este cronista los certificados de ambas comunas. Además restó importancia a tales certificados, ya que su presentación no era obligatoria. Por su parte, su defensor, Cúneo Libarona, afirmó que el desenlace judicial parece mostrar que “había que procesar a toda costa”.

En tanto, Da Rocha, representante de Eduardo Terranova, reclamó la nulidad de todo lo actuado por Rodríguez, como el procesamiento y el pedido de no innovar hacia la comuna, al argumentar que Filozof lo designó en “una elección arbitraria y parcial”, que “habilita la fundada sospecha” de que lo haya hecho con cierto interés. El juez Filozof finalmente pidió ser apartado de la cámara en los últimos días.

Desde la otra vereda, el ex juez Mariano Bergés, quien patrocina a Spinazzola, expresó a PERFIL que “lo único cierto es que la Justicia procesó a Publicidad Sarmiento y exigió al gobierno de Mauricio Macri a no habilitarle la licitación a esta empresa, cosa que no está cumpliendo”.

Spinazzola perdió la licitación y reclama también un resarcimiento en tribunales en lo civil. Sin embargo, no fue la única que quedó fuera de carrera que está interesada en el proceso contra Publicidad Sarmiento.

La batalla empresarial. Tres fuentes de la industria sugirieron a PERFIL que entre los principales interesados en el proceso judicial se encontrarían –además de Spinazzola– Viacart, la compañía que estaría vinculada a Hadad, dueño de los medios dueño del canal C5N, el portal Infobae y Radio 10.

Esta compañía quedó cuarta en la licitación y tenía serias posibilidades da quedarse con el negocio. Fue la responsable de apelar la sentencia que liberó de cargos a los Terranova y que derivó luego en los procesamientos a cargo del subrogante Rodríguez.

“La medida cautelar por la que el juez Rodríguez ordenó no innovar en la licitación estuvo a cargo de Viacart, no de Spinazzola. Primero fue Grupo al Sur, que tras ganar se desligó un poco de la causa. Pero luego estuvo Viacart, que fue aceptada como querellante. A partir de esa medida se ordenó suspender los términos de la relación entre Sarmiento y gobierno”, explicó el ex juez Bergés a PERFIL.

En realidad, según consta en la Inspección General de Justicia, no es Hadad el responsable de la firma, sino que la empresa está a cargo de Carlos Gaya y Alfredo Jacinto Díaz. En 1999, su director era José Luis Damato, quien hoy tiene acciones también, entre otras empresas, en Supergol SA, vinculada al periodista Marcelo Capurro, director de la revista Debate.

Sin embargo, “que Hadad está vinculado sale en todos lados, y nunca se encargó de desmentirlo”, señaló a este diario una fuente del sector, que no compitió en la contienda porteña.

En Publicidad Sarmiento también se vincula a sus rivales de Viacart con otro empresario de los medios, Sergio Szpolski, quien, en realidad, tampoco exhibe una relación directa con Viacart. “Las vinculaciones se arman por lo que publican los medios tanto de Szpolski como de Hadad”, dicen allegados a los hermanos Terranova. Aseguran que estos medios son utilizados para “tirar por una u otra empresa”.

Sobre este tema, la defensa de Terranova asegura que los empresarios son atacados en algunos medios, una estrategia que incluyó una acusación de “antisemita”.

Consultado por PERFIL, Szpolski negó tener vinculación con la empresa Viacart o intereses en la licitación por el mobiliario urbano porteño.

La trifulca por el mobiliario urbano, un negocio que supera los 120 millones de pesos por año de facturación, es además una estratégica fuente de influencia política. Será por eso que al secretario de Medios de la Nación le sigue interesando el tema. El funcionario consiguió nuevamente el contrato, esta vez con Grupo al Sur, que desde 2006 es propiedad de sus hijos y de su ex esposa, María de los Angeles Díaz.

Sobre esta empresa pesó en forma indirecta la denuncia del ex fiscal Anticorrupción Manuel Garrido, quien acusó a Albistur y a otros dos funcionarios de beneficiar a la compañía con publicidad oficial, por lo cual este funcionario fue citado esta semana a declarar a Tribunales. Al menos para el consejo de evaluación de la licitación, la acusación no tenía relevancia para el concurso.

Los Terranova fueron los principales ganadores de la licitación, y operan en mobiliario urbano de la Ciudad desde 1996. Tienen uno de los negocios más rentables, los llamados “chupetes”. Además mantienen la concesión en Mendoza, donde se encuentra su sede central, y operaron también en la ciudad de Tucumán (ver recuadro). Se hicieron públicamente conocidos gracias al hijo de uno de sus dueños, Orly Terranova, un destacado conductor del Rally París-Dakar y de la competencia que ahora se realiza en Argentina y Chile.

La puja política. El mobiliario urbano también se convirtió en los últimos meses en un tema de denuncias cruzadas entre diputados de la oposición y el gobierno encabezado por Mauricio Macri. La denuncia más grave es la que sostiene el “ibarrista” Eduardo Epszteyn, del bloque Diálogo por Buenos Aires. El legislador viene acusando a la comuna de haber otorgado a Publicidad Sarmiento el “mantenimiento” del mobiliario desde el 1º de enero de 2009, cuando Macri comenzó a hacerse cargo de las paradas de colectivos ante el vencimiento de las prórrogas de los contratos.

Contra el Gobierno pesan también otras acusaciones, que ahora son estudiadas por la Procuración de la Ciudad. Sucede que Macri habría incumplido la orden del juez Rodríguez de suspender el contrato con los Terranova hasta que haya sentencia firme.

Por la denuncia contra los Terranova también fueron acusados un ministro y otros tres funcionarios (ver recuadro). Mientras tanto, la comuna evita hablar de las “desprolijidades” y busca por estos días soluciones vía la Procuración.

También sigue comprometido el diputado Patricio Di Stéfano, quien habría firmado documentos relativos a la licitación como miembro del comité de evaluación cuando ya era diputado, lo cual es contrario a la ley porteña, explicó a PERFIL una letrada que asesora a Epszteyn en la Legislatura.

En la Justicia se debatirán en estos días los próximos capítulos de esta historia, quizá demasiado extensos y tediosos para los porteños, deseosos de al menos un buen reparo a la lluvia cuando esperan el colectivo.

Una piedra en el zapato

La publicidad callejera tiene a mal traer a Mauricio Macri. El apuro por cerrar la polémica licitación por el mobiliario urbano generó denuncias en su contra. Legisladores opositores lo acusan de beneficiar a empresas y por desprolijidades a la hora de llevar adelante la compulsa. Mientras tanto, la Justicia estudia presentaciones de compañías que quedaron fuera del negocio y que reclaman ahora una indemnización.

La primera acusación surgió del bloque ibarrista en la Legislatura, donde el diputado Eduardo Epsztein aseguró que Macri adjudicó en forma directa a la empresa Publicidad Sarmiento el mantenimiento de las paradas de colectivo entre enero y marzo de este año. Desde el Gobierno aseguraron que no fue “compra directa” sino que hubo una compulsa “por la que ganó el que menos cobraba”.

Pero entonces la firma Spinazzola, que quedó en diciembre fuera del negocio, hizo una presentación en la que propuso “hacer el mantenimiento gratis, sin cobrar un peso”, denunció a PERFIL su abogado defensor, el ex juez Mariano Bergés, “pero siguieron todo como antes”. “Eso da cuenta de que el macrismo no cumple ni las normas que la misma Gabriela Michetti aprobó cuando era legisladora”, dijeron en el entorno de Epsztein.

Tanto el diputado como Spinazzola acusaron además al macrismo de aprobar la licitación sin respetar una resolución de la Justicia: “Hubo una orden de no avanzar y Macri no la respetó”, dijo Bergés. Sobre este punto respondió a la prensa el ministro de Ambiente y Espacio, Juan Pablo Piccardo, al aclarar que dos de las tres empresas “están ya trabajando” y sobre la tercera “está trabajando la Procuración”.

El legislador de PRO Patricio Di Stéfano también está en la mira: según Epsztein, el edil habría firmado el informe final de la licitación siendo ya diputado, lo cual es incompatible. El documento otorgó a tres empresas el negocio de la publicidad callejera: Publicidad Sarmiento (de los hermanos Terranova), Grupo al Sur (cercana al secretario de Medios nacional, Enrique Albistur) y PC Publicidad.

La primera fue acusada de adulterar documentos públicos presentados en la licitación, una causa que es motorizada en parte por Viacart, una empresa que estaría vinculada al empresario Daniel Hadad y que había quedado a un paso de ganar la contienda.

Ficha del artículo:

Título original: Publicidad en la Ciudad de Buenos Aires, Una millonaria pelea callejera que se libra en los tribunales
Fecha de publicación: 15 de Agosto de 2009
Medio: Diario Perfil, Buenos Aires, Argentina
Link: http://www.diarioperfil.com.ar/edimp/0391/articulo.php?art=16195&ed=0391

Link corto: http://wp.me/p8Zdg-1M

BUENOS AIRES, feb 25 (DyN) – La difusión de estadísticas que
revelan altos índices de violencia doméstica provocó la reacción de funcionarios, legisladores y organizaciones no oficiales, que
advirtieron es necesario revertir “la cultura de la discriminación”, a través de “reformas” en la Justicia y en la educación, en especial en las provincias del NOA y del NEA.
El Consejo Nacional de la Mujer y especialistas reveló que un
60 por ciento de las mujeres residentes en grandes ciudades son
sometidas a violencia doméstica o conoce a alguien que la padece, mientras cifras oficiales, a las que DyN tuvo acceso, muestran un notable incremento de denuncias.©
La reacción de funcionarios no se hizo esperar, y la titular
del Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI), María José Lubertino, expresó que “detrás de la violencia hay una situación de discriminación, porque la violencia es el último eslabón de la cadena de prejuicios que están en la base de la discriminación”.
La segregación “se da por la naturalización de prejuicios en
las relaciones entre varones y mujeres. Esto se puede ver todavía en la distribución de roles en el hogar, en el ámbito laboral, en materia de salud sexual y reproductiva, pero en especial en algunos dictámenes de la justicia”, dijo Lubertino.
“Hay situaciones muy graves en muchas provincias del noroeste
(NOE) y noreste argentino (NEA), donde el Poder Judicial emite
sentencias discriminatorias hacia las mujeres, donde bajan (las penas por maltrato) por una supuesta cultura”, agregó.
Para “combatir eso hay que reformar el Código Penal, no para
aumentar las penas, pero sí para desactivar la discriminación que está allí, en el capítulo de delitos sexuales, para decir como se debe aplicar la justicia”, sentenció.
Desde el ámbito legislativo, la diputada nacional Lucrecia
Monti (Justicialismo Nacional) advirtió a DyN que “es necesario
adecuar la legislación interna (a tratados internacionales) para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer”, y
advirtió que un proyecto de su autoría sobre el tema “sólo fue
tratado por 1 de las 4″ comisiones que deben emitir dictamen.
El proyecto, según indicó, pretende la capacitación de agentes judiciales, policiales, docentes y profesionales que trabajen en la problemática, así como “un manual de buenas prácticas” para ser utilizado por medios de comunicación, la “asistencia digna a las víctimas”.
Por su parte, una experta en la temática del Ministerio del
Interior, que pidió no ser nombrada, advirtió a DyN que existe en fuerzas provinciales un actitud “machista y desconsiderada” ante delitos de violencia familiar, que “sólo podrá evitarse con una reforma en la formación” de los efectivos.
Organizaciones consultadas agregaron que “la solución y la
forma de prevenir la violencia doméstica está en la educación, en la aplicación de contenidos que aporten a la reflexión sobre paridad y vínculos democráticos” entre géneros.
“Hay una responsabilidad de cada una de las provincias, salvo
en (la policía de) Buenos aires y la Federal, yo no veo avances en la capacitación para la inclusión… da la impresión de que no hay trabajo con el poder judicial, la educación y la fuerzas de seguridad”, consideró Lubertino al respecto.
Cifras del Ministerio de Seguridad bonaerense indicaron que
hubo casi 20.000 denuncias de violencia doméstica sólo en la
provincia durante 2006, mientras 11 mil se registraron en la Capital, donde un 90 por ciento de los casos corresponde a mujeres sometidas por su pareja o por alguien de su entorno.
Especialistas destacaron la labor del Gobierno, el Congreso y
de administraciones provinciales y municipales, en especial por el lanzamiento de nuevas dependencias receptoras de denuncias, como las 37 comisarías de la Mujer bonaerenses.
La sanción de una nueva ley de Educación y la aprobación del
protocolo facultativo del Cedaw, que otorga a las mujeres la
posibilidad de acudir a organismos internacionales ante casos de
maltratos, permiten, según expertos, conocer la dimensión del problema, “pero ahora son mecanismos que hay que implementar”.
PAY FCR EMJ

Fecha de publicación: 25 de febrero de 2007.
Medio: Agencia Diarios y Noticias (DyN)
Autor: Pedro Andrés Ylarri
Título original: INSTAN A REFORMAR JUSTICIA Y EDUCACION PARA
COMBATIR ALTO INDICE DE VIOLENCIA DOMESTICA