El Congreso debate un proyecto de ley presentado por un diputado de la Federación Agraria para fijar un límite a la cantidad de tierras que pueden estar en manos de extranjeros, las cuales –según algunos estudios– hoy suman al menos el diez por ciento del territorio nacional. La iniciativa, acompañada por la centro-izquierda, genera roces entre las organizaciones del campo, ya que es resistida por “los gordos” de la Sociedad Rural y Confederaciones Rurales Argentinas.

Por Pedro Ylarri y Silvina Marquez

Una ley para restringir la venta de campos a empresarios y a compañías extranjeras está siendo promovida en el Congreso por un grupo de agrodiputados vinculados a pequeños y medianos productores, lo que está generando discrepancias entre legisladores rurales, dijeron a PERFIL diputados y voceros de la cámara baja, por la intención de algunos sectores de impulsar el proyecto “hasta las últimas consecuencias”.

El proyecto, cuyo primer borrador fue presentado en abril de 2009 por el diputado Pablo Orsolini, tiene el apoyo de la Federación Agraria Argentina (FAA) y busca limitar y restringir, por medio de ciertas condiciones, la compra de tierras; no prohibir. Por estas semanas, se debate en la Comisión de Legislación General, luego en la de Agricultura y Asuntos Constitucionales, en donde está cosechando el respaldo de sectores de centroizquierda y de ediles del oficialismo, aseguraron.

Reconocieron, sin embargo, que la norma genera “discrepancias” con el resto de las entidades del campo, las que aglutinan “a los gordos”, como la Sociedad Rural (SRA) y la CRA (Confederaciones Rurales de Argentina). Javier Jayo Oroqui, secretario de CRA, precisó que la entidad se opone “a fijar límites para arrendar y de que se cree un Consejo que controle esto”. Por su parte, Sociedades Rurales de la Patagonia –principal destino de las inversiones en tierra de extranjeros–, entre ellas las de Río Gallegos y de Comodoro Rivadavia, criticaron el proyecto porque, argumentan, hay que privilegiar “el uso racional” de la tierra, sin importar quién es su dueño.

Hay al menos dos proyectos en los despachos del Congreso: uno, de los diputados de la FAA, busca prohibir que los extranjeros sean propietarios de más de 25 por ciento del total de tierras de un mismo municipio. Otro, elevado el año pasado al Ejecutivo por la ex senadora chubutense Silvia Giusti, cercana al gobernador Mario Das Neves, quien propuso, antes de vencerse su mandato en diciembre, limitar que una persona física o jurídica extranjera pueda adquirir más de dos por ciento de los terrenos de una provincia, y no más del diez por ciento de un municipio. Además, exigía a los extranjeros que compraran tierras una declaración jurada en la que constaran todas las propiedades que tienen.

El debate por el supuesto proceso de “extranjerización” de los campos viene siendo promovido por varios sectores de la izquierda desde hace lustros, aunque recién ahora la situación se torna “algo preocupante”, aseguran desde la FAA. Un informe de la entidad asegura que al menos diez por ciento del territorio argentino era propiedad de extranjeros en 2007, es decir, unos 300 mil kilómetros cuadrados. “Hoy, la guerra en el mundo es por el petróleo, pero dentro de treinta o cuarenta años va a ser por el agua. No hay que olvidar que el Acuífero Guaraní nace en Santa Fe y abarca el norte argentino y países vecinos. Esta ley busca proteger las tierras y los recursos naturales”, dijo a PERFIL Orsolini, del Chaco.

Un broker inmobiliario dedicado al negocio de la tierra rural estimó que al menos veinte millones de hectáreas son propiedad de empresas o personas extranjeras en todo el país, mientras que unos 13 millones de hectáreas están en “proceso de venta o fueron vendidas entre 2005 y este año”. En la FAA ven con preocupación cómo los grandes conglomerados sojeros están comprando millones de hectáreas y señalan que, desde 2004, los brasileños reemplazaron a los estadounidenses entre los mayores interesados.

Entre los grandes compradores de tierras, Giusti mencionó al inglés Joe Lewis, quien adquirió de un saque gran parte de los campos que rodean al bellísimo Lago Escondido, en Río Negro, tierras que hoy están valuadas en centenares de miles de dólares. Según denunció Giusti, “emprendedores” como Lewis promueven una tendencia a la privatización de las costas de los lagos hasta los límites de los Parques Nacionales. En la Patagonia, Luciano Benetton y sus hermanos Carlo, Giuliana y Gilberto son dueños de cerca de un millón de hectáreas. Los diputados de la Coalición Cívica denunciaron que el grupo italiano alambró un tramo dentro de una de sus propiedades, dejando adentro a un pueblo y a un río.

“La ley busca limitar a los compradores que adquieren campos por dos pesos y no producen nada, no a los que lo tienen como parte de su cadena productiva”, dijeron en el Congreso, y añadieron que empresas como Massalin Particulares y Nobleza Piccardo, que tienen grandes extensiones en el norte “no tendrían que desinvertir, ya que las limitaciones abarcarían de aquí en más”.

Asesores de los agrodiputados preparan además un informe de “legislación comparada”, con datos sobre las limitaciones a la compra de tierra. Las leyes más nuevas, explicaron, son de América del Norte (México, Estados Unidos y Canadá tiene normas restrictivas), aunque también Brasil (protección del Amazonas), Suiza e Irlanda limitan el acceso a los extranjeros a tener campos.

De avanzar el proyecto, casi no quedarían campos preparados para las actividades productivas tradicionales para ser comprados por extranjeros, ya que según el Censo Nacional Agropecuario existen en el país 180 millones de hectáreas agropecuarias, es decir el máximo a tener por los extranjeros serían 45 millones de hectáreas, diez millones más que las que actualmente ya tienen o están en proceso de venta.

“La concentración y la extranjerización vienen atados a la privatización de las costas y espacios públicos”, dijo la diputada provincial Magdalena Odarda, que acompañó el proyecto de la FAA. La intención de los agrodiputados, explicó, es “proteger áreas clave por sus recursos naturales o interés geopolítico”. Y “defender” a los pequeños productores: entre 2002 y 2008 desaparecieron unos 60 mil productores chicos, por lo que ya son 160 mil si se cuenta la década del noventa. “La ley es clave para frenar esto”, argumentan.

Ficha del artículo:

Título original: Proyecto de ley de la federacion agraria, Quieren limitar la cantidad de tierras productivas en manos de extranjeros.
Fecha de publicación: 6 de junio de 2010
Medio: Diario Perfil, Buenos Aires, Argentina
Link: http://www.diarioperfil.com.ar/edimp/0475/articulo.php?art=22191&ed=0475

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   VILLA CARLOS PAZ, Córdoba, nov 20 (DyN/Pedro Andrés Ylarri) – La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) denunció hoy que constató en estudios territoriales propios que más de 400 mil niños y adolescentes trabajan en cosechas del norte argentino, muchos de ellos sin percibir remuneración y expuestos a enfermedades vinculadas con el uso de agroquímicos.
   “Existen en la actualidad 400 mil niños y adolescentes trabajando en cosechas de yerba mate, tabaco y otros cultivos intensivos y zonas rurales, esto sin contar los 1,9 millones en la misma situación en centros urbanos”, dijo el referente del gremio, Jorge Abel Rodríguez, en el II Foro de Infancia y Periodismo, realizado en esta ciudad.
   El gremio de los peones rurales presentó hoy un estudio que relata las “penosas condiciones” en las que son empleados los niños, así como “las consecuencias graves en su salud” por el uso de agroquímicos, “sin contar por supuesto la causales de no terminar siquiera el colegio primario”.
   Referentes de UATRE, que auspició el debate, sostuvieron que “90 por ciento de los delegados sindicales padecieron trabajo infantil, por lo que puede hablarse de una cuestión cultural, ya que los propios padres consideran que está bien que los niños trabajen”.
   “Nuestro trabajo es de construcción de la infancia” en las zonas rurales, añadió Rodríguez, quien cuestionó la falta de compromiso “real” de las compañías yerbateras y tabacaleras, que “se lavan la cara con organizaciones no gubernamentales, cuando no hacen un aporte efectivo” a la erradicación del trabajo infantil.