La “televisión pública” logra ratings históricos por el fútbol y varios ciclos prestigiosos, pero sigue con vicios antiguos, que en algunos casos el kirchnerismo ha potenciado, como el programa “Seis, siete, 8:00”, del productor Diego Gvirtz, cuyo objetivo es destrozar a los medios y a los periodistas que no defienden las propuestas K. Es una tarea prácticamente imposible saber cuánto gasta el Gobierno en este canal debido a que absorbe dinero por distintas vías y a que los voceros oficiales no se sienten obligados a suministrar esas cifras, que incluyen los 600 millones de pesos del fútbol “gratis”.

Por Pedro Ylarri y Sebastian Iñurrieta

En la era del cineasta Tristán Bauer, Canal 7 levanta cabeza en el rating gracias al fútbol pero también a ciclos prestigiosos, aunque manteniendo antiguos vicios: gastos e ingresos sin control, sueldos que llegan a ser exorbitantes, muchos empleados, un presupuesto en aumento al tercerizar varias de las emisiones más costosas y un agresivo servilismo político al Gobierno en algunos de sus programas de punta.

Bauer transita su segundo año al frente del llamado Sistema Nacional de Medios Públicos Sociedad del Estado (SNMP SE) con “puntaje ideal” en materia de rating –la medición promedio de octubre fue de 4 puntos, cuatro veces mayor que cuando se hizo cargo del canal estatal– y grandes figuras en su cartel; aunque, según pudo averiguar PERFIL, mantiene presupuestos sin control y en ascenso, al margen de los 600 millones que el Gobierno se comprometió a pagar por año por la transmisión del fútbol.

El cineasta, junto con el director ejecutivo del canal, Martín Bonavetti, lidian a diario con más de mil empleados públicos –buena parte de ellos con más de 25 años en el edificio de Figueroa Alcorta– que al ser beneficiados en el último acuerdo salarial con un aumento superior al 23 por ciento consumen casi 8 de cada 10 pesos de los que les transfiere el Tesoro nacional, superiores a los 300 millones de pesos por año.

A las presiones económicas se suman las que provienen del mismo Gobierno, siempre interesado en aparecer más que en los discursos públicos de la presidenta Cristina Fernández, transmitidos completos, y a las de la oposición, ONGs y hasta de la Auditoría General de la Nación (AGN), que vienen denunciado falta de rigurosidad en los balances e “incumplimiento” de las obligaciones asumidas.

En efecto, el estudio de los balances del SNMP que todos los años realiza la AGN suele concluir en un informe de pocas páginas en las que sencillamente se advierte que falta información y datos contables, algo que no podría ocurrir en ninguna empresa común.

Conocer cuánto dinero cuesta Canal 7 a los argentinos no es tarea fácil. El SNMP que dirige Bauer –que aglutina a Canal 7 y a Radio Nacional– es una de las 27 empresas del Estado nacional aunque, como es deficitaria, es solventada con recursos del Tesoro.

En el Presupuesto nacional aparece, en el apartado “comunicación” de los “servicios económicos”, uno de los pocos puntos en los que el presupuesto ejecutado en general termina superando al estimado al principio de año.

De esta manera, el presupuesto para este 2009 proyectaba gastos por 332,2 millones de pesos para el SNMP, aunque según reportes de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), el Gobierno debió destinar otros 20 millones en agosto para pagar sueldos; mientras que el presupuesto para 2010, hoy en estudio en el Senado, ya supone en forma adicional una “asistencia financiera para atención de gastos de operación” de 47,8 millones de pesos más.

Los 20 millones adicionales de este año fueron reasignados mediante los llamados “superpoderes” desde un plan de asistencia a las provincias, lo que generó fuerte críticas de la UCR, cuyo jefe de bloque en Diputados, Oscar Aguad, cuestionó que “en tiempos en que las provincias se encuentran asfixiadas financieramente, el Gobierno nacional les responde con esta quita de recursos para favorecer mayores gastos en sus políticas de comunicación”.

Los más de 350 millones de pesos destinados a Canal 7 y a Radio Nacional representan un incremento de cerca del 400 por ciento respecto a lo que el Gobierno pagaba en 2001, cuando fue creada la empresa estatal.

El presupuesto de 2009, además, no incluye la reparación del edificio del canal (a cargo de Planificación Federal) ni las erogaciones del canal Encuentro (pagadas por el Ministerio de Educación), según confirmaron a PERFIL desde la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Desde Canal 7 aseguraron a este diario que la gestión de Bauer “sumó en transparencia” y que se publican todos los gastos desde enero de 2008 en la web del SNMP.

Un estudio de esos datos realizado por PERFIL comprueba el considerable aumento en los gastos operativos: mientras que durante todo 2008 se contabilizaron casi 2.500 facturas por 18,9 millones de pesos, entre enero y el 13 de septiembre pasado ya se habían gastado 26 millones de pesos.

Salarios. Los ejecutivos del canal evitan referirse a los sueldos. Argumentan que “los salarios en la TV son irreales” y “no se condicen con la realidad del país” por lo que “queda mal decirlos”. Se animan, sin embargo, a contarle a PERFIL algunos casos, siempre manteniendo el off the record: Juan Alberto Badía recibe –al menos lo hacía hasta hace algunos meses– 15 mil pesos como conductor de Estudio País y otros 20 mil como productor del mismo programa. Por La vida es arte, un programa semanal, Lalo Mir recibe 12 mil. Fuentes gremiales explicaron a este diario que esos sueldos son mayores en casos en los que existe una coproducción o bien directamente se terceriza un espacio, y citan por ejemplo el caso del programa Seis, siete, 8:00 del productor Diego Gvirtz, que paga el sueldo de los protagonistas del ciclo. Desde otro canal público aseguraron a PERFIL que, por ejemplo, “hay casos en los que el Estado es anunciante de un segmento producido por una productora externa, con lo que se recibe plata desde allí y desde el canal”.

Algunas producciones tercerizadas cuestan millones: “Los cuentos de Fontanarrosa, que produjeron Coco Silly y Daniel Aráoz, salieron 20 mil pesos cada uno de los 26 capítulos”, uno por semana, reconocen a PERFIL fuentes cercanas a la dirección ejecutiva del canal, es decir: se gastaron casi 100 mil pesos por mes.

Según la ANSES, el Sistema Nacional de Medios tiene 1.674 empleados. Un relevamiento de este diario realizado en base a la nómina de empleados con apellidos que comienzan con las tres primeras letras del abecedario revela que el 24 por ciento de los empleados tiene más de 60 años, y que casi todos son hombres.

“En Canal 7 cobran un promedio de entre 4 y 5 mil pesos en bruto y están en línea con el resto del sector, son los que más pagan después del 13 y del 11. A diferencia de la televisión privada, que van seis horas, seis días a la semana, ahí trabajan ocho horas, cinco días a la semana”, aseguraron a este diario desde el Sindicato Argentino de Televisión (SAT).

Según el último convenio, que incluye un aumento de entre 19 y 28 por ciento, sin embargo, un trabajador con 20 años de experiencia, título terciario y cuatro horas extras semanales cobraría entre 7 y 12 mil pesos. Los directivos sostienen que el canal tiene unos 900 empleados (contra los 1.674 que figuran en la ANSES), aunque aun así, pagan buenos sueldos, tercerizan muchos de los espacios. Por ese tema se debió “levantar en armas” el sindicato, y desde entonces un programa de divulgación médica comenzó a fabricarse con gente del canal, al igual que el magazine de la mañana.

Aunque parezca por momentos una caja negra que aspira dinero, Canal 7 recuperó dinamismo en la grilla y en octubre llegó a los 4 puntos de rating, un récord histórico, impulsado por algunos ciclos prestigiosos, como El espejo retrovisor (con Felipe Pigna), Peter Capusotto y sus videos, La vida es arte (con Lalo Mir), Laboratorios Dormevú (con Mex Urtizberea), Elepé y Científicos industria argentina, y la “inversión” de 600 millones de pesos en la televisación del fútbol.

Sin embargo, aún no han podido rentabilizar la señal y, pese al aumento en el rating, sus espacios siguen regalados: pautar en ellos cuesta desde 50 y 70 pesos el segundo (en el caso de Visión 7 primera mañana) hasta 220 pesos durante el prime time, muy lejos de los 4.400 pesos que llegan a costar en otras señales.

Las fuentes del canal consultadas por este diario sostienen que Bauer y Bonavetti insistirán en buscar que la señal sea estatal, con representación de todos los sectores, lo que genera fuertes roces con el entorno de Cristina Fernández, que pujan para que el canal se “politice” o bien sea usado para los “intereses espurios del poder”, como las operaciones desde el segmento de Gvirtz contra medios considerados opositores o sus periodistas.

Los directivos piensan, en cambio, en introducir en 2010 una ficción infantil en la que participaría la ex Patito Feo Brenda Asnicar y tratan de eludir con cortesía las críticas de los productores externos a que “el mundo se pare cuando habla Cristina”. Les está saliendo un poco caro: el decreto de creación del Sistema Nacional de Medios decía que desde 2004 el Estado sólo contribuiría con 24 millones de pesos. Pero el kirchnerismo ya invertía 147 millones en 2006 y llegará a 410 millones el año que viene.

Al menos 150 mil personas viven en las más de 20 villas miseria que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Las sucesivas crisis económicas han convertido lo que eran asentamientos transitorios para inmigrantes del interior y países limítrofes mientras se progresaba en auténticos barrios, donde se construye con material y donde se traza con nitidez la línea entre ricos y pobres, entre propietarios e inquilinos. Una vida dura, en la que no faltan los desclasados de la clase media y la amenaza constante del crimen organizado que no impide, sin embargo, la construcción de vínculos muy fuertes entre los vecinos.

Por Pedro Ylarri

Estela llegó del Paraguay dejando atrás a seis hermanos y su madre, y sin saber que la vivienda por la que que había pagado en Asunción estaba en la Villa 31 de Retiro. Vicente, en cambio, logró salir de un asentamiento siendo joven, pero volvió cuando no pudo pagar más un techo en el mercado formal; mientras que Susana nació en una familia de clase media que fue cayéndose del sistema con los continuos vaivenes de la economía, aunque de ser una “víctima” se transformó en una luchadora por los derechos de los villeros.

Historias como éstas se repiten en las más de veinte villas de la Ciudad, en donde unas 150 mil personas comparten vidas de privaciones e inseguridad, pero también de trabajo, esfuerzo y esperanza. Todo forma parte de una “identidad villera”, esa forma de ser de los habitantes de las villas que cada vez atrae más a antropólogos y a investigadores sociales, quienes comenzaron a trazar los elementos básicos de la idiosincrasia de los barrios precarios.

María Cristina Cravino, de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), es una de las especialistas que más conoce del tema en la Argentina. Su reciente libro, Vivir en la villa, revela historias de personas como Estela, Vicente y Susana, y analiza en detalle cómo son, qué dicen que son y cómo viven los residentes en las villas. Para ello entrevistó en profundidad a 67 personas, narró la historia de vida de otras 12 e hizo 298 encuestas en tres villas de la ciudad.

Los resultados sorprenden y muestran que la falta de soluciones al problema habitacional ha modificado la “forma de ser” de los villeros. En los asentamientos, por ejemplo, donde todo parece ser pobreza homogénea, ya es posible diferenciar dos clases sociales, “propietarios e inquilinos”; encontrar a niños que no salen de su casa durante días por los brotes de violencia ligada al narcotráfico; o bien dar con prácticas de elecciones de “presidentes” de las villas.

Son todas novedades respecto a los primeros estudios realizados en los años 90, aunque dos cosas parecen primar. Una de ellas es que la situación de precariedad ha empeorado. El padre Luis Farinello daba cuenta de eso cuando decía que cuando llegó a las villas, hace más de cuarenta años, “era todo chamamé y cielo abierto”, lejos de las “drogas y miseria” de ahora. Un habitante de la Villa 31 lo relata a su manera: “Antes sólo ponían unas chapas y compraban un lote en la provincia para construir mientras envejecían en la villa. Ahora construyen aquí con materiales y buscan mejorar su condición”.

¿Pero qué es ser villero?, ¿existe una identidad común? “Identidad única y estática no existe, se construye todo el tiempo teniendo en cuenta la relaciones que se establecen en el barrio y por la forma en que son vistos desde afuera; las villas son barrios que tienen una función residencial y son también un espacio productivo”, explica Cravino, que tiene otros dos libros escritos sobre el tema.

Al menos donde fue realizado el estudio, en las villas 21-24 del barrio porteño de Barracas, la 31 y 31 bis de Retiro y la 1-11-14 de Bajo Flores, perciben cómo, afuera, la villa es vista muchas veces como “gueto”, al primarse la condición étnica o la nacionalidad y al ser tratados como “espacios relegados”. Ser villero aparece, en Vivir en la villa, como una “contradicción” y “contrasentido”, ya que si bien esos barrios precarios son símbolo de pobreza, quienes viven llegan para salir de esa circunstancia, muchas veces de países limítrofes o del interior.

Clases sociales. El arraigo de décadas dio lugar a un extraño fenómeno que es la diferenciación, dentro de la villa, entre “ricos y pobres”, y que en los asentamientos se produce entre “propietarios e inquilinos”. La investigadora explica que “es un fenómeno nuevo”, ya que “antes era impensable el alquiler”. Los inquilinos habitan las villas en una situación de “mayor fragilidad”, dice Cravino, porque pueden ser expulsados en cualquier momento: su contrato de alquiler es mensual.

Entre quienes han nacido en la villa o viven desde hace varias décadas, los conceptos de “contrato”, “boleto de compra” o “escritura” han desaparecido. La investigadora dice a PERFIL que “todos en las villas saben que no son propietarios del lote pero sí de lo que construyeron”, o incluso de lo que han comprado. Un estudio reciente de la Universidad de La Plata (UNLP) asegura que un 20 por ciento de los habitantes de todas las villas de la Ciudad y el Gran Buenos Aires pagan alquiler por la casilla en la que viven.

Delegados del Gobierno macrista que trabajan en las villas, consultados por PERFIL, opinaron que la “vivienda” es el “valor supremo dentro de las villas”, ya que determina no sólo la condición social, sino el acceso a subsidios: “Tener una casa, cualquiera sea, es la esperanza máxima de todas” las madres que allí viven y es el bien que da más prestigio.

Buenos y malos. Las historias recogidas por PERFIL de los residentes, de las ONG vinculadas al tema y de los llamados “curas villeros” muestran que los lazos familiares y de solidaridad son más fuertes en las villas, incluso más que “en el mundo exterior”. El padre Guillermo Torre, uno de los encargados de las tres capillas que funcionan en la Villa 31 y 31 bis de Retiro, consideró a PERFIL que “estos lazos son aún más importantes que el clientelismo o las políticas meramente asistenciales del Estado, porque son ayudas que sacan del paso, pero también permiten ser a la gente promotor de su propio desarrollo”.

La cumbia villera y el fútbol, de acuerdo a los entrevistados, son dos condimentos esenciales de la idiosincrasia de quienes viven en los asentamientos, ya que forman parte de la esperanza de trascender que sobrevuela en las villas. Un deseo juvenil de ser reconocido fuera del asentamiento, que entre los adultos –en especial entre las mujeres– se plasma en el sueño de la vivienda propia.

Se enfrentan con la inseguridad y la droga, dos flagelos que afectan tanto fuera como dentro de la villa, y que han transformado la forma en la que viven. En las entrevistas de Cravino hablan madres de hijos que sólo salen para ir a la escuela, si es que van; revelaciones que se mezclan con las de las Madres del Paco, cuyos hijos fallecieron por esa causa. Para la autora de Vivir en la villa, los delincuentes son rechazados por el común de los habitantes de las villas, quienes son también víctimas del delito.

Vida democrática. Entre los cambios más llamativos de las villas está la intensa vida democrática de los villeros, plasmada en la elección de consejos de delgados –uno por manzana– y hasta sistemas presidenciales en los asentamientos. “Hay experiencias fuertemente democráticas, entendiendo que existe una participación de los habitantes en las decisiones de las demandas barriales y hay otros que no tanto… muchos ganan experiencia y demandan por el derecho a la ciudad”, explica Cravino.

Las elecciones de presidente de villa o delegados por manzana es regulada por Justicia y seguida de cerca por autoridades civiles; una de ellas es la ACIJ, cuya coordinadora de Redes de Trabajo en Villas Urbanas, Luciana Bercovich, explicó a PERFIL que “si bien las históricas Federación de Villas o el Movimiento Villero ya no tienen tanta llegada como décadas atrás, hay un proceso creciente a la reorganización”.

“La gente necesita resolver los problemas, y por eso hay más vínculos que en cualquier otro barrio; participan organizaciones políticas, sociales y la iglesia, pero se está formando una manera autogestiva de organizar y reclamar sus derechos, algo que antes no se veía”, finalizó Bercovich.

Los curas villeros y el drama de la droga

Los llamados “curas villeros”, desde el padre Carlos Mugica en los años 70 hasta José María “Pepe” Di Paola, en la actualidad, han sido testigos de los cambios que han vivido los asentamientos de la Ciudad y el Gran Buenos Aires en los últimos años.

Tanto Di Paola, amenazado de muerte al denunciar que las villas son “zonas liberadas” para el paco y la marihuana, como el padre Guillermo Torre, desde la villa del barrio porteño de Retiro, dan cuenta de la proliferación del abuso de drogas entre los jóvenes y el empeoramiento de las condiciones de vida desde 2004.

El padre Luis Farinello es otro de los fundadores del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo iniciado por Mugica y otros pares suyos de América latina y, en una entrevista reciente, denunció que si bien en los primeros años del gobierno de Néstor Kirchner “hubo una mejoría”, un aumento del empleo y más posibilidades, desde “el paro del campo y luego con la crisis internacional, empezó a estancarse la situación”.

“Pero la droga es lo más grave y no hay decisión política para enfrentarla. Detrás de la droga, seguramente, hay peces muy gordos, pero va preso el pobre pibe que consume en la esquina y hace barbaridades de las que después ni siquiera se acuerda”, expresó a la revista Mía, y añade que pensaba que “cuanto más viejo me hiciera, me iba a acostumbrar a ciertas cosas y, sin embargo, no es así. Envejezco, tengo más sensibilidad y lloro con más frecuencia”.

Ficha del artículo:

Título original: Un analisis de la identidad villera. Vivir en la villa: democracia, clases sociales y narcotráfico.
Fecha de publicación: 10 de octubre de 2009
Medio: Diario Perfil, Buenos Aires, Argentina
Link: http://www.diarioperfil.com.ar/edimp/0407/articulo.php?art=17389&ed=0407

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Un estudio de una ONG al que PERFIL tuvo acceso revela que nuestro país incumple varios acuerdos internacionales firmados en el tema del combate a la corrupción. El estudio también confirma el descrédito en el que han caído los organismos fiscalizadores del Estado, reclama ampliar la figura de protección a testigos y subraya que ni el Congreso ni la Justicia tienen hoy oficinas especiales para recibir denuncias por hechos de corrupción cometidos en su seno.

Por Pedro Ylarri

Si usted sospecha que la corrupción sigue siendo un problema grave en la Argentina y que no hay voluntad política para combatirla, entonces es probable que esté en lo cierto: un informe de una reconocida organización no gubernamental revelado esta semana a PERFIL advirtió que nuestro país incumple sus compromisos internacionales en la materia, mientras que el descrédito en ascenso de entidades oficiales que combaten el pago de coimas y sobornos está causando una fuerte caída en la cantidad de denuncias recibidas.

“Argentina suscribió en las últimas décadas compromisos cada vez más sólidos en materia de lucha contra la corrupción y eso implica que tenemos que adecuarnos a ciertos estándares; pero no logramos satisfacerlos, así que claramente estamos en una situación de incumplimiento de lo que el país se ha comprometido”, resumió en diálogo con PERFIL Luis Villanueva, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), a cargo del informe.

El documento, titulado “Mecanismos para la denuncia de hechos de corrupción”, asegura que pocas cosas han cambiado en el país en materia de corrupción en los últimos años, aun pese al proclamado “cambio institucional” que prometió Cristina Fernández. La crítica central de ACIJ es, sin embargo, no tan difícil de cumplir: que sean abiertas oficinas para poder denunciar hechos de corrupción. Sin ellas, es “prácticamente imposible” investigar, perseguir y sancionar esas prácticas.

La carencia se da en especial en la Justicia y en el Congreso, ya que el Poder Ejecutivo tiene dos estructuras que reciben denuncias e intentan combatir la corrupción: la Oficina Anticorrupción (OA) y la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA). Estas oficinas son recomendadas en la Convención Interamericana Contra la Corrupción, y las convenciones de la OCDE y de Naciones Unidas, todas rubricadas y ratificadas por la Argentina con “rango constitucional”.

El incumplimiento de nuestro país no es insignificante: “Esas convenciones están asentadas en la Constitución Nacional y tienen un rango superior al de las leyes nacionales”, dijo a PERFIL el constitucionalista Gregorio Badeni, por lo que es posible que Naciones Unidas u otra entidad “haga alguna recomendación o reclamo” por el incumplimiento, aunque “sin llegar a ser una obligación”.

El informe de la ACIJ busca aportar una “mirada independiente” del problema, ya que a la Argentina la controlan otros países de la región, y, como esas naciones también la incumplen, en general los reclamos son muy laxos, explicaron a este diario desde el tercer sector.

Además de oficinas específicas para denunciar hechos de corrupción en la Justicia y el Congreso, el documento advierte que es necesario aprobar un régimen para la protección de testigos de casos de pagos de sobornos, que garantice a los que denuncien no perder su empleo ni que sean perseguidos. Villanueva explicó que “también hay que cambiar la cultura sobre el tema, por la que ahora parece que el que habla es tratado como buchón”.

En la actualidad, el Ejecutivo protege a testigos sólo de delitos federales, como narcotráfico y secuestros, “pero no hay garantías para quienes denuncian hechos de corrupción”, dijeron desde la ACIJ. La desaparición del testigo Jorge Julio López muestra el nivel de eficacia de ese cuidado. Es por eso que las denuncias “anónimas” son la mayoría entre las presentadas en la OA y la FIA, una situación “indeseable”, ya que la falta de una “parte querellante” hace que la Justicia no llegue a buen puerto.

La solución para el problema de los testigos está al alcance del Congreso, luego de que el abogado y profesor Alberto Bovino encabezó una consulta amplia durante el gobierno de Fernando de la Rúa para escribir un anteproyecto de ley sobre el tema. En una entrevista con PERFIL, Bovino recordó que el proyecto fue analizado desde tres puntos de vista: penal, laboral y administrativo, aunque luego por la crisis “quedó en el olvido”. De todas formas, agregó, “estaba destinado a morir igual, a pesar de la crisis”, asegura el profesor de la UBA.

Un proyecto así no podía ser aprobado por un gobierno que luego sería acusado de pagar coimas en el Senado. En efecto, el anteproyecto auguraba la figura del “arrepentido”, que hubiera atenuado el cargo y la culpa de Mario Pontaquarto, quien denunció el pago de coimas y todavía sigue declarando en calidad de procesado.

Mala imagen, menos denuncias

Mala imagen, menos denuncias. Esa es la ecuación actual en la Oficina Anticorrupción (OA) y la Fiscalía de Investigaciones Investigativas (FIA), las dependencias que siguen acusaciones por pagos de sobornos, sobreprecios o cualquier otro hecho de corrupción en el Poder Ejecutivo.

Tras la salida del fiscal Manuel Garrido de la OA en diciembre 2003, y de la FIA en 2009, apareció “como una tendencia preocupante el constante descenso en las denuncias recibidas”, advierte el informe sobre el tema de la ACIJ. En el primer semestre de 2008, por ejemplo, en la OA sólo se recibieron 98 presentaciones particulares, cifra que contrasta con las 817 recibidas en su primer año, o con el récord de 1.133 que tuvo en 2004.

Cuando Garrido pasó de la OA a la FIA, este último ente registró un aumento importante de causas, al darse prioridad a las denuncias penales contra funcionarios. Pero en 2008, hubo una fuerte reducción en la denuncias, además de un aumento en la participación de los “anónimos”.

Lo que no se cumple:
Las normas globales exigen oficinas de investigación en todas las dependencias públicas.
El gobierno debe alentar a los ciudadanos a denunciar, otorgándoles garantías.
Los funcionarios deben estar obligados a dar a conocer cualquier caso de soborno.
Hay que reformar las normas procesales para acelerar y evitar el archivo de las causas.

Ficha del artículo:

Título original: Argentina no cumple acuerdos internacionales, La corrupción está ganando la batalla
Fecha de publicación: 5 de octubre de 2009
Medio: Diario Perfil, Buenos Aires, Argentina
Link: <a href=”http://www.diarioperfil.com.ar/edimp/0406/articulo.php?art=17319&ed=0406

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En una entrevista con PERFIL, Julio Godio, uno de los principales expertos en sindicalismo, circunscribió los conflictos laborales a Kraft y Subterráneos. Y, aunque admitió “un cuadro de malestar laboral que se manifiesta por fuera de las estructuras sindicales tradicionales”, afirmó que la oposición y los medios de comunicación más influyentes quieren que “el proceso argentino termine en una situación destituyente”, después del 10 de diciembre, cuando se produzca el recambio de legisladores. Agregó que “a la CGT la han dado por muerta muchas veces” y pronosticó que mantendrá su representatividad.

Por Pedro Ylarri

—Los conflictos en Kraft Foods y en Subterráneos parecen haber cambiado el panorama laboral en el país. ¿Se vienen los Soviets?
—Hay un fenómeno que está indicando la agitación obrera, aunque la situación no está signada por un aumento sustancial en los conflictos laborales. Hay un bajo nivel de conflictividad desde 2004 y se desarrollan normalmente las negociaciones sobre salarios y condiciones de trabajo, por ejemplo, con el Consejo del Salario.

—Pero éstos son conflictos reales…
—Es cierto que en los últimos dos años, por impacto de la crisis internacional y por dificultades en el sistema económico en el país, derivado de la crisis en el campo y de preocupaciones en el mundo empresario, se ha conformado un cuadro de malestar laboral que se manifiesta por fuera de las estructuras sindicales tradicionales.

—¿Por qué sucede eso?
—Porque las instituciones sindicales están pensando en un sistema de relaciones laborales que se ha estabilizado y no que está en crisis, y porque las transformaciones que se han producido en algunos sindicatos –derivadas de la conquista de cuerpo de delegados o comisiones internas– compiten con la estructura política del sindicato, lo que ha dado lugar a algunos fenómenos de conflictividad laboral, más vinculados a la espontaneidad del movimiento sindical.

—¿Hay dos frentes de conflicto, entonces; uno político y otro laboral?
—Sí, pero son datos menores. Si uno ve el cuadro de funcionamiento de los sindicatos en todo el país, hay confrontaciones en sólo dos lugares desde el punto de vista del instituto sindical: el cuerpo de delegados de Subterráneos y el conflicto en la ex Terrabusi.

—Algunos analistas dicen que estos conflictos son la “punta del iceberg”. ¿A usted qué le parece?
—El país está en plena transformación a partir del año 2003, y en ese proceso de transformación era previsible que ocurrieran algunos conflictos laborales muy duros, son normales.

—¿Por qué parecen trascendentales entonces?
—Hay sectores de la oposición al Gobierno que están intentando agudizar el malestar social y laboral, y que tienden a manifestarse desde el punto de vista político a través de los cortes de rutas.

—¿A qué sectores se refiere?
—Se alienta desde los diarios La Nación, Clarín y otros grandes medios de comunicación la idea de que se está al borde de un estallido; cuando en realidad es una operación política que forma parte de un proceso de consolidación de la llamada oposición. Es un espacio muy heterogéneo, pero los medios han tratado de presentarlo como un solo fenómeno.

—Los cortes de rutas, sin embargo, no fueron realizados por gente afín a la oposición, más bien por sectores piqueteros como la CCC y el MST, olvidados por el kirchnerismo y con una predisposición a abandonar las rutas hasta hace unos meses. ¿Por qué salen ahora?
—La crisis global de 2001 fue política, económica, social y laboral; y no era fácil salir. Si bien se crearon 4 millones de empleos en los últimos 5 años y se mejoraron las condiciones de vida de los ocupados, todavía tenemos bolsones de pobreza enormes, y al mismo tiempo bolsones de trabajo en negro. Esos fenómenos crean condiciones para la sobrevivencia de estos movimientos sociales, que encarnan políticas para auxiliar a los más desprotegidos. Estos no desaparecieron ni van a desaparecer fácilmente.

—¿El resurgimiento de estos grupos indica entonces que las condiciones de trabajo están peores que años atrás?
—No están peores que años atrás, pero seguimos mostrando indicadores de vulnerabilidad muy altos como la pobreza y el trabajo en negro. Ya no es la desocupación: el problema es la pobreza y el trabajo en negro, que ya afectan al 40 por ciento de la población económicamente activa.

—La historia de los sindicatos muestra que éstos absorbían la mano de obra en negro en tiempos de “vida austera y pleno empleo”. ¿Por qué los gremios ahora abandonan a esta gente?
—Porque se quebró la sociedad salarial, por el alto nivel de desocupación primero, luego de 2001, y el crecimiento de la pobreza. La pobreza históricamente ha sido del 7 u 8 por ciento, ahora estamos en una pobreza del 30 por ciento. Además, en una historia en la que preexistió la sociedad salarial y su organización, se facilita que aparezcan los piqueteros y las movilizaciones altamente organizadas porque recogen una tradición anterior. Eso es lo que sucedió en 2001.

—¿A esa “organización” se refirió el ministro Carlos Tomada cuando habló de las protestas por Kraft?
—No. Estos movimientos, los piqueteros, tienen alas fuertemente contestatarias, que ponen el centro en lograr que se produzca una insurrección popular, a la que llaman el “argentinazo triunfante”. Dado que son muy débiles y su presencia en las fábricas es ínfima, buscan encontrar alguna forma de movilización que exprese ese malestar social existente entre desocupados y en los altos niveles de pobreza. Esta línea de acción empalma con la que aplicaron las entidades del campo durante los cortes de rutas. No es raro que (los piqueteros) tengan un clima cultural y psicológico favorable para cortar las rutas, y que a su vez esté estimulado por aquellos que quieren que el proceso argentino termine en una situación destituyente.

—¿Usted percibe que el clima podría terminar en una salida anticipada del Gobierno?
—Digo destituyente en el sentido de que hay un proceso de oposición al Gobierno que intenta crear una situación de dualidad de poder, y que esperan poder consolidar desde el 10 de diciembre. Esto consistiría en que habría un Congreso con mayoría de la oposición, enfrentado a un gobierno que sería debilitado. Si esto se produce en un clima de crispación política no hay por qué dejar de sospechar que está el intento destituyente, vinculado a desplazar del poder al Gobierno.

—Volviendo a los sindicatos: ¿la CGT tiene alguna responsabilidad en el surgimiento de estos conflictos políticos gremiales?
—No se le podría adjudicar responsabilidad a la CGT o a la CTA, porque esto tiene que ver con el proceso y la evolución de la estructura económica en Argentina. Si buscamos responsables, éstos vienen por el lado de la estructura de los partidos políticos tradicionales y con algunos lobbys que se hicieron fuertes durante la época de Menem y durante la Alianza.

—¿Usted cree que los sindicatos siguen teniendo representatividad y legitimidad en las bases?
—Sí, aunque están en un proceso de búsqueda y transformación que se plasma en la Declaración de Mar del Plata. (…) Pero la idea de unicidad sindical prevalece siempre y es anterior al peronismo. Esta es parte de la cultura, los trabajadores quieren un sindicato unico, siempre.

—¿Si proponen cambios, entonces hay problemas? ¿Se puede hablar de un debilitamiento de la CGT?
—Y sí, claro que hay problemas. Respecto al debilitamiento de la CGT me parece que es muy apresurado decir eso; a la CGT la han dado por muerta muchas veces, y hace unos meses hizo una concentración con 100 mil trabajadores.

—¿La pelea entre los llamados gordos y la dirigencia de Hugo Moyano no altera el espíritu de concordia y pluralidad que habla la Declaración de Mar del Plata?
—En la declaración está la necesidad de ampliar el funcionamiento de las comisiones internas y los cuerpos de delegados, y dotar de mayor pluralidad a la representación sindical, de cara a los cambios que ha habido en el sistema político argentino. El sistema sabemos que ya no responde a una mayoría aplastante del peronismo, como se demostró en las últimas elecciones, y tiene ahora un arco político mucho más diferenciado, que también se expresa entre los trabajadores.

—¿Podemos pensar entonces en una CGT no tan peronista?
—No, podemos vislumbrar una CGT peronista pero en proceso de apertura.

—¿Pero esta apertura no se da entre los trabajadores del subte o en los de la ex Terrabusi?, ¿qué pasó en Kraft Foods?
—El conflicto de Kraft tiene su origen en la crisis por la gripe, cuando un grupo dentro de la empresa generó una situación de pánico y de reclamo de los trabajadores para mejorar la política de higiene. La empresa, en vez de absorber la posición crítica de los sindicatos, enfrentó a la comisión interna que, siendo de una línea de izquierda tradicional, entró en el juego y se transformó en una batalla totalmente irracional, muy difícil de resolver.

—¿Es un caso aislado?
—Estos conflictos no son nuevos, en los años 60 esto ocurrió previo al Cordobazo.

—¿Podemos esperar más conflictos entonces?
—Hay malestar. Y como hay malestar en un momento de desorden político por la lucha abierta por el poder, se puede crear una situación complicada.

Ficha del artículo:

Título original: Julio Godio, asesor especial del ministro de Trabajo, Carlos Tomada: “La oposición y los medios agudizan el malestar laboral”
Fecha de publicación: 3 de octubre de 2009
Medio: Diario Perfil, Buenos Aires, Argentina
Link: http://www.diarioperfil.com.ar/edimp/0405/articulo.php?art=17247&ed=0405

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En una autobiografía inspirada por el cáncer que lo atormentó en el último año, Edward, la última gran figura de la dinastía Kennedy, traza una crónica sincera sobre los errores y virtudes que cometió a lo largo de su vida y revela el entusiasmo que le generó Barack Obama, a quien apoyó fervorosamente. A continuación, tramos del prólogo, en el que cuenta su último gran objetivo: llegar a hablar en la convención demócrata, en agosto de 2008, para respaldar el cambio que venía. En EE.UU., el libro salió a la venta el lunes, con una tirada inicial de un millón y medio de ejemplares.

Por Edward Kennedy*

Fue en un soleado día de primavera del 20 de mayo de 2008 cuando desperté de mi estado de somnolencia por los medicamentos en una cama de hospital de Boston y miré el rostro de un médico, quien me explicó de manera sombría que estaba a punto de morir, y que sería mejor que empezara a ordenar mis asuntos y preparar a mis amigos y a mi familia para el final.

Mientras estaba en la cama del hospital, mis amigos y vecinos de Cape Cod se encontraban preparando sus barcos de verano. Tenía la intención de estar entre ellos, como de costumbre. Los Red Sox de Boston eran una buena apuesta para defender su campeonato mundial. Se encontraba en curso la campaña para las elecciones primarias para la presidencia. Mis colegas del Senado pujaban hacia adelante nuestra agenda legislativa. Y yo tenía trabajo que hacer.

No. Por mucho que respeto a la profesión médica, mi muerte no encajaba en mis planes.

Me negaba a pensar que me enfrentaba a una amenaza grave e impactante para mi vida. Los primeros síntomas de lo que podía ser un tumor cerebral maligno los había tenido tres días antes. Habían caído sobre mí cuando me dirigía hacia la cocina de mi casa de Hyannis Port, un lugar que ha sido el centro de mi vida y de mi felicidad durante la mayoría de mis setenta y seis años. No tenía otra intención que sacar a pasear a Sunny y Splash, mis muy queridos perros. Mi esposa, Vicki, y yo estábamos conversando y tomando nuestro café de la mañana en el solárium.

La vida parecía especialmente buena. Los dieciséis años de matrimonio con Vicki habían sido buenos. Su aguda comprensión y su amor por mí la habían convertido en una compañera indispensable. Hemos compartido incontables horas de alegría a bordo de mi antigua goleta de madera Mya, incluyendo noches de vela a lo largo de la costa, guiados sólo por las estrellas. Vicki me había dado tal sensación de estabilidad y tranquilidad, que casi había empezado a pensar en la vida en esos términos, estable y tranquila. Pero nunca aburrida. Ciertamente no podría serlo con esta divertida, apasionada, leal y tan enamorada mujer.

Vicki y yo habíamos disfrutado de un invierno y principios de primavera especialmente estimulante. El 27 de enero, emocionado e inspirado por Barack Obama y la esperanza que encarnaba, subí al podio en la American University en Washington para apoyar su candidatura presidencial. Las mejores esperanzas de la historia y el presente se convergían en torno a mí. Mi sobrina, Caroline Kennedy, estaba a mi espalda, junto a mi propio hijo Patrick y el mismísimo candidato. La multitud rugió su aprobación a mi mensaje. Y sentí que me alzaba con un renovado optimismo por mi país, y por las inesperadas notas de un viejo clarín que me llamaban una vez más a la campaña. Otros años, otras tribunas, otras aventuras respecto del pasado. “Es hora de una nueva generación de liderazgo”, declaré a la multitud de espectadores que permanecían frente a nosotros, como también lo hacía otra voz resonando en los pasillos de mi memoria.

Me sentí feliz y exuberante por el agotamiento inevitable de la campaña de las primarias demócratas, tal como me había sentido en Wyoming y Virginia Occidental en 1960 por Jack, y en Indiana y California en 1968 por Bobby. “¡Nadie dijo que no podíamos tener un poco de diversión!”, le grité al público latino en San Antonio, antes de cantar a todo pulmón mi versión española de ¡Ay, Jalisco, no te rajes! Me divertí tanto que la volví a cantar en Laredo. A mediados de mayo, Obama había ganado la crucial primaria de Carolina del Norte y tomó la delantera en cantidad de delegados. Algunos comentaristas ya declaraban el fin de la contienda. Sin duda tuve la intención de mantener la campaña a favor de él a finales de la primavera y el verano, pero no hubo tiempo de escabullirse en Nantucket Sound.

El 16 de mayo participé en una ceremonia en uno de mis sitios históricos favoritos, el New Bedford Whaling National Historical Park, donde me uní al congresista por Massachusetts Barney Frank y a otros, para cortar la cinta de inauguración del centro de aprendizaje marítimo Corson. Barney y yo habíamos obtenido créditos para reparar y hacer otras mejoras al edificio, después de haber sido dañado en un incendio en 1997. Me sentí especialmente bien ese día, y entonces deshice mi discurso preparado para hablar desde mi corazón sobre el amor que sentía por New Bedford, por su mar, y por cómo ese parque se conecta con nuestra historia. Vicki me dijo, después de eso, que Barbara Souliotis, nuestra querida amiga y jefa de Personal de toda la vida de mi oficina de Boston, quien estaba sentada a su lado, se volvió hacia ella y le susurró: “¡El vive realmente en el día de hoy!”. El cambio se percibía en el aire. Y mañana, Vicki y yo disfrutaríamos de nuestra primera navegación del año. Pero a la mañana siguiente, todo cambió.

Acababa de atravesar el living y estaba a dos pasos del piano de cola de mi madre, Rose, que solía tocarlo para la familia hace medio siglo. (…) De pronto, me sentí desorientado. Me acerqué a la puerta que conduce al porche, y me dije: “Bueno, voy a salir y tomar algo de aire fresco”. No llegué a ir afuera. Todo me parecía confuso; caminé hasta pasar la puerta principal y luego ingresé en el comedor y me senté en una silla. Es lo último que recuerdo hasta que me desperté en el hospital.

Más tarde me enteré de que había sido hallado casi de inmediato por Judy Campbell, nuestra empleada doméstica. Judy llamó a Vicki, quien todavía estaba en el solárium esperando mi regreso. Cuando Vicki me vio, corrió a mi lado, y le encargó a Judy que llame al 911, y luego a mi médico en Boston, el Dr. Larry Ronan. Mientras esperaba que llegue el equipo de rescate, Vicki se sentó en la silla a mi lado y me sostuvo la cabeza. Yo no estaba consciente de lo que hacía, pero me abrazó con ternura, me besó y me dio palmaditas en la mejilla mientras me susurraba: “Vas a estar bien”.

Tomó tan sólo cuatro minutos que llegara la primera persona. Era un oficial de policía de Hyannis, quien le dijo Vicki que “era un médico del Ejército”. “¡Oh, gracias a Dios! ¡Adelante!” Los paramédicos llegaron cerca de medio minuto más tarde. Nadie sabía qué diagnóstico darme. Sospecharon de un derrame cerebral. Me prepararon para llevarme al hospital. (…) Vicki, sentada en el coche mientras me preparaban e incluso antes, llamó por teléfono a tantos miembros de nuestras familias como pudo. Me lo explicó más tarde: “Sabía que esto iba a estar en las noticias, y no quería que ninguna persona cercana se enterase de esa manera”. (…)

El lunes siguiente la biopsia confirmó que tenía un tumor cerebral, un glucoma maligno en mi lóbulo parietal izquierdo. A Vicki y a mí, en privado, se nos dijo que el pronóstico era sombrío: tan sólo unos pocos meses como máximo. Yo respeto la gravedad de la muerte, he tenido muchas ocasiones para meditar sobre sus intrusiones. Pero no estaba dispuesto a aceptar el pronóstico del médico por dos razones.

La primera fue mi propia obstinada voluntad que ejerzo frente a la adversidad, uno de los muchos hábitos de disciplina que mi padre inculcó en mí y en todos mis hermanos y hermanas. Nos enseñó a nunca darse por vencido, a nunca aceptar pasivamente el destino, y a agotar en cambio hasta la última gota de voluntad y esperanza frente a cualquier reto. (…)

La segunda razón fue la forma en que el mensaje fue entregado. Francamente, me enfureció. Soy realista, y he oído malas noticias en mi vida. No espero ni necesito ser tratado con guantes de seda. Pero sí creo en la esperanza. Y creo que el aproximarse a la adversidad con una actitud positiva, al menos, le da a uno una oportunidad de éxito. Acercarse con una actitud derrotista predestina el resultado: la derrota.

Por difícil que era escuchar las noticias acerca de mi enfermedad, no era nada en comparación con los golpes que había sufrido cuando dos de mis hijos habían sido diagnosticados con formas especialmente letales de cáncer. Cuando Teddy Jr., entonces de doce años, descubrió el bulto debajo de la rodilla que resultó ser cáncer de huesos en 1973, nuestro médico nos advirtió que muy pocas personas sobrevivían a esa forma de la enfermedad. Estábamos decididos a que Teddy sería una excepción. Su pierna tuvo que ser amputada y tuvo que soportar dos años de los más dolorosos, medicación y terapia. Pero, mientras escribo esto, Teddy es un cuarentón felizmente casado, empresario y abogado, y padre de dos hijos preciosos.

Y luego, en 2002, a mi hija Kara se le diagnosticó “cáncer inoperable” de pulmón. Se enfrentó a las probabilidades de supervivencia. Al igual que con Teddy, la familia se negó a aceptar ese pronóstico. Hoy en día, mientras escribo esto, Kara está sana, y es una activa madre de dos hijos que están floreciendo.

Y así fue como enriquecidos con la experiencia y nuestra fe, Vicki y yo decidimos volver a luchar. Y empezamos a desarrollar un plan de acción: “Vamos a dar un paso a la vez”, nos decíamos el uno a otro. (…)

Mientras navegábamos y digeríamos la noticia, le pedimos a nuestro querido amigo y doctor Larry Horowitz que alineara un equipo de médicos para que pudiéramos consultar. (…) Al final de la reunión con ellos, se había decidido un plan para la cirugía, seguida de quimioterapia y radiación. A diferencia de algunos tipos de cáncer, el mío sería tratado como una enfermedad crónica, que requiere tratamiento continuado después de la fase inicial. (…)

La cirugía se realizó como los médicos esperaban. Y entonces Vicki y yo nos fuimos felices a nuestro hogar en Hyannis Port, para una semana después empezar a planificar nuestros pasos hacia un objetivo secreto que ella y yo habíamos acordado: si todo salía bien, viajaríamos a la Convención Nacional Demócrata en Denver, para poder hablarles a los delegados.

Ser capaz de hablar en la convención demócrata en agosto se convirtió en mi misión y fue lo que tuve mente durante las sesiones de radiación y la quimioterapia durante el verano. El calendario se nos presentaba en nuestro favor: la radiación terminaría en julio, y nos habían dicho que podía esperar que la energía me volviese luego de eso. La convención debía ser a finales de agosto. Se me presentó como el objetivo ideal.

Mientras el verano se prolongaba, sentí que mis fuerzas volvían, tal como los médicos habían predicho. Sin embargo, no había garantía médica de que iba poder continuar con mis esperanzas. Y entonces decidimos mantener este proyecto en secreto.

Volamos a Denver el domingo 24 de agosto, un día antes de la convención abierta. En el apartamento en Denver que había alquilado, mis colaboradores y yo empezamos a estudiar mi discurso en un teleprompter. Después de un minuto o dos, levanté la mano y dije: “Realmente no me siento bien”. Sentí un fuerte dolor en mi costado y no sabíamos lo que era. Me llevaron a un hospital rodeado por tres médicos, todos ellos, casualmente, llamados Larry.

Increíblemente, después de atravesar la cirugía cerebral, la radioterapia y la quimioterapia y de haber logrado mi objetivo de estar listo y preparado para presentarme a los delegados en Denver, comenzó a dolerme, de la nada y por primera vez en mi vida, una piedra en mi riñón. Cuando los médicos estaban preparados para administrarme un analgésico muy potente, mi mujer, que suele ser imperturbable en medio de una crisis, rompió a llorar.

La apertura de la convención estaba programada para las 6 de la tarde. Alrededor de las 4.30 me desperté y le dije a Vicki: “Probablemente debería levantarme ahora y ver si puedo caminar sin caerme”. Logré hacerlo desde mi cama hasta el final de la habitación. (…)

“Vayamos”, dije luego. Vicki y yo íbamos sentados en los asientos del medio, entre el conductor y los doctores. (…) Yo puedo con esto, me seguía repitiendo a mí mismo. Yo puedo con esto.

Mi sobrina Caroline Kennedy hizo una introducción hermosa y emocionante. Y tras una película espectacular oímos la voz de locutor: “Señoras y señores, el senador Edward Kennedy”. Eso fue todo. Showtime. Mi esposa me acompañó al escenario y al podio, me tomo la cara, y me besó. Y luego fue a sentarse con el resto de nuestra familia. Y así, en la noche del lunes 25 de agosto de 2008, puede cumplir un sueño personal que no morirá jamás. “Es tan maravilloso estar aquí”, dije a los delegados en medio de los aplausos. “Nada, nada iba a mantenerme alejado de esta reunión tan especial,” agregué.

*Traducción: Pedro Ylarri.

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Cuando Carolina tenía 4 años, su mamá, Rosa, tomó una decisión muy difícil: autorizó una cirugía plástica para reducir el tamaño de la lengua de su hija y atenuar los rasgos “achinados” de los ojos. Carolina había nacido con el síndrome de Down, una alteración genética que afecta al 10% de los hijos de las mujeres mayores de 40 años. “Yo quería verla distinta y no me arrepiento”, admite la madre, en un acto de valentía que refleja una tendencia a estas intervenciones, no sólo en nuestro país. Los especialistas respetan esas decisiones e indican que la clave es reforzar la identidad y la familia.

Por Pedro Ylarri y Silvina Márquez

“¿Pero usted qué quiere, borrarle la cara?” Esa fue la pregunta que le hizo un cirujano plástico a Rosa Méndez cuando lo consultó sobre la posibilidad de atenuar algunos rasgos de su hija Carolina, quien había nacido con síndrome de Down en noviembre de 1980.

La niña, además de tener 47 cromosomas en lugar de 46 como la mayoría de las personas, salió del vientre materno con varios problemas del corazón, y sólo pudieron operarla del corazón al cumplir un año, cuando llegó al peso necesario para soportar la intervención. Mientras tanto, la deficiencia en el corazón le afectaba su respiración, y eso, sumado al gran tamaño que tenía su lengua debido a su problema genético, hacía que Carolina pasara mucho tiempo con la boca abierta: “No lo podía soportar”, cuenta su mamá a PERFIL casi treinta años después. Fue durante esos primeros meses que Rosa pensó que tener un hijo con síndrome de Down era demasiado para ella y “no podía conformarme con esta situación”. Expresando su estado de ánimo como una mezcla de angustia y desesperación “pensaba: la voy a mejorar”, se anima a revelar a este diario. Y lo hizo, porque para Rosa, era lo correcto. Soportó preguntas como las del cirujano, y en ese afán de búsqueda y ante el rechazo de dos especialistas en operar a Carolina, conoció al cirujano plástico Luis María Ripetta, director de la clínica homónima del partido de Vicente López, quien además de realizar otras cirugías estéticas operaba a chicos con síndrome de Down.

El caso de Rosa y su hija Carolina da cuenta de una tendencia que crece y se debate en la intimidad de las familias o en el hospital: cada vez son más los padres que recurren a la cirugía plástica para hacer desaparecer en el rostro de sus hijos la evidencia de que padecen síndrome de Down (SD), y combatir de esa manera el estigma de la discriminación. Lo hacen en especial a través de dos operaciones, las cuales forman parte de las prestaciones habituales que algunas obras sociales ofrecen a sus afiliados.

Una de ellas es la glosoplastia, que consiste en reducir el tamaño de la lengua, que en algunos casos de SD es excesivamente grande. La práctica, en la mayor parte de los casos, se realiza por recomendación del médico durante la infancia. La segunda es la cantoplastia, por la que se mueven levemente los cantos externos de los ojos para quitar la expresión “achinada”.

Tanto padres como médicos y asociaciones que trabajan con personas con estos problemas se muestran muy cautos en opinar sobre el tema, aunque en diálogo con PERFIL dicen con tono de advertencia que si bien la glosoplastia ayuda a que las personas con SD pronuncien mejor las palabras y la cantoplastia, a que vean más claro, “también muchos padres buscan apenas fines estéticos”.

La operación de chicos con SD con esos objetivos ha abierto un profundo debate sobre las posibilidades y conveniencias de tales prácticas. Al menos seis médicos o terapeutas de ONGs dedicadas al tema entrevistadas por PERFIL se opusieron a que los niños sean operados “sólo para que no se note su condición”, en especial por la incapacidad que tienen los casos más graves de SD de decidir si quieren o no someterse a las cirugías.

“No aceptamos disimular una discapacidad a través de una cirugía estética”, expresó Raúl Quereilhac, presidente de la Asociación Síndrome de Down (ASDRA) y padre de una joven con trisomía 21, como también se conoce al SD. Según su postura, a su hija “nunca la sometería a una instancia como ésa”, ya que “la integración a la sociedad no se logra disimulando las facciones, sino convenciendo a la gente del potencial de la persona con síndrome de Down”.

Si bien en ASDRA como en otras asociaciones de padres dicen “respetar” la posición de las familias que deciden operar a sus hijos, especialmente cuando se realiza por indicación médica, diferencian los casos de padres que lo hacen cuando sus hijos son pequeños de cuando ya son adultos. En el segundo caso, sostienen, es posible que los chicos “acepten” o incluso “decidan” en ciertas circunstancias hacerse las cirugías.

Luis Rodríguez, quien cuenta con una amplia experiencia como psicólogo de familias con chicos con esta problemática, cuenta a PERFIL que son “contados” los casos de niños con SD operados que ha visto, pero reconoce que la mayoría fueron intervenidos por “inquietud” de su familia. “Se pensaba que diluyendo los rasgos físicos no se notaría la diferencia. Sin embargo, en el síndrome de Down, además de los rasgos faciales y físicos, aparece el retraso mental, que lo evidencia como una persona diferente… y eso, eso no se puede modificar.”

Desde la Fundación para el Desarrollo Autónomo Laboral (Fundal), que promueve la integración de las personas con discapacidad en el mundo laboral, su directora, Stella Maris Páez, considera que cuando “a un niñito se le quiere cambiar la realidad modificando su cara, eso implica de alguna manera que el problema no está aceptado o que no se lo acepta tal cual es”. A la negación de la familia se le suma “cierto temor por la reacción” de la comunidad: muchos “temen que por ser como es, la reacción de la comunidad lo perjudique; pero en última instancia siempre es una cuestión de no aceptación”, opinó.

El caso de Carolina. Cuando la mamá de Carolina, Rosa, y su esposo, Sergio, tomaron la decisión de operar a su hija para reducir los rasgos de los efectos del SD, sabían que su situación iba a ser complicada, ya que pocas de sus amistades se mostraban de acuerdo. Así fue cuando tras superar los estudios y con la aprobación escrita de sus padres, a Carolina le operaron la lengua, entre cejo, párpados y las mejillas. Tenía cuatro años.

La operación demoró “una hora y media”, y ese mismo día pudieron retirarse del hospital con Carolina en brazos de su madre. Recién a los tres días pudieron darle de comer sólidos: “Sentía mucha culpa y me preguntaba por qué había hecho eso… pero no me arrepiento”, añadió Rosa, quien con sinceridad y valentía cuenta su historia, que es la de muchos otros padres en la misma situación.

La decisión, con el tiempo, les siguió trayendo problemas, ya que no siempre fue “apoyada ni respetada” por su entorno, incluso familiares y los directivos de la escuela especial en donde la niña asistía. Después de la operación, “la gente me decía que estaba todo igual, pero para mí no estaba todo igual”, cuenta Rosa. Era la discriminación la que se tornaba demasiado evidente.

—¿Rosa, por qué cree que operó a su hija?

—Yo siempre decía que era por ella, pero en realidad era porque yo quería verla distinta. A lo mejor la gente tenía razón en decirme que “le quería borrar la cara”, pero considero que fue para bien.

El porqué. Para los médicos y psicólogos, hay muchas formas de afrontar el nacimiento de un hijo con SD, una situación que afecta a casi 1 de cada 10 madres que dan a luz siendo mayores de 40 años, según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Tras el nacimiento, explican, se inicia un proceso de aceptación y de reorganización de la familia en torno al miembro con el síndrome.

Rodríguez, quien además de psicólogo es director de las asociaciones Amar y Puentes de Luz, de San Martín de los Andes, Neuquén, explica que “la familia pasará momentos de shock inicial y negación; y luego equilibrio y reorganización”. Para el especialista, hay familias que logran “aceptar y completar” la situación, mientras que otras “estarán toda su vida buscando esta reorganización”. Los estudios muestran cómo afecta en ese proceso el lugar en donde la familia vive, la clase social a la que pertenezca, la relación de la pareja y la cantidad de hijos que tenga antes del nacimiento del nuevo miembro.

Otros valientes familiares de chicos con el síndrome consultados por este diario reconocen que existe otra palabra que logra definir el momento en que reciben al mundo un hijo con el problema: duelo. De esa manera, de la negación van intentando adaptarse y encontrar cierta “estabilidad”, sostienen. Rodríguez coincide: “Asumir a un miembro de la familia con SD es un proceso asemejable a un duelo, y por eso habrá momentos de shock inicial”.

Aun así, cuando la familia logre adaptarse y vivir con alegría la situación, existen aquellos que recurren a las cirugías estéticas correctivas, que en algunos casos son voluntariamente aceptadas por los jóvenes con SD, y están en general motivadas por la discriminación de la sociedad.

Rodríguez considera “muy respetable” si un joven o adulto hace valer su autonomía y decide operarse, ya que “en definitiva, hace valer su derecho sobre su cuerpo y su persona, es decir que la decisión es parte de la inquietud de una persona que ha sido entrenada para que tome decisiones por sí misma”. Es en ese momento en donde entra en juego la educación.

La libertad. El SD, provocado por una alteración de los cromosomas en el momento de la concepción, limita en quienes lo tienen la capacidad de moverse y de crecer, y también la posibilidad de entender lo que sucede a su alrededor y de poder tomar decisiones conscientes. Es por eso que las cirugías estéticas para aminorar los rasgos son tan polémicas, ya que es en general la familia la que decide por la persona que será sometida. Pero no siempre es de esa manera.

“Un joven con SD puede decidir cambiar ciertos rasgos de sí, sea una cirugía, como también si quiere usar barba, teñirse el pelo o ponerse un piercing”, asegura Páez. De todas formas, es necesario ofrecerle apoyo psicológico, acompañarlo y que la cirugía sea el punto de llegada de un proceso, que seguramente no concluirá con una cirugía sino más bien con el trabajo de un rol social de la persona con discapacidad, añade.

En las asociaciones de personas con SD comparten el diagnóstico de los médicos cuando deciden operar a un niño o joven con trisomía 21 para mejorar la respiración o para tragar, pero sobre todo, recomiendan trabajar sobre “la identidad” de la persona con SD. “Al reconocerse, podrán aceptar y reconocer más fácilmente sus fortalezcas y limitaciones”, explica Luis Rodríguez, desde Neuquén.

La educación y la predisposición de los otros es fundamental también para Páez, porque “biológicamente, se tiene o no se tiene trisomía, en todas o en parte de las células”, pero la “real diferencia” la hace el sostén de la familia, de profesionales y el tratamiento.

Para Patricia Goddard, médica pediatra de adolescentes y coordinadora del Equipo de Atención para el Síndrome de Down del Hospital Alemán, “los avances en la atención médica y el desarrollo de las intervenciones tempranas y pedagógicas lograron que en la actualidad los chicos con SD vivan más tiempo y lleguen a la adultez con capacidades que eran impensadas”.

Para muchos, sin embargo, la voluntad de operarse –sea tomada por la persona o por su familia– sigue siendo un síntoma de una sociedad que discrimina al diferente y que hace un culto de la juventud, la belleza y la inteligencia.

Cuando el cine favorece la integración social

Ver, conversar, sonreír y emocionarse con una joven con síndrome de Down parece ser una tarea más sencilla si la relación se da entre la pantalla de un cine y un espectador. Tal vez por ese motivo haya tenido tanto éxito la película Anita, un film que demostró que aun siendo un tema tabú y difícil de tratar, son muchas las personas que intentan empezar a vincularse con aquellos que nacieron con ese problema genético y que de a poco se animan a compartir cosas con ellos.

Al menos ésa es la opinión recogida por PERFIL de varios médicos, musicoterapeutas y maestras que ayudan a las personas con SD en organizaciones civiles y escuelas especiales, quienes celebran por unanimidad el lanzamiento de la película.

El largometraje, obra de Marcos Carnevale, relata la historia de Anita, una mujer con SD, que a sus 35 años se encuentra perdida en Buenos Aires, aterrada y desorientada por la explosión de la AMIA en 1994. La protagonista es Alejandra Manzo, de 36 años, quien padece en la realidad del problema genético y asistía a la Fundación Discar (Discapacitados y Arte) cuando fue seleccionada por su directora, Victoria Schocrón, quien había sido invitada a leer el guión.

Anita fue distinguido por la Legislatura porteña como un film de “interés social”, por la vocación que tiene de dar a conocer el problema y eliminar las distancias entre los diferentes, según comentaron los legisladores que promovieron la iniciativa. Para las entidades de la sociedad civil, de la pantalla del cine sale un mensaje que alienta a los espectadores a integrar a quienes tienen necesidades especiales.

Mundo Alas. Hacen giras musicales por todo el país, son protagonistas de películas, sacaron varios discos y tocaron en un Luna Park colmado. Como si fueran los ganadores de un concurso televisivo o estuvieran en la piel de un artista consagrado, así son los integrantes de Mundo Alas, un proyecto de integración dirigido por el músico León Gieco que es inédito en la región.

Allí participan personas que afrontan diversas discapacidades, muchas de ellas motrices, que pese a las dificultades de haber nacido sin manos o con síndrome de Down descubren en su música su lugar en el mundo: y lo hacen tan bien y lo disfrutan tanto como cualquier otro artista.

Mundo Alas, la versión fílmica, fue estrenada a principios de año y responde al género de road movie. Es el diario de viaje de un grupo de jóvenes artistas que recorren la Argentina acompañando el talento de Gieco, y expresan su mirada del mundo: “Aquello que les preocupa, que los anima, que los inspira, en un show que combina música, danza y pintura. Un show donde se destacan el rock, el folclore y el tango”, explica la producción.

Sus protagonistas se dan a conocer por sus capacidades y no por sus discapacidades, lo que deriva en una mirada poco común y positiva de las personas en esta situación. El proyecto derivó en un disco editado por EMI y un concierto en el Luna Park que significó el fin de la gira. El origen del film es otra historia de película.

Gieco recuerda que hace diez años conoció “a Pancho en Rosario y cuando lo vi cantando todas mis canciones lo invité al camarín, en donde él me preguntó: ‘¿Qué tengo que hacer para ser un artista como vos?’. Como Pancho no tiene ni brazos ni piernas, se me ocurrió ponerle el atril de mi armónica y le dije: ‘Con esto sí podés tocar’”.

Al mes, hubo un concierto a beneficio del Hogar San Roque, donde Pancho reside y del que León Gieco es padrino. La presentación se hizo en un programa de televisión que conducía Juan Alberto Badía y la canción fue tan exitosa que en, en poco tiempo, con lo que ganaron compraron un minibús, que serviría luego para trasladarlos en esa aventura por las rutas argentinas a la que llamaron “Mundo Alas”.

Ficha del artículo:

Título original: Una historia que conmueve pero no es la unica, La chica con Down que fue operada para no ser diferente
Fecha de publicación: 13 de septiembre de 2009
Medio: Diario Perfil, Buenos Aires, Argentina
Link: http://www.diarioperfil.com.ar/edimp/0400/articulo.php?art=16837&ed=0400

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Los bajos índices de pobreza e inflación que difunde el INDEC son tomados como referencia por los países desarrollados y las entidades globales, que prefieren enviar su ayuda social a otros países de la región, como Brasil y Colombia. Esta causa, junto con la sospecha de falta de transparencia oficial, está reduciendo drásticamente el presupuesto de las entidades civiles, que deben competir entre ellas para mantener sus planes de asistencia. Como si fuera poco, el Gobierno analiza “estatizar” los envíos solidarios como hace Chávez en Venezuela, lo que ya puso en “alerta” a los países donantes.

Por Pedro Ylarri

El Gobierno nacional está analizando la posibilidad y conveniencia de administrar por sí mismo los fondos multimillonarios de cooperación internacional que reciben las organizaciones no gubernamentales (ONG) para realizar actividades con fines sociales, en lo que parece ser un nuevo y polémico capítulo en la escalada de estatizaciones impulsada por el kirchnerismo, que incluyó la nacionalización de los fondos de la ANSES, de Aerolíneas Argentinas y las transmisiones del fútbol.

La información fue confirmada por fuentes diplomáticas y de ONGs, quienes aseguraron a PERFIL que la Cancillería comenzó a enviar cartas requiriendo datos sobre inversiones sociales en el país a embajadas extranjeras y a las sedes consulares argentinas en el exterior. La vía diplomática es la principal receptora de fondos de ayuda a ONGs por parte de organismos multilaterales, países, entidades civiles globales y donantes privados; por lo que la misiva oficial causó “preocupación” y “sorpresa” y analizan qué posición tomar respecto al requerimiento de la cartera de Jorge Taiana.

“El pedido de la Cancillería se refiere a cuánto dinero reciben, en qué concepto, a qué ONG o institución se dirige, para qué proyecto y cuál es su tiempo de duración”, sostuvo a PERFIL un directivo de una reconocida organización civil, quien solicitó reserva, al destacar que la misiva incluye una sugestiva afirmación según la cual al Gobierno “le gustaría participar en el proceso” de administración de los fondos.

Las embajadas extranjeras todavía no han respondido al pedido oficial –en rigor, no tienen obligación de hacerlo– y se encuentran debatiendo qué posición común tomar. “La situación es complicada, porque involucra la soberanía y hay temor de que se avance al control de los fondos”, afirmó otra fuente del caso del tercer sector, quien aseguró que “hay contactos entre las embajadas, y entre ellas y el Gobierno”. Los dirigentes de al menos cuatro organizaciones civiles consultadas por PERFIL mantienen una estricta cautela, decidida en una reunión realizada hace diez días: “No queremos caldear los ánimos”, afirmó una persona que participó.

La Cancillería, por su parte, evitó contestar los siete llamados que PERFIL realizó durante las últimas dos semanas y tampoco quiso confirmar el avance oficial por el control de los fondos, sobre los que no se conoce a ciencia cierta de cuánto dinero se trata. Si bien las embajadas y las ONG entienden que “por ahora” se trata “sólo de un pedido de información”, tienen temor en que la administración de Cristina Fernández de Kirchner “importe” una polémica ley venezolana ideada por su presidente, Hugo Chávez, y que el dinero a administrar sea utilizado para “sancionar” a las ONG críticas o a “premiar” a las afines al Gobierno, al igual que lo hace con los medios a través de la distribución arbitraria de publicidad oficial.

La llamada Ley de Cooperación Internacional fue aprobada por la Asamblea Nacional de Venezuela en 2006, y si bien Chávez la promocionó diciendo que su objetivo era aumentar la ayuda del extranjero, una coalición de 62 ONGs de ese país denunció que “lesiona la vida, la esencia y el accionar independiente del movimiento no gubernamental en el país”.

Mal momento. La posibilidad de que el Estado avance en el control de los fondos extranjeros para las ONG ocurre en una de las peores circunstancias históricas en materia de financiación para las entidades civiles en la Argentina. Estas aseguran que el Gobierno no sólo “no se dedica” a conseguir más fondos en el extranjero y los reparte en forma “poco clara”, sino que en forma indirecta “espanta” la ayuda solidaria que llega directamente o a través de embajadas.

Sucede que la escasa cantidad de pobres que recuenta el gobierno kirchnerista a través del INDEC y la falta de transparencia gubernamental están provocando una “drástica reducción” en la ayuda internacional que recibe nuestro país, advirtieron a PERFIL directivos de Poder Ciudadano, del Cippec y de otras dos entidades que prefirieron el anonimato.

Según afirman, los indicadores de progreso que divulga el instituto de estadísticas provoca que organismos multilaterales y fondos solidarios elijan otros destinos como Colombia o Brasil, o incluso Africa, antes de ayudar a la Argentina.

“La tergiversación de datos sobre situación económica, financiera, social y laboral ofrece una imagen de la Argentina que evidentemente la presenta como un país donde muchos problemas ya están solucionados o en vías de solución”, explicó a PERFIL la presidenta de Poder Ciudadano, Delia Ferreyra Rubio. En consecuencia, los limitados recursos de la cooperación internacional “se orientan hacia países más necesitados”.

“Oficialmente”, el dinero en concepto de cooperación para el desarrollo económico que recibe el país de otras naciones o fondos multilaterales se ha mantenido constante durante los últimos años o incluso disminuido en términos corrientes. Sin embargo, si se incluyen subsidios privados o de ONGs internacionales la llegada de dinero para fines sociales cayó hasta 40 por ciento entre 2002 y 2008, período en que la cooperación mundial ha crecido, estimó Guillermo Correa, que lidera la RACI, una coalición de ONGs formada para fomentar la llegada de ayuda.

“En los últimos años la ayuda fue disminuyendo; es cierto que la Argentina nunca fue un país prioritario para quienes financian proyectos desde el exterior, pero en 2001, con la crisis, la llegada de dinero repuntó considerablemente respecto a la década anterior, aunque luego volvió nuevamente a bajar”, explicó Inés Castro Almeyda, directora de Desarrollo Institucional del Centro de Políticas Públicas para la Igualdad y el Crecimiento (Cippec).

Referentes de ONGs argentinas advirtieron en diálogo con PERFIL que la tergiversación de las cifras de pobreza, desocupación e inflación que divulga el INDEC del kirchnerismo transforma en “invisibles” a los que necesitan de ayuda. Aunque no sólo eso: también la falta de avances en materia de corrupción promueve una imagen “negativa” y “opaca” que espanta los envíos de fondos solidarios, dicen entidades locales y otras globales, como Transparencia Internacional.

Sobre el tema, la especialista de Cippec reconoce que “lo que no ayuda (para poder conseguir fondos) es la poca transparencia y claridad; un ejemplo son las estadísticas de pobreza o mortalidad infantil, la falta de información no ayuda a las organizaciones, y cada vez estamos peor”.

En concreto, datos obtenidos por este medio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) indican que las ayudas para el desarrollo en América latina se han mantenido cercanas a los 50 mil millones de dólares anuales en la última década, mientras que regiones como Africa han visto crecer los arribos de dinero solidario de 110 a 320 mil millones entre 1997 y 2006 (ver infografía).

La Argentina, siempre según la OCDE, recibió 81 millones de dólares en 2006, es decir apenas 0,03 por ciento de la ayuda que recibe Africa. Los números se encuentran incluso muy lejos de lo que reciben otras naciones de la región, entre ellas Colombia (más de once veces lo que llega a Argentina), Bolivia (siete veces) o Guatemala, que ve llegar más de cinco veces lo que se dona a nuestro país (ver infografía).

ONGs en problemas. La situación está preocupando a muchas de las 30 mil organizaciones que se estima existen en la Argentina y asisten problemas sociales, ya que la carencia de fondos genera una “virtual competencia” entre ellas. Es por eso que una decena de las más importantes ONGs han creado la Red Argentina de Cooperación Internacional (RACI), que lanzó en forma reciente un manual para conseguir apoyo en el exterior, ante la supuesta falta de capacitación en el tema y la escasa iniciativa oficial.

Correa, su coordinador ejecutivo, explicó que el trabajo de la RACI de por sí es arduo, ya que en primera instancia “la Argentina está calificada como un país de renta media, por lo que no es prioridad para Naciones Unidas”.

Además, América latina también es una región postergada. Es por eso que capacitan a las ONG chicas para que busquen ayuda.

“Lo que hacen los que invierten es mirar las estadísticas oficiales. Por eso, cuando miran los índices de pobreza te preguntan para qué queremos fondos ‘si estamos genial’; o si pedimos más fondos porque subieron los precios te dicen ¿pero si la inflación fue de 10 por ciento por qué pedís un 30 por ciento más”, explicó.

Pese al avance que significó reunirse y promocionar entre todos la ayuda, el panorama para las ONG no es el mejor. Al triple problema que tenían –falta de fondos, descrédito por las estadísticas y falta de transparencia– ahora se les suma la intención oficial de administrarles su propio presupuesto.

Sospechas sobre la Cancillería

Las sospechas de corrupción y falta de transparencia del Gobierno están provocando según las ONG un descenso en la cantidad de dinero solidario que reciben, por lo que ahora investigan el accionar oficial para evitar que los fondos terminen en una “caja negra”.

“Estamos siguiendo el tema e investigando y que si bien no hay datos concretos, sentimos que algunas cosas no están muy claras… notamos que la gestión de los fondos y las prácticas no son transparentes”, afirmó a PERFIL Guillermo Correa, encargado de la RACI, una red de entidades sin fines de lucro que promueve la llegada de fondos solidarios.

Correa, especialista en temas de cooperación, explicó que “eso es claramente un incentivo negativo, porque no genera vínculos de confianza con otros fondos y países… los que invierten no son tontos, ellos buscan que sus inversiones tengan un impacto real, por lo que si no pasa nada con los fondos que envían, no los mandarán más”, agregó.

Desde Transparencia Internacional, Delia Ferreyra Rubio, encargada del capítulo local y presidenta de Poder Ciudadano, agregó que “la preocupación por la falta de transparencia se refiere a fondos y préstamos que ingresan al Estado y que muchas veces no se aplican al destino para el que han sido solicitados”. Para ella, la situación se enmarca en las “falencias” oficiales para manejar todo el presupuesto, no sólo los fondos con fines sociales.

La Cancillería es el órgano sobre el que recaen parte de las sospechas. Su Dirección General de Cooperación está encargada de recibir los fondos y remitirlos a las instituciones que lo necesiten, aunque desde el ministerio se negaron a dar información pese a los insistentes llamados de este diario.

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Veinte horas de fútbol por televisión no es algo habitual, menos aún si no hay que pagar de más para verlas. Así transcurrió la primera fecha de la máxima división de fútbol, que ya empezó a marcar nuevos hábitos de comportamiento de los argentinos. Más hombres y jóvenes en sus casas, menos presencia en bares y confiterías, y amas de casa sin potestad sobre el control remoto son las flamantes postales del estilo de vida que llevamos durante el fin de semana, y que está cambiando.

Por Pedro Ylarri
Veinte horas de fútbol por televisión no es algo habitual, menos aún si no hay que pagar de más para verlas. Así transcurrió la primera fecha de la máxima división de fútbol, que ya empezó a marcar nuevos hábitos de comportamiento de los argentinos. Más hombres y jóvenes en sus casas, menos presencia en bares y confiterías, y amas de casa sin potestad sobre el control remoto son las flamantes postales del estilo de vida que llevamos durante el fin de semana, y que está cambiando.

A una semana del inicio del campeonato, los dueños de bares y cafés comienzan a armar los balances de la primera fecha y, al menos por ahora, las cifras no son tan negativas. “Es cierto que hubo menos gente en bares, muchos dejaron de ir para verlos en sus casas, pero no sucedió con los lugares temáticos especializados en fútbol y tampoco con los que se ubican en barrios como Núñez, La Boca o Almagro”, explicó a PERFIL Manuel Novo, titular de la Cámara de Cafés y Bares.

Sucede que en barrios con gran concentración de hinchas de algún club, los locales son un “lugar de encuentro social”, aclara Novo. La Cámara se mantiene expectante, ya que una baja en la cantidad de comensales se notará en “partidos importantes” y podría dañar aún más la desgastada economía de los cafés y bares, que comenzó con la crisis y siguió con la gripe A. El saldo, por ahora, es una caída en ventas que no superaría el 10 por ciento, aunque “no hay cifras definitivas”.

Si aún los bares no ven una merma importante en sus ganancias, las amas de casa sí notaron una mayor presencia de los hombres y jóvenes en el hogar. Así lo expresaron los miembros del consejo directivo de la Liga de Amas de Casa en una entrevista con PERFIL. “Qué se puede decir, están chochos”, dijo una de ellas.

La presidenta de la Liga, Irma Muñoz, comentó a PERFIL que “mientras antes los hombres iban a la cancha o al bar, ahora están más tiempo en casa, y eso hay que aprovecharlo”. En especial, explicó: “Con los chicos, que en vez de ir a tomar cerveza ahora en casa están con amigos; lo que sí tendrán que ayudarnos”.

Vanesa Cruz, una joven presente en la entrevista, dice en sorna que durante la primera fecha del Apertura “mi padre y mi madre casi se separan”; pero no reniega del fútbol, y colabora los fines de semana en un club barrial que tiene a la pelota como actividad principal. El fútbol, según su versión, también es para todos, sin importar el sexo.

“Volvamos a la reunión familiar, a cosechar amistades”, concluyeron las amas de casa. Para ellas, por unanimidad, la ruptura del contrato entre Torneos y Competencias, el Grupo Clarín y la AFA tuvo un impacto inmediato en las costumbres hogareñas de los días libres.

Los datos de rating lo confirman. El domingo a las 18, el partido de River con Banfield midió 20,3 puntos entre los dos canales que lo televisaron; es decir, fue visto por 2,3 millones personas. El promedio de todos los canales en el mismo horario no suele superar 1 punto, según la consultora Ibope.

El cambio también se evidenció en la Web. En Twitter, donde los usuarios responden en 140 caracteres a la pregunta “¿qué estás haciendo?”, la platea masculina comentó el fin de semana pasado hasta los goles y pormenores de partidos que hasta hace poco eran intrascendentes. Muchos registran decenas de comentarios desde las dos de la tarde hasta el atardecer, que permanecerán guardados como testigos de un día de locura futbolera.

También Facebook, la popular red social, tuvo durante gran parte del fin de semana un tono masculino, con miles de mensajes sobre “fútbol para todos” o “free fútbol”, en grupos sobre el tema o las llamadas “actualizaciones de estado”, que sirven al igual que Twitter para revelar qué está haciendo uno, o al menos muestran qué dicen las personas que están haciendo.

Un profesor universitario, por ejemplo, se pregunta: “¿Qué hace la Presidenta mirando fútbol… no tiene una agenda un poco más seria?”. Otro usuario subió una columna de opinión de Clarín, y acusó al kirchnerismo de usar el deporte “para reconstruir su desmejorada imagen”. A las pocas horas difundía su alegría por la red: “Bueno, ya estamos… se viene Chacarita-Tigre”.

La fiebre futbolera de sábado por la tarde parece haber sido demasiado alta incluso para los desprevenidos fanáticos del deporte. Tal el caso de un periodista de la agencia DyN, quien después de tan maratónica seguidilla de partidos concluyó en su cuenta en Facebook: “Ahora que se terminó el monopolio del fútbol, el fútbol monopolizó la tele”. Parece que también al fin de semana.

Ficha del artículo:

Título original: Fines de semana distintos, Los dueños de los cafés dicen que la gente se queda en casa.
Fecha de publicación: 29 de Agosto de 2009
Medio: Diario Perfil, Buenos Aires, Argentina
Link: http://www.diarioperfil.com.ar/edimp/0395/articulo.php?art=16519&ed=0395

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La publicidad callejera de la Ciudad de Buenos Aires, un negocio de 120 millones de pesos anuales, es objeto de una dura pelea judicial, con reflejos políticos y en los medios de comunicación. Idas y vueltas de una batalla en tribunales que tiene paralizada en parte la licitación que debería otorgar la explotación del espacio público a las empresas. El cruce de acusaciones llevó al camarista Mario Filozof a dejar la causa, luego de que se lo cuestionara por parcialidad. El secretario de Medios del gobierno nacional, Enrique Albistur, está siendo acusado de favorecer a una firma familiar.

Por Pedro Ylarri

A la Ciudad de Buenos Aires parece no bastarle una década para resolver la licitación por el mobiliario urbano, como se conoce a la explotación de paradas de colectivos, pantallas verdes, chupetes publicitarios y señalización de las calles. Un negocio de 120 millones de pesos anuales y fuerte influencia política: los carteles son vistos por más de un tercio de los votantes de la Argentina.

Vencidos los contratos hace 13 u 8 años según el caso, la administración de Mauricio Macri adjudicó finalmente en marzo pasado a tres empresas la concesión del negocio, por la que las compañías mantienen el mobiliario y cobran la publicidad que se monta en él, y pagan a la comuna un canon superior a 5 millones de pesos.

Pero lo hizo en medio de una fuerte polémica y de denuncias cruzadas, que involucran a funcionarios porteños y a un legislador de PRO, a las compañías de publicidad que compitieron, a poderosos empresarios de los medios y el secretario de Medios de la Nación, Enrique Albistur. También a la Justicia, donde por estos días se desarrolla el más reciente capítulo de esta historia, en una nueva etapa poco transparente ante los ojos de los porteños.

El núcleo de la batalla se encuentra en la Justicia criminal, donde en 2007 se radicó una denuncia contra los hermanos mendocinos Eduardo y Orlando Terranova, dueños de Publicidad Sarmiento SA, que había salido primera entre las tres empresas empresas que Macri dio por ganadoras. La acusación fue motorizada por las firmas que quedaron afuera Spinazzola SA y Viacart, a la que los competidores de esta empresa, y fuentes independientes, la vinculan con Daniel Hadad. También por otra de las victoriosas, Grupo Al Sur SA, de la familia de Albistur, quien esta semana fue citado a declarar ante la sospecha de que benefició a esta compañíasiendo funcionario.

La acusación afirma que los Terranova habría fraguado información para ganar la licitación porteña, lo que fue rechazado en dos oportunidades por el primer juez que recibió la causa, Facundo Cubas, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal Nº 49. Sin embargo, en segunda instancia, el camarista Mario Filozof revocó el sobreseimiento y dirigió la causa a otro juez de primera instancia, Luis Rodríguez, quien en tiempo récord procesó a los Terranova y dictó una medida para evitar que se hagan cargo de la concesión.

Los ejecutivos de Publicidad Sarmiento, quienes tienen dividida su defensa, presentaron un recurso de casación señalando como “arbitrario” lo actuado por Filozof y pidiendo la nulidad de lo actuado por Rodríguez, al considerar que el nuevo juez fue designado fuera de la ley, supuestamente bajo la modalidad “forum-shopping”, una práctica irregular que permite a las partes “seleccionar” el juez del proceso.

La novedad del caso es la sorpresiva decisión del camarista Filozof de apartarse de la causa. Al justificar la designación de Rodríguez, sostuvo que “no existió ni pudo existir ningún interés moral” en su decisión.

Si bien no está previsto en la licitación, una eventual condena contra Publicidad Sarmiento podría dejar a la firma fuera del negocio; y eventualmente el cuarto oferente, en este caso Víacart, tendría intereses, tendría serias posibilidades de obtener el contrato.

La pelea judicial tiene su correlato político, con denuncias de la oposición contra funcionarios porteños por desconocer ordenes judiciales, firmar en forma “poco clara” un acuerdo de mantenimiento del mobiliario y otras “desprolijidades”.

La batalla de los empresarios por adjudicarse el contrato incluye a Albistur; a Spinazzola, que operó las paradas de colectivos hasta 2008; a los hermanos Terranova, fuertes en el interior y en Chile; y a Viacart. La guerra llegó a varios medios, algunos de ellos vinculados a Hadad, a Sergio Szpolski, al Grupo Vila-Manzano e incluso a los Terranova. Todos se dicen afectados por lo que el otro publica.

La pelea judicial. Desde 2000, las empresas y cámaras del sector eligieron la vía judicial como primer campo de batalla, lo que en la práctica postergó la licitación y benefició a quienes mantenían los contratos desde antaño.

Entre ellos, la firma Rainbow, propiedad de Albistur; y Wellon, cercana al empresario Carlos Avila, cuyos contratos de explotación de las pantallas verdes vencieron en 1996. Publicidad Sarmiento tenía en teoría hasta 2001 la concesión los llamados “chupetes”, aunque los mantuvo hasta 2008; al igual que Spinazzola y un grupo ligado a la alemana Siemens, que manejaban los refugios y paradas de colectivos.

La crisis de 2001 postergó la licitación, pese a que la Legislatura porteña aprobó dos normas para motorizar la compulsa.

Durante las gestiones de Aníbal Ibarra y de Jorge Telerman se redactaron los pliegos de licitación, que fueron modificados por reclamos de los competidores, y se iniciaron los debates sobre los diseños de las nuevas paradas y señalizaciones.

Según fuentes del mercado, entre 2001 y 2006 hubo al menos siete reclamos judiciales, de los cuales tres demoraron el trámite. Mientras tanto, se prorrogaban los contratos multimillonarios (ver infografía).

Los amparos y pedidos de no innovar fueron la “moda” durante los primeros años de la década, pero en los últimos 20 meses las denuncias cruzadas llegaron a los juzgados criminales y civiles. Hoy están procesados los Terranova y dos funcionarios de los municipios de Tucumán y Mendoza; y acusados seis funcionarios porteños, entre ellos Mauricio Macri y el legislador Patricio Di Stéfano.

Los cuestionamientos. La trifulca judicial comenzó en marzo de 2007, cuando Al Sur y luego Spinazzola presentaron la denuncia por presunta “adulteración de pruebas” contra los hermanos Terranova, cuya empresa Publicidad Sarmiento había quedado primera entre 8 concursantes tras la apertura del sobre 1 de la licitación, de ofertas técnicas.

La acusación decía que la firma mendocina había adulterado información sobre sus antecedentes de gestión de publicidad en la ciudades de Mendoza y San Miguel de Tucumán.

Allí fue cuando la acusación fue subestimada por Facundo Cubas, aunque luego la Cámara a cargo de Mario Filozof revocó el sobreseimiento; y obligó a volver a investigar, en mayo de 2008. En noviembre del año pasado, Cubas reiteró su rechazo a las imputaciones contra los hermanos Terranova, pero los camaristas volvieron a revocar el sobreseimiento, explicaron a PERFIL fuentes judiciales.

La polémica surgió cuando tras el fallo de segunda instancia de la Cámara y ante una licencia de Cubas, la Cámara ordenó seguir investigando el caso con el nuevo juez subrogante, Luis Rodríguez, quien en tiempo récord procesó a los ejecutivos de Publicidad Sarmiento y a dos funcionarios del interior.

Las decisiones del camarista Filozof y del juez Rodríguez fueron duramente cuestionadas por la defensa de los hermanos Eduardo y Orlando Terranova, que llevan adelante Joaquín Pedro Da Rocha y Mariano Cúneo Libarona, quienes interpusieron un pedido de recusación contra Filozof, y presentaron un recurso de casación contra el fallo de Rodríguez ratificado por la Cámara.

“Fue un fallo sin fundamento, sin competencia y sin contracautela… destruyendo a la empresa, ordenando al jefe de Gobierno abstenerse de ejecutar el contrato de licitación”, asegura la defensa en una de sus presentaciones.

En una entrevista con PERFIL, Orlando Terranova aseguró que todos los papeles presentados de sus antecedentes en Mendoza y Tucumán, que le habrían permitido ganar la licitación en marzo pasado, “son reales” e incluso mostró a este cronista los certificados de ambas comunas. Además restó importancia a tales certificados, ya que su presentación no era obligatoria. Por su parte, su defensor, Cúneo Libarona, afirmó que el desenlace judicial parece mostrar que “había que procesar a toda costa”.

En tanto, Da Rocha, representante de Eduardo Terranova, reclamó la nulidad de todo lo actuado por Rodríguez, como el procesamiento y el pedido de no innovar hacia la comuna, al argumentar que Filozof lo designó en “una elección arbitraria y parcial”, que “habilita la fundada sospecha” de que lo haya hecho con cierto interés. El juez Filozof finalmente pidió ser apartado de la cámara en los últimos días.

Desde la otra vereda, el ex juez Mariano Bergés, quien patrocina a Spinazzola, expresó a PERFIL que “lo único cierto es que la Justicia procesó a Publicidad Sarmiento y exigió al gobierno de Mauricio Macri a no habilitarle la licitación a esta empresa, cosa que no está cumpliendo”.

Spinazzola perdió la licitación y reclama también un resarcimiento en tribunales en lo civil. Sin embargo, no fue la única que quedó fuera de carrera que está interesada en el proceso contra Publicidad Sarmiento.

La batalla empresarial. Tres fuentes de la industria sugirieron a PERFIL que entre los principales interesados en el proceso judicial se encontrarían –además de Spinazzola– Viacart, la compañía que estaría vinculada a Hadad, dueño de los medios dueño del canal C5N, el portal Infobae y Radio 10.

Esta compañía quedó cuarta en la licitación y tenía serias posibilidades da quedarse con el negocio. Fue la responsable de apelar la sentencia que liberó de cargos a los Terranova y que derivó luego en los procesamientos a cargo del subrogante Rodríguez.

“La medida cautelar por la que el juez Rodríguez ordenó no innovar en la licitación estuvo a cargo de Viacart, no de Spinazzola. Primero fue Grupo al Sur, que tras ganar se desligó un poco de la causa. Pero luego estuvo Viacart, que fue aceptada como querellante. A partir de esa medida se ordenó suspender los términos de la relación entre Sarmiento y gobierno”, explicó el ex juez Bergés a PERFIL.

En realidad, según consta en la Inspección General de Justicia, no es Hadad el responsable de la firma, sino que la empresa está a cargo de Carlos Gaya y Alfredo Jacinto Díaz. En 1999, su director era José Luis Damato, quien hoy tiene acciones también, entre otras empresas, en Supergol SA, vinculada al periodista Marcelo Capurro, director de la revista Debate.

Sin embargo, “que Hadad está vinculado sale en todos lados, y nunca se encargó de desmentirlo”, señaló a este diario una fuente del sector, que no compitió en la contienda porteña.

En Publicidad Sarmiento también se vincula a sus rivales de Viacart con otro empresario de los medios, Sergio Szpolski, quien, en realidad, tampoco exhibe una relación directa con Viacart. “Las vinculaciones se arman por lo que publican los medios tanto de Szpolski como de Hadad”, dicen allegados a los hermanos Terranova. Aseguran que estos medios son utilizados para “tirar por una u otra empresa”.

Sobre este tema, la defensa de Terranova asegura que los empresarios son atacados en algunos medios, una estrategia que incluyó una acusación de “antisemita”.

Consultado por PERFIL, Szpolski negó tener vinculación con la empresa Viacart o intereses en la licitación por el mobiliario urbano porteño.

La trifulca por el mobiliario urbano, un negocio que supera los 120 millones de pesos por año de facturación, es además una estratégica fuente de influencia política. Será por eso que al secretario de Medios de la Nación le sigue interesando el tema. El funcionario consiguió nuevamente el contrato, esta vez con Grupo al Sur, que desde 2006 es propiedad de sus hijos y de su ex esposa, María de los Angeles Díaz.

Sobre esta empresa pesó en forma indirecta la denuncia del ex fiscal Anticorrupción Manuel Garrido, quien acusó a Albistur y a otros dos funcionarios de beneficiar a la compañía con publicidad oficial, por lo cual este funcionario fue citado esta semana a declarar a Tribunales. Al menos para el consejo de evaluación de la licitación, la acusación no tenía relevancia para el concurso.

Los Terranova fueron los principales ganadores de la licitación, y operan en mobiliario urbano de la Ciudad desde 1996. Tienen uno de los negocios más rentables, los llamados “chupetes”. Además mantienen la concesión en Mendoza, donde se encuentra su sede central, y operaron también en la ciudad de Tucumán (ver recuadro). Se hicieron públicamente conocidos gracias al hijo de uno de sus dueños, Orly Terranova, un destacado conductor del Rally París-Dakar y de la competencia que ahora se realiza en Argentina y Chile.

La puja política. El mobiliario urbano también se convirtió en los últimos meses en un tema de denuncias cruzadas entre diputados de la oposición y el gobierno encabezado por Mauricio Macri. La denuncia más grave es la que sostiene el “ibarrista” Eduardo Epszteyn, del bloque Diálogo por Buenos Aires. El legislador viene acusando a la comuna de haber otorgado a Publicidad Sarmiento el “mantenimiento” del mobiliario desde el 1º de enero de 2009, cuando Macri comenzó a hacerse cargo de las paradas de colectivos ante el vencimiento de las prórrogas de los contratos.

Contra el Gobierno pesan también otras acusaciones, que ahora son estudiadas por la Procuración de la Ciudad. Sucede que Macri habría incumplido la orden del juez Rodríguez de suspender el contrato con los Terranova hasta que haya sentencia firme.

Por la denuncia contra los Terranova también fueron acusados un ministro y otros tres funcionarios (ver recuadro). Mientras tanto, la comuna evita hablar de las “desprolijidades” y busca por estos días soluciones vía la Procuración.

También sigue comprometido el diputado Patricio Di Stéfano, quien habría firmado documentos relativos a la licitación como miembro del comité de evaluación cuando ya era diputado, lo cual es contrario a la ley porteña, explicó a PERFIL una letrada que asesora a Epszteyn en la Legislatura.

En la Justicia se debatirán en estos días los próximos capítulos de esta historia, quizá demasiado extensos y tediosos para los porteños, deseosos de al menos un buen reparo a la lluvia cuando esperan el colectivo.

Una piedra en el zapato

La publicidad callejera tiene a mal traer a Mauricio Macri. El apuro por cerrar la polémica licitación por el mobiliario urbano generó denuncias en su contra. Legisladores opositores lo acusan de beneficiar a empresas y por desprolijidades a la hora de llevar adelante la compulsa. Mientras tanto, la Justicia estudia presentaciones de compañías que quedaron fuera del negocio y que reclaman ahora una indemnización.

La primera acusación surgió del bloque ibarrista en la Legislatura, donde el diputado Eduardo Epsztein aseguró que Macri adjudicó en forma directa a la empresa Publicidad Sarmiento el mantenimiento de las paradas de colectivo entre enero y marzo de este año. Desde el Gobierno aseguraron que no fue “compra directa” sino que hubo una compulsa “por la que ganó el que menos cobraba”.

Pero entonces la firma Spinazzola, que quedó en diciembre fuera del negocio, hizo una presentación en la que propuso “hacer el mantenimiento gratis, sin cobrar un peso”, denunció a PERFIL su abogado defensor, el ex juez Mariano Bergés, “pero siguieron todo como antes”. “Eso da cuenta de que el macrismo no cumple ni las normas que la misma Gabriela Michetti aprobó cuando era legisladora”, dijeron en el entorno de Epsztein.

Tanto el diputado como Spinazzola acusaron además al macrismo de aprobar la licitación sin respetar una resolución de la Justicia: “Hubo una orden de no avanzar y Macri no la respetó”, dijo Bergés. Sobre este punto respondió a la prensa el ministro de Ambiente y Espacio, Juan Pablo Piccardo, al aclarar que dos de las tres empresas “están ya trabajando” y sobre la tercera “está trabajando la Procuración”.

El legislador de PRO Patricio Di Stéfano también está en la mira: según Epsztein, el edil habría firmado el informe final de la licitación siendo ya diputado, lo cual es incompatible. El documento otorgó a tres empresas el negocio de la publicidad callejera: Publicidad Sarmiento (de los hermanos Terranova), Grupo al Sur (cercana al secretario de Medios nacional, Enrique Albistur) y PC Publicidad.

La primera fue acusada de adulterar documentos públicos presentados en la licitación, una causa que es motorizada en parte por Viacart, una empresa que estaría vinculada al empresario Daniel Hadad y que había quedado a un paso de ganar la contienda.

Ficha del artículo:

Título original: Publicidad en la Ciudad de Buenos Aires, Una millonaria pelea callejera que se libra en los tribunales
Fecha de publicación: 15 de Agosto de 2009
Medio: Diario Perfil, Buenos Aires, Argentina
Link: http://www.diarioperfil.com.ar/edimp/0391/articulo.php?art=16195&ed=0391

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Una pericia forense realizada por una organización de la sociedad civil a pedido de la Justicia comprobó que las leyes que regulan la contratación de propaganda por parte del Gobierno porteño son anticuadas y no tienen en cuenta nuevos formatos de publicidad no tradicional, como el auspicio en programas de televisión y de radio. Sin normas aggiornadas, la contratación puede realizarse fácilmente a discreción del gobierno de turno y para publicitar a un candidato más que a acciones oficiales. El informe, al que tuvo acceso exclusivo PERFIL, complicaría al ex mandatario Jorge Telerman.

Por Pedro Ylarri

La maquinaria electoral ha dejado de funcionar. La televisión no tiene anuncios políticos, las calles lucen más limpias, sin tantos volantes ni pancartas, y las palabras dichas en la radio ya han desaparecido del aire. Quedan por saldar, como en cada uno de los comicios, las millonarias cuentas de propaganda, muchas de ellas abonadas con recursos del Estado con objetivo de respaldar a un candidato, más que difundir información de verdadero interés público, como fija la ley.

Al menos en la Ciudad de Buenos Aires, el vacío legal y la falta de compromiso político para interpretar el espíritu de las normas está dando “vía libre” al uso “discrecional” de fondos públicos con fines propagandísticos, hechos que podrían terminar en casos de “malversación” y “defraudación”, advirtió a PERFIL la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que fue convocada por la Justicia para realizar un informe sobre el tema.

“Bajo el paraguas de la ‘urgencia’, mediante normas de excepción, se han utilizado fondos públicos para hacer publicidad oficial (con contenido electoral), utilizando medios de publicidad no tradicional dentro de programas de radio y televisión”, advirtió Luis Villanueva, responsable desde ACIJ de una pericia forense requerida por la Justicia, en el marco de una causa contra el ex jefe de Gobierno Jorge Telerman y ex funcionarios de su administración.

El documento judicial, al que tuvo acceso en exclusiva PERFIL, demuestra cómo el entonces mandatario porteño pagó casi 160 mil pesos a la productora de Ideas del Sur, de Marcelo Tinelli, y a Radio Del Plata, sin realizar “una compulsa de precios”, aceptando que le cobren “lo máximo” y violentando “normas de excepción”, sin las cuales no habría podido hacer la contratación (ver recuadro).

Al margen de la causa, la asociación advirtió la inexistencia de normas que regulen o impidan el uso de dinero público con fines electorales, leyes “que desde hace tiempo vienen reclamando las organizaciones de la sociedad civil”, añadió Villanueva. Según ACIJ, al menos seis proyectos de ley en este sentido descansan a la espera de su tratamiento en la Legislatura porteña, pese a las promesas de mayor “transparencia” por parte de diputados del oficialismo y de la oposición.

La pericia a cargo del contador Alfredo Popritkin, sostiene que la contratación de publicidad está regulada, además de por el régimen general de compras y contrataciones, por los decretos 890/2001 y 1001/2001 y las resoluciones de la Secretaría de Prensa 652/2001 y la 1/2004, que obliga al Estado porteño a realizar compulsas de precios. Sin embargo, las normas de excepción y urgencia, entre ellas, los decretos 1370/2001 y 1386/2001, permiten realizar contrataciones directas eludiendo el régimen común.

Además de la irregularidad en la compra de publicidad, la falta de un marco normativo “tiene como consecuencia que la publicidad del sector público se utilice para promocionar la imagen de funcionarios o candidatos oficiales”, lo que constituye “una malversación de recursos públicos” y limita “la libertad de expresión”, expresó Popritkin, un experto en fraudes corporativos quien actuó como perito forense durante 14 años en la Corte Suprema de Justicia.

Para ACIJ, la publicidad no tradicional (PNT), como comentarios de conductores de radio o TV, podría vulnerar la libertad de información de la audiencia, ya que es difícil diferenciar la información de la propaganda. La PNT además no está tarifada, por lo que su precio suele ser “a ojo”: “Una ley podría incluso prohibirla para uso del Estado”, dice.

El mal uso de los criterios de “urgencia” fue alertado además por la Auditoria de la Ciudad, que en 2003 limitó el monto máximo para las contrataciones directas a 20 mil pesos. Lo hizo al advertir irregularidades en esa forma de contratos.

“Se han evadido las limitaciones que tiene la contratación directa. Para ello se divide el pago para que ingrese en el monto que la ley permite”, finalizó Villanueva en referencia a la causa que afronta Telerman.

Mientras los proyectos de ley están anclados en la Legislatura, ACIJ, al igual que Poder Ciudadano, recomiendan a diputados que aprueben normas claras respecto a “qué es urgente y qué no”, “qué es publicidad oficial y qué propaganda partidaria” y “qué métodos se utilizarán para comprar PNT”.

Telerman, complicado por un informe
La situación del ex jefe de Gobierno porteño Jorge Telerman en una causa por la presunta compra irregular de publicidad podría complicarse a raíz de una pericia forense independiente, que comprueba que habría violentado las normas para hacer propaganda por 150 mil pesos sin pasar por una licitación.

El documento judicial fue realizado por el contador Alfredo Popritkin y la ONG ACIJ en el marco de una causa iniciada por Miguel Bonasso por supuesta “defraudación”, en la que debieron declarar ex funcionarios porteños y el representante de Ideas del Sur, Fabián Scoltore, la productora de Marcelo Tinelli que cobró por las pautas.

La pericia, que cita párrafos de la causa, sostiene que Telerman contrató “en forma directa” publicidad no tradicional para la campaña “Actitud Buenos Aires”, por cifras superiores a las permitidas por ley, y que justificó la compra a través de normas de “urgencia”, situación que no pudo ser corroborada.

La contratación salió a la luz en abril de 2007, cuando el entonces jefe de Gabinete de Néstor Kirchner, Alberto Fernández, acusó a Telerman de contratar publicidad a través de la empresa Sol Group, allanada en el marco de la causa Skanska. Tras la denuncia, Ideas del Sur cambió la factura por otra, lo que también habría constituido una irregularidad.

Telerman fue absuelto en primera instancia por falta de pruebas, aunque la Cámara solicitó al fiscal Sandro Abraldes que profundice la investigación. En ese marco se inscribe la pericia.

Ficha del artículo:

Título original: Publicidad no tradicional (PNT), Cómo eludir el control de gastos,
Fecha de publicación: 5 de Julio de 2009
Medio: Diario Perfil, Buenos Aires, Argentina
Link: http://www.diarioperfil.com.ar/edimp/0380/articulo.php?art=15455&ed=0380

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Estimaciones de las embajadas y de ONGs recogidas en exclusiva por PERFIL indican que son profundos los cambios que implica la inmigración de Bolivia, Paraguay y Perú. El dinero que envían a las familias que dejaron atrás, muy importante para las economías de sus países de origen, se ha reducido dramáticamente en los últimos tiempos por la crisis y la devaluación del peso. Radiografía de los nuevos inmigrantes, que ya no vienen temporalmente sino con la idea de radicarse, en especial en Buenos Aires, donde poco a poco van modificando la fisonomía de muchos barrios.

Por Pedro Ylarri

Si en el próximo colectivo al que usted se sube hay más de diez pasajeros, es muy probable que al menos uno de ellos haya nacido en Bolivia, Paraguay o Perú. Y si ese colectivo atraviesa barrios del sur porteño, el porcentaje puede duplicarse o hasta triplicarse. El Censo 2001 registró 1,5 millón de extranjeros viviendo en la Argentina; aunque ahora datos consulares y de la Dirección Nacional de Migraciones revelan que el mapa actual de la inmigración es muy diferente al dibujado ocho años atrás, y que ya un 10 por ciento de la población de nuestro país nació en alguna de las tres naciones hermanas.

Datos de organizaciones civiles y estimaciones de las embajadas de Paraguay, Perú y Bolivia dicen que, en conjunto, ya serían entre 3 y 4 millones los ciudadanos de esos países viviendo en Argentina, aunque muchos de ellos permanecen indocumentados.

Motivados por la reactivación económica desde 2003, cientos de miles de bolivianos, peruanos y paraguayos llegaron a Argentina en busca de trabajo. Muchos lo hicieron siguiendo los pasos de amigos y familiares, que durante los años 90 arribaron al país con el objetivo de hacerse de pesos-dólares para comenzar una nueva vida en su regreso. Esta vez, con el peso devaluado y las peores condiciones en sus países, los inmigrantes llegan con la idea de quedarse y por eso se organizan en barrios de la Ciudad y el Conurbano, donde aprenden oficios, acuden a cursos de su interés, abren restaurantes de comida tradicional y defienden sus derechos.

El éxito del Programa Patria Grande, un plan del Ministerio del Interior para legalizar desde 2006 tanto a los que ya viven como a los recién llegados, es prueba de la continuidad del flujo migratorio: cerca de un millón de personas ya se anotaron para obtener su residencia, y, ante el caudal de gente que se agolpaba desde la madrugada para hacer el trámite, el mes pasado se debió aprobar una prórroga del programa y abrir una línea telefónica para solicitar los turnos.

“Los pedidos de radicación se multiplicaron por diez desde principio de la década, aunque la mayoría ya vivía en el país”, informaron desde la cartera política. La inmigración está produciendo un cambio en las costumbres en la Ciudad de Buenos Aires, en donde se estima que 15 por ciento de la población es extranjera, en su mayoria de países vecinos, un 5% más que en 2001, aunque lejos del 30% que se registraba en el censo de 1914. Aun sin estadísticas oficiales, se estima que en partidos como La Matanza y Florencio Varela los extranjeros ya son un 10%, mientras la cifra llegaría a 20% o 30% en barrios del sur porteño, de acuerdo a estadísticas de la comunidad.

Con casi un 10 por ciento de la población argentina nacida en Paraguay, Bolivia o Perú, ya son decenas las cuadras y barrios de la Ciudad y el Conurbano que crecen al ritmo de sus culturas. La inmigración, sin embargo, se manifiesta también en nuevas problemáticas, como la discriminación –según INADI más de un tercio de las denuncias por segregación tienen su causa en la nacionalidad–, el trabajo esclavo o en negro y la falta de acceso a la salud y a la educación por parte de personas indocumentadas. Ahora, la crisis les ha traído un nuevo problema a las familias que dejaron atrás: cuentan con menos dinero para mandarles.

El envío de remesas de extranjeros residentes en nuestro país ha caído entre 10 y 30 por ciento en lo que va del año, de acuerdo a cifras oficiales y extraoficiales a las que tuvo acceso PERFIL, y son el reflejo del empeoramiento del nivel de vida de los millones de inmigrantes que aloja nuestro país. La caída del empleo en sectores como la construcción, el comercio y la industria textil sumó un problema más a los ciudadanos de Bolivia, Paraguay y Perú, que en conjunto representan más de la mitad de los extranjeros viviendo en nuestro país.

La preocupación en las naciones limítrofes receptoras de remesas se manifiesta en varios informes de ONG de esos países y notas periodísticas sobre el tema, y pone en evidencia la continuidad de los flujos migratorios desde esos destinos. Es además una señal de alarma del impacto que la crisis mundial está provocando en Argentina, más allá de lo que los índices del INDEC puedan determinar.

Economistas, organizaciones no gubernamentales, periodistas y hasta residentes de los principales destinos de las remesas advirtieron en entrevistas con PERFIL una fuerte caída en el número de envíos y en los montos transferidos al extranjero, en especial a países limítrofes, una situación similar a la que se registra en toda América latina, y que preocupa también a organismos internacionales.

El Banco Mundial estimó en un informe reciente que el dinero que arribó a la región, desde Ciudad Juárez hasta Ushuaia, de países considerados del “primer mundo”, se contraerá en 2009 entre 5 y 10 por ciento, de 60 mil a 55 mil millones de dólares, lo que sería la primera caída desde 1995, cuando comenzó a estudiarse este flujo de divisas. El dato no es menor, ya que el dinero que recibe América latina en concepto de remesas “es superior a la suma de todas las inversiones directas de capital” que llegan a la región, según estadísticas del FMI.

Paraguay, Bolivia y Perú, tres de los destinos más importantes de los casi 500 millones de dólares transferidos desde Argentina en concepto de remesas, acusan una caída de entre 10 y 30 por ciento en los envíos de remesas desde nuestro país en los primeros tres meses de 2009. En conjunto, estiman que sólo en ese plazo, entre 50 y 75 millones de dólares dejaron de enviarse.

Lamento boliviano. Desde que el potosino Cornelio Saavedra encabezó la Primera Junta hace casi 200 años, miles de bolivianos cruzaron los 773 kilómetros de frontera en busca de trabajo. “Las primeras migraciones importantes se registraron a inicios del siglo pasado, cuando miles de bolivianos llegaban al norte argentino para trabajar en las cosechas”, para luego retornar al término de la zafra, explicó a PERFIL el cónsul de Bolivia en Buenos Aires, José Gonzales.

A mitad del siglo XIX, esa población golondrina comenzó a bajar hacia Mendoza, Córdoba y Buenos Aires; y mientras tenían relativo éxito económico, comenzaban a prolongar sus estadías en Argentina “o, por último, a echar raíces”. Según Gonzales, “hoy tenemos aquí hasta tres generaciones: bolivianos que cuentan con hijos, nietos y bisnietos nacidos en este país”.

Si bien el Censo 2001 registó apenas 233 mil bolivianos, datos de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia estimó que “más de dos millones de ciudadanos viven en diferentes países extranjeros, un 73 por ciento de ellos en Argentina”. La Embajada dice que entre 1,5 y 2 millones de ciudadanos de ese origen viven en el país, es decir un 5 por ciento de la población. La mayoría vive en los partidos bonaerenses de La Matanza, Morón y Tres de Febrero.

Si bien no existen estudios certeros sobre el tema, cifras del BID y del Banco Mundial sugieren que entre 7 y 10 por ciento del PBI de Bolivia corresponde a remesas, la mayoría de las cuales pasan a través de la frontera diariamente, por fuera del sistema bancario. A diferencia de los inmigrantes de Paraguay y Perú, muchos bolivianos llegan engañados al área metropolitana de Buenos Aires para trabajar arduamente en talleres textiles, “cobrando un sueldo que no alcanza para vivir y además enviar dinero, aunque muchos pueden hacerlo”, explicó una joven que reside en Núñez.

Logran en parte ser engañados por la dramática situación económica de Bolivia, que hace que un 61 por ciento de los bolivianos quieran marcharse de su país, según la consultora Apoyo, Opinión y Mercado, citada en un artículo del portal Comunidad Boliviana. La mayoría quiere emigrar a España o Estados Unidos, aunque lo hacen a la Argentina por una cuestión de “cercanía”, añade un reporte del Centro de Estudios Laborales y Agrarios (CEDLA).

Los bolivianos han hecho del barrio porteño de Liniers su “pequeña La Paz”: allí está el Centro de Comerciantes Bolivianos, y hay bares como Jamuy, donde las especialidades son el api y el fricasé, dos platos de origen boliviano; y bailantas como Mágico Boliviano.

Sin embago, según sus referentes, la comunidad boliviana es la que más sufre discriminación, el trabajo esclavo y la falta de vivienda. La Federación de Entidades Bolivianas (Fidebol) alerta que cerca de medio millón de compatriotas viven en forma clandestina, a raiz de la “explotación laboral que padecen”; mientras que la Cooperativa La Alameda, dirigida por Gustavo Vera, viene denunciando desde hace varios años la existencia de un centenar de talleres textiles ilegales, donde se somete a la servidumbre a los inmigrantes, casi todos bolivianos.

Deconstrucción paraguaya. Paulo y Cristina C., una pareja de paraguayos entrevistada al salir del local de Western Union en Belgrano, contó que el del día “fue el segundo envío del año, de 220 dólares”. El es obrero de la construcción y ella, empleada de un comercio de telas. Enviaban hasta diciembre pasado los 300 dólares mensuales que Cristina gana por mes, hasta que Paulo fue suspendido de su trabajo por falta de obras. “Ahora le dan la mitad (del sueldo) y ayuda al primo”, también albañil, aunque deben usar los dos ingresos para mantenerse.

La historia no es aislada y se repite entre muchos que viven en Argentina, aunque también de los que residen en España y Estados Unidos, los dos principales destinos de los paraguayos. En el país, los migrantes tienen la desventaja de no contar con seguro de desempleo. Además, “cuando el peso se devaluó a de 3 a 3,7 pesos, el dinero que recibe nuestra familia también disminuyó”, añadió Cristina.

La poderosa Asociación de Casas de Cambio del Paraguay aseguró a PERFIL que en el primer trimestre del año las remesas entrantes cayeron hasta 20% en comparación con el mismo período de 2008, tras crecer de 223 a 450 millones de dólares entre 2003 y 2007. La contracción “es similar a lo que sucedió durante la crisis argentina, cuando entre 2000 y 2002 cayó el arribo de remesas de 278 a 202 millones de dólares”, afirmó una fuente del Banco Central paraguayo.

Félix Lugo, del diario ABC Color de Paraguay, citó fuentes del BID que confirman una caída de 20 por ciento en la llegada de remesas; y, con relación a nuestro país, relató a PERFIL que “existe un flujo migratorio constante desde el Paraguay. El mayor porcentaje es informal, por lo cual sus remesas se canalizan por sectores también informales que escapan del control de las autoridades”. En este caso, las principales vías de envío son las “empresas de transporte, familiares, amigos o los propios migrantes que retornan al país temporalmente”, explicó.

Para el BID, las remesas llegadas a Paraguay fueron de 800 millones de dólares en 2008, es decir un 5 por ciento del producto bruto interno (PBI), por lo que una caída en las remesas podría generar una recesión económica por sí misma.

Mientras tanto, la llegada de ciudadanos paraguayos no cede, y el consulado de ese país en Buenos Aires estima que podría llegar a “medio millón” la cantidad de paraguayos residentes; mientras que, contando su descendencia, ya serían entre “1,5 y 2 millones” de personas.

La comunidad paraguaya ha importado el guaraní, así como sus gustos y costumbres. Se estima que existe una veintena de radios FM de la comunidad y se imprimen publicaciones como Ñeengatú y Paraguay, nuestro país, además de emitirse el programa de cable Viva Paraguay. Según el consulado, la “tasa de retorno es mínima” y, tras muchos años trabajando como obreros en la industria de la construcción, cuero, calzado y plásticos, muchos han logrado diversificarse hacia el comercio o montar pymes dedicadas a la construcción.

Pisco libre. Los peruanos son quizá la muestra más clara del flujo migratorio de los últimos años. Según el ultimo censo eran apenas 87.546 en 2001, repartidos en la Ciudad y el Conurbano, y un pequeño porcentaje en Córdoba y Santa Fe. Hoy, ocho años después, la embajada estima que unos 300 mil habitan en el país, de los cuales cerca de un tercio habrían adherido a Patria Grande.

Las historias cotidianas de los peruanos que llegaron a la Argentina son retratadas en radios y blogs por los mismos inmigrantes. Uno de ellos es Gustavo Huayre, hermano Carlos Huayre (ver recuadro), quien vino hace 14 años y ahora participa en programas en FM y es editor del mensuario Cholo con Che. Huayre cree que muchos de sus compatriotas vienen al país por un prejuicio positivo: “Creen que Argentina está mejor de lo que está”.

Productor del programa Puerto Libre de FM Mágica Internacional, el peruano identifica dos “olas” de migración peruana: la primera, hasta los 80, estaba formada por estudiantes, en su mayoría de Medicina y Derecho, que solían estudiar en La Plata. Pertenecían a familias de clase media o alta, y solían regresar a Perú. La segunda, a partir de la Convertibilidad, la formaron quienes vinieron a “probar suerte”. Esos peruanos eran “trabajadores calificados, casi todos con estudios secundarios completos”, dice.

Subraya que por su experiencia periodística sabe bien que “las remesas de los peruanos en el exterior son una de las mayores fuentes de ingresos de la economía peruana. Se usan empresas de envíos de dinero y, que yo sepa, son pocos los casos en que alguien regresa con dinero ahorrado”. Las estadísticas del Banco Mundial lo demuestran: Perú recibe entre 2.000 y 2.500 millones de dólares en remesas, entre un 2% y un 3% de su PBI.

La colectividad peruana se queja de las adversidades, pero no de discriminación – Por Silvina Márquez
Las ganas de progresar y ayudar a los suyos que quedaron en la tierra natal marcan las historias de miles de inmigrantes latinoamericanos que en busca de un progreso individual no dudaron en hacer patria en suelo extranjero.

La mayoría se niega a hablar de discriminación, aunque todos tienen historias sobre pedidos de documentos en la calle por “portación de rostro diferente”, o atención “diferenciada” en los hospitales públicos. Román Chagua, peruano, le da su dimensión exacta: “Son adversidades, nada más. Si no, nos hubieran echado a patadas”.

La historia de Michael sintetiza las de muchos otros peruanos, la más reciente migración masiva de países vecinos, que se suma a la ya consolidada de Bolivia, Paraguay, Chile o Perú. Llegó a la Argentina a los 18 años, para visitar a su mamá. “Me encantó el país y me quedé”, cuenta el menor de seis hermanos.

“Se veía una linda Argentina y era un polo atrayente para los extranjeros. En aquel momento el dólar estaba 1 a 1, podías juntar un dinero que en tu país se triplicaba”, agrega.

En plena crisis de 2001, Michael y su hermano Carlos se dieron cuenta de que la comida peruana era cada vez más popular, por lo que decidieron abrir un restaurante, el popular Cocoroco, al que el año pasado se le sumó el elegante Lucumma, ambos en Belgrano. “Corococo es un gran cantinón, que allá son típicos, y es para la colectividad. Lucumma apunta a un público argentino y extranjero, aunque trabajan todos peruanos. La idea es que el visitante se sienta como en Perú”, explica.

Si bien Michael cuenta que cada tanto visita su país y que a pesar de los años se extraña “todo: la familia, los barrios melancólicos de Lima”, él se siente más argentino que peruano. “Argentina es un país generoso, donde la rebuscamos e hicimos patria”. Hincha de Boca y de Alianza Lima, en ese orden, cree que regresar a Perú sería “como un retroceso”.

Su compatriota Román Chagua, más escéptico, espera que su hija termine sus estudios en Buenos Aires para poder regresar a su país con el resto de su familia. Considera que en Argentina hay mucho abandono de la niñez y tiene miedo por sus hijos de 6 y 9 años. “Los dos mayores se van a quedar, tienen su casita y pareja acá, todos peruanos”.

Padre de ocho hijos, Román tuvo que cerrar sus dos maxikioscos (encomenderías) en Chosica, a 60 kilómetros de Lima por la crisis económica que azotó el Perú en el primer gobierno de Alan García, y vio en Argentina un lugar para crecer.

Después de “haberse dado contra la pared, por venir con otras expectativas” trabajando de fletero y cantando en el subte, abrió un restaurante, Hatuchay, en la zona del Abasto. Pese al éxito económico, no se acostumbra al país: “Acá no sabés quién es tu vecino. Los peruanos somos más hogareños y capaces de aguantar todo con tal de no separarnos de nuestros hijos.”

Ficha del artículo:

Título original: La Argentina y la nueva inmigracion, El 10% de los habitantes nació en Bolivia, Paraguay o Perú
Fecha de publicación: 14 de Junio de 2009
Medio: Diario Perfil, Buenos Aires, Argentina
Link: http://www.diarioperfil.com.ar/edimp/0373/articulo.php?art=15064&ed=0373

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Estados Unidos se convirtió en el segundo país del mundo en hispanoparlantes, sólo superado por México. El castellano resistió los embates de leyes que prohíben su uso en dependencias oficiales y el desafío de la fusión con el inglés. Los estadounidenses que estudian español superan a todos los que aprenden otras lenguas extranjeras sumados.

Por Pedro Ylarri

La más polémica traducción de la obra insignia del español, El ingenioso hidalgo Don Quijote de La Mancha, comienza así: “In un placete de La Mancha of which nombre no quiero remembrearme, vivía, not so long ago, uno de esos gentlemen who always tienen una lanza in the rack, una buckler antigua, a skinny caballo y un grayhound para el chase”. Es la versión en spanglish del texto cumbre de Miguel de Cervantes, y una evidencia más de la batalla silenciosa que el castellano viene dando en Estados Unidos, devenido en 2008 en el segundo país con mayor cantidad de hispanos en el mundo, sólo detrás de México.

Asociaciones, institutos de idiomas, académicos y estadistas de la principal potencia mundial han abandonado sus dudas respecto al protagonismo del español en Estados Unidos, y ahora sostienen, en diálogo con PERFIL, que el castellano tiene un porvenir de expansión en la cultura anglosajona. Los hispanos ya son un 15% de la población norteamericana, y para 2050 se estima que al menos un cuarto de los residentes será de ese origen.

El español está derribando las barreras ideológicas y políticas que restringieron –y hasta prohibieron– su uso en el ámbito público durante gran parte del siglo pasado. Más angloparlantes lo estudian, más entidades lo utilizan y cada vez más ciudades exhiben sus carteles en ambos idiomas. “Ya no existe vergüenza entre inmigrantes o sus hijos para usarlo, se ha convertido en el símbolo de la resistencia y de la reafirmación cultural”, sostuvo a este diario el escritor español Eduardo Lago, director del Instituto Cervantes de Nueva York.

La institución, con sede en España, acaba de lanzar una enciclopedia sobre el tema, con más de 50 artículos y 1.200 páginas donde se describe el avance en Estados Unidos de nuestro idioma en ámbitos clave como el gobierno, escuelas, vida privada, medios de comunicación y otras manifestaciones culturales, bajo la premisa: ¿se está forjando una nueva nacionalidad hispano-norteamericana?

Desde Madrid, la directora del Instituto Cervantes, Carmen Caffarel, consideró que el español “no es una lengua extranjera en Estados Unidos, sino la segunda lengua del país”. Para justificar su tesis, cita la Oficina del Censo norteamericana: 132 millones de personas serán de origen hispano en 2050, “será por tanto el primer país hispanohablante” del mundo. Una tesis aún más aguda es sostenida por Lago: “El español es lengua extranjera y lengua madre a la vez, fíjese tan solo en los nombres de las ciudades: Los Angeles, San Diego, Sacramento…”.

Además, según Caffarel, “unos 6 millones de alumnos estadounidenses estudian español”, mientras que “las posibilidades de crecimiento en los próximos años las estimamos en 60%”. En cuanto a la industria editorial, dice que hay 200 empresas que publican en español, y que “las grandes editoriales imprimen los principales títulos simultáneamente en ambos idiomas”.

Como Lago, que advierte con matices el nacimiento de un país bilingüe y bicultural, el traductor de Don Quijote al spanglish, Ilan Stavans, en diálogo con PERFIL, aseguró que con el “interés genuino” que existe en Estados Unidos por el español, el país está en un momento de “encuentro” entre dos culturas, que parece ser “imparable”.

Sin embargo, no siempre fue así. El uso de los idiomas extranjeros en Estados Unidos estuvo dominado durante gran parte del siglo XX por la visión conservadora de quienes promovían el inglés como lenguaje oficial único. En los inicios del siglo pasado, las restricciones buscaron adoctrinar a alemanes, asiáticos y a los recién llegados del este europeo. Pero en las cuatro últimas décadas fueron los latinos los protagonistas.

Dennis Baron, especialista en lingüística de la Universidad de Illinois, explicó a PERFIL que las limitaciones estuvieron ligadas a las leyes de English-only o English-first. “Hubo dos oleadas de este tipo de leyes, ambas en períodos de fuerte inmigración. La primera se expandió de 1890 a 1924, especialmente durante la I Guerra Mundial.” La segunda, según Baron, ocurrió luego de 1965, cuando las leyes migratorias fueron nuevamente permisivas.

En 1968, con la sanción de la Ley Federal de Educación Bilingüe (Bilingual Education Act), que buscaba mejorar la educación y la integración de los niños hispanos, aparecieron nuevos grupos “anticastellano”. Barón sostiene: “Desde la década de 1980 hasta hoy, primero en California, fueron esparciéndose las leyes English-only, esta vez contra los hispanohablantes, convertido en el idioma más hablado luego del inglés”. La nueva oleada provocó que hoy existan 30 estados con leyes que establecen que sólo el inglés sea el único idioma oficial, aunque, lentamente, muchas normas comenzaron a ser rechazadas en los últimos años (ver recuadro).

Para Michele Waslin, investigadora del Centro de Políticas Inmigratorias (Immigration Policy Center), la oposición al uso del castellano está ligada a los grupos que se manifiestan en contra de la inmigración, y entre ellos menciona a la Federación Americana para la Reforma Inmigratoria (FAIR, por sus siglas en inglés), NumbersUSA y Minutemen. “Buscan leyes más restrictivas y muchas de ellas está ligadas a un hombre, John Tanton. Algunas son racistas o tienen vínculos con grupo defensores de la supremacía de la raza blanca”, explicó.

Tanton, un oftalmólogo retirado del estado de Michigan, utiliza argumentos similares a los del polémico politólogo de Harvard Samuel P. Huntington para oponerse a la inmigración, la educación bilingüe y el español como idioma oficial alternativo. Según ellos, la llegada de inmigrantes hispanos altera el control de la población y el ambiente. Huntington, fallecido en diciembre, conocido por su tesis sobre el “choque de civilizaciones”, consideraba además que la inmigración latinoamericana a gran escala era una amenaza contra Estados Unidos, porque podía “dividirlo en dos pueblos, dos culturas y dos lenguajes”.

Si bien para Eduardo Lago las teorías de Huntington son “extremas y obsoletas”, y no son compartidas por la mayoría, “denotan un extraño miedo, la amenaza a la identidad”. Cuenta que “existe un dicho según el cual los norteamericanos, cuando sueñan, lo hacen en inglés; pero tienen sus pesadillas en español”.

Los académicos afirmaron a PERFIL que la principal consecuencia de esas restricciones puede verse en los hijos de las primeras generaciones de inmigrantes latinos. Prohibido el español en los colegios durante la II Guerra Mundial, son millones los hispanos que inhibieron a sus hijos de hablar castellano. Según estadísticas del Consejo Nacional de la Raza (NCLR, por sus siglas en inglés), unos 12 de los 45 millones de personas de origen hispano que viven en Estados Unidos no hablan español.

Para Stavans –de madre mexicana– , profesor del Amherst College, de Massachusetts, “en los últimos años surgió un anhelo fehaciente de regresar a las raíces; aquellos que perdieron su español aspiran a recuperarlo”. Como La Raza, afirma Waslin, otras organizaciones religiosas, étnicas, defensoras de derechos civiles e incluso empresas han tenido un rol preponderante para defender y hacer extender el castellano al norte del Río Grande. Para ello, fueron los medios los que primero captaron y difundieron el mensaje.

Univisión, considerado el mayor conglomerado de medios hispanos en Estados Unidos, surgió en Texas en 1961 con el nombre de KWEX, y una década más tarde se le sumó la versión en español de la NBC, Telemundo. La popular cadena CNN lanzó su versión castellana en 1997, y la década que le siguió “fue el boom de los medios en español”, según sostienen varios papers elaborados por el Pew Hispanic Center, una entidad que investiga el desarrollo hispano “en un Estados Unidos cambiante”.

“El fenómeno (del crecimiento del uso del español) es todavía más llamativo en los medios de comunicación: en estos momentos hay en torno a 550 emisoras de radio y 55 cadenas de televisión”, explicó la titular del Cervantes. Los inmigrantes, además, fueron quienes llevaron adelante los proyectos de emisión y creación de contenidos.

Tal es el caso de Gabriela Natale, una argentina radicada en Texas, quien, tras realizar coberturas para Continental y CVN, firmó un contrato con Univisión para convertirse en la cara de las noticias para el oeste de ese estado. “Aquí hay una conciencia cada vez más grande de que no hace falta elegir entre uno u otro idioma, se puede dominar ambos y de hecho hay cada vez más mercado y más beneficios para quienes hacen un esfuerzo de ser bilingües”, dice a PERFIL.

Natale, quien es ahora conductora de Super Latina, un programa en español dedicado a las mujeres hispanas, asegura que la expansión del castellano ha impulsado a muchas cadenas a transmitir mezclando idiomas, como MTV, TR3S y MUM2, dirigida al público joven. “Siento que hay una revaloración de las raíces latinas entre los jóvenes hispanos y que el español está empezando a ser considerado como algo cool”, añade.

Emerge en los artículos de la obra del Instituto Cervantes que no es sólo mezcla del inglés con el español lo más trascendente, sino la fusión entre las diferentes culturas hispanas que residen, todas juntas, en Estados Unidos. Lago destaca que lo que se está produciendo es una “amalgama cultural panlatinoamericana” y que el país “se está convirtiendo en el centro de gravedad” de la cultura latina.

Estados Unidos “es en estos momentos el laboratorio en el que se fusionan las distintas variedades del español y seguir esa evolución será apasionante. Además, ese país constituye hoy la gran plataforma para la difusión internacional del español como lengua extranjera”, coincide Caffarrel desde Madrid.

La última victoria del español

Allí donde el entonces presidente estadounidense Theodore Roosevelt había afirmado que “sólo hay lugar para un idioma, el inglés”, fue donde el español ganó su última batalla en Estados Unidos. Ocurrió el 22 de enero, cuando los habitantes de la ciudad de Nashville rechazaron en un plebiscito una moción para declarar el idioma anglosajón como único oficial.

Un 56% de los votantes de la ciudad del sureño estado de Tennessee rechazó la proposición que habilitaba al gobierno local a aprobar leyes de English-only (sólo inglés), por las que se hubieran prohibido los trámites y comunicaciones redactados en idioma extranjero.

La votación fue tomada como un referéndum regional por entidades pro y contra inmigración, ya que Nashville, con 600 mil habitantes, se hubiera convertido en la ciudad más grande en aprobar este tipo de leyes.

El español y otros idiomas extranjeros están restringidos en pueblos y ciudades de 30 estados, especialmente en zonas del interior del país con tasas bajas de inmigrantes, sostienen informes académicos.

Spanglish, retrato de una fusión

La traducción al spanglish de El Ingenioso hidalgo Don Quijote de La Mancha avivó aún más el furor por la nueva forma de comunicarse entre latinos y anglosajones en Estados Unidos, y según los académicos reafirma la aparición de una cultura hispano-norteamericana.

“El spanglish es el matrimonio –o el divorcio– no sólo de dos lenguas sino de dos civilizaciones. Es un mestizaje lingüístico que, en sí mismo, demuestra un mestizaje más amplio: el del mundo anglosajón con el hispánico”, consideró ante PERFIL Ilan Stavans, lingüista del Amherst College, en Massachusetts, y autor de la traducción de la obra de Miguel de Cervantes.

Si bien no puede ser considerado aún un idioma, “ya existen proyectos de codificación sintáctica”, dice Stavans, y advierte que “hay una curiosidad imparable” por el spanglish y el castellano: “En las universidades hay casi más estudiantes de español que de todas las otras lenguas extranjeras juntas”.

La directora del Instituto Cervantes, Carmen Caffarel, sostiene en cambio que no cree en que haya un “avance” del spanglish, más bien lo contrario: “Es un fenómeno puramente pasajero que afecta a hispanohablantes que intentan expresarse en inglés sin dominar la lengua. La tendencia es a hablar las dos de forma correcta, porque ello supone más oportunidades en el mundo de la economía y el mercado laboral”.

Explica, por ejemplo, que los hispanos bilingües de Miami ganan un promedio de 7 mil dólares más al año que aquellas personas que sólo dominan el inglés.

Ficha del artículo:

Título original: Cambios profundos en EE.UU, el castellano conquista al país de Obama
Fecha de publicación: 1 de febrero de 2009
Medio: Diario Perfil, Buenos Aires, Argentina
Link: http://www.diarioperfil.com.ar/edimp/0335/articulo.php?art=12526&ed=0335

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Cientos de personas llegan a participar en alguno de los operativos coordinados por el Incucai para realizar un trasplante. Médicos, técnicos de laboratorio, enfermeros, camilleros y pilotos se ponen en acción en cuestión de segundos, cada vez que un llamado pone en alerta el sistema. Esta es la crónica de las 48 horas de un caso real, desde la valiente decisión de una familia que ha perdido un ser querido hasta el despertar de la mujer que debe su vida a esa donación.

Por Silvina Marquez / Pedro Ylarri

Domingo. 21.00. Buenos Aires
El teléfono suena en la casa de Dolores Domínguez, de profesión cocinera y 40 de edad, y ella, por centésima vez, atiende al primer ring. Lleva casi dos meses esperando la llamada, y ha pasado ya por otras cinco conversaciones similares. Pero esta vez parece ser la definitiva. Del otro lado de la línea está el doctor Hernán Trimarchi Jurado, jefe de Nefrología del Hospital Británico, su médico desde 1997, cuando su salud comenzó a deteriorarse. La voz le dice: “Dolores, estate preparada, apareció el órgano”.

Mientras médico y paciente mantienen su conversación de quince segundos, al menos otras cincuenta personas ya están al tanto del caso y trabajan contrarreloj en el operativo de ablación y traslado de los órganos a trasplantar. Es el trabajo de rutina típico, y se realiza cada vez que una persona muere y su cuerpo tiene las condiciones necesarias para que sus órganos sigan dando vida a otra persona.

“La donación es más compleja de lo que uno supone, sólo se puede llevar a cabo en cinco de cada mil fallecimientos”, explica a PERFIL Martín Torres, vicepresidente del Instituto Unico Coordinador de Ablación e Implante (Incucai), el centro donde se programan las operaciones de este tipo. El especialista agrega que sólo las personas sanas fallecidas en terapia intensiva podrán ser donantes de órganos, pero “si la muerte no se produjo allí, sólo se podrán trasplantar tejidos”, como córneas, huesos y piel. En todos los procedimientos trabajan decenas de personas.

Son enfermeros, médicos, camilleros, técnicos, pilotos de aviones sanitarios, choferes, profesionales a cargo de los análisis de diagnóstico, fiscalizadores del procedimiento y hasta jueces que autorizan la ablación cuando la familia del fallecido así lo dispone. El operativo, que llega a movilizar hasta 150 personas, se pone en juego en cada trasplante, una situación que se repitió 1.270 veces en 2008 en nuestro país, según estadísticas del Incucai.

Dolores prepara sus cosas, convoca a su hermana y a otros amigos, y espera con ansias la llamada de su médico, quien le confirmará si esta vez el órgano le servirá o si deberá seguir esperando. Desde el 16 de marzo que lo espera: ese día llegó la carta del Incucai que le avisó que estaba en lista de espera para recibir un páncreas, un órgano que necesita por su diabetes. “Esa noche preparé el bolso y esperé el llamado. Fueron diez, pero al final ninguno servía”, dice a PERFIL. “Hasta que llegó este”.

Domingo. 21.30. Bariloche.
Un hombre de unos 40 años, con muerte cerebral desde la tarde, es sometido a un segundo estudio por los médicos, que confirman su fallecimiento. Deportista y sano, ha tenido un accidente, y su familia decide donar sus órganos. El médico encargado de la procuración de órganos del hospital, uno de los cien que existen en el país, llama al instituto local de ablación y trasplante, éste introduce los datos en el sistema informático del Incucai y se activa el sistema: ahora todos están abocados a unir la vocación del donante y su familia con las necesidades médicas de otras personas.

Torres explica que desde ese momento “el accionar comienza en simultáneo en tres espacios físicos distintos”. Uno es el hospital en el que el donante pierde la vida, donde se va preparando el cuerpo para la cirugía. “El otro es la guardia operativa nacional del Incucai junto con la sede provincial, una de las 24 que existen en el país, el último es donde la persona recibirá el o los órganos.”

Domingo. 22.30. Buenos Aires.
Dolores recibe la confirmación del doctor Trimarchi Jurado de que el órgano del hombre de Bariloche le servirá para dejar se inyectarse insulina todos los días.

No era la primera vez que iba a recibir un trasplante. “Pero estaba, por supuesto, muy nerviosa”, cuenta. Tiempo atrás, su hermana, la mujer que ahora la acompañaba a la Fundación Favaloro a realizarse los últimos estudios antes de la operación, le dio uno de sus dos riñones. “Los míos se estaban deteriorando por los medicamentos y todo indicaba que iba a necesitar un trasplante.” Al llegar al hospital “me reconocieron cuando entré, y me hicieron estudios para la operación”, añade tiempo después.

La historia de su médico es diferente: tras dar la confirmación, parte a Bariloche en un avión sanitario. No todas las provincias tienen uno, pero en tal caso se utilizan taxis aéreos. Cuando el doctor llega, aparecen más inconvenientes. Como el donante no manifestó su decisión de donar los órganos, un juez debe avalar la elección positiva de su familia. “El juez no estaba, así que se tuvo que esperar la homologación por fax”, narra Dolores.

Los trámites fueron más sencillos que años atrás, en parte por la Ley de Donante Presunto, que según el Ministerio de Salud permitió un aumento de donantes y trasplantados. En concreto, los 1.270 trasplantes realizados en 2008 establecieron un nuevo récord, al superarse las 1.143 intervenciones de 2007. Estadísticas del Incucai aseguran que la tasa de donantes reales “se duplicó” entre 2002 y 2008, al pasar de “241 a 519”, es decir una tasa de 13 por millón de habitantes (PMH).

Carlos Sorati, secretario de Políticas, Regulación e Institutos de la cartera sanitaria, dice que son tres las causas del aumento. “En los últimos años hubo un proceso de intervención fuerte, que comenzó con el Programa Federal de Procuración, que fortaleció los organismos provinciales, creó un registro unificado y la figura del coordinador hospitalario.”

Destaca luego “el debate social” en torno a la Ley de Donante Presunto. El tercer componente es el Sintra. El programa informático on line fue el que permitió que en cuestión de segundos el donante de Bariloche fuera vinculado con la paciente capitalina.

Lunes. 8.00. Buenos Aires.
Dolores está internada ya en el Hospital Británico a la espera del órgano y su médico. Se apresta a ser el segundo caso en la Argentina de trasplante de páncreas únicamente. “En general se realiza el trasplante de páncreas y de riñón en conjunto”, dice, ya casi especialista. Pero recién a las cinco de la tarde regresan de Bariloche con los órganos.

El traslado es otro de los pasos cruciales en las intervenciones, en el que participan hasta 30 personas. Muchas veces se apela a aviones sanitarios, ya listos para salir cuando llega al aeropuerto, a toda velocidad, la ambulancia. El Incucai tiene cuatro unidades y en cinco provincias hay vehículos reservados para estos operativos. Hay que preservar el órgano aséptico y a baja temperatura para que logre mantenerse.

Cuando el órgano es sacado del hospital, queda el cuerpo, y la ardua tarea de médicos de entregárselo a su familia. Dolores comienza a ser operada, y con el lento transcurso de la intervención, su nombre deja de aparecer en la lista de espera… La vida se ha traspasado. Una historia que parece increíble en un país en el que los paros de personal sanitario por malos sueldos e infraestructura colapsada son moneda corriente.

Otros, unos 5.500 en promedio, todavía esperan el llamado. “El número se mantiene desde hace muchos años, porque si bien hay más trasplantes, también hay más acceso a la lista de espera”, afirma Torres. La lista no va a quedar nunca en cero, en parte por “esa mayor accesibilidad”, porque “no importa la cobertura social que tenga, todo argentino que necesite un trasplante va a formar parte de esa lista de espera, sin distinciones”.

Las operaciones que se hacen en Capital suelen adquirir notoriedad, como el caso del médico Jorge Rodríguez Kissner, que recibió un corazón. Hay, sin embargo, 199 instituciones que realizan trasplantes, 135 que hacen implantes de córneas y 86 en donde se transfiere piel y huesos.

Martes. 19.00. Buenos Aires.
A casi dos días de recibir el llamado definitivo, Dolores yace en la cama del hospital, abriendo los ojos de a poco a medida que pasa el efecto de la anestesia.

Tendrá semanas de recuperación y controles periódicos de por vida. Pero se dará cuenta con los días de que la diabetes que la perseguía desde los once años y las inyecciones de insulina que se aplicaba cada día ya son cuestión del pasado.

Cómo tomar una difícil decisión
En agosto de 2004 la tragedia golpeó la puerta de la familia de Eduardo y Susana Andino, de Rosario (Santa Fe), tras recibir una llamada de la escuela donde asistía Natalia, su hija de 11 años. Era para solicitarle que se hiciera presente en el establecimiento porque Natalia presentaba dolor de cabeza. “Cuando llegué –cuenta Susana–, Natalia se encontraba consciente, la internamos y se terminó operándola porque se le había cortado una venita del cerebro, un derrame cerebral. Con partes médicos poco alentadores y una vez fallecida, una psicóloga del Cudaio nos interrogó sobre la decisión de donar los órganos de Natalia. Mi esposo y yo coincidimos en decirle sí a la donación.”

Esta decisión se vio reforzada por una charla familiar tenida un año antes. En una sobremesa y ante las repercusiones televisivas que tuvieron los familiares de Abril por su salud, Natalia les preguntó a sus padres por qué la gente no donaba sus órganos porque, así, se podían salvar muchos chicos. Susana le respondió que ellos eran donantes, pero sus hijos nunca “ya que uno no quiere pensar en la muerte de nuestros hijos”, reflexiona. Es así que recomienda que se hable sobre el tema “ya que si vos tenés una idea de lo que la persona quiere, es más fácil decidir”.

Lo que se pudo donar de esta niña fueron sus dos riñones y válvulas cardíacas, ya que al haber estado Natalia tres días medicada en terapia intensiva, algunos órganos se pudieron haber afectado.

“No estuvimos presentes en el operativo –comentan Susana y su esposo Eduardo–. Nos fuimos a hablar sobre lo sucedido con nuestro otro hijo, que en aquel entonces tenía 14 años. Lo que sí sabemos es que el operativo fue muy ruidoso, como era Natalia: con sirenas, movimientos de médicos y ambulancias, cortes de calles, móviles policiales y mucha gente.”

Comprometidos con la causa de crear conciencia, tanto la familia Andino como otra familia de Rosario trabajan en campañas de difusión ya que consideran que hay que donar los órganos por cómo vivió la persona, no por cómo murió. Es así que Susana reparte folletos y globos para el Día del Niño, por ser la fecha en la que falleció su hija.

Ficha del artículo:

Título original: Donacion de órganos, El milagroso recorrido que traspasa la vida
Fecha de publicación: 18 de enero de 2009
Medio: Diario Perfil, Buenos Aires, Argentina
Link: http://www.diarioperfil.com.ar/edimp/0331/articulo.php?art=12211&ed=0331

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