El tabaquismo es la primera causa de muerte evitable en nuestro país, con 40 mil víctimas fatales al año, y causa un enorme perjuicio económico al sistema de salud, que aumenta todos los años. Para colmo, las tabacaleras sólo aportan en impuestos la mitad de ese gasto, que en 2008 ascendió a 10 mil millones de pesos. Las enfermedades derivadas del cigarrillo volvieron a ser un tema de debate nacional en los últimos días, con el trasplante a Sandro y el retiro de la cantante Marilina Ross. Pero el lobby de la industria es más fuerte: esta semana perdió estado parlamentario la ley antitabaco.

Por Pedro Ylarri

Tenga o no tenga el hábito de fumar, esta nota debería interesarle, porque una porción del dinero que usted paga en impuestos y a su cobertura de salud es utilizada por el Estado y por las obras sociales para intentar curar a los cientos de miles de personas que se enferman por su adicción al tabaco o por respirar el humo de cigarrillos fumados por otros. El costo económico de la llamada “epidemia” del consumo de tabaco crece todos los años y ya es récord, y es una consecuencia que se agrega a las cerca de 40 mil muertes derivadas de la mortal costumbre de fumar.

En parte con su dinero, se ha financiado en 2008 un récord de unos 10 mil millones de pesos para curar a quienes se enferman por el cigarrillo, lo que representa casi 16 por ciento de todos los gastos en salud que se hacen en nuestro país por año. La industria, mientras tanto, apenas se hace cargo de cerca de la mitad de estos gastos, con 5.500 millones de pesos pagados en concepto de impuestos ese año, según estimaron a PERFIL economistas, médicos y especialistas independientes y del Ministerio de Salud de la Nación.

El flagelo del tabaquismo, la principal causa de muerte evitable del país, y el crecimiento de los costos para tratar a los enfermos por el cigarrillo han motivado en las últimas semanas a decenas de ONG y entidades médicas a hacer un llamado casi desesperado para que el Congreso apruebe una ley que desaliente su consumo en el país. La norma, sin embargo, virtualmente perdió esta semana estado parlamentario al no ser tratada por la Comisión de Presupuesto de Diputados, que ya no se volverá a juntar en forma ordinaria hasta marzo.

“La Argentina ha quedado esta semana muy relegada en materia de controlar la epidemia del tabaquismo, el Congreso privilegió el lobby de la industria en vez de interesarse por la principal causa de muerte evitable de los argentinos”, advirtió a PERFIL Verónica Schoj, coordinadora de la Alianza Libre de Humo de la Argentina (Aliar), que reúne a decenas de entidades civiles sobre el tema. “Sólo escucharon a quienes pregonaron por los supuestos daños económicos que produciría reducir el consumo, como bares y restaurantes y economías regionales, daños que hemos comprobado que son mitos”, añadió.

Varios especialistas vienen denunciando además que los costos económicos del tabaquismo para el sistema de salud están aumentando año a año y consideran que Philip Morris y Nobleza Piccardo, que controlan el 98 por ciento del mercado local, deberían hacerse cargo de esos gastos. Es que en 2008 se habrían gastado unos 10 mil millones de pesos en atender a los enfermos por el cigarrillo, frente a los 5.200 millones que aportó la industria en impuestos internos al tabaco y al valor agregado y para el Fondo Nacional del Tabaco, según proyecciones de especialistas.

Estudios realizados por el cirujano José María Bruni, respaldados por el Ministerio de Salud de la Nación, sostienen que en todo 2004 se gastaron más de 4.500 millones de pesos en atención a las enfermedades derivadas del consumo de tabaco.

De ese monto, la mayor parte fue abonada por el Estado, financiada por la recaudación tributaria y por el sistema de seguridad social, que se sostiene con el aporte de trabajadores y sus empleadores. Sólo el 8 por ciento fue abonado por prepagas, mientras que el 30% fue gastado por los mismo pacientes cuando pagan estudios o intervenciones, o realizan copagos.

Bruni, en diálogo con PERFIL, explicó que el estudio de los costos “es un cálculo complejo que tiene en cuenta el gasto total en salud, los costos de atención de determinadas enfermedades, así como la prevalencia del consumo de tabaco, hábitos, edades y lugar geográfico”. Indicó que el sistema de salud en su conjunto, que integran los subsistemas estatal, privado y de seguridad social, “gasta el 16 por ciento en atender a los enfermos fumadores y fumadores pasivos, porcentaje que es posible afirma que se mantiene en el tiempo”.

Según la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (ACAMI), el gasto total en salud, que incluye costos del sistema público, las obras sociales, prepagas y gasto de bolsillo de la población, creció considerablemente en el último lustro, por lo que también subió el gasto que causa el tabaquismo. En concreto, el gasto fue subiendo de 27.833 millones en 2003 a 31 mil millones (2004), 35 mil millones (2005), 42 mil millones (2006), 51.700 millones (2007) y 65 mil en 2008. De la misma manera, el costo económico del tabaquismo creció de 4.425 a 10.010 millones entre 2003 y 2008, un incremento superior al 100 por ciento.

Según Bruni, estos costos provienen de la atención de pacientes con cuatro patologías: cáncer de pulmón, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), infarto agudo de miocardio y accidente cerebrovascular, que explican el 70 por ciento de las muertes relacionadas con el tabaco.

Desde el Ministerio de Salud, el coordinador del Programa Nacional de Control del Tabaco, Mario Virgolini, también manifestó a PERFIL su preocupación: “Claramente, que la gente fume es un mal negocio, ya que el gasto en salud para tratarla es altísimo”, dijo el licenciado, y se explicó diciendo que “si uno trabaja los siete días de la semana, uno estaría dedicado a cubrir estos costos… sin contar que 40 mil personas pierden la vida por eso en Argentina”.

Bruni, quien dedicó al gasto derivado del tabaquismo su tesis en un máster en sistema de salud, destacó que “durante mucho tiempo la estimación fue sólo un instrumento de debate, pero hoy tiene una implicancia legal y política; estos datos deben ser importantes para que el Gobierno los utilice como herramienta frente a la industria y para justificar sus propias políticas antitabaco”.

Los 10.010 millones de pesos anuales –o cerca de 250 pesos por persona– que se gastan en Argentina no son los únicos gastos, “son sólo los directos, también están los indirectos, como el gasto que produce una persona con EPOC que quedó discapacitada o los llamados ‘Años de Vida Saludables perdidos (AVISA)’”, explicó a PERFIL Virgolini, al asegurar que se pierden 850 mil AVISA a causa del consumo de tabaco.

La muerte prematura de las personas es otros de los costos producidos por el cigarrillo, y es materia de estudio por parte los economistas. Mariana Conte Grand, de la Universidad del CEMA, es una de las autoras de un estudio que estimó este gasto, llamado “costo de la productividad perdida”, y que explica cuánto ha dejado de ganar el país por la muerte de una persona antes de tiempo a causa del cigarrillo. Según explicó Conte Grand, “es el 0,14 por ciento del PBI, o en términos corrientes 700 millones de pesos en 2007”.

“Cuando una persona muere a los 40 años producto del cigarrillo, deja de generar ingresos desde ese momento hasta el año aproximado en que hubiera muerto si no hubiese fumado; es lo se suele llamar vida estadística y es un costo indirecto del tabaquismo”, explicó la economista a PERFIL.

Los mitos. Aun cuando los costos de la epidemia del tabaco son altísimos, diputados y asesores en el Congreso continúan argumentando “eventuales pérdidas económicas” para eludir aprobar una ley que desaliente el consumo de tabaco, advirtió Schoj desde Aliar, al denunciar que “el lobby de las tabacaleras ha impedido aprobar más de 40 leyes en los últimos 30 años” en nombre de estas supuestas pérdidas.

En efecto, la que terminó ayer fue la última semana en la que la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados sesionó en forma ordinaria, por lo que el texto deberá ingresar en 2010 y recorrer nuevamente todas las comisiones en las que ya tenía despacho. “Si se aprobara esta ley en términos de impacto en la mortalidad, podríamos salvar entre 10 mil y 15 mil vidas por año”, declaraba Aliar hace una semana, en un llamado desesperado que los diputados decidieron no escuchar.

El proyecto proponía instaurar ambientes laborales libres de humo, prohibir publicidades y patrocinios por parte de las tabacaleras y la impresión de advertencias en los paquetes de cigarrillos con imágenes de las consecuencias del consumo. El Congreso también mantiene parada la ratificación del convenio marco de la OMS para el Control del Tabaco, una tarea que ya hicieron “más de 150 países del mundo, entre ellos Brasil, segundo productor de tabaco del mundo”, dijo Schoj.

Además del rechazo de las tabacaleras, las normas son resistidas por cámaras de hoteleros, gastronómicos y productores rurales, quienes aducen pérdidas económicas. Desde el Senado, el legislador jujeño Gerardo Morales, titular de la UCR, destacó que en su provincia como en otras “hay miles de trabajadores y de familias que viven de la producción tabacalera”, pero se manifestó de acuerdo con que la industria pague más impuestos siempre que se incrementen los envíos para el Fondo Especial del Tabaco, que intenta ayudar a los pequeños productores.

Desde el Ministerio de Salud, Virgolini se lamentó de que “evidentemente hay presiones de un sector económico” para que no se aprueben las leyes antitabaco, pero dice que con 40 mil argentinos muriendo cada año, en algún momento la Argentina y sus legisladores van a tener que ocuparse de la primera causa de muerte evitable, es la sociedad la que les está reclamando”.

No me gustaba fumar, pero era el remedio que encontré a mi voz finita. Esta relación entre el cigarrillo y yo empezó a los 20 años y desde entonces llegué a fumar 50 cigarrillos diarios, en 2002. Sí, la voz se me hizo más grave, pero mis problemas con la salud también. Llegué al punto de sufrir un infarto, situación límite que me llevó a dejar de fumar. Antes de este “stop obligatorio” había probado de todo y nada me ayudaba. Me ponía de mal humor y lloraba. Era como un alien que sólo se aplacaba con un cigarrillo.

Puros mitos

Verónica Schoj es coordinadora de la Aliar, la alianza de organizaciones civiles que busca combatir el consumo de tabaco, un flagelo que mata a 40 mil personas por año en nuestro país. Según ella, al menos diez mil personas podrían salvarse cada año de aprobarse una ley para desalentar el consumo, norma que el Congreso se niega a aprobar.

—¿Por qué no se aprobó todavía la ley antitabaco?

—Por el lobby de las tabacaleras en el Congreso y por y a través de las cámaras de gastronómicos y los productores; los supuestos efectos económicos adversos aparecen como obstáculos, pero en realidad son mitos, no está comprobado nada, más bien lo contrario.

—¿No afectará a los pequeños productores de tabaco?

—No, porque 85 por ciento de la producción se exporta y porque la gente no dejará de fumar de un día para el otro, habrá tiempo para adaptarse.

—¿Afectará a los bares y restaurantes?

—Tampoco, presentamos un informe que reúne 92 estudios sobre el tema y que dicen que los límites al consumo de tabaco no perjudican al sector.

—¿Tiene esperanza de que algún día se aprobará?

—El lobby de la industria (controlada por Philip Morris y Nobleza Piccardo) logró trabar más de cuarenta proyectos en treinta años. Las legislaciones nuevas de la Provincia y Ciudad responden a intereses de la industria. El Congreso es responsable de privilegiar el lobby.

—¿Se puede considerar el tabaquismo como una epidemia?

—Es una pandemia por la cantidad de afectados y la extensión geográfica… es como una enfermedad y su vector es la publicidad de la industria.

Sé lo que vive Sandro -Por Marilina Ross
Este “remedio” para mi voz que alguna vez consideré como tal me dejó un enfisema pulmonar y respiro con la mitad de cada uno de los pulmones. Después del infarto y mi rehabilitación durante 15 días, no podía ver un cigarrillo. Este hábito, que fui perdiendo de a poco, mientras atinaba a buscar el atado, lo reemplacé por grisines y los tenía en mi mano como si fueran un cigarrillo. En este proceso, también me ayudaron unas pastillas antidepresivas que me recetó el médico. Lo que yo recomiendo a los fumadores es tener cerca un vaso de agua. Cada vez que una persona que está tratando de dejar siente la pulsión, el deseo de fumar, que tome dos sorbos de agua y que lo repita cuantas veces le sea necesario. Sé lo que cuesta dejar de fumar y sé lo que le está costando a Sandro, lo que está viviendo. Lo mejor y lo más útil es utilizar la popularidad para dar mensajes de que el cigarrillo perjudica la salud. No necesariamente uno tiene que llegar a situaciones límite. Me costó dejar de fumar, pero no lo extraño. Aún hoy no entiendo cómo no podía dejarlo. Era mi lado oscuro.

Ficha del artículo:

Título original: $10 mil millones por año, el 16% del gasto en salud. Cada vez se gasta más en los males del cigarrillo
Fecha de publicación: 29 de noviembre de 2009
Medio: Diario Perfil, Buenos Aires, Argentina
Link: http://www.diarioperfil.com.ar/edimp/0422/articulo.php?art=18462&ed=0422

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A un año de la histórica elección de Barack Obama, los hispanos de Estados Unidos, que jugaron un papel fundamental en su triunfo, ya organizaron protestas masivas en reclamo del cese de la persecución y las deportaciones de inmigrantes indocumentados. Exigen la aprobación de la reforma migratoria, una de las promesas de campaña del presidente demócrata, que regularizaría a los indocumentados.

Por Pedro Ylarri *

Vestido con ropas blancas, anteojos negros y un sombrero de estilo texano, Salvador Zamora camina por estas horas bajo la sombra de alguna de las interminables autopistas de Estados Unidos. No ha hecho fama todavía, pero espera hacerla mientras recorre las radios latinas de las decenas de ciudades que visitará en su trayecto desde Los Angeles, en el extremo oeste, hacia la capital del país, Washington D.C., en el este. Tiene paciencia: son 3.600 kilómetros los que debe caminar en 5 o 6 meses. Partió hace unas semanas.

“Quiere llegar hasta la Casa Blanca, tocarle la puerta a Obama y pedirle que apruebe la reforma Martes 13”, explica a PERFIL Estéfani Marcos, una salvadoreña de 26 años empleada de un local de comidas rápidas del centro de Washington.

Se refiere a la nueva ley de inmigración, presentada en el Capitolio por ONG latinas el martes 13 de octubre pasado y bautizada de esa manera por la cadena Univisión. El objetivo es regularizar a inmigrantes que viven en Estados Unidos sin permiso oficial. Una promesa que el entonces candidato demócrata hizo en vistas de conseguir el apoyo latino en las elecciones de 2008. “Hay que esperar hasta 2010”, dice segura Estéfani, quien afirma ser militante por los derechos de los inmigrantes.

Pero no todos tienen la paciencia del caminante Zamora o de la joven Estéfani: cerca de 5 millones de latinos permanecen indocumentados en este país, una peligrosa condición que los obliga al encierro y al trabajo precario. Las organizaciones que trabajan en el tema ya han dado por terminada la “luna de miel” de Barack Obama en el poder, y con más o menos fuerza y presencia en los medios aseguran a PERFIL que “ya no se puede esperar más”.

Los inmigrantes están perdiendo el buen humor con el que apoyaron hace un año la consagración del primer presidente negro en Estados Unidos, planean marchas y protestas para presionar al Congreso y buscan caminos en las comunas para evitar la “persecución”, según relataron a PERFIL varias ONG con sede en el capitalino distrito de Columbia.

“Obama aseguró que apoyará una reforma que permita a los indocumentados pagar una multa, aprender inglés y hacer la fila para transformarse en ciudadanos… pero el proyecto está estancado”, aseguró Angie Drobnic Holan, periodista del St. Petersburg Times, en Florida, a cargo del llamado Obameter, una popular sección del sitio PolitiFact.com, que mide la veracidad de las declaraciones de los políticos norteamericanos.

Según el portal, Obama está cumpliendo o trabajando en unas 200 propuestas, mientras que sólo rompió 7 promesas y están frenadas otras 14, entre ellas la reforma migratoria. Para algunos, es una nueva “discriminación”, para otros sólo una “consecuencia de la crisis”. Todos reclaman que la ley sea tratada cuanto antes.

“La reforma migratoria tiene que ocurrir antes de que regrese a pedir nuestro voto para una reelección, no puede regresar a nuestra comunidad con las manos vacías”, consideró Juan Salgado, titular de la influyente Coalición pro Derechos de Inmigrantes y Refugiados, aunque aclaró que todavía “no estoy decepcionado… estoy confiado en que la empujará el próximo año”.

Desde el reconocido Consejo Nacional de la Raza (NCLR, por sus siglas en inglés), la directora en temas de inmigración y campañas, Clarissa Martínez, alertó que la nueva ley, al igual que la reforma sanitaria, están siendo “bloqueadas por las mismas personas”, con el único interés de evitar el éxito de la presidencia de Obama “en cualquier tema”.

Martínez, al igual que las oficinas del Consejo en otras ciudades de Estados Unidos, motiva por estos días a los inmigrantes a llamar a los despachos de los legisladores “para mantener el tema vivo… la lección es que la comunidad y el activismo es lo que funciona”.

Sorpresivamente, a lo mismo exhortaba a sus fieles un pastor de una iglesia evangélica del exclusivo barrio de Georgetown, al noroeste de Washington, quien aseguraba, en inglés, que “sin ley los inmigrantes vendrán igual, lo que sigue separando y destruyendo familias”.

“Lo que más fastidia es que nos han sacado de la agenda”, dice la salvadoreña Marcos, mientras atiende a clientes del otro lado del mostrador. En efecto, canales de noticias con fuerte difusión como Fox y CNN dedican sus coberturas especiales a las guerras en Irak y Afganistán, al debate en el Congreso por la reforma del sistema de salud enviada por el presidente Obama, o la final del campeonato de béisbol entre los New York Yankees y Philadelphia Phillies.

En la estatal National Public Radio (NPR), por ejemplo, una de las pocas noticias acerca de latinos la envía un corresponsal desde la ciudad de Dallas, según la cual al menos 20 policías de esa ciudad labraron multas por 250 dólares cada una a unos 38 conductores por “no hablar inglés”, una infracción que sólo aplica a los camioneros del NAFTA por cuestiones de seguridad.

No sucede lo mismo en ciudades como Nueva York, en donde 25 por ciento de los policías del distrito son nacidos en América latina o son hijos de hispanos, de acuerdo a un relevamiento del comisionado de la Policía Raymond Kelly, publicado recientemente. El estado de la Gran Manzana es el que alberga a la mayor cantidad de inmigrantes latinoamericanos, con 8 millones, seguido por las ciudades de Los Angeles (4 millones), en California; Chicago (3 millones), en Illinois; Houston (2 millones), en Texas; y Phoenix (1,5 millones), en Arizona, indicaron a PERFIL desde La Raza. Es allí en donde los latinos preparan una contraofensiva que los devuelva a la escena pública.

Protestas. El recordado “martes 13” de octubre fue el puntapié de una serie de protestas frente al Capitolio y en el parque aledaño llamado The Mall, que comenzó a expandirse hacia otros centros urbanos con presencia latina: “Hagan honor a su palabra… porque la paciencia se nos está acabando”, dijo aquel día el congresista demócrata Luis Gutiérrez, que encabeza los reclamos de los inmigrantes.

Desde entonces, varias organizaciones se manifiestan semanalmente frente al Capitolio, como Emigrantes sin Fronteras, que denunciaron en diálogo con PERFIL la muerte de más de 1 persona por día intentando cruzar la frontera, trabajo esclavo y la existencia de 12 millones de indocumentados.

Otro grupo, de la Alianza de Texas por una Reforma Migratoria (RITA, por sus siglas en inglés), aseguró que en ese estado esperaban reunir unas 30 mil firmas para impulsar la reforma y que también impulsaban la reforma de Obama del “ineficaz” sistema de salud de este país. Con el fin de “mantenerse en carrera” y “olvidados por el debate” que divide hoy a Estados Unidos, varias organizaciones lanzaron Latinos United for Healthcare (LUH), para apoyar la reforma y dar la voz latina al momento político.

El gobierno de Obama, por su parte, asegura que está dispuesto a definir una reforma del sistema migratorio para regularizar a quienes ya se encuentran en el país recién en 2010, aunque evita dar mayores precisiones. Al menos, se ha dado cuenta del malestar de la comunidad latina, y conversó en la Casa Blanca con 10 periodistas de medios latinos del país.

Mientras tanto, personas como Salvador Zamora asumen desafíos personales para presionar por la reforma y sigue atravesando el país de costa a costa. En La Raza, aseguran que “todo es correcto, lo importante es que nadie se quede sentado”.

Según las encuestas, el 67% de los votantes latinos apoyaron a Obama, frente al 53% que cuatro años atrás recibiera su predecesor demócrata, John Kerry. Es un apoyo que el primer presidente afroamericano necesitará para sus proyectos más controvertidos, que encuentran gran resistencia entre los conservadores.

Los más pobres y expuestos

La cantidad de inmigrantes de América latina viviendo en Estados Unidos se ha mantenido constante desde 2006, aunque su situación de precariedad laboral, pobreza y falta de cobertura ha crecido en algunos estados por la secesión económica y el endurecimiento de políticas restrictivas, denunciaron organizaciones no oficiales en base a estadísticas oficiales.

Un informe del Buró del Censo dado a conocer el mes pasado advierte que 1 de cada 7 personas residentes en el país es pobre; es decir: 47 millones de habitantes, y que la indigencia afecta más a los hispanos que al resto de las comunidades. Según el estudio, un 29 por ciento de los hispanos es pobre en Estados Unidos, al igual que el 17 por ciento de los asiáticos y el 11 por ciento de los negros. Nueva York, Boston, Los Angeles y San Francisco son las ciudades con más pobres.

Los latinos son también los que más sufren la vejez: se encuentran en desventaja al momento de la jubilación porque tienen bajos niveles de escolaridad, bajo potencial de ingresos, tasas menores de ahorro y no tienen planes de retiro, explican desde el Instituto Hispano para un Retiro Seguro.

Bill Maxwell, columnista del matutino St. Petersburg Times, de Florida, y un importante referente de la cultura afroamericana, explico a PERFIL que “miles de mexicanos son explotados en los campos de cultivo de tomate, incluso por personas de su misma nacionalidad”, con la única intención de que los cultivos sean centavos mas baratos en las góndolas. “Lo sé porque yo mismo trabajaba en las cosechas, y el trabajo que antes hacíamos los negros, ahora lo hacen muchos latinos”, sentenció.

*Desde Washington.

Ficha del artículo:

Título original: En Estados Unidos, los hispanos ya perdieron la paciencia con Obama.
Fecha de publicación: 14 de noviembre de 2009
Medio: Diario Perfil, Buenos Aires, Argentina
Link: http://www.diarioperfil.com.ar/edimp/0417/articulo.php?art=18093&ed=0417

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La “televisión pública” logra ratings históricos por el fútbol y varios ciclos prestigiosos, pero sigue con vicios antiguos, que en algunos casos el kirchnerismo ha potenciado, como el programa “Seis, siete, 8:00”, del productor Diego Gvirtz, cuyo objetivo es destrozar a los medios y a los periodistas que no defienden las propuestas K. Es una tarea prácticamente imposible saber cuánto gasta el Gobierno en este canal debido a que absorbe dinero por distintas vías y a que los voceros oficiales no se sienten obligados a suministrar esas cifras, que incluyen los 600 millones de pesos del fútbol “gratis”.

Por Pedro Ylarri y Sebastian Iñurrieta

En la era del cineasta Tristán Bauer, Canal 7 levanta cabeza en el rating gracias al fútbol pero también a ciclos prestigiosos, aunque manteniendo antiguos vicios: gastos e ingresos sin control, sueldos que llegan a ser exorbitantes, muchos empleados, un presupuesto en aumento al tercerizar varias de las emisiones más costosas y un agresivo servilismo político al Gobierno en algunos de sus programas de punta.

Bauer transita su segundo año al frente del llamado Sistema Nacional de Medios Públicos Sociedad del Estado (SNMP SE) con “puntaje ideal” en materia de rating –la medición promedio de octubre fue de 4 puntos, cuatro veces mayor que cuando se hizo cargo del canal estatal– y grandes figuras en su cartel; aunque, según pudo averiguar PERFIL, mantiene presupuestos sin control y en ascenso, al margen de los 600 millones que el Gobierno se comprometió a pagar por año por la transmisión del fútbol.

El cineasta, junto con el director ejecutivo del canal, Martín Bonavetti, lidian a diario con más de mil empleados públicos –buena parte de ellos con más de 25 años en el edificio de Figueroa Alcorta– que al ser beneficiados en el último acuerdo salarial con un aumento superior al 23 por ciento consumen casi 8 de cada 10 pesos de los que les transfiere el Tesoro nacional, superiores a los 300 millones de pesos por año.

A las presiones económicas se suman las que provienen del mismo Gobierno, siempre interesado en aparecer más que en los discursos públicos de la presidenta Cristina Fernández, transmitidos completos, y a las de la oposición, ONGs y hasta de la Auditoría General de la Nación (AGN), que vienen denunciado falta de rigurosidad en los balances e “incumplimiento” de las obligaciones asumidas.

En efecto, el estudio de los balances del SNMP que todos los años realiza la AGN suele concluir en un informe de pocas páginas en las que sencillamente se advierte que falta información y datos contables, algo que no podría ocurrir en ninguna empresa común.

Conocer cuánto dinero cuesta Canal 7 a los argentinos no es tarea fácil. El SNMP que dirige Bauer –que aglutina a Canal 7 y a Radio Nacional– es una de las 27 empresas del Estado nacional aunque, como es deficitaria, es solventada con recursos del Tesoro.

En el Presupuesto nacional aparece, en el apartado “comunicación” de los “servicios económicos”, uno de los pocos puntos en los que el presupuesto ejecutado en general termina superando al estimado al principio de año.

De esta manera, el presupuesto para este 2009 proyectaba gastos por 332,2 millones de pesos para el SNMP, aunque según reportes de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), el Gobierno debió destinar otros 20 millones en agosto para pagar sueldos; mientras que el presupuesto para 2010, hoy en estudio en el Senado, ya supone en forma adicional una “asistencia financiera para atención de gastos de operación” de 47,8 millones de pesos más.

Los 20 millones adicionales de este año fueron reasignados mediante los llamados “superpoderes” desde un plan de asistencia a las provincias, lo que generó fuerte críticas de la UCR, cuyo jefe de bloque en Diputados, Oscar Aguad, cuestionó que “en tiempos en que las provincias se encuentran asfixiadas financieramente, el Gobierno nacional les responde con esta quita de recursos para favorecer mayores gastos en sus políticas de comunicación”.

Los más de 350 millones de pesos destinados a Canal 7 y a Radio Nacional representan un incremento de cerca del 400 por ciento respecto a lo que el Gobierno pagaba en 2001, cuando fue creada la empresa estatal.

El presupuesto de 2009, además, no incluye la reparación del edificio del canal (a cargo de Planificación Federal) ni las erogaciones del canal Encuentro (pagadas por el Ministerio de Educación), según confirmaron a PERFIL desde la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Desde Canal 7 aseguraron a este diario que la gestión de Bauer “sumó en transparencia” y que se publican todos los gastos desde enero de 2008 en la web del SNMP.

Un estudio de esos datos realizado por PERFIL comprueba el considerable aumento en los gastos operativos: mientras que durante todo 2008 se contabilizaron casi 2.500 facturas por 18,9 millones de pesos, entre enero y el 13 de septiembre pasado ya se habían gastado 26 millones de pesos.

Salarios. Los ejecutivos del canal evitan referirse a los sueldos. Argumentan que “los salarios en la TV son irreales” y “no se condicen con la realidad del país” por lo que “queda mal decirlos”. Se animan, sin embargo, a contarle a PERFIL algunos casos, siempre manteniendo el off the record: Juan Alberto Badía recibe –al menos lo hacía hasta hace algunos meses– 15 mil pesos como conductor de Estudio País y otros 20 mil como productor del mismo programa. Por La vida es arte, un programa semanal, Lalo Mir recibe 12 mil.

Fuentes gremiales explicaron a este diario que esos sueldos son mayores en casos en los que existe una coproducción o bien directamente se terceriza un espacio, y citan por ejemplo el caso del programa Seis, siete, 8:00 del productor Diego Gvirtz, que paga el sueldo de los protagonistas del ciclo. Desde otro canal público aseguraron a PERFIL que, por ejemplo, “hay casos en los que el Estado es anunciante de un segmento producido por una productora externa, con lo que se recibe plata desde allí y desde el canal”.

Algunas producciones tercerizadas cuestan millones: “Los cuentos de Fontanarrosa, que produjeron Coco Silly y Daniel Aráoz, salieron 20 mil pesos cada uno de los 26 capítulos”, uno por semana, reconocen a PERFIL fuentes cercanas a la dirección ejecutiva del canal, es decir: se gastaron casi 100 mil pesos por mes.

Según la ANSES, el Sistema Nacional de Medios tiene 1.674 empleados. Un relevamiento de este diario realizado en base a la nómina de empleados con apellidos que comienzan con las tres primeras letras del abecedario revela que el 24 por ciento de los empleados tiene más de 60 años, y que casi todos son hombres.

“En Canal 7 cobran un promedio de entre 4 y 5 mil pesos en bruto y están en línea con el resto del sector, son los que más pagan después del 13 y del 11. A diferencia de la televisión privada, que van seis horas, seis días a la semana, ahí trabajan ocho horas, cinco días a la semana”, aseguraron a este diario desde el Sindicato Argentino de Televisión (SAT).

Según el último convenio, que incluye un aumento de entre 19 y 28 por ciento, sin embargo, un trabajador con 20 años de experiencia, título terciario y cuatro horas extras semanales cobraría entre 7 y 12 mil pesos. Los directivos sostienen que el canal tiene unos 900 empleados (contra los 1.674 que figuran en la ANSES), aunque aun así, pagan buenos sueldos, tercerizan muchos de los espacios. Por ese tema se debió “levantar en armas” el sindicato, y desde entonces un programa de divulgación médica comenzó a fabricarse con gente del canal, al igual que el magazine de la mañana.

Aunque parezca por momentos una caja negra que aspira dinero, Canal 7 recuperó dinamismo en la grilla y en octubre llegó a los 4 puntos de rating, un récord histórico, impulsado por algunos ciclos prestigiosos, como El espejo retrovisor (con Felipe Pigna), Peter Capusotto y sus videos, La vida es arte (con Lalo Mir), Laboratorios Dormevú (con Mex Urtizberea), Elepé y Científicos industria argentina, y la “inversión” de 600 millones de pesos en la televisación del fútbol.

Sin embargo, aún no han podido rentabilizar la señal y, pese al aumento en el rating, sus espacios siguen regalados: pautar en ellos cuesta desde 50 y 70 pesos el segundo (en el caso de Visión 7 primera mañana) hasta 220 pesos durante el prime time, muy lejos de los 4.400 pesos que llegan a costar en otras señales.

Las fuentes del canal consultadas por este diario sostienen que Bauer y Bonavetti insistirán en buscar que la señal sea estatal, con representación de todos los sectores, lo que genera fuertes roces con el entorno de Cristina Fernández, que pujan para que el canal se “politice” o bien sea usado para los “intereses espurios del poder”, como las operaciones desde el segmento de Gvirtz contra medios considerados opositores o sus periodistas.

Los directivos piensan, en cambio, en introducir en 2010 una ficción infantil en la que participaría la ex Patito Feo Brenda Asnicar y tratan de eludir con cortesía las críticas de los productores externos a que “el mundo se pare cuando habla Cristina”. Les está saliendo un poco caro: el decreto de creación del Sistema Nacional de Medios decía que desde 2004 el Estado sólo contribuiría con 24 millones de pesos. Pero el kirchnerismo ya invertía 147 millones en 2006 y llegará a 410 millones el año que viene.

Ficha del artículo:

Título original: Un canal publico que no informa sobre su presupuesto. Canal 7: fútbol para todos, más gastos y servilismo K
Fecha de publicación: 23 de octubre de 2009
Medio: Diario Perfil, Buenos Aires, Argentina
Link: http://www.perfil.com/contenidos/2009/10/23/noticia_0059.html

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Al menos 150 mil personas viven en las más de 20 villas miseria que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Las sucesivas crisis económicas han convertido lo que eran asentamientos transitorios para inmigrantes del interior y países limítrofes mientras se progresaba en auténticos barrios, donde se construye con material y donde se traza con nitidez la línea entre ricos y pobres, entre propietarios e inquilinos. Una vida dura, en la que no faltan los desclasados de la clase media y la amenaza constante del crimen organizado que no impide, sin embargo, la construcción de vínculos muy fuertes entre los vecinos.

Por Pedro Ylarri

Estela llegó del Paraguay dejando atrás a seis hermanos y su madre, y sin saber que la vivienda por la que que había pagado en Asunción estaba en la Villa 31 de Retiro. Vicente, en cambio, logró salir de un asentamiento siendo joven, pero volvió cuando no pudo pagar más un techo en el mercado formal; mientras que Susana nació en una familia de clase media que fue cayéndose del sistema con los continuos vaivenes de la economía, aunque de ser una “víctima” se transformó en una luchadora por los derechos de los villeros.

Historias como éstas se repiten en las más de veinte villas de la Ciudad, en donde unas 150 mil personas comparten vidas de privaciones e inseguridad, pero también de trabajo, esfuerzo y esperanza. Todo forma parte de una “identidad villera”, esa forma de ser de los habitantes de las villas que cada vez atrae más a antropólogos y a investigadores sociales, quienes comenzaron a trazar los elementos básicos de la idiosincrasia de los barrios precarios.

María Cristina Cravino, de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), es una de las especialistas que más conoce del tema en la Argentina. Su reciente libro, Vivir en la villa, revela historias de personas como Estela, Vicente y Susana, y analiza en detalle cómo son, qué dicen que son y cómo viven los residentes en las villas. Para ello entrevistó en profundidad a 67 personas, narró la historia de vida de otras 12 e hizo 298 encuestas en tres villas de la ciudad.

Los resultados sorprenden y muestran que la falta de soluciones al problema habitacional ha modificado la “forma de ser” de los villeros. En los asentamientos, por ejemplo, donde todo parece ser pobreza homogénea, ya es posible diferenciar dos clases sociales, “propietarios e inquilinos”; encontrar a niños que no salen de su casa durante días por los brotes de violencia ligada al narcotráfico; o bien dar con prácticas de elecciones de “presidentes” de las villas.

Son todas novedades respecto a los primeros estudios realizados en los años 90, aunque dos cosas parecen primar. Una de ellas es que la situación de precariedad ha empeorado. El padre Luis Farinello daba cuenta de eso cuando decía que cuando llegó a las villas, hace más de cuarenta años, “era todo chamamé y cielo abierto”, lejos de las “drogas y miseria” de ahora. Un habitante de la Villa 31 lo relata a su manera: “Antes sólo ponían unas chapas y compraban un lote en la provincia para construir mientras envejecían en la villa. Ahora construyen aquí con materiales y buscan mejorar su condición”.

¿Pero qué es ser villero?, ¿existe una identidad común? “Identidad única y estática no existe, se construye todo el tiempo teniendo en cuenta la relaciones que se establecen en el barrio y por la forma en que son vistos desde afuera; las villas son barrios que tienen una función residencial y son también un espacio productivo”, explica Cravino, que tiene otros dos libros escritos sobre el tema.

Al menos donde fue realizado el estudio, en las villas 21-24 del barrio porteño de Barracas, la 31 y 31 bis de Retiro y la 1-11-14 de Bajo Flores, perciben cómo, afuera, la villa es vista muchas veces como “gueto”, al primarse la condición étnica o la nacionalidad y al ser tratados como “espacios relegados”. Ser villero aparece, en Vivir en la villa, como una “contradicción” y “contrasentido”, ya que si bien esos barrios precarios son símbolo de pobreza, quienes viven llegan para salir de esa circunstancia, muchas veces de países limítrofes o del interior.

Clases sociales. El arraigo de décadas dio lugar a un extraño fenómeno que es la diferenciación, dentro de la villa, entre “ricos y pobres”, y que en los asentamientos se produce entre “propietarios e inquilinos”. La investigadora explica que “es un fenómeno nuevo”, ya que “antes era impensable el alquiler”. Los inquilinos habitan las villas en una situación de “mayor fragilidad”, dice Cravino, porque pueden ser expulsados en cualquier momento: su contrato de alquiler es mensual.

Entre quienes han nacido en la villa o viven desde hace varias décadas, los conceptos de “contrato”, “boleto de compra” o “escritura” han desaparecido. La investigadora dice a PERFIL que “todos en las villas saben que no son propietarios del lote pero sí de lo que construyeron”, o incluso de lo que han comprado. Un estudio reciente de la Universidad de La Plata (UNLP) asegura que un 20 por ciento de los habitantes de todas las villas de la Ciudad y el Gran Buenos Aires pagan alquiler por la casilla en la que viven.

Delegados del Gobierno macrista que trabajan en las villas, consultados por PERFIL, opinaron que la “vivienda” es el “valor supremo dentro de las villas”, ya que determina no sólo la condición social, sino el acceso a subsidios: “Tener una casa, cualquiera sea, es la esperanza máxima de todas” las madres que allí viven y es el bien que da más prestigio.

Buenos y malos. Las historias recogidas por PERFIL de los residentes, de las ONG vinculadas al tema y de los llamados “curas villeros” muestran que los lazos familiares y de solidaridad son más fuertes en las villas, incluso más que “en el mundo exterior”. El padre Guillermo Torre, uno de los encargados de las tres capillas que funcionan en la Villa 31 y 31 bis de Retiro, consideró a PERFIL que “estos lazos son aún más importantes que el clientelismo o las políticas meramente asistenciales del Estado, porque son ayudas que sacan del paso, pero también permiten ser a la gente promotor de su propio desarrollo”.

La cumbia villera y el fútbol, de acuerdo a los entrevistados, son dos condimentos esenciales de la idiosincrasia de quienes viven en los asentamientos, ya que forman parte de la esperanza de trascender que sobrevuela en las villas. Un deseo juvenil de ser reconocido fuera del asentamiento, que entre los adultos –en especial entre las mujeres– se plasma en el sueño de la vivienda propia.

Se enfrentan con la inseguridad y la droga, dos flagelos que afectan tanto fuera como dentro de la villa, y que han transformado la forma en la que viven. En las entrevistas de Cravino hablan madres de hijos que sólo salen para ir a la escuela, si es que van; revelaciones que se mezclan con las de las Madres del Paco, cuyos hijos fallecieron por esa causa. Para la autora de Vivir en la villa, los delincuentes son rechazados por el común de los habitantes de las villas, quienes son también víctimas del delito.

Vida democrática. Entre los cambios más llamativos de las villas está la intensa vida democrática de los villeros, plasmada en la elección de consejos de delgados –uno por manzana– y hasta sistemas presidenciales en los asentamientos. “Hay experiencias fuertemente democráticas, entendiendo que existe una participación de los habitantes en las decisiones de las demandas barriales y hay otros que no tanto… muchos ganan experiencia y demandan por el derecho a la ciudad”, explica Cravino.

Las elecciones de presidente de villa o delegados por manzana es regulada por Justicia y seguida de cerca por autoridades civiles; una de ellas es la ACIJ, cuya coordinadora de Redes de Trabajo en Villas Urbanas, Luciana Bercovich, explicó a PERFIL que “si bien las históricas Federación de Villas o el Movimiento Villero ya no tienen tanta llegada como décadas atrás, hay un proceso creciente a la reorganización”.

“La gente necesita resolver los problemas, y por eso hay más vínculos que en cualquier otro barrio; participan organizaciones políticas, sociales y la iglesia, pero se está formando una manera autogestiva de organizar y reclamar sus derechos, algo que antes no se veía”, finalizó Bercovich.

Los curas villeros y el drama de la droga

Los llamados “curas villeros”, desde el padre Carlos Mugica en los años 70 hasta José María “Pepe” Di Paola, en la actualidad, han sido testigos de los cambios que han vivido los asentamientos de la Ciudad y el Gran Buenos Aires en los últimos años.

Tanto Di Paola, amenazado de muerte al denunciar que las villas son “zonas liberadas” para el paco y la marihuana, como el padre Guillermo Torre, desde la villa del barrio porteño de Retiro, dan cuenta de la proliferación del abuso de drogas entre los jóvenes y el empeoramiento de las condiciones de vida desde 2004.

El padre Luis Farinello es otro de los fundadores del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo iniciado por Mugica y otros pares suyos de América latina y, en una entrevista reciente, denunció que si bien en los primeros años del gobierno de Néstor Kirchner “hubo una mejoría”, un aumento del empleo y más posibilidades, desde “el paro del campo y luego con la crisis internacional, empezó a estancarse la situación”.

“Pero la droga es lo más grave y no hay decisión política para enfrentarla. Detrás de la droga, seguramente, hay peces muy gordos, pero va preso el pobre pibe que consume en la esquina y hace barbaridades de las que después ni siquiera se acuerda”, expresó a la revista Mía, y añade que pensaba que “cuanto más viejo me hiciera, me iba a acostumbrar a ciertas cosas y, sin embargo, no es así. Envejezco, tengo más sensibilidad y lloro con más frecuencia”.

Ficha del artículo:

Título original: Un analisis de la identidad villera. Vivir en la villa: democracia, clases sociales y narcotráfico.
Fecha de publicación: 10 de octubre de 2009
Medio: Diario Perfil, Buenos Aires, Argentina
Link: http://www.diarioperfil.com.ar/edimp/0407/articulo.php?art=17389&ed=0407

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Un estudio de una ONG al que PERFIL tuvo acceso revela que nuestro país incumple varios acuerdos internacionales firmados en el tema del combate a la corrupción. El estudio también confirma el descrédito en el que han caído los organismos fiscalizadores del Estado, reclama ampliar la figura de protección a testigos y subraya que ni el Congreso ni la Justicia tienen hoy oficinas especiales para recibir denuncias por hechos de corrupción cometidos en su seno.

Por Pedro Ylarri

Si usted sospecha que la corrupción sigue siendo un problema grave en la Argentina y que no hay voluntad política para combatirla, entonces es probable que esté en lo cierto: un informe de una reconocida organización no gubernamental revelado esta semana a PERFIL advirtió que nuestro país incumple sus compromisos internacionales en la materia, mientras que el descrédito en ascenso de entidades oficiales que combaten el pago de coimas y sobornos está causando una fuerte caída en la cantidad de denuncias recibidas.

“Argentina suscribió en las últimas décadas compromisos cada vez más sólidos en materia de lucha contra la corrupción y eso implica que tenemos que adecuarnos a ciertos estándares; pero no logramos satisfacerlos, así que claramente estamos en una situación de incumplimiento de lo que el país se ha comprometido”, resumió en diálogo con PERFIL Luis Villanueva, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), a cargo del informe.

El documento, titulado “Mecanismos para la denuncia de hechos de corrupción”, asegura que pocas cosas han cambiado en el país en materia de corrupción en los últimos años, aun pese al proclamado “cambio institucional” que prometió Cristina Fernández. La crítica central de ACIJ es, sin embargo, no tan difícil de cumplir: que sean abiertas oficinas para poder denunciar hechos de corrupción. Sin ellas, es “prácticamente imposible” investigar, perseguir y sancionar esas prácticas.

La carencia se da en especial en la Justicia y en el Congreso, ya que el Poder Ejecutivo tiene dos estructuras que reciben denuncias e intentan combatir la corrupción: la Oficina Anticorrupción (OA) y la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA). Estas oficinas son recomendadas en la Convención Interamericana Contra la Corrupción, y las convenciones de la OCDE y de Naciones Unidas, todas rubricadas y ratificadas por la Argentina con “rango constitucional”.

El incumplimiento de nuestro país no es insignificante: “Esas convenciones están asentadas en la Constitución Nacional y tienen un rango superior al de las leyes nacionales”, dijo a PERFIL el constitucionalista Gregorio Badeni, por lo que es posible que Naciones Unidas u otra entidad “haga alguna recomendación o reclamo” por el incumplimiento, aunque “sin llegar a ser una obligación”.

El informe de la ACIJ busca aportar una “mirada independiente” del problema, ya que a la Argentina la controlan otros países de la región, y, como esas naciones también la incumplen, en general los reclamos son muy laxos, explicaron a este diario desde el tercer sector.

Además de oficinas específicas para denunciar hechos de corrupción en la Justicia y el Congreso, el documento advierte que es necesario aprobar un régimen para la protección de testigos de casos de pagos de sobornos, que garantice a los que denuncien no perder su empleo ni que sean perseguidos. Villanueva explicó que “también hay que cambiar la cultura sobre el tema, por la que ahora parece que el que habla es tratado como buchón”.

En la actualidad, el Ejecutivo protege a testigos sólo de delitos federales, como narcotráfico y secuestros, “pero no hay garantías para quienes denuncian hechos de corrupción”, dijeron desde la ACIJ. La desaparición del testigo Jorge Julio López muestra el nivel de eficacia de ese cuidado. Es por eso que las denuncias “anónimas” son la mayoría entre las presentadas en la OA y la FIA, una situación “indeseable”, ya que la falta de una “parte querellante” hace que la Justicia no llegue a buen puerto.

La solución para el problema de los testigos está al alcance del Congreso, luego de que el abogado y profesor Alberto Bovino encabezó una consulta amplia durante el gobierno de Fernando de la Rúa para escribir un anteproyecto de ley sobre el tema. En una entrevista con PERFIL, Bovino recordó que el proyecto fue analizado desde tres puntos de vista: penal, laboral y administrativo, aunque luego por la crisis “quedó en el olvido”. De todas formas, agregó, “estaba destinado a morir igual, a pesar de la crisis”, asegura el profesor de la UBA.

Un proyecto así no podía ser aprobado por un gobierno que luego sería acusado de pagar coimas en el Senado. En efecto, el anteproyecto auguraba la figura del “arrepentido”, que hubiera atenuado el cargo y la culpa de Mario Pontaquarto, quien denunció el pago de coimas y todavía sigue declarando en calidad de procesado.

Mala imagen, menos denuncias

Mala imagen, menos denuncias. Esa es la ecuación actual en la Oficina Anticorrupción (OA) y la Fiscalía de Investigaciones Investigativas (FIA), las dependencias que siguen acusaciones por pagos de sobornos, sobreprecios o cualquier otro hecho de corrupción en el Poder Ejecutivo.

Tras la salida del fiscal Manuel Garrido de la OA en diciembre 2003, y de la FIA en 2009, apareció “como una tendencia preocupante el constante descenso en las denuncias recibidas”, advierte el informe sobre el tema de la ACIJ. En el primer semestre de 2008, por ejemplo, en la OA sólo se recibieron 98 presentaciones particulares, cifra que contrasta con las 817 recibidas en su primer año, o con el récord de 1.133 que tuvo en 2004.

Cuando Garrido pasó de la OA a la FIA, este último ente registró un aumento importante de causas, al darse prioridad a las denuncias penales contra funcionarios. Pero en 2008, hubo una fuerte reducción en la denuncias, además de un aumento en la participación de los “anónimos”.

Lo que no se cumple:
Las normas globales exigen oficinas de investigación en todas las dependencias públicas.
El gobierno debe alentar a los ciudadanos a denunciar, otorgándoles garantías.
Los funcionarios deben estar obligados a dar a conocer cualquier caso de soborno.
Hay que reformar las normas procesales para acelerar y evitar el archivo de las causas.

Ficha del artículo:

Título original: Argentina no cumple acuerdos internacionales, La corrupción está ganando la batalla
Fecha de publicación: 5 de octubre de 2009
Medio: Diario Perfil, Buenos Aires, Argentina
Link: <a href=”http://www.diarioperfil.com.ar/edimp/0406/articulo.php?art=17319&ed=0406

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En una entrevista con PERFIL, Julio Godio, uno de los principales expertos en sindicalismo, circunscribió los conflictos laborales a Kraft y Subterráneos. Y, aunque admitió “un cuadro de malestar laboral que se manifiesta por fuera de las estructuras sindicales tradicionales”, afirmó que la oposición y los medios de comunicación más influyentes quieren que “el proceso argentino termine en una situación destituyente”, después del 10 de diciembre, cuando se produzca el recambio de legisladores. Agregó que “a la CGT la han dado por muerta muchas veces” y pronosticó que mantendrá su representatividad.

Por Pedro Ylarri

—Los conflictos en Kraft Foods y en Subterráneos parecen haber cambiado el panorama laboral en el país. ¿Se vienen los Soviets?
—Hay un fenómeno que está indicando la agitación obrera, aunque la situación no está signada por un aumento sustancial en los conflictos laborales. Hay un bajo nivel de conflictividad desde 2004 y se desarrollan normalmente las negociaciones sobre salarios y condiciones de trabajo, por ejemplo, con el Consejo del Salario.

—Pero éstos son conflictos reales…
—Es cierto que en los últimos dos años, por impacto de la crisis internacional y por dificultades en el sistema económico en el país, derivado de la crisis en el campo y de preocupaciones en el mundo empresario, se ha conformado un cuadro de malestar laboral que se manifiesta por fuera de las estructuras sindicales tradicionales.

—¿Por qué sucede eso?
—Porque las instituciones sindicales están pensando en un sistema de relaciones laborales que se ha estabilizado y no que está en crisis, y porque las transformaciones que se han producido en algunos sindicatos –derivadas de la conquista de cuerpo de delegados o comisiones internas– compiten con la estructura política del sindicato, lo que ha dado lugar a algunos fenómenos de conflictividad laboral, más vinculados a la espontaneidad del movimiento sindical.

—¿Hay dos frentes de conflicto, entonces; uno político y otro laboral?
—Sí, pero son datos menores. Si uno ve el cuadro de funcionamiento de los sindicatos en todo el país, hay confrontaciones en sólo dos lugares desde el punto de vista del instituto sindical: el cuerpo de delegados de Subterráneos y el conflicto en la ex Terrabusi.

—Algunos analistas dicen que estos conflictos son la “punta del iceberg”. ¿A usted qué le parece?
—El país está en plena transformación a partir del año 2003, y en ese proceso de transformación era previsible que ocurrieran algunos conflictos laborales muy duros, son normales.

—¿Por qué parecen trascendentales entonces?
—Hay sectores de la oposición al Gobierno que están intentando agudizar el malestar social y laboral, y que tienden a manifestarse desde el punto de vista político a través de los cortes de rutas.

—¿A qué sectores se refiere?
—Se alienta desde los diarios La Nación, Clarín y otros grandes medios de comunicación la idea de que se está al borde de un estallido; cuando en realidad es una operación política que forma parte de un proceso de consolidación de la llamada oposición. Es un espacio muy heterogéneo, pero los medios han tratado de presentarlo como un solo fenómeno.

—Los cortes de rutas, sin embargo, no fueron realizados por gente afín a la oposición, más bien por sectores piqueteros como la CCC y el MST, olvidados por el kirchnerismo y con una predisposición a abandonar las rutas hasta hace unos meses. ¿Por qué salen ahora?
—La crisis global de 2001 fue política, económica, social y laboral; y no era fácil salir. Si bien se crearon 4 millones de empleos en los últimos 5 años y se mejoraron las condiciones de vida de los ocupados, todavía tenemos bolsones de pobreza enormes, y al mismo tiempo bolsones de trabajo en negro. Esos fenómenos crean condiciones para la sobrevivencia de estos movimientos sociales, que encarnan políticas para auxiliar a los más desprotegidos. Estos no desaparecieron ni van a desaparecer fácilmente.

—¿El resurgimiento de estos grupos indica entonces que las condiciones de trabajo están peores que años atrás?
—No están peores que años atrás, pero seguimos mostrando indicadores de vulnerabilidad muy altos como la pobreza y el trabajo en negro. Ya no es la desocupación: el problema es la pobreza y el trabajo en negro, que ya afectan al 40 por ciento de la población económicamente activa.

—La historia de los sindicatos muestra que éstos absorbían la mano de obra en negro en tiempos de “vida austera y pleno empleo”. ¿Por qué los gremios ahora abandonan a esta gente?
—Porque se quebró la sociedad salarial, por el alto nivel de desocupación primero, luego de 2001, y el crecimiento de la pobreza. La pobreza históricamente ha sido del 7 u 8 por ciento, ahora estamos en una pobreza del 30 por ciento. Además, en una historia en la que preexistió la sociedad salarial y su organización, se facilita que aparezcan los piqueteros y las movilizaciones altamente organizadas porque recogen una tradición anterior. Eso es lo que sucedió en 2001.

—¿A esa “organización” se refirió el ministro Carlos Tomada cuando habló de las protestas por Kraft?
—No. Estos movimientos, los piqueteros, tienen alas fuertemente contestatarias, que ponen el centro en lograr que se produzca una insurrección popular, a la que llaman el “argentinazo triunfante”. Dado que son muy débiles y su presencia en las fábricas es ínfima, buscan encontrar alguna forma de movilización que exprese ese malestar social existente entre desocupados y en los altos niveles de pobreza. Esta línea de acción empalma con la que aplicaron las entidades del campo durante los cortes de rutas. No es raro que (los piqueteros) tengan un clima cultural y psicológico favorable para cortar las rutas, y que a su vez esté estimulado por aquellos que quieren que el proceso argentino termine en una situación destituyente.

—¿Usted percibe que el clima podría terminar en una salida anticipada del Gobierno?
—Digo destituyente en el sentido de que hay un proceso de oposición al Gobierno que intenta crear una situación de dualidad de poder, y que esperan poder consolidar desde el 10 de diciembre. Esto consistiría en que habría un Congreso con mayoría de la oposición, enfrentado a un gobierno que sería debilitado. Si esto se produce en un clima de crispación política no hay por qué dejar de sospechar que está el intento destituyente, vinculado a desplazar del poder al Gobierno.

—Volviendo a los sindicatos: ¿la CGT tiene alguna responsabilidad en el surgimiento de estos conflictos políticos gremiales?
—No se le podría adjudicar responsabilidad a la CGT o a la CTA, porque esto tiene que ver con el proceso y la evolución de la estructura económica en Argentina. Si buscamos responsables, éstos vienen por el lado de la estructura de los partidos políticos tradicionales y con algunos lobbys que se hicieron fuertes durante la época de Menem y durante la Alianza.

—¿Usted cree que los sindicatos siguen teniendo representatividad y legitimidad en las bases?
—Sí, aunque están en un proceso de búsqueda y transformación que se plasma en la Declaración de Mar del Plata. (…) Pero la idea de unicidad sindical prevalece siempre y es anterior al peronismo. Esta es parte de la cultura, los trabajadores quieren un sindicato unico, siempre.

—¿Si proponen cambios, entonces hay problemas? ¿Se puede hablar de un debilitamiento de la CGT?
—Y sí, claro que hay problemas. Respecto al debilitamiento de la CGT me parece que es muy apresurado decir eso; a la CGT la han dado por muerta muchas veces, y hace unos meses hizo una concentración con 100 mil trabajadores.

—¿La pelea entre los llamados gordos y la dirigencia de Hugo Moyano no altera el espíritu de concordia y pluralidad que habla la Declaración de Mar del Plata?
—En la declaración está la necesidad de ampliar el funcionamiento de las comisiones internas y los cuerpos de delegados, y dotar de mayor pluralidad a la representación sindical, de cara a los cambios que ha habido en el sistema político argentino. El sistema sabemos que ya no responde a una mayoría aplastante del peronismo, como se demostró en las últimas elecciones, y tiene ahora un arco político mucho más diferenciado, que también se expresa entre los trabajadores.

—¿Podemos pensar entonces en una CGT no tan peronista?
—No, podemos vislumbrar una CGT peronista pero en proceso de apertura.

—¿Pero esta apertura no se da entre los trabajadores del subte o en los de la ex Terrabusi?, ¿qué pasó en Kraft Foods?
—El conflicto de Kraft tiene su origen en la crisis por la gripe, cuando un grupo dentro de la empresa generó una situación de pánico y de reclamo de los trabajadores para mejorar la política de higiene. La empresa, en vez de absorber la posición crítica de los sindicatos, enfrentó a la comisión interna que, siendo de una línea de izquierda tradicional, entró en el juego y se transformó en una batalla totalmente irracional, muy difícil de resolver.

—¿Es un caso aislado?
—Estos conflictos no son nuevos, en los años 60 esto ocurrió previo al Cordobazo.

—¿Podemos esperar más conflictos entonces?
—Hay malestar. Y como hay malestar en un momento de desorden político por la lucha abierta por el poder, se puede crear una situación complicada.

Ficha del artículo:

Título original: Julio Godio, asesor especial del ministro de Trabajo, Carlos Tomada: “La oposición y los medios agudizan el malestar laboral”
Fecha de publicación: 3 de octubre de 2009
Medio: Diario Perfil, Buenos Aires, Argentina
Link: http://www.diarioperfil.com.ar/edimp/0405/articulo.php?art=17247&ed=0405

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En una autobiografía inspirada por el cáncer que lo atormentó en el último año, Edward, la última gran figura de la dinastía Kennedy, traza una crónica sincera sobre los errores y virtudes que cometió a lo largo de su vida y revela el entusiasmo que le generó Barack Obama, a quien apoyó fervorosamente. A continuación, tramos del prólogo, en el que cuenta su último gran objetivo: llegar a hablar en la convención demócrata, en agosto de 2008, para respaldar el cambio que venía. En EE.UU., el libro salió a la venta el lunes, con una tirada inicial de un millón y medio de ejemplares.

Por Edward Kennedy*

Fue en un soleado día de primavera del 20 de mayo de 2008 cuando desperté de mi estado de somnolencia por los medicamentos en una cama de hospital de Boston y miré el rostro de un médico, quien me explicó de manera sombría que estaba a punto de morir, y que sería mejor que empezara a ordenar mis asuntos y preparar a mis amigos y a mi familia para el final.

Mientras estaba en la cama del hospital, mis amigos y vecinos de Cape Cod se encontraban preparando sus barcos de verano. Tenía la intención de estar entre ellos, como de costumbre. Los Red Sox de Boston eran una buena apuesta para defender su campeonato mundial. Se encontraba en curso la campaña para las elecciones primarias para la presidencia. Mis colegas del Senado pujaban hacia adelante nuestra agenda legislativa. Y yo tenía trabajo que hacer.

No. Por mucho que respeto a la profesión médica, mi muerte no encajaba en mis planes.

Me negaba a pensar que me enfrentaba a una amenaza grave e impactante para mi vida. Los primeros síntomas de lo que podía ser un tumor cerebral maligno los había tenido tres días antes. Habían caído sobre mí cuando me dirigía hacia la cocina de mi casa de Hyannis Port, un lugar que ha sido el centro de mi vida y de mi felicidad durante la mayoría de mis setenta y seis años. No tenía otra intención que sacar a pasear a Sunny y Splash, mis muy queridos perros. Mi esposa, Vicki, y yo estábamos conversando y tomando nuestro café de la mañana en el solárium.

La vida parecía especialmente buena. Los dieciséis años de matrimonio con Vicki habían sido buenos. Su aguda comprensión y su amor por mí la habían convertido en una compañera indispensable. Hemos compartido incontables horas de alegría a bordo de mi antigua goleta de madera Mya, incluyendo noches de vela a lo largo de la costa, guiados sólo por las estrellas. Vicki me había dado tal sensación de estabilidad y tranquilidad, que casi había empezado a pensar en la vida en esos términos, estable y tranquila. Pero nunca aburrida. Ciertamente no podría serlo con esta divertida, apasionada, leal y tan enamorada mujer.

Vicki y yo habíamos disfrutado de un invierno y principios de primavera especialmente estimulante. El 27 de enero, emocionado e inspirado por Barack Obama y la esperanza que encarnaba, subí al podio en la American University en Washington para apoyar su candidatura presidencial. Las mejores esperanzas de la historia y el presente se convergían en torno a mí. Mi sobrina, Caroline Kennedy, estaba a mi espalda, junto a mi propio hijo Patrick y el mismísimo candidato. La multitud rugió su aprobación a mi mensaje. Y sentí que me alzaba con un renovado optimismo por mi país, y por las inesperadas notas de un viejo clarín que me llamaban una vez más a la campaña. Otros años, otras tribunas, otras aventuras respecto del pasado. “Es hora de una nueva generación de liderazgo”, declaré a la multitud de espectadores que permanecían frente a nosotros, como también lo hacía otra voz resonando en los pasillos de mi memoria.

Me sentí feliz y exuberante por el agotamiento inevitable de la campaña de las primarias demócratas, tal como me había sentido en Wyoming y Virginia Occidental en 1960 por Jack, y en Indiana y California en 1968 por Bobby. “¡Nadie dijo que no podíamos tener un poco de diversión!”, le grité al público latino en San Antonio, antes de cantar a todo pulmón mi versión española de ¡Ay, Jalisco, no te rajes! Me divertí tanto que la volví a cantar en Laredo. A mediados de mayo, Obama había ganado la crucial primaria de Carolina del Norte y tomó la delantera en cantidad de delegados. Algunos comentaristas ya declaraban el fin de la contienda. Sin duda tuve la intención de mantener la campaña a favor de él a finales de la primavera y el verano, pero no hubo tiempo de escabullirse en Nantucket Sound.

El 16 de mayo participé en una ceremonia en uno de mis sitios históricos favoritos, el New Bedford Whaling National Historical Park, donde me uní al congresista por Massachusetts Barney Frank y a otros, para cortar la cinta de inauguración del centro de aprendizaje marítimo Corson. Barney y yo habíamos obtenido créditos para reparar y hacer otras mejoras al edificio, después de haber sido dañado en un incendio en 1997. Me sentí especialmente bien ese día, y entonces deshice mi discurso preparado para hablar desde mi corazón sobre el amor que sentía por New Bedford, por su mar, y por cómo ese parque se conecta con nuestra historia. Vicki me dijo, después de eso, que Barbara Souliotis, nuestra querida amiga y jefa de Personal de toda la vida de mi oficina de Boston, quien estaba sentada a su lado, se volvió hacia ella y le susurró: “¡El vive realmente en el día de hoy!”. El cambio se percibía en el aire. Y mañana, Vicki y yo disfrutaríamos de nuestra primera navegación del año. Pero a la mañana siguiente, todo cambió.

Acababa de atravesar el living y estaba a dos pasos del piano de cola de mi madre, Rose, que solía tocarlo para la familia hace medio siglo. (…) De pronto, me sentí desorientado. Me acerqué a la puerta que conduce al porche, y me dije: “Bueno, voy a salir y tomar algo de aire fresco”. No llegué a ir afuera. Todo me parecía confuso; caminé hasta pasar la puerta principal y luego ingresé en el comedor y me senté en una silla. Es lo último que recuerdo hasta que me desperté en el hospital.

Más tarde me enteré de que había sido hallado casi de inmediato por Judy Campbell, nuestra empleada doméstica. Judy llamó a Vicki, quien todavía estaba en el solárium esperando mi regreso. Cuando Vicki me vio, corrió a mi lado, y le encargó a Judy que llame al 911, y luego a mi médico en Boston, el Dr. Larry Ronan. Mientras esperaba que llegue el equipo de rescate, Vicki se sentó en la silla a mi lado y me sostuvo la cabeza. Yo no estaba consciente de lo que hacía, pero me abrazó con ternura, me besó y me dio palmaditas en la mejilla mientras me susurraba: “Vas a estar bien”.

Tomó tan sólo cuatro minutos que llegara la primera persona. Era un oficial de policía de Hyannis, quien le dijo Vicki que “era un médico del Ejército”. “¡Oh, gracias a Dios! ¡Adelante!” Los paramédicos llegaron cerca de medio minuto más tarde. Nadie sabía qué diagnóstico darme. Sospecharon de un derrame cerebral. Me prepararon para llevarme al hospital. (…) Vicki, sentada en el coche mientras me preparaban e incluso antes, llamó por teléfono a tantos miembros de nuestras familias como pudo. Me lo explicó más tarde: “Sabía que esto iba a estar en las noticias, y no quería que ninguna persona cercana se enterase de esa manera”. (…)

El lunes siguiente la biopsia confirmó que tenía un tumor cerebral, un glucoma maligno en mi lóbulo parietal izquierdo. A Vicki y a mí, en privado, se nos dijo que el pronóstico era sombrío: tan sólo unos pocos meses como máximo. Yo respeto la gravedad de la muerte, he tenido muchas ocasiones para meditar sobre sus intrusiones. Pero no estaba dispuesto a aceptar el pronóstico del médico por dos razones.

La primera fue mi propia obstinada voluntad que ejerzo frente a la adversidad, uno de los muchos hábitos de disciplina que mi padre inculcó en mí y en todos mis hermanos y hermanas. Nos enseñó a nunca darse por vencido, a nunca aceptar pasivamente el destino, y a agotar en cambio hasta la última gota de voluntad y esperanza frente a cualquier reto. (…)

La segunda razón fue la forma en que el mensaje fue entregado. Francamente, me enfureció. Soy realista, y he oído malas noticias en mi vida. No espero ni necesito ser tratado con guantes de seda. Pero sí creo en la esperanza. Y creo que el aproximarse a la adversidad con una actitud positiva, al menos, le da a uno una oportunidad de éxito. Acercarse con una actitud derrotista predestina el resultado: la derrota.

Por difícil que era escuchar las noticias acerca de mi enfermedad, no era nada en comparación con los golpes que había sufrido cuando dos de mis hijos habían sido diagnosticados con formas especialmente letales de cáncer. Cuando Teddy Jr., entonces de doce años, descubrió el bulto debajo de la rodilla que resultó ser cáncer de huesos en 1973, nuestro médico nos advirtió que muy pocas personas sobrevivían a esa forma de la enfermedad. Estábamos decididos a que Teddy sería una excepción. Su pierna tuvo que ser amputada y tuvo que soportar dos años de los más dolorosos, medicación y terapia. Pero, mientras escribo esto, Teddy es un cuarentón felizmente casado, empresario y abogado, y padre de dos hijos preciosos.

Y luego, en 2002, a mi hija Kara se le diagnosticó “cáncer inoperable” de pulmón. Se enfrentó a las probabilidades de supervivencia. Al igual que con Teddy, la familia se negó a aceptar ese pronóstico. Hoy en día, mientras escribo esto, Kara está sana, y es una activa madre de dos hijos que están floreciendo.

Y así fue como enriquecidos con la experiencia y nuestra fe, Vicki y yo decidimos volver a luchar. Y empezamos a desarrollar un plan de acción: “Vamos a dar un paso a la vez”, nos decíamos el uno a otro. (…)

Mientras navegábamos y digeríamos la noticia, le pedimos a nuestro querido amigo y doctor Larry Horowitz que alineara un equipo de médicos para que pudiéramos consultar. (…) Al final de la reunión con ellos, se había decidido un plan para la cirugía, seguida de quimioterapia y radiación. A diferencia de algunos tipos de cáncer, el mío sería tratado como una enfermedad crónica, que requiere tratamiento continuado después de la fase inicial. (…)

La cirugía se realizó como los médicos esperaban. Y entonces Vicki y yo nos fuimos felices a nuestro hogar en Hyannis Port, para una semana después empezar a planificar nuestros pasos hacia un objetivo secreto que ella y yo habíamos acordado: si todo salía bien, viajaríamos a la Convención Nacional Demócrata en Denver, para poder hablarles a los delegados.

Ser capaz de hablar en la convención demócrata en agosto se convirtió en mi misión y fue lo que tuve mente durante las sesiones de radiación y la quimioterapia durante el verano. El calendario se nos presentaba en nuestro favor: la radiación terminaría en julio, y nos habían dicho que podía esperar que la energía me volviese luego de eso. La convención debía ser a finales de agosto. Se me presentó como el objetivo ideal.

Mientras el verano se prolongaba, sentí que mis fuerzas volvían, tal como los médicos habían predicho. Sin embargo, no había garantía médica de que iba poder continuar con mis esperanzas. Y entonces decidimos mantener este proyecto en secreto.

Volamos a Denver el domingo 24 de agosto, un día antes de la convención abierta. En el apartamento en Denver que había alquilado, mis colaboradores y yo empezamos a estudiar mi discurso en un teleprompter. Después de un minuto o dos, levanté la mano y dije: “Realmente no me siento bien”. Sentí un fuerte dolor en mi costado y no sabíamos lo que era. Me llevaron a un hospital rodeado por tres médicos, todos ellos, casualmente, llamados Larry.

Increíblemente, después de atravesar la cirugía cerebral, la radioterapia y la quimioterapia y de haber logrado mi objetivo de estar listo y preparado para presentarme a los delegados en Denver, comenzó a dolerme, de la nada y por primera vez en mi vida, una piedra en mi riñón. Cuando los médicos estaban preparados para administrarme un analgésico muy potente, mi mujer, que suele ser imperturbable en medio de una crisis, rompió a llorar.

La apertura de la convención estaba programada para las 6 de la tarde. Alrededor de las 4.30 me desperté y le dije a Vicki: “Probablemente debería levantarme ahora y ver si puedo caminar sin caerme”. Logré hacerlo desde mi cama hasta el final de la habitación. (…)

“Vayamos”, dije luego. Vicki y yo íbamos sentados en los asientos del medio, entre el conductor y los doctores. (…) Yo puedo con esto, me seguía repitiendo a mí mismo. Yo puedo con esto.

Mi sobrina Caroline Kennedy hizo una introducción hermosa y emocionante. Y tras una película espectacular oímos la voz de locutor: “Señoras y señores, el senador Edward Kennedy”. Eso fue todo. Showtime. Mi esposa me acompañó al escenario y al podio, me tomo la cara, y me besó. Y luego fue a sentarse con el resto de nuestra familia. Y así, en la noche del lunes 25 de agosto de 2008, puede cumplir un sueño personal que no morirá jamás. “Es tan maravilloso estar aquí”, dije a los delegados en medio de los aplausos. “Nada, nada iba a mantenerme alejado de esta reunión tan especial,” agregué.

*Traducción: Pedro Ylarri.

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Cuando Carolina tenía 4 años, su mamá, Rosa, tomó una decisión muy difícil: autorizó una cirugía plástica para reducir el tamaño de la lengua de su hija y atenuar los rasgos “achinados” de los ojos. Carolina había nacido con el síndrome de Down, una alteración genética que afecta al 10% de los hijos de las mujeres mayores de 40 años. “Yo quería verla distinta y no me arrepiento”, admite la madre, en un acto de valentía que refleja una tendencia a estas intervenciones, no sólo en nuestro país. Los especialistas respetan esas decisiones e indican que la clave es reforzar la identidad y la familia.

Por Pedro Ylarri y Silvina Márquez

“¿Pero usted qué quiere, borrarle la cara?” Esa fue la pregunta que le hizo un cirujano plástico a Rosa Méndez cuando lo consultó sobre la posibilidad de atenuar algunos rasgos de su hija Carolina, quien había nacido con síndrome de Down en noviembre de 1980.

La niña, además de tener 47 cromosomas en lugar de 46 como la mayoría de las personas, salió del vientre materno con varios problemas del corazón, y sólo pudieron operarla del corazón al cumplir un año, cuando llegó al peso necesario para soportar la intervención. Mientras tanto, la deficiencia en el corazón le afectaba su respiración, y eso, sumado al gran tamaño que tenía su lengua debido a su problema genético, hacía que Carolina pasara mucho tiempo con la boca abierta: “No lo podía soportar”, cuenta su mamá a PERFIL casi treinta años después. Fue durante esos primeros meses que Rosa pensó que tener un hijo con síndrome de Down era demasiado para ella y “no podía conformarme con esta situación”. Expresando su estado de ánimo como una mezcla de angustia y desesperación “pensaba: la voy a mejorar”, se anima a revelar a este diario. Y lo hizo, porque para Rosa, era lo correcto. Soportó preguntas como las del cirujano, y en ese afán de búsqueda y ante el rechazo de dos especialistas en operar a Carolina, conoció al cirujano plástico Luis María Ripetta, director de la clínica homónima del partido de Vicente López, quien además de realizar otras cirugías estéticas operaba a chicos con síndrome de Down.

El caso de Rosa y su hija Carolina da cuenta de una tendencia que crece y se debate en la intimidad de las familias o en el hospital: cada vez son más los padres que recurren a la cirugía plástica para hacer desaparecer en el rostro de sus hijos la evidencia de que padecen síndrome de Down (SD), y combatir de esa manera el estigma de la discriminación. Lo hacen en especial a través de dos operaciones, las cuales forman parte de las prestaciones habituales que algunas obras sociales ofrecen a sus afiliados.

Una de ellas es la glosoplastia, que consiste en reducir el tamaño de la lengua, que en algunos casos de SD es excesivamente grande. La práctica, en la mayor parte de los casos, se realiza por recomendación del médico durante la infancia. La segunda es la cantoplastia, por la que se mueven levemente los cantos externos de los ojos para quitar la expresión “achinada”.

Tanto padres como médicos y asociaciones que trabajan con personas con estos problemas se muestran muy cautos en opinar sobre el tema, aunque en diálogo con PERFIL dicen con tono de advertencia que si bien la glosoplastia ayuda a que las personas con SD pronuncien mejor las palabras y la cantoplastia, a que vean más claro, “también muchos padres buscan apenas fines estéticos”.

La operación de chicos con SD con esos objetivos ha abierto un profundo debate sobre las posibilidades y conveniencias de tales prácticas. Al menos seis médicos o terapeutas de ONGs dedicadas al tema entrevistadas por PERFIL se opusieron a que los niños sean operados “sólo para que no se note su condición”, en especial por la incapacidad que tienen los casos más graves de SD de decidir si quieren o no someterse a las cirugías.

“No aceptamos disimular una discapacidad a través de una cirugía estética”, expresó Raúl Quereilhac, presidente de la Asociación Síndrome de Down (ASDRA) y padre de una joven con trisomía 21, como también se conoce al SD. Según su postura, a su hija “nunca la sometería a una instancia como ésa”, ya que “la integración a la sociedad no se logra disimulando las facciones, sino convenciendo a la gente del potencial de la persona con síndrome de Down”.

Si bien en ASDRA como en otras asociaciones de padres dicen “respetar” la posición de las familias que deciden operar a sus hijos, especialmente cuando se realiza por indicación médica, diferencian los casos de padres que lo hacen cuando sus hijos son pequeños de cuando ya son adultos. En el segundo caso, sostienen, es posible que los chicos “acepten” o incluso “decidan” en ciertas circunstancias hacerse las cirugías.

Luis Rodríguez, quien cuenta con una amplia experiencia como psicólogo de familias con chicos con esta problemática, cuenta a PERFIL que son “contados” los casos de niños con SD operados que ha visto, pero reconoce que la mayoría fueron intervenidos por “inquietud” de su familia. “Se pensaba que diluyendo los rasgos físicos no se notaría la diferencia. Sin embargo, en el síndrome de Down, además de los rasgos faciales y físicos, aparece el retraso mental, que lo evidencia como una persona diferente… y eso, eso no se puede modificar.”

Desde la Fundación para el Desarrollo Autónomo Laboral (Fundal), que promueve la integración de las personas con discapacidad en el mundo laboral, su directora, Stella Maris Páez, considera que cuando “a un niñito se le quiere cambiar la realidad modificando su cara, eso implica de alguna manera que el problema no está aceptado o que no se lo acepta tal cual es”. A la negación de la familia se le suma “cierto temor por la reacción” de la comunidad: muchos “temen que por ser como es, la reacción de la comunidad lo perjudique; pero en última instancia siempre es una cuestión de no aceptación”, opinó.

El caso de Carolina. Cuando la mamá de Carolina, Rosa, y su esposo, Sergio, tomaron la decisión de operar a su hija para reducir los rasgos de los efectos del SD, sabían que su situación iba a ser complicada, ya que pocas de sus amistades se mostraban de acuerdo. Así fue cuando tras superar los estudios y con la aprobación escrita de sus padres, a Carolina le operaron la lengua, entre cejo, párpados y las mejillas. Tenía cuatro años.

La operación demoró “una hora y media”, y ese mismo día pudieron retirarse del hospital con Carolina en brazos de su madre. Recién a los tres días pudieron darle de comer sólidos: “Sentía mucha culpa y me preguntaba por qué había hecho eso… pero no me arrepiento”, añadió Rosa, quien con sinceridad y valentía cuenta su historia, que es la de muchos otros padres en la misma situación.

La decisión, con el tiempo, les siguió trayendo problemas, ya que no siempre fue “apoyada ni respetada” por su entorno, incluso familiares y los directivos de la escuela especial en donde la niña asistía. Después de la operación, “la gente me decía que estaba todo igual, pero para mí no estaba todo igual”, cuenta Rosa. Era la discriminación la que se tornaba demasiado evidente.

—¿Rosa, por qué cree que operó a su hija?

—Yo siempre decía que era por ella, pero en realidad era porque yo quería verla distinta. A lo mejor la gente tenía razón en decirme que “le quería borrar la cara”, pero considero que fue para bien.

El porqué. Para los médicos y psicólogos, hay muchas formas de afrontar el nacimiento de un hijo con SD, una situación que afecta a casi 1 de cada 10 madres que dan a luz siendo mayores de 40 años, según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Tras el nacimiento, explican, se inicia un proceso de aceptación y de reorganización de la familia en torno al miembro con el síndrome.

Rodríguez, quien además de psicólogo es director de las asociaciones Amar y Puentes de Luz, de San Martín de los Andes, Neuquén, explica que “la familia pasará momentos de shock inicial y negación; y luego equilibrio y reorganización”. Para el especialista, hay familias que logran “aceptar y completar” la situación, mientras que otras “estarán toda su vida buscando esta reorganización”. Los estudios muestran cómo afecta en ese proceso el lugar en donde la familia vive, la clase social a la que pertenezca, la relación de la pareja y la cantidad de hijos que tenga antes del nacimiento del nuevo miembro.

Otros valientes familiares de chicos con el síndrome consultados por este diario reconocen que existe otra palabra que logra definir el momento en que reciben al mundo un hijo con el problema: duelo. De esa manera, de la negación van intentando adaptarse y encontrar cierta “estabilidad”, sostienen. Rodríguez coincide: “Asumir a un miembro de la familia con SD es un proceso asemejable a un duelo, y por eso habrá momentos de shock inicial”.

Aun así, cuando la familia logre adaptarse y vivir con alegría la situación, existen aquellos que recurren a las cirugías estéticas correctivas, que en algunos casos son voluntariamente aceptadas por los jóvenes con SD, y están en general motivadas por la discriminación de la sociedad.

Rodríguez considera “muy respetable” si un joven o adulto hace valer su autonomía y decide operarse, ya que “en definitiva, hace valer su derecho sobre su cuerpo y su persona, es decir que la decisión es parte de la inquietud de una persona que ha sido entrenada para que tome decisiones por sí misma”. Es en ese momento en donde entra en juego la educación.

La libertad. El SD, provocado por una alteración de los cromosomas en el momento de la concepción, limita en quienes lo tienen la capacidad de moverse y de crecer, y también la posibilidad de entender lo que sucede a su alrededor y de poder tomar decisiones conscientes. Es por eso que las cirugías estéticas para aminorar los rasgos son tan polémicas, ya que es en general la familia la que decide por la persona que será sometida. Pero no siempre es de esa manera.

“Un joven con SD puede decidir cambiar ciertos rasgos de sí, sea una cirugía, como también si quiere usar barba, teñirse el pelo o ponerse un piercing”, asegura Páez. De todas formas, es necesario ofrecerle apoyo psicológico, acompañarlo y que la cirugía sea el punto de llegada de un proceso, que seguramente no concluirá con una cirugía sino más bien con el trabajo de un rol social de la persona con discapacidad, añade.

En las asociaciones de personas con SD comparten el diagnóstico de los médicos cuando deciden operar a un niño o joven con trisomía 21 para mejorar la respiración o para tragar, pero sobre todo, recomiendan trabajar sobre “la identidad” de la persona con SD. “Al reconocerse, podrán aceptar y reconocer más fácilmente sus fortalezcas y limitaciones”, explica Luis Rodríguez, desde Neuquén.

La educación y la predisposición de los otros es fundamental también para Páez, porque “biológicamente, se tiene o no se tiene trisomía, en todas o en parte de las células”, pero la “real diferencia” la hace el sostén de la familia, de profesionales y el tratamiento.

Para Patricia Goddard, médica pediatra de adolescentes y coordinadora del Equipo de Atención para el Síndrome de Down del Hospital Alemán, “los avances en la atención médica y el desarrollo de las intervenciones tempranas y pedagógicas lograron que en la actualidad los chicos con SD vivan más tiempo y lleguen a la adultez con capacidades que eran impensadas”.

Para muchos, sin embargo, la voluntad de operarse –sea tomada por la persona o por su familia– sigue siendo un síntoma de una sociedad que discrimina al diferente y que hace un culto de la juventud, la belleza y la inteligencia.

Cuando el cine favorece la integración social

Ver, conversar, sonreír y emocionarse con una joven con síndrome de Down parece ser una tarea más sencilla si la relación se da entre la pantalla de un cine y un espectador. Tal vez por ese motivo haya tenido tanto éxito la película Anita, un film que demostró que aun siendo un tema tabú y difícil de tratar, son muchas las personas que intentan empezar a vincularse con aquellos que nacieron con ese problema genético y que de a poco se animan a compartir cosas con ellos.

Al menos ésa es la opinión recogida por PERFIL de varios médicos, musicoterapeutas y maestras que ayudan a las personas con SD en organizaciones civiles y escuelas especiales, quienes celebran por unanimidad el lanzamiento de la película.

El largometraje, obra de Marcos Carnevale, relata la historia de Anita, una mujer con SD, que a sus 35 años se encuentra perdida en Buenos Aires, aterrada y desorientada por la explosión de la AMIA en 1994. La protagonista es Alejandra Manzo, de 36 años, quien padece en la realidad del problema genético y asistía a la Fundación Discar (Discapacitados y Arte) cuando fue seleccionada por su directora, Victoria Schocrón, quien había sido invitada a leer el guión.

Anita fue distinguido por la Legislatura porteña como un film de “interés social”, por la vocación que tiene de dar a conocer el problema y eliminar las distancias entre los diferentes, según comentaron los legisladores que promovieron la iniciativa. Para las entidades de la sociedad civil, de la pantalla del cine sale un mensaje que alienta a los espectadores a integrar a quienes tienen necesidades especiales.

Mundo Alas. Hacen giras musicales por todo el país, son protagonistas de películas, sacaron varios discos y tocaron en un Luna Park colmado. Como si fueran los ganadores de un concurso televisivo o estuvieran en la piel de un artista consagrado, así son los integrantes de Mundo Alas, un proyecto de integración dirigido por el músico León Gieco que es inédito en la región.

Allí participan personas que afrontan diversas discapacidades, muchas de ellas motrices, que pese a las dificultades de haber nacido sin manos o con síndrome de Down descubren en su música su lugar en el mundo: y lo hacen tan bien y lo disfrutan tanto como cualquier otro artista.

Mundo Alas, la versión fílmica, fue estrenada a principios de año y responde al género de road movie. Es el diario de viaje de un grupo de jóvenes artistas que recorren la Argentina acompañando el talento de Gieco, y expresan su mirada del mundo: “Aquello que les preocupa, que los anima, que los inspira, en un show que combina música, danza y pintura. Un show donde se destacan el rock, el folclore y el tango”, explica la producción.

Sus protagonistas se dan a conocer por sus capacidades y no por sus discapacidades, lo que deriva en una mirada poco común y positiva de las personas en esta situación. El proyecto derivó en un disco editado por EMI y un concierto en el Luna Park que significó el fin de la gira. El origen del film es otra historia de película.

Gieco recuerda que hace diez años conoció “a Pancho en Rosario y cuando lo vi cantando todas mis canciones lo invité al camarín, en donde él me preguntó: ‘¿Qué tengo que hacer para ser un artista como vos?’. Como Pancho no tiene ni brazos ni piernas, se me ocurrió ponerle el atril de mi armónica y le dije: ‘Con esto sí podés tocar’”.

Al mes, hubo un concierto a beneficio del Hogar San Roque, donde Pancho reside y del que León Gieco es padrino. La presentación se hizo en un programa de televisión que conducía Juan Alberto Badía y la canción fue tan exitosa que en, en poco tiempo, con lo que ganaron compraron un minibús, que serviría luego para trasladarlos en esa aventura por las rutas argentinas a la que llamaron “Mundo Alas”.

Ficha del artículo:

Título original: Una historia que conmueve pero no es la unica, La chica con Down que fue operada para no ser diferente
Fecha de publicación: 13 de septiembre de 2009
Medio: Diario Perfil, Buenos Aires, Argentina
Link: http://www.diarioperfil.com.ar/edimp/0400/articulo.php?art=16837&ed=0400

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Los bajos índices de pobreza e inflación que difunde el INDEC son tomados como referencia por los países desarrollados y las entidades globales, que prefieren enviar su ayuda social a otros países de la región, como Brasil y Colombia. Esta causa, junto con la sospecha de falta de transparencia oficial, está reduciendo drásticamente el presupuesto de las entidades civiles, que deben competir entre ellas para mantener sus planes de asistencia. Como si fuera poco, el Gobierno analiza “estatizar” los envíos solidarios como hace Chávez en Venezuela, lo que ya puso en “alerta” a los países donantes.

Por Pedro Ylarri

El Gobierno nacional está analizando la posibilidad y conveniencia de administrar por sí mismo los fondos multimillonarios de cooperación internacional que reciben las organizaciones no gubernamentales (ONG) para realizar actividades con fines sociales, en lo que parece ser un nuevo y polémico capítulo en la escalada de estatizaciones impulsada por el kirchnerismo, que incluyó la nacionalización de los fondos de la ANSES, de Aerolíneas Argentinas y las transmisiones del fútbol.

La información fue confirmada por fuentes diplomáticas y de ONGs, quienes aseguraron a PERFIL que la Cancillería comenzó a enviar cartas requiriendo datos sobre inversiones sociales en el país a embajadas extranjeras y a las sedes consulares argentinas en el exterior. La vía diplomática es la principal receptora de fondos de ayuda a ONGs por parte de organismos multilaterales, países, entidades civiles globales y donantes privados; por lo que la misiva oficial causó “preocupación” y “sorpresa” y analizan qué posición tomar respecto al requerimiento de la cartera de Jorge Taiana.

“El pedido de la Cancillería se refiere a cuánto dinero reciben, en qué concepto, a qué ONG o institución se dirige, para qué proyecto y cuál es su tiempo de duración”, sostuvo a PERFIL un directivo de una reconocida organización civil, quien solicitó reserva, al destacar que la misiva incluye una sugestiva afirmación según la cual al Gobierno “le gustaría participar en el proceso” de administración de los fondos.

Las embajadas extranjeras todavía no han respondido al pedido oficial –en rigor, no tienen obligación de hacerlo– y se encuentran debatiendo qué posición común tomar. “La situación es complicada, porque involucra la soberanía y hay temor de que se avance al control de los fondos”, afirmó otra fuente del caso del tercer sector, quien aseguró que “hay contactos entre las embajadas, y entre ellas y el Gobierno”. Los dirigentes de al menos cuatro organizaciones civiles consultadas por PERFIL mantienen una estricta cautela, decidida en una reunión realizada hace diez días: “No queremos caldear los ánimos”, afirmó una persona que participó.

La Cancillería, por su parte, evitó contestar los siete llamados que PERFIL realizó durante las últimas dos semanas y tampoco quiso confirmar el avance oficial por el control de los fondos, sobre los que no se conoce a ciencia cierta de cuánto dinero se trata. Si bien las embajadas y las ONG entienden que “por ahora” se trata “sólo de un pedido de información”, tienen temor en que la administración de Cristina Fernández de Kirchner “importe” una polémica ley venezolana ideada por su presidente, Hugo Chávez, y que el dinero a administrar sea utilizado para “sancionar” a las ONG críticas o a “premiar” a las afines al Gobierno, al igual que lo hace con los medios a través de la distribución arbitraria de publicidad oficial.

La llamada Ley de Cooperación Internacional fue aprobada por la Asamblea Nacional de Venezuela en 2006, y si bien Chávez la promocionó diciendo que su objetivo era aumentar la ayuda del extranjero, una coalición de 62 ONGs de ese país denunció que “lesiona la vida, la esencia y el accionar independiente del movimiento no gubernamental en el país”.

Mal momento. La posibilidad de que el Estado avance en el control de los fondos extranjeros para las ONG ocurre en una de las peores circunstancias históricas en materia de financiación para las entidades civiles en la Argentina. Estas aseguran que el Gobierno no sólo “no se dedica” a conseguir más fondos en el extranjero y los reparte en forma “poco clara”, sino que en forma indirecta “espanta” la ayuda solidaria que llega directamente o a través de embajadas.

Sucede que la escasa cantidad de pobres que recuenta el gobierno kirchnerista a través del INDEC y la falta de transparencia gubernamental están provocando una “drástica reducción” en la ayuda internacional que recibe nuestro país, advirtieron a PERFIL directivos de Poder Ciudadano, del Cippec y de otras dos entidades que prefirieron el anonimato.

Según afirman, los indicadores de progreso que divulga el instituto de estadísticas provoca que organismos multilaterales y fondos solidarios elijan otros destinos como Colombia o Brasil, o incluso Africa, antes de ayudar a la Argentina.

“La tergiversación de datos sobre situación económica, financiera, social y laboral ofrece una imagen de la Argentina que evidentemente la presenta como un país donde muchos problemas ya están solucionados o en vías de solución”, explicó a PERFIL la presidenta de Poder Ciudadano, Delia Ferreyra Rubio. En consecuencia, los limitados recursos de la cooperación internacional “se orientan hacia países más necesitados”.

“Oficialmente”, el dinero en concepto de cooperación para el desarrollo económico que recibe el país de otras naciones o fondos multilaterales se ha mantenido constante durante los últimos años o incluso disminuido en términos corrientes. Sin embargo, si se incluyen subsidios privados o de ONGs internacionales la llegada de dinero para fines sociales cayó hasta 40 por ciento entre 2002 y 2008, período en que la cooperación mundial ha crecido, estimó Guillermo Correa, que lidera la RACI, una coalición de ONGs formada para fomentar la llegada de ayuda.

“En los últimos años la ayuda fue disminuyendo; es cierto que la Argentina nunca fue un país prioritario para quienes financian proyectos desde el exterior, pero en 2001, con la crisis, la llegada de dinero repuntó considerablemente respecto a la década anterior, aunque luego volvió nuevamente a bajar”, explicó Inés Castro Almeyda, directora de Desarrollo Institucional del Centro de Políticas Públicas para la Igualdad y el Crecimiento (Cippec).

Referentes de ONGs argentinas advirtieron en diálogo con PERFIL que la tergiversación de las cifras de pobreza, desocupación e inflación que divulga el INDEC del kirchnerismo transforma en “invisibles” a los que necesitan de ayuda. Aunque no sólo eso: también la falta de avances en materia de corrupción promueve una imagen “negativa” y “opaca” que espanta los envíos de fondos solidarios, dicen entidades locales y otras globales, como Transparencia Internacional.

Sobre el tema, la especialista de Cippec reconoce que “lo que no ayuda (para poder conseguir fondos) es la poca transparencia y claridad; un ejemplo son las estadísticas de pobreza o mortalidad infantil, la falta de información no ayuda a las organizaciones, y cada vez estamos peor”.

En concreto, datos obtenidos por este medio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) indican que las ayudas para el desarrollo en América latina se han mantenido cercanas a los 50 mil millones de dólares anuales en la última década, mientras que regiones como Africa han visto crecer los arribos de dinero solidario de 110 a 320 mil millones entre 1997 y 2006 (ver infografía).

La Argentina, siempre según la OCDE, recibió 81 millones de dólares en 2006, es decir apenas 0,03 por ciento de la ayuda que recibe Africa. Los números se encuentran incluso muy lejos de lo que reciben otras naciones de la región, entre ellas Colombia (más de once veces lo que llega a Argentina), Bolivia (siete veces) o Guatemala, que ve llegar más de cinco veces lo que se dona a nuestro país (ver infografía).

ONGs en problemas. La situación está preocupando a muchas de las 30 mil organizaciones que se estima existen en la Argentina y asisten problemas sociales, ya que la carencia de fondos genera una “virtual competencia” entre ellas. Es por eso que una decena de las más importantes ONGs han creado la Red Argentina de Cooperación Internacional (RACI), que lanzó en forma reciente un manual para conseguir apoyo en el exterior, ante la supuesta falta de capacitación en el tema y la escasa iniciativa oficial.

Correa, su coordinador ejecutivo, explicó que el trabajo de la RACI de por sí es arduo, ya que en primera instancia “la Argentina está calificada como un país de renta media, por lo que no es prioridad para Naciones Unidas”.

Además, América latina también es una región postergada. Es por eso que capacitan a las ONG chicas para que busquen ayuda.

“Lo que hacen los que invierten es mirar las estadísticas oficiales. Por eso, cuando miran los índices de pobreza te preguntan para qué queremos fondos ‘si estamos genial’; o si pedimos más fondos porque subieron los precios te dicen ¿pero si la inflación fue de 10 por ciento por qué pedís un 30 por ciento más”, explicó.

Pese al avance que significó reunirse y promocionar entre todos la ayuda, el panorama para las ONG no es el mejor. Al triple problema que tenían –falta de fondos, descrédito por las estadísticas y falta de transparencia– ahora se les suma la intención oficial de administrarles su propio presupuesto.

Sospechas sobre la Cancillería

Las sospechas de corrupción y falta de transparencia del Gobierno están provocando según las ONG un descenso en la cantidad de dinero solidario que reciben, por lo que ahora investigan el accionar oficial para evitar que los fondos terminen en una “caja negra”.

“Estamos siguiendo el tema e investigando y que si bien no hay datos concretos, sentimos que algunas cosas no están muy claras… notamos que la gestión de los fondos y las prácticas no son transparentes”, afirmó a PERFIL Guillermo Correa, encargado de la RACI, una red de entidades sin fines de lucro que promueve la llegada de fondos solidarios.

Correa, especialista en temas de cooperación, explicó que “eso es claramente un incentivo negativo, porque no genera vínculos de confianza con otros fondos y países… los que invierten no son tontos, ellos buscan que sus inversiones tengan un impacto real, por lo que si no pasa nada con los fondos que envían, no los mandarán más”, agregó.

Desde Transparencia Internacional, Delia Ferreyra Rubio, encargada del capítulo local y presidenta de Poder Ciudadano, agregó que “la preocupación por la falta de transparencia se refiere a fondos y préstamos que ingresan al Estado y que muchas veces no se aplican al destino para el que han sido solicitados”. Para ella, la situación se enmarca en las “falencias” oficiales para manejar todo el presupuesto, no sólo los fondos con fines sociales.

La Cancillería es el órgano sobre el que recaen parte de las sospechas. Su Dirección General de Cooperación está encargada de recibir los fondos y remitirlos a las instituciones que lo necesiten, aunque desde el ministerio se negaron a dar información pese a los insistentes llamados de este diario.

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Veinte horas de fútbol por televisión no es algo habitual, menos aún si no hay que pagar de más para verlas. Así transcurrió la primera fecha de la máxima división de fútbol, que ya empezó a marcar nuevos hábitos de comportamiento de los argentinos. Más hombres y jóvenes en sus casas, menos presencia en bares y confiterías, y amas de casa sin potestad sobre el control remoto son las flamantes postales del estilo de vida que llevamos durante el fin de semana, y que está cambiando.

Por Pedro Ylarri
Veinte horas de fútbol por televisión no es algo habitual, menos aún si no hay que pagar de más para verlas. Así transcurrió la primera fecha de la máxima división de fútbol, que ya empezó a marcar nuevos hábitos de comportamiento de los argentinos. Más hombres y jóvenes en sus casas, menos presencia en bares y confiterías, y amas de casa sin potestad sobre el control remoto son las flamantes postales del estilo de vida que llevamos durante el fin de semana, y que está cambiando.

A una semana del inicio del campeonato, los dueños de bares y cafés comienzan a armar los balances de la primera fecha y, al menos por ahora, las cifras no son tan negativas. “Es cierto que hubo menos gente en bares, muchos dejaron de ir para verlos en sus casas, pero no sucedió con los lugares temáticos especializados en fútbol y tampoco con los que se ubican en barrios como Núñez, La Boca o Almagro”, explicó a PERFIL Manuel Novo, titular de la Cámara de Cafés y Bares.

Sucede que en barrios con gran concentración de hinchas de algún club, los locales son un “lugar de encuentro social”, aclara Novo. La Cámara se mantiene expectante, ya que una baja en la cantidad de comensales se notará en “partidos importantes” y podría dañar aún más la desgastada economía de los cafés y bares, que comenzó con la crisis y siguió con la gripe A. El saldo, por ahora, es una caída en ventas que no superaría el 10 por ciento, aunque “no hay cifras definitivas”.

Si aún los bares no ven una merma importante en sus ganancias, las amas de casa sí notaron una mayor presencia de los hombres y jóvenes en el hogar. Así lo expresaron los miembros del consejo directivo de la Liga de Amas de Casa en una entrevista con PERFIL. “Qué se puede decir, están chochos”, dijo una de ellas.

La presidenta de la Liga, Irma Muñoz, comentó a PERFIL que “mientras antes los hombres iban a la cancha o al bar, ahora están más tiempo en casa, y eso hay que aprovecharlo”. En especial, explicó: “Con los chicos, que en vez de ir a tomar cerveza ahora en casa están con amigos; lo que sí tendrán que ayudarnos”.

Vanesa Cruz, una joven presente en la entrevista, dice en sorna que durante la primera fecha del Apertura “mi padre y mi madre casi se separan”; pero no reniega del fútbol, y colabora los fines de semana en un club barrial que tiene a la pelota como actividad principal. El fútbol, según su versión, también es para todos, sin importar el sexo.

“Volvamos a la reunión familiar, a cosechar amistades”, concluyeron las amas de casa. Para ellas, por unanimidad, la ruptura del contrato entre Torneos y Competencias, el Grupo Clarín y la AFA tuvo un impacto inmediato en las costumbres hogareñas de los días libres.

Los datos de rating lo confirman. El domingo a las 18, el partido de River con Banfield midió 20,3 puntos entre los dos canales que lo televisaron; es decir, fue visto por 2,3 millones personas. El promedio de todos los canales en el mismo horario no suele superar 1 punto, según la consultora Ibope.

El cambio también se evidenció en la Web. En Twitter, donde los usuarios responden en 140 caracteres a la pregunta “¿qué estás haciendo?”, la platea masculina comentó el fin de semana pasado hasta los goles y pormenores de partidos que hasta hace poco eran intrascendentes. Muchos registran decenas de comentarios desde las dos de la tarde hasta el atardecer, que permanecerán guardados como testigos de un día de locura futbolera.

También Facebook, la popular red social, tuvo durante gran parte del fin de semana un tono masculino, con miles de mensajes sobre “fútbol para todos” o “free fútbol”, en grupos sobre el tema o las llamadas “actualizaciones de estado”, que sirven al igual que Twitter para revelar qué está haciendo uno, o al menos muestran qué dicen las personas que están haciendo.

Un profesor universitario, por ejemplo, se pregunta: “¿Qué hace la Presidenta mirando fútbol… no tiene una agenda un poco más seria?”. Otro usuario subió una columna de opinión de Clarín, y acusó al kirchnerismo de usar el deporte “para reconstruir su desmejorada imagen”. A las pocas horas difundía su alegría por la red: “Bueno, ya estamos… se viene Chacarita-Tigre”.

La fiebre futbolera de sábado por la tarde parece haber sido demasiado alta incluso para los desprevenidos fanáticos del deporte. Tal el caso de un periodista de la agencia DyN, quien después de tan maratónica seguidilla de partidos concluyó en su cuenta en Facebook: “Ahora que se terminó el monopolio del fútbol, el fútbol monopolizó la tele”. Parece que también al fin de semana.

Ficha del artículo:

Título original: Fines de semana distintos, Los dueños de los cafés dicen que la gente se queda en casa.
Fecha de publicación: 29 de Agosto de 2009
Medio: Diario Perfil, Buenos Aires, Argentina
Link: http://www.diarioperfil.com.ar/edimp/0395/articulo.php?art=16519&ed=0395

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La publicidad callejera de la Ciudad de Buenos Aires, un negocio de 120 millones de pesos anuales, es objeto de una dura pelea judicial, con reflejos políticos y en los medios de comunicación. Idas y vueltas de una batalla en tribunales que tiene paralizada en parte la licitación que debería otorgar la explotación del espacio público a las empresas. El cruce de acusaciones llevó al camarista Mario Filozof a dejar la causa, luego de que se lo cuestionara por parcialidad. El secretario de Medios del gobierno nacional, Enrique Albistur, está siendo acusado de favorecer a una firma familiar.

Por Pedro Ylarri

A la Ciudad de Buenos Aires parece no bastarle una década para resolver la licitación por el mobiliario urbano, como se conoce a la explotación de paradas de colectivos, pantallas verdes, chupetes publicitarios y señalización de las calles. Un negocio de 120 millones de pesos anuales y fuerte influencia política: los carteles son vistos por más de un tercio de los votantes de la Argentina.

Vencidos los contratos hace 13 u 8 años según el caso, la administración de Mauricio Macri adjudicó finalmente en marzo pasado a tres empresas la concesión del negocio, por la que las compañías mantienen el mobiliario y cobran la publicidad que se monta en él, y pagan a la comuna un canon superior a 5 millones de pesos.

Pero lo hizo en medio de una fuerte polémica y de denuncias cruzadas, que involucran a funcionarios porteños y a un legislador de PRO, a las compañías de publicidad que compitieron, a poderosos empresarios de los medios y el secretario de Medios de la Nación, Enrique Albistur. También a la Justicia, donde por estos días se desarrolla el más reciente capítulo de esta historia, en una nueva etapa poco transparente ante los ojos de los porteños.

El núcleo de la batalla se encuentra en la Justicia criminal, donde en 2007 se radicó una denuncia contra los hermanos mendocinos Eduardo y Orlando Terranova, dueños de Publicidad Sarmiento SA, que había salido primera entre las tres empresas empresas que Macri dio por ganadoras. La acusación fue motorizada por las firmas que quedaron afuera Spinazzola SA y Viacart, a la que los competidores de esta empresa, y fuentes independientes, la vinculan con Daniel Hadad. También por otra de las victoriosas, Grupo Al Sur SA, de la familia de Albistur, quien esta semana fue citado a declarar ante la sospecha de que benefició a esta compañíasiendo funcionario.

La acusación afirma que los Terranova habría fraguado información para ganar la licitación porteña, lo que fue rechazado en dos oportunidades por el primer juez que recibió la causa, Facundo Cubas, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal Nº 49. Sin embargo, en segunda instancia, el camarista Mario Filozof revocó el sobreseimiento y dirigió la causa a otro juez de primera instancia, Luis Rodríguez, quien en tiempo récord procesó a los Terranova y dictó una medida para evitar que se hagan cargo de la concesión.

Los ejecutivos de Publicidad Sarmiento, quienes tienen dividida su defensa, presentaron un recurso de casación señalando como “arbitrario” lo actuado por Filozof y pidiendo la nulidad de lo actuado por Rodríguez, al considerar que el nuevo juez fue designado fuera de la ley, supuestamente bajo la modalidad “forum-shopping”, una práctica irregular que permite a las partes “seleccionar” el juez del proceso.

La novedad del caso es la sorpresiva decisión del camarista Filozof de apartarse de la causa. Al justificar la designación de Rodríguez, sostuvo que “no existió ni pudo existir ningún interés moral” en su decisión.

Si bien no está previsto en la licitación, una eventual condena contra Publicidad Sarmiento podría dejar a la firma fuera del negocio; y eventualmente el cuarto oferente, en este caso Víacart, tendría intereses, tendría serias posibilidades de obtener el contrato.

La pelea judicial tiene su correlato político, con denuncias de la oposición contra funcionarios porteños por desconocer ordenes judiciales, firmar en forma “poco clara” un acuerdo de mantenimiento del mobiliario y otras “desprolijidades”.

La batalla de los empresarios por adjudicarse el contrato incluye a Albistur; a Spinazzola, que operó las paradas de colectivos hasta 2008; a los hermanos Terranova, fuertes en el interior y en Chile; y a Viacart. La guerra llegó a varios medios, algunos de ellos vinculados a Hadad, a Sergio Szpolski, al Grupo Vila-Manzano e incluso a los Terranova. Todos se dicen afectados por lo que el otro publica.

La pelea judicial. Desde 2000, las empresas y cámaras del sector eligieron la vía judicial como primer campo de batalla, lo que en la práctica postergó la licitación y benefició a quienes mantenían los contratos desde antaño.

Entre ellos, la firma Rainbow, propiedad de Albistur; y Wellon, cercana al empresario Carlos Avila, cuyos contratos de explotación de las pantallas verdes vencieron en 1996. Publicidad Sarmiento tenía en teoría hasta 2001 la concesión los llamados “chupetes”, aunque los mantuvo hasta 2008; al igual que Spinazzola y un grupo ligado a la alemana Siemens, que manejaban los refugios y paradas de colectivos.

La crisis de 2001 postergó la licitación, pese a que la Legislatura porteña aprobó dos normas para motorizar la compulsa.

Durante las gestiones de Aníbal Ibarra y de Jorge Telerman se redactaron los pliegos de licitación, que fueron modificados por reclamos de los competidores, y se iniciaron los debates sobre los diseños de las nuevas paradas y señalizaciones.

Según fuentes del mercado, entre 2001 y 2006 hubo al menos siete reclamos judiciales, de los cuales tres demoraron el trámite. Mientras tanto, se prorrogaban los contratos multimillonarios (ver infografía).

Los amparos y pedidos de no innovar fueron la “moda” durante los primeros años de la década, pero en los últimos 20 meses las denuncias cruzadas llegaron a los juzgados criminales y civiles. Hoy están procesados los Terranova y dos funcionarios de los municipios de Tucumán y Mendoza; y acusados seis funcionarios porteños, entre ellos Mauricio Macri y el legislador Patricio Di Stéfano.

Los cuestionamientos. La trifulca judicial comenzó en marzo de 2007, cuando Al Sur y luego Spinazzola presentaron la denuncia por presunta “adulteración de pruebas” contra los hermanos Terranova, cuya empresa Publicidad Sarmiento había quedado primera entre 8 concursantes tras la apertura del sobre 1 de la licitación, de ofertas técnicas.

La acusación decía que la firma mendocina había adulterado información sobre sus antecedentes de gestión de publicidad en la ciudades de Mendoza y San Miguel de Tucumán.

Allí fue cuando la acusación fue subestimada por Facundo Cubas, aunque luego la Cámara a cargo de Mario Filozof revocó el sobreseimiento; y obligó a volver a investigar, en mayo de 2008. En noviembre del año pasado, Cubas reiteró su rechazo a las imputaciones contra los hermanos Terranova, pero los camaristas volvieron a revocar el sobreseimiento, explicaron a PERFIL fuentes judiciales.

La polémica surgió cuando tras el fallo de segunda instancia de la Cámara y ante una licencia de Cubas, la Cámara ordenó seguir investigando el caso con el nuevo juez subrogante, Luis Rodríguez, quien en tiempo récord procesó a los ejecutivos de Publicidad Sarmiento y a dos funcionarios del interior.

Las decisiones del camarista Filozof y del juez Rodríguez fueron duramente cuestionadas por la defensa de los hermanos Eduardo y Orlando Terranova, que llevan adelante Joaquín Pedro Da Rocha y Mariano Cúneo Libarona, quienes interpusieron un pedido de recusación contra Filozof, y presentaron un recurso de casación contra el fallo de Rodríguez ratificado por la Cámara.

“Fue un fallo sin fundamento, sin competencia y sin contracautela… destruyendo a la empresa, ordenando al jefe de Gobierno abstenerse de ejecutar el contrato de licitación”, asegura la defensa en una de sus presentaciones.

En una entrevista con PERFIL, Orlando Terranova aseguró que todos los papeles presentados de sus antecedentes en Mendoza y Tucumán, que le habrían permitido ganar la licitación en marzo pasado, “son reales” e incluso mostró a este cronista los certificados de ambas comunas. Además restó importancia a tales certificados, ya que su presentación no era obligatoria. Por su parte, su defensor, Cúneo Libarona, afirmó que el desenlace judicial parece mostrar que “había que procesar a toda costa”.

En tanto, Da Rocha, representante de Eduardo Terranova, reclamó la nulidad de todo lo actuado por Rodríguez, como el procesamiento y el pedido de no innovar hacia la comuna, al argumentar que Filozof lo designó en “una elección arbitraria y parcial”, que “habilita la fundada sospecha” de que lo haya hecho con cierto interés. El juez Filozof finalmente pidió ser apartado de la cámara en los últimos días.

Desde la otra vereda, el ex juez Mariano Bergés, quien patrocina a Spinazzola, expresó a PERFIL que “lo único cierto es que la Justicia procesó a Publicidad Sarmiento y exigió al gobierno de Mauricio Macri a no habilitarle la licitación a esta empresa, cosa que no está cumpliendo”.

Spinazzola perdió la licitación y reclama también un resarcimiento en tribunales en lo civil. Sin embargo, no fue la única que quedó fuera de carrera que está interesada en el proceso contra Publicidad Sarmiento.

La batalla empresarial. Tres fuentes de la industria sugirieron a PERFIL que entre los principales interesados en el proceso judicial se encontrarían –además de Spinazzola– Viacart, la compañía que estaría vinculada a Hadad, dueño de los medios dueño del canal C5N, el portal Infobae y Radio 10.

Esta compañía quedó cuarta en la licitación y tenía serias posibilidades da quedarse con el negocio. Fue la responsable de apelar la sentencia que liberó de cargos a los Terranova y que derivó luego en los procesamientos a cargo del subrogante Rodríguez.

“La medida cautelar por la que el juez Rodríguez ordenó no innovar en la licitación estuvo a cargo de Viacart, no de Spinazzola. Primero fue Grupo al Sur, que tras ganar se desligó un poco de la causa. Pero luego estuvo Viacart, que fue aceptada como querellante. A partir de esa medida se ordenó suspender los términos de la relación entre Sarmiento y gobierno”, explicó el ex juez Bergés a PERFIL.

En realidad, según consta en la Inspección General de Justicia, no es Hadad el responsable de la firma, sino que la empresa está a cargo de Carlos Gaya y Alfredo Jacinto Díaz. En 1999, su director era José Luis Damato, quien hoy tiene acciones también, entre otras empresas, en Supergol SA, vinculada al periodista Marcelo Capurro, director de la revista Debate.

Sin embargo, “que Hadad está vinculado sale en todos lados, y nunca se encargó de desmentirlo”, señaló a este diario una fuente del sector, que no compitió en la contienda porteña.

En Publicidad Sarmiento también se vincula a sus rivales de Viacart con otro empresario de los medios, Sergio Szpolski, quien, en realidad, tampoco exhibe una relación directa con Viacart. “Las vinculaciones se arman por lo que publican los medios tanto de Szpolski como de Hadad”, dicen allegados a los hermanos Terranova. Aseguran que estos medios son utilizados para “tirar por una u otra empresa”.

Sobre este tema, la defensa de Terranova asegura que los empresarios son atacados en algunos medios, una estrategia que incluyó una acusación de “antisemita”.

Consultado por PERFIL, Szpolski negó tener vinculación con la empresa Viacart o intereses en la licitación por el mobiliario urbano porteño.

La trifulca por el mobiliario urbano, un negocio que supera los 120 millones de pesos por año de facturación, es además una estratégica fuente de influencia política. Será por eso que al secretario de Medios de la Nación le sigue interesando el tema. El funcionario consiguió nuevamente el contrato, esta vez con Grupo al Sur, que desde 2006 es propiedad de sus hijos y de su ex esposa, María de los Angeles Díaz.

Sobre esta empresa pesó en forma indirecta la denuncia del ex fiscal Anticorrupción Manuel Garrido, quien acusó a Albistur y a otros dos funcionarios de beneficiar a la compañía con publicidad oficial, por lo cual este funcionario fue citado esta semana a declarar a Tribunales. Al menos para el consejo de evaluación de la licitación, la acusación no tenía relevancia para el concurso.

Los Terranova fueron los principales ganadores de la licitación, y operan en mobiliario urbano de la Ciudad desde 1996. Tienen uno de los negocios más rentables, los llamados “chupetes”. Además mantienen la concesión en Mendoza, donde se encuentra su sede central, y operaron también en la ciudad de Tucumán (ver recuadro). Se hicieron públicamente conocidos gracias al hijo de uno de sus dueños, Orly Terranova, un destacado conductor del Rally París-Dakar y de la competencia que ahora se realiza en Argentina y Chile.

La puja política. El mobiliario urbano también se convirtió en los últimos meses en un tema de denuncias cruzadas entre diputados de la oposición y el gobierno encabezado por Mauricio Macri. La denuncia más grave es la que sostiene el “ibarrista” Eduardo Epszteyn, del bloque Diálogo por Buenos Aires. El legislador viene acusando a la comuna de haber otorgado a Publicidad Sarmiento el “mantenimiento” del mobiliario desde el 1º de enero de 2009, cuando Macri comenzó a hacerse cargo de las paradas de colectivos ante el vencimiento de las prórrogas de los contratos.

Contra el Gobierno pesan también otras acusaciones, que ahora son estudiadas por la Procuración de la Ciudad. Sucede que Macri habría incumplido la orden del juez Rodríguez de suspender el contrato con los Terranova hasta que haya sentencia firme.

Por la denuncia contra los Terranova también fueron acusados un ministro y otros tres funcionarios (ver recuadro). Mientras tanto, la comuna evita hablar de las “desprolijidades” y busca por estos días soluciones vía la Procuración.

También sigue comprometido el diputado Patricio Di Stéfano, quien habría firmado documentos relativos a la licitación como miembro del comité de evaluación cuando ya era diputado, lo cual es contrario a la ley porteña, explicó a PERFIL una letrada que asesora a Epszteyn en la Legislatura.

En la Justicia se debatirán en estos días los próximos capítulos de esta historia, quizá demasiado extensos y tediosos para los porteños, deseosos de al menos un buen reparo a la lluvia cuando esperan el colectivo.

Una piedra en el zapato

La publicidad callejera tiene a mal traer a Mauricio Macri. El apuro por cerrar la polémica licitación por el mobiliario urbano generó denuncias en su contra. Legisladores opositores lo acusan de beneficiar a empresas y por desprolijidades a la hora de llevar adelante la compulsa. Mientras tanto, la Justicia estudia presentaciones de compañías que quedaron fuera del negocio y que reclaman ahora una indemnización.

La primera acusación surgió del bloque ibarrista en la Legislatura, donde el diputado Eduardo Epsztein aseguró que Macri adjudicó en forma directa a la empresa Publicidad Sarmiento el mantenimiento de las paradas de colectivo entre enero y marzo de este año. Desde el Gobierno aseguraron que no fue “compra directa” sino que hubo una compulsa “por la que ganó el que menos cobraba”.

Pero entonces la firma Spinazzola, que quedó en diciembre fuera del negocio, hizo una presentación en la que propuso “hacer el mantenimiento gratis, sin cobrar un peso”, denunció a PERFIL su abogado defensor, el ex juez Mariano Bergés, “pero siguieron todo como antes”. “Eso da cuenta de que el macrismo no cumple ni las normas que la misma Gabriela Michetti aprobó cuando era legisladora”, dijeron en el entorno de Epsztein.

Tanto el diputado como Spinazzola acusaron además al macrismo de aprobar la licitación sin respetar una resolución de la Justicia: “Hubo una orden de no avanzar y Macri no la respetó”, dijo Bergés. Sobre este punto respondió a la prensa el ministro de Ambiente y Espacio, Juan Pablo Piccardo, al aclarar que dos de las tres empresas “están ya trabajando” y sobre la tercera “está trabajando la Procuración”.

El legislador de PRO Patricio Di Stéfano también está en la mira: según Epsztein, el edil habría firmado el informe final de la licitación siendo ya diputado, lo cual es incompatible. El documento otorgó a tres empresas el negocio de la publicidad callejera: Publicidad Sarmiento (de los hermanos Terranova), Grupo al Sur (cercana al secretario de Medios nacional, Enrique Albistur) y PC Publicidad.

La primera fue acusada de adulterar documentos públicos presentados en la licitación, una causa que es motorizada en parte por Viacart, una empresa que estaría vinculada al empresario Daniel Hadad y que había quedado a un paso de ganar la contienda.

Ficha del artículo:

Título original: Publicidad en la Ciudad de Buenos Aires, Una millonaria pelea callejera que se libra en los tribunales
Fecha de publicación: 15 de Agosto de 2009
Medio: Diario Perfil, Buenos Aires, Argentina
Link: http://www.diarioperfil.com.ar/edimp/0391/articulo.php?art=16195&ed=0391

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Una pericia forense realizada por una organización de la sociedad civil a pedido de la Justicia comprobó que las leyes que regulan la contratación de propaganda por parte del Gobierno porteño son anticuadas y no tienen en cuenta nuevos formatos de publicidad no tradicional, como el auspicio en programas de televisión y de radio. Sin normas aggiornadas, la contratación puede realizarse fácilmente a discreción del gobierno de turno y para publicitar a un candidato más que a acciones oficiales. El informe, al que tuvo acceso exclusivo PERFIL, complicaría al ex mandatario Jorge Telerman.

Por Pedro Ylarri

La maquinaria electoral ha dejado de funcionar. La televisión no tiene anuncios políticos, las calles lucen más limpias, sin tantos volantes ni pancartas, y las palabras dichas en la radio ya han desaparecido del aire. Quedan por saldar, como en cada uno de los comicios, las millonarias cuentas de propaganda, muchas de ellas abonadas con recursos del Estado con objetivo de respaldar a un candidato, más que difundir información de verdadero interés público, como fija la ley.

Al menos en la Ciudad de Buenos Aires, el vacío legal y la falta de compromiso político para interpretar el espíritu de las normas está dando “vía libre” al uso “discrecional” de fondos públicos con fines propagandísticos, hechos que podrían terminar en casos de “malversación” y “defraudación”, advirtió a PERFIL la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que fue convocada por la Justicia para realizar un informe sobre el tema.

“Bajo el paraguas de la ‘urgencia’, mediante normas de excepción, se han utilizado fondos públicos para hacer publicidad oficial (con contenido electoral), utilizando medios de publicidad no tradicional dentro de programas de radio y televisión”, advirtió Luis Villanueva, responsable desde ACIJ de una pericia forense requerida por la Justicia, en el marco de una causa contra el ex jefe de Gobierno Jorge Telerman y ex funcionarios de su administración.

El documento judicial, al que tuvo acceso en exclusiva PERFIL, demuestra cómo el entonces mandatario porteño pagó casi 160 mil pesos a la productora de Ideas del Sur, de Marcelo Tinelli, y a Radio Del Plata, sin realizar “una compulsa de precios”, aceptando que le cobren “lo máximo” y violentando “normas de excepción”, sin las cuales no habría podido hacer la contratación (ver recuadro).

Al margen de la causa, la asociación advirtió la inexistencia de normas que regulen o impidan el uso de dinero público con fines electorales, leyes “que desde hace tiempo vienen reclamando las organizaciones de la sociedad civil”, añadió Villanueva. Según ACIJ, al menos seis proyectos de ley en este sentido descansan a la espera de su tratamiento en la Legislatura porteña, pese a las promesas de mayor “transparencia” por parte de diputados del oficialismo y de la oposición.

La pericia a cargo del contador Alfredo Popritkin, sostiene que la contratación de publicidad está regulada, además de por el régimen general de compras y contrataciones, por los decretos 890/2001 y 1001/2001 y las resoluciones de la Secretaría de Prensa 652/2001 y la 1/2004, que obliga al Estado porteño a realizar compulsas de precios. Sin embargo, las normas de excepción y urgencia, entre ellas, los decretos 1370/2001 y 1386/2001, permiten realizar contrataciones directas eludiendo el régimen común.

Además de la irregularidad en la compra de publicidad, la falta de un marco normativo “tiene como consecuencia que la publicidad del sector público se utilice para promocionar la imagen de funcionarios o candidatos oficiales”, lo que constituye “una malversación de recursos públicos” y limita “la libertad de expresión”, expresó Popritkin, un experto en fraudes corporativos quien actuó como perito forense durante 14 años en la Corte Suprema de Justicia.

Para ACIJ, la publicidad no tradicional (PNT), como comentarios de conductores de radio o TV, podría vulnerar la libertad de información de la audiencia, ya que es difícil diferenciar la información de la propaganda. La PNT además no está tarifada, por lo que su precio suele ser “a ojo”: “Una ley podría incluso prohibirla para uso del Estado”, dice.

El mal uso de los criterios de “urgencia” fue alertado además por la Auditoria de la Ciudad, que en 2003 limitó el monto máximo para las contrataciones directas a 20 mil pesos. Lo hizo al advertir irregularidades en esa forma de contratos.

“Se han evadido las limitaciones que tiene la contratación directa. Para ello se divide el pago para que ingrese en el monto que la ley permite”, finalizó Villanueva en referencia a la causa que afronta Telerman.

Mientras los proyectos de ley están anclados en la Legislatura, ACIJ, al igual que Poder Ciudadano, recomiendan a diputados que aprueben normas claras respecto a “qué es urgente y qué no”, “qué es publicidad oficial y qué propaganda partidaria” y “qué métodos se utilizarán para comprar PNT”.

Telerman, complicado por un informe
La situación del ex jefe de Gobierno porteño Jorge Telerman en una causa por la presunta compra irregular de publicidad podría complicarse a raíz de una pericia forense independiente, que comprueba que habría violentado las normas para hacer propaganda por 150 mil pesos sin pasar por una licitación.

El documento judicial fue realizado por el contador Alfredo Popritkin y la ONG ACIJ en el marco de una causa iniciada por Miguel Bonasso por supuesta “defraudación”, en la que debieron declarar ex funcionarios porteños y el representante de Ideas del Sur, Fabián Scoltore, la productora de Marcelo Tinelli que cobró por las pautas.

La pericia, que cita párrafos de la causa, sostiene que Telerman contrató “en forma directa” publicidad no tradicional para la campaña “Actitud Buenos Aires”, por cifras superiores a las permitidas por ley, y que justificó la compra a través de normas de “urgencia”, situación que no pudo ser corroborada.

La contratación salió a la luz en abril de 2007, cuando el entonces jefe de Gabinete de Néstor Kirchner, Alberto Fernández, acusó a Telerman de contratar publicidad a través de la empresa Sol Group, allanada en el marco de la causa Skanska. Tras la denuncia, Ideas del Sur cambió la factura por otra, lo que también habría constituido una irregularidad.

Telerman fue absuelto en primera instancia por falta de pruebas, aunque la Cámara solicitó al fiscal Sandro Abraldes que profundice la investigación. En ese marco se inscribe la pericia.

Ficha del artículo:

Título original: Publicidad no tradicional (PNT), Cómo eludir el control de gastos,
Fecha de publicación: 5 de Julio de 2009
Medio: Diario Perfil, Buenos Aires, Argentina
Link: http://www.diarioperfil.com.ar/edimp/0380/articulo.php?art=15455&ed=0380

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Estimaciones de las embajadas y de ONGs recogidas en exclusiva por PERFIL indican que son profundos los cambios que implica la inmigración de Bolivia, Paraguay y Perú. El dinero que envían a las familias que dejaron atrás, muy importante para las economías de sus países de origen, se ha reducido dramáticamente en los últimos tiempos por la crisis y la devaluación del peso. Radiografía de los nuevos inmigrantes, que ya no vienen temporalmente sino con la idea de radicarse, en especial en Buenos Aires, donde poco a poco van modificando la fisonomía de muchos barrios.

Por Pedro Ylarri

Si en el próximo colectivo al que usted se sube hay más de diez pasajeros, es muy probable que al menos uno de ellos haya nacido en Bolivia, Paraguay o Perú. Y si ese colectivo atraviesa barrios del sur porteño, el porcentaje puede duplicarse o hasta triplicarse. El Censo 2001 registró 1,5 millón de extranjeros viviendo en la Argentina; aunque ahora datos consulares y de la Dirección Nacional de Migraciones revelan que el mapa actual de la inmigración es muy diferente al dibujado ocho años atrás, y que ya un 10 por ciento de la población de nuestro país nació en alguna de las tres naciones hermanas.

Datos de organizaciones civiles y estimaciones de las embajadas de Paraguay, Perú y Bolivia dicen que, en conjunto, ya serían entre 3 y 4 millones los ciudadanos de esos países viviendo en Argentina, aunque muchos de ellos permanecen indocumentados.

Motivados por la reactivación económica desde 2003, cientos de miles de bolivianos, peruanos y paraguayos llegaron a Argentina en busca de trabajo. Muchos lo hicieron siguiendo los pasos de amigos y familiares, que durante los años 90 arribaron al país con el objetivo de hacerse de pesos-dólares para comenzar una nueva vida en su regreso. Esta vez, con el peso devaluado y las peores condiciones en sus países, los inmigrantes llegan con la idea de quedarse y por eso se organizan en barrios de la Ciudad y el Conurbano, donde aprenden oficios, acuden a cursos de su interés, abren restaurantes de comida tradicional y defienden sus derechos.

El éxito del Programa Patria Grande, un plan del Ministerio del Interior para legalizar desde 2006 tanto a los que ya viven como a los recién llegados, es prueba de la continuidad del flujo migratorio: cerca de un millón de personas ya se anotaron para obtener su residencia, y, ante el caudal de gente que se agolpaba desde la madrugada para hacer el trámite, el mes pasado se debió aprobar una prórroga del programa y abrir una línea telefónica para solicitar los turnos.

“Los pedidos de radicación se multiplicaron por diez desde principio de la década, aunque la mayoría ya vivía en el país”, informaron desde la cartera política. La inmigración está produciendo un cambio en las costumbres en la Ciudad de Buenos Aires, en donde se estima que 15 por ciento de la población es extranjera, en su mayoria de países vecinos, un 5% más que en 2001, aunque lejos del 30% que se registraba en el censo de 1914. Aun sin estadísticas oficiales, se estima que en partidos como La Matanza y Florencio Varela los extranjeros ya son un 10%, mientras la cifra llegaría a 20% o 30% en barrios del sur porteño, de acuerdo a estadísticas de la comunidad.

Con casi un 10 por ciento de la población argentina nacida en Paraguay, Bolivia o Perú, ya son decenas las cuadras y barrios de la Ciudad y el Conurbano que crecen al ritmo de sus culturas. La inmigración, sin embargo, se manifiesta también en nuevas problemáticas, como la discriminación –según INADI más de un tercio de las denuncias por segregación tienen su causa en la nacionalidad–, el trabajo esclavo o en negro y la falta de acceso a la salud y a la educación por parte de personas indocumentadas. Ahora, la crisis les ha traído un nuevo problema a las familias que dejaron atrás: cuentan con menos dinero para mandarles.

El envío de remesas de extranjeros residentes en nuestro país ha caído entre 10 y 30 por ciento en lo que va del año, de acuerdo a cifras oficiales y extraoficiales a las que tuvo acceso PERFIL, y son el reflejo del empeoramiento del nivel de vida de los millones de inmigrantes que aloja nuestro país. La caída del empleo en sectores como la construcción, el comercio y la industria textil sumó un problema más a los ciudadanos de Bolivia, Paraguay y Perú, que en conjunto representan más de la mitad de los extranjeros viviendo en nuestro país.

La preocupación en las naciones limítrofes receptoras de remesas se manifiesta en varios informes de ONG de esos países y notas periodísticas sobre el tema, y pone en evidencia la continuidad de los flujos migratorios desde esos destinos. Es además una señal de alarma del impacto que la crisis mundial está provocando en Argentina, más allá de lo que los índices del INDEC puedan determinar.

Economistas, organizaciones no gubernamentales, periodistas y hasta residentes de los principales destinos de las remesas advirtieron en entrevistas con PERFIL una fuerte caída en el número de envíos y en los montos transferidos al extranjero, en especial a países limítrofes, una situación similar a la que se registra en toda América latina, y que preocupa también a organismos internacionales.

El Banco Mundial estimó en un informe reciente que el dinero que arribó a la región, desde Ciudad Juárez hasta Ushuaia, de países considerados del “primer mundo”, se contraerá en 2009 entre 5 y 10 por ciento, de 60 mil a 55 mil millones de dólares, lo que sería la primera caída desde 1995, cuando comenzó a estudiarse este flujo de divisas. El dato no es menor, ya que el dinero que recibe América latina en concepto de remesas “es superior a la suma de todas las inversiones directas de capital” que llegan a la región, según estadísticas del FMI.

Paraguay, Bolivia y Perú, tres de los destinos más importantes de los casi 500 millones de dólares transferidos desde Argentina en concepto de remesas, acusan una caída de entre 10 y 30 por ciento en los envíos de remesas desde nuestro país en los primeros tres meses de 2009. En conjunto, estiman que sólo en ese plazo, entre 50 y 75 millones de dólares dejaron de enviarse.

Lamento boliviano. Desde que el potosino Cornelio Saavedra encabezó la Primera Junta hace casi 200 años, miles de bolivianos cruzaron los 773 kilómetros de frontera en busca de trabajo. “Las primeras migraciones importantes se registraron a inicios del siglo pasado, cuando miles de bolivianos llegaban al norte argentino para trabajar en las cosechas”, para luego retornar al término de la zafra, explicó a PERFIL el cónsul de Bolivia en Buenos Aires, José Gonzales.

A mitad del siglo XIX, esa población golondrina comenzó a bajar hacia Mendoza, Córdoba y Buenos Aires; y mientras tenían relativo éxito económico, comenzaban a prolongar sus estadías en Argentina “o, por último, a echar raíces”. Según Gonzales, “hoy tenemos aquí hasta tres generaciones: bolivianos que cuentan con hijos, nietos y bisnietos nacidos en este país”.

Si bien el Censo 2001 registó apenas 233 mil bolivianos, datos de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia estimó que “más de dos millones de ciudadanos viven en diferentes países extranjeros, un 73 por ciento de ellos en Argentina”. La Embajada dice que entre 1,5 y 2 millones de ciudadanos de ese origen viven en el país, es decir un 5 por ciento de la población. La mayoría vive en los partidos bonaerenses de La Matanza, Morón y Tres de Febrero.

Si bien no existen estudios certeros sobre el tema, cifras del BID y del Banco Mundial sugieren que entre 7 y 10 por ciento del PBI de Bolivia corresponde a remesas, la mayoría de las cuales pasan a través de la frontera diariamente, por fuera del sistema bancario. A diferencia de los inmigrantes de Paraguay y Perú, muchos bolivianos llegan engañados al área metropolitana de Buenos Aires para trabajar arduamente en talleres textiles, “cobrando un sueldo que no alcanza para vivir y además enviar dinero, aunque muchos pueden hacerlo”, explicó una joven que reside en Núñez.

Logran en parte ser engañados por la dramática situación económica de Bolivia, que hace que un 61 por ciento de los bolivianos quieran marcharse de su país, según la consultora Apoyo, Opinión y Mercado, citada en un artículo del portal Comunidad Boliviana. La mayoría quiere emigrar a España o Estados Unidos, aunque lo hacen a la Argentina por una cuestión de “cercanía”, añade un reporte del Centro de Estudios Laborales y Agrarios (CEDLA).

Los bolivianos han hecho del barrio porteño de Liniers su “pequeña La Paz”: allí está el Centro de Comerciantes Bolivianos, y hay bares como Jamuy, donde las especialidades son el api y el fricasé, dos platos de origen boliviano; y bailantas como Mágico Boliviano.

Sin embago, según sus referentes, la comunidad boliviana es la que más sufre discriminación, el trabajo esclavo y la falta de vivienda. La Federación de Entidades Bolivianas (Fidebol) alerta que cerca de medio millón de compatriotas viven en forma clandestina, a raiz de la “explotación laboral que padecen”; mientras que la Cooperativa La Alameda, dirigida por Gustavo Vera, viene denunciando desde hace varios años la existencia de un centenar de talleres textiles ilegales, donde se somete a la servidumbre a los inmigrantes, casi todos bolivianos.

Deconstrucción paraguaya. Paulo y Cristina C., una pareja de paraguayos entrevistada al salir del local de Western Union en Belgrano, contó que el del día “fue el segundo envío del año, de 220 dólares”. El es obrero de la construcción y ella, empleada de un comercio de telas. Enviaban hasta diciembre pasado los 300 dólares mensuales que Cristina gana por mes, hasta que Paulo fue suspendido de su trabajo por falta de obras. “Ahora le dan la mitad (del sueldo) y ayuda al primo”, también albañil, aunque deben usar los dos ingresos para mantenerse.

La historia no es aislada y se repite entre muchos que viven en Argentina, aunque también de los que residen en España y Estados Unidos, los dos principales destinos de los paraguayos. En el país, los migrantes tienen la desventaja de no contar con seguro de desempleo. Además, “cuando el peso se devaluó a de 3 a 3,7 pesos, el dinero que recibe nuestra familia también disminuyó”, añadió Cristina.

La poderosa Asociación de Casas de Cambio del Paraguay aseguró a PERFIL que en el primer trimestre del año las remesas entrantes cayeron hasta 20% en comparación con el mismo período de 2008, tras crecer de 223 a 450 millones de dólares entre 2003 y 2007. La contracción “es similar a lo que sucedió durante la crisis argentina, cuando entre 2000 y 2002 cayó el arribo de remesas de 278 a 202 millones de dólares”, afirmó una fuente del Banco Central paraguayo.

Félix Lugo, del diario ABC Color de Paraguay, citó fuentes del BID que confirman una caída de 20 por ciento en la llegada de remesas; y, con relación a nuestro país, relató a PERFIL que “existe un flujo migratorio constante desde el Paraguay. El mayor porcentaje es informal, por lo cual sus remesas se canalizan por sectores también informales que escapan del control de las autoridades”. En este caso, las principales vías de envío son las “empresas de transporte, familiares, amigos o los propios migrantes que retornan al país temporalmente”, explicó.

Para el BID, las remesas llegadas a Paraguay fueron de 800 millones de dólares en 2008, es decir un 5 por ciento del producto bruto interno (PBI), por lo que una caída en las remesas podría generar una recesión económica por sí misma.

Mientras tanto, la llegada de ciudadanos paraguayos no cede, y el consulado de ese país en Buenos Aires estima que podría llegar a “medio millón” la cantidad de paraguayos residentes; mientras que, contando su descendencia, ya serían entre “1,5 y 2 millones” de personas.

La comunidad paraguaya ha importado el guaraní, así como sus gustos y costumbres. Se estima que existe una veintena de radios FM de la comunidad y se imprimen publicaciones como Ñeengatú y Paraguay, nuestro país, además de emitirse el programa de cable Viva Paraguay. Según el consulado, la “tasa de retorno es mínima” y, tras muchos años trabajando como obreros en la industria de la construcción, cuero, calzado y plásticos, muchos han logrado diversificarse hacia el comercio o montar pymes dedicadas a la construcción.

Pisco libre. Los peruanos son quizá la muestra más clara del flujo migratorio de los últimos años. Según el ultimo censo eran apenas 87.546 en 2001, repartidos en la Ciudad y el Conurbano, y un pequeño porcentaje en Córdoba y Santa Fe. Hoy, ocho años después, la embajada estima que unos 300 mil habitan en el país, de los cuales cerca de un tercio habrían adherido a Patria Grande.

Las historias cotidianas de los peruanos que llegaron a la Argentina son retratadas en radios y blogs por los mismos inmigrantes. Uno de ellos es Gustavo Huayre, hermano Carlos Huayre (ver recuadro), quien vino hace 14 años y ahora participa en programas en FM y es editor del mensuario Cholo con Che. Huayre cree que muchos de sus compatriotas vienen al país por un prejuicio positivo: “Creen que Argentina está mejor de lo que está”.

Productor del programa Puerto Libre de FM Mágica Internacional, el peruano identifica dos “olas” de migración peruana: la primera, hasta los 80, estaba formada por estudiantes, en su mayoría de Medicina y Derecho, que solían estudiar en La Plata. Pertenecían a familias de clase media o alta, y solían regresar a Perú. La segunda, a partir de la Convertibilidad, la formaron quienes vinieron a “probar suerte”. Esos peruanos eran “trabajadores calificados, casi todos con estudios secundarios completos”, dice.

Subraya que por su experiencia periodística sabe bien que “las remesas de los peruanos en el exterior son una de las mayores fuentes de ingresos de la economía peruana. Se usan empresas de envíos de dinero y, que yo sepa, son pocos los casos en que alguien regresa con dinero ahorrado”. Las estadísticas del Banco Mundial lo demuestran: Perú recibe entre 2.000 y 2.500 millones de dólares en remesas, entre un 2% y un 3% de su PBI.

La colectividad peruana se queja de las adversidades, pero no de discriminación – Por Silvina Márquez
Las ganas de progresar y ayudar a los suyos que quedaron en la tierra natal marcan las historias de miles de inmigrantes latinoamericanos que en busca de un progreso individual no dudaron en hacer patria en suelo extranjero.

La mayoría se niega a hablar de discriminación, aunque todos tienen historias sobre pedidos de documentos en la calle por “portación de rostro diferente”, o atención “diferenciada” en los hospitales públicos. Román Chagua, peruano, le da su dimensión exacta: “Son adversidades, nada más. Si no, nos hubieran echado a patadas”.

La historia de Michael sintetiza las de muchos otros peruanos, la más reciente migración masiva de países vecinos, que se suma a la ya consolidada de Bolivia, Paraguay, Chile o Perú. Llegó a la Argentina a los 18 años, para visitar a su mamá. “Me encantó el país y me quedé”, cuenta el menor de seis hermanos.

“Se veía una linda Argentina y era un polo atrayente para los extranjeros. En aquel momento el dólar estaba 1 a 1, podías juntar un dinero que en tu país se triplicaba”, agrega.

En plena crisis de 2001, Michael y su hermano Carlos se dieron cuenta de que la comida peruana era cada vez más popular, por lo que decidieron abrir un restaurante, el popular Cocoroco, al que el año pasado se le sumó el elegante Lucumma, ambos en Belgrano. “Corococo es un gran cantinón, que allá son típicos, y es para la colectividad. Lucumma apunta a un público argentino y extranjero, aunque trabajan todos peruanos. La idea es que el visitante se sienta como en Perú”, explica.

Si bien Michael cuenta que cada tanto visita su país y que a pesar de los años se extraña “todo: la familia, los barrios melancólicos de Lima”, él se siente más argentino que peruano. “Argentina es un país generoso, donde la rebuscamos e hicimos patria”. Hincha de Boca y de Alianza Lima, en ese orden, cree que regresar a Perú sería “como un retroceso”.

Su compatriota Román Chagua, más escéptico, espera que su hija termine sus estudios en Buenos Aires para poder regresar a su país con el resto de su familia. Considera que en Argentina hay mucho abandono de la niñez y tiene miedo por sus hijos de 6 y 9 años. “Los dos mayores se van a quedar, tienen su casita y pareja acá, todos peruanos”.

Padre de ocho hijos, Román tuvo que cerrar sus dos maxikioscos (encomenderías) en Chosica, a 60 kilómetros de Lima por la crisis económica que azotó el Perú en el primer gobierno de Alan García, y vio en Argentina un lugar para crecer.

Después de “haberse dado contra la pared, por venir con otras expectativas” trabajando de fletero y cantando en el subte, abrió un restaurante, Hatuchay, en la zona del Abasto. Pese al éxito económico, no se acostumbra al país: “Acá no sabés quién es tu vecino. Los peruanos somos más hogareños y capaces de aguantar todo con tal de no separarnos de nuestros hijos.”

Ficha del artículo:

Título original: La Argentina y la nueva inmigracion, El 10% de los habitantes nació en Bolivia, Paraguay o Perú
Fecha de publicación: 14 de Junio de 2009
Medio: Diario Perfil, Buenos Aires, Argentina
Link: http://www.diarioperfil.com.ar/edimp/0373/articulo.php?art=15064&ed=0373

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Estados Unidos se convirtió en el segundo país del mundo en hispanoparlantes, sólo superado por México. El castellano resistió los embates de leyes que prohíben su uso en dependencias oficiales y el desafío de la fusión con el inglés. Los estadounidenses que estudian español superan a todos los que aprenden otras lenguas extranjeras sumados.

Por Pedro Ylarri

La más polémica traducción de la obra insignia del español, El ingenioso hidalgo Don Quijote de La Mancha, comienza así: “In un placete de La Mancha of which nombre no quiero remembrearme, vivía, not so long ago, uno de esos gentlemen who always tienen una lanza in the rack, una buckler antigua, a skinny caballo y un grayhound para el chase”. Es la versión en spanglish del texto cumbre de Miguel de Cervantes, y una evidencia más de la batalla silenciosa que el castellano viene dando en Estados Unidos, devenido en 2008 en el segundo país con mayor cantidad de hispanos en el mundo, sólo detrás de México.

Asociaciones, institutos de idiomas, académicos y estadistas de la principal potencia mundial han abandonado sus dudas respecto al protagonismo del español en Estados Unidos, y ahora sostienen, en diálogo con PERFIL, que el castellano tiene un porvenir de expansión en la cultura anglosajona. Los hispanos ya son un 15% de la población norteamericana, y para 2050 se estima que al menos un cuarto de los residentes será de ese origen.

El español está derribando las barreras ideológicas y políticas que restringieron –y hasta prohibieron– su uso en el ámbito público durante gran parte del siglo pasado. Más angloparlantes lo estudian, más entidades lo utilizan y cada vez más ciudades exhiben sus carteles en ambos idiomas. “Ya no existe vergüenza entre inmigrantes o sus hijos para usarlo, se ha convertido en el símbolo de la resistencia y de la reafirmación cultural”, sostuvo a este diario el escritor español Eduardo Lago, director del Instituto Cervantes de Nueva York.

La institución, con sede en España, acaba de lanzar una enciclopedia sobre el tema, con más de 50 artículos y 1.200 páginas donde se describe el avance en Estados Unidos de nuestro idioma en ámbitos clave como el gobierno, escuelas, vida privada, medios de comunicación y otras manifestaciones culturales, bajo la premisa: ¿se está forjando una nueva nacionalidad hispano-norteamericana?

Desde Madrid, la directora del Instituto Cervantes, Carmen Caffarel, consideró que el español “no es una lengua extranjera en Estados Unidos, sino la segunda lengua del país”. Para justificar su tesis, cita la Oficina del Censo norteamericana: 132 millones de personas serán de origen hispano en 2050, “será por tanto el primer país hispanohablante” del mundo. Una tesis aún más aguda es sostenida por Lago: “El español es lengua extranjera y lengua madre a la vez, fíjese tan solo en los nombres de las ciudades: Los Angeles, San Diego, Sacramento…”.

Además, según Caffarel, “unos 6 millones de alumnos estadounidenses estudian español”, mientras que “las posibilidades de crecimiento en los próximos años las estimamos en 60%”. En cuanto a la industria editorial, dice que hay 200 empresas que publican en español, y que “las grandes editoriales imprimen los principales títulos simultáneamente en ambos idiomas”.

Como Lago, que advierte con matices el nacimiento de un país bilingüe y bicultural, el traductor de Don Quijote al spanglish, Ilan Stavans, en diálogo con PERFIL, aseguró que con el “interés genuino” que existe en Estados Unidos por el español, el país está en un momento de “encuentro” entre dos culturas, que parece ser “imparable”.

Sin embargo, no siempre fue así. El uso de los idiomas extranjeros en Estados Unidos estuvo dominado durante gran parte del siglo XX por la visión conservadora de quienes promovían el inglés como lenguaje oficial único. En los inicios del siglo pasado, las restricciones buscaron adoctrinar a alemanes, asiáticos y a los recién llegados del este europeo. Pero en las cuatro últimas décadas fueron los latinos los protagonistas.

Dennis Baron, especialista en lingüística de la Universidad de Illinois, explicó a PERFIL que las limitaciones estuvieron ligadas a las leyes de English-only o English-first. “Hubo dos oleadas de este tipo de leyes, ambas en períodos de fuerte inmigración. La primera se expandió de 1890 a 1924, especialmente durante la I Guerra Mundial.” La segunda, según Baron, ocurrió luego de 1965, cuando las leyes migratorias fueron nuevamente permisivas.

En 1968, con la sanción de la Ley Federal de Educación Bilingüe (Bilingual Education Act), que buscaba mejorar la educación y la integración de los niños hispanos, aparecieron nuevos grupos “anticastellano”. Barón sostiene: “Desde la década de 1980 hasta hoy, primero en California, fueron esparciéndose las leyes English-only, esta vez contra los hispanohablantes, convertido en el idioma más hablado luego del inglés”. La nueva oleada provocó que hoy existan 30 estados con leyes que establecen que sólo el inglés sea el único idioma oficial, aunque, lentamente, muchas normas comenzaron a ser rechazadas en los últimos años (ver recuadro).

Para Michele Waslin, investigadora del Centro de Políticas Inmigratorias (Immigration Policy Center), la oposición al uso del castellano está ligada a los grupos que se manifiestan en contra de la inmigración, y entre ellos menciona a la Federación Americana para la Reforma Inmigratoria (FAIR, por sus siglas en inglés), NumbersUSA y Minutemen. “Buscan leyes más restrictivas y muchas de ellas está ligadas a un hombre, John Tanton. Algunas son racistas o tienen vínculos con grupo defensores de la supremacía de la raza blanca”, explicó.

Tanton, un oftalmólogo retirado del estado de Michigan, utiliza argumentos similares a los del polémico politólogo de Harvard Samuel P. Huntington para oponerse a la inmigración, la educación bilingüe y el español como idioma oficial alternativo. Según ellos, la llegada de inmigrantes hispanos altera el control de la población y el ambiente. Huntington, fallecido en diciembre, conocido por su tesis sobre el “choque de civilizaciones”, consideraba además que la inmigración latinoamericana a gran escala era una amenaza contra Estados Unidos, porque podía “dividirlo en dos pueblos, dos culturas y dos lenguajes”.

Si bien para Eduardo Lago las teorías de Huntington son “extremas y obsoletas”, y no son compartidas por la mayoría, “denotan un extraño miedo, la amenaza a la identidad”. Cuenta que “existe un dicho según el cual los norteamericanos, cuando sueñan, lo hacen en inglés; pero tienen sus pesadillas en español”.

Los académicos afirmaron a PERFIL que la principal consecuencia de esas restricciones puede verse en los hijos de las primeras generaciones de inmigrantes latinos. Prohibido el español en los colegios durante la II Guerra Mundial, son millones los hispanos que inhibieron a sus hijos de hablar castellano. Según estadísticas del Consejo Nacional de la Raza (NCLR, por sus siglas en inglés), unos 12 de los 45 millones de personas de origen hispano que viven en Estados Unidos no hablan español.

Para Stavans –de madre mexicana– , profesor del Amherst College, de Massachusetts, “en los últimos años surgió un anhelo fehaciente de regresar a las raíces; aquellos que perdieron su español aspiran a recuperarlo”. Como La Raza, afirma Waslin, otras organizaciones religiosas, étnicas, defensoras de derechos civiles e incluso empresas han tenido un rol preponderante para defender y hacer extender el castellano al norte del Río Grande. Para ello, fueron los medios los que primero captaron y difundieron el mensaje.

Univisión, considerado el mayor conglomerado de medios hispanos en Estados Unidos, surgió en Texas en 1961 con el nombre de KWEX, y una década más tarde se le sumó la versión en español de la NBC, Telemundo. La popular cadena CNN lanzó su versión castellana en 1997, y la década que le siguió “fue el boom de los medios en español”, según sostienen varios papers elaborados por el Pew Hispanic Center, una entidad que investiga el desarrollo hispano “en un Estados Unidos cambiante”.

“El fenómeno (del crecimiento del uso del español) es todavía más llamativo en los medios de comunicación: en estos momentos hay en torno a 550 emisoras de radio y 55 cadenas de televisión”, explicó la titular del Cervantes. Los inmigrantes, además, fueron quienes llevaron adelante los proyectos de emisión y creación de contenidos.

Tal es el caso de Gabriela Natale, una argentina radicada en Texas, quien, tras realizar coberturas para Continental y CVN, firmó un contrato con Univisión para convertirse en la cara de las noticias para el oeste de ese estado. “Aquí hay una conciencia cada vez más grande de que no hace falta elegir entre uno u otro idioma, se puede dominar ambos y de hecho hay cada vez más mercado y más beneficios para quienes hacen un esfuerzo de ser bilingües”, dice a PERFIL.

Natale, quien es ahora conductora de Super Latina, un programa en español dedicado a las mujeres hispanas, asegura que la expansión del castellano ha impulsado a muchas cadenas a transmitir mezclando idiomas, como MTV, TR3S y MUM2, dirigida al público joven. “Siento que hay una revaloración de las raíces latinas entre los jóvenes hispanos y que el español está empezando a ser considerado como algo cool”, añade.

Emerge en los artículos de la obra del Instituto Cervantes que no es sólo mezcla del inglés con el español lo más trascendente, sino la fusión entre las diferentes culturas hispanas que residen, todas juntas, en Estados Unidos. Lago destaca que lo que se está produciendo es una “amalgama cultural panlatinoamericana” y que el país “se está convirtiendo en el centro de gravedad” de la cultura latina.

Estados Unidos “es en estos momentos el laboratorio en el que se fusionan las distintas variedades del español y seguir esa evolución será apasionante. Además, ese país constituye hoy la gran plataforma para la difusión internacional del español como lengua extranjera”, coincide Caffarrel desde Madrid.

La última victoria del español

Allí donde el entonces presidente estadounidense Theodore Roosevelt había afirmado que “sólo hay lugar para un idioma, el inglés”, fue donde el español ganó su última batalla en Estados Unidos. Ocurrió el 22 de enero, cuando los habitantes de la ciudad de Nashville rechazaron en un plebiscito una moción para declarar el idioma anglosajón como único oficial.

Un 56% de los votantes de la ciudad del sureño estado de Tennessee rechazó la proposición que habilitaba al gobierno local a aprobar leyes de English-only (sólo inglés), por las que se hubieran prohibido los trámites y comunicaciones redactados en idioma extranjero.

La votación fue tomada como un referéndum regional por entidades pro y contra inmigración, ya que Nashville, con 600 mil habitantes, se hubiera convertido en la ciudad más grande en aprobar este tipo de leyes.

El español y otros idiomas extranjeros están restringidos en pueblos y ciudades de 30 estados, especialmente en zonas del interior del país con tasas bajas de inmigrantes, sostienen informes académicos.

Spanglish, retrato de una fusión

La traducción al spanglish de El Ingenioso hidalgo Don Quijote de La Mancha avivó aún más el furor por la nueva forma de comunicarse entre latinos y anglosajones en Estados Unidos, y según los académicos reafirma la aparición de una cultura hispano-norteamericana.

“El spanglish es el matrimonio –o el divorcio– no sólo de dos lenguas sino de dos civilizaciones. Es un mestizaje lingüístico que, en sí mismo, demuestra un mestizaje más amplio: el del mundo anglosajón con el hispánico”, consideró ante PERFIL Ilan Stavans, lingüista del Amherst College, en Massachusetts, y autor de la traducción de la obra de Miguel de Cervantes.

Si bien no puede ser considerado aún un idioma, “ya existen proyectos de codificación sintáctica”, dice Stavans, y advierte que “hay una curiosidad imparable” por el spanglish y el castellano: “En las universidades hay casi más estudiantes de español que de todas las otras lenguas extranjeras juntas”.

La directora del Instituto Cervantes, Carmen Caffarel, sostiene en cambio que no cree en que haya un “avance” del spanglish, más bien lo contrario: “Es un fenómeno puramente pasajero que afecta a hispanohablantes que intentan expresarse en inglés sin dominar la lengua. La tendencia es a hablar las dos de forma correcta, porque ello supone más oportunidades en el mundo de la economía y el mercado laboral”.

Explica, por ejemplo, que los hispanos bilingües de Miami ganan un promedio de 7 mil dólares más al año que aquellas personas que sólo dominan el inglés.

Ficha del artículo:

Título original: Cambios profundos en EE.UU, el castellano conquista al país de Obama
Fecha de publicación: 1 de febrero de 2009
Medio: Diario Perfil, Buenos Aires, Argentina
Link: http://www.diarioperfil.com.ar/edimp/0335/articulo.php?art=12526&ed=0335

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Cientos de personas llegan a participar en alguno de los operativos coordinados por el Incucai para realizar un trasplante. Médicos, técnicos de laboratorio, enfermeros, camilleros y pilotos se ponen en acción en cuestión de segundos, cada vez que un llamado pone en alerta el sistema. Esta es la crónica de las 48 horas de un caso real, desde la valiente decisión de una familia que ha perdido un ser querido hasta el despertar de la mujer que debe su vida a esa donación.

Por Silvina Marquez / Pedro Ylarri

Domingo. 21.00. Buenos Aires
El teléfono suena en la casa de Dolores Domínguez, de profesión cocinera y 40 de edad, y ella, por centésima vez, atiende al primer ring. Lleva casi dos meses esperando la llamada, y ha pasado ya por otras cinco conversaciones similares. Pero esta vez parece ser la definitiva. Del otro lado de la línea está el doctor Hernán Trimarchi Jurado, jefe de Nefrología del Hospital Británico, su médico desde 1997, cuando su salud comenzó a deteriorarse. La voz le dice: “Dolores, estate preparada, apareció el órgano”.

Mientras médico y paciente mantienen su conversación de quince segundos, al menos otras cincuenta personas ya están al tanto del caso y trabajan contrarreloj en el operativo de ablación y traslado de los órganos a trasplantar. Es el trabajo de rutina típico, y se realiza cada vez que una persona muere y su cuerpo tiene las condiciones necesarias para que sus órganos sigan dando vida a otra persona.

“La donación es más compleja de lo que uno supone, sólo se puede llevar a cabo en cinco de cada mil fallecimientos”, explica a PERFIL Martín Torres, vicepresidente del Instituto Unico Coordinador de Ablación e Implante (Incucai), el centro donde se programan las operaciones de este tipo. El especialista agrega que sólo las personas sanas fallecidas en terapia intensiva podrán ser donantes de órganos, pero “si la muerte no se produjo allí, sólo se podrán trasplantar tejidos”, como córneas, huesos y piel. En todos los procedimientos trabajan decenas de personas.

Son enfermeros, médicos, camilleros, técnicos, pilotos de aviones sanitarios, choferes, profesionales a cargo de los análisis de diagnóstico, fiscalizadores del procedimiento y hasta jueces que autorizan la ablación cuando la familia del fallecido así lo dispone. El operativo, que llega a movilizar hasta 150 personas, se pone en juego en cada trasplante, una situación que se repitió 1.270 veces en 2008 en nuestro país, según estadísticas del Incucai.

Dolores prepara sus cosas, convoca a su hermana y a otros amigos, y espera con ansias la llamada de su médico, quien le confirmará si esta vez el órgano le servirá o si deberá seguir esperando. Desde el 16 de marzo que lo espera: ese día llegó la carta del Incucai que le avisó que estaba en lista de espera para recibir un páncreas, un órgano que necesita por su diabetes. “Esa noche preparé el bolso y esperé el llamado. Fueron diez, pero al final ninguno servía”, dice a PERFIL. “Hasta que llegó este”.

Domingo. 21.30. Bariloche.
Un hombre de unos 40 años, con muerte cerebral desde la tarde, es sometido a un segundo estudio por los médicos, que confirman su fallecimiento. Deportista y sano, ha tenido un accidente, y su familia decide donar sus órganos. El médico encargado de la procuración de órganos del hospital, uno de los cien que existen en el país, llama al instituto local de ablación y trasplante, éste introduce los datos en el sistema informático del Incucai y se activa el sistema: ahora todos están abocados a unir la vocación del donante y su familia con las necesidades médicas de otras personas.

Torres explica que desde ese momento “el accionar comienza en simultáneo en tres espacios físicos distintos”. Uno es el hospital en el que el donante pierde la vida, donde se va preparando el cuerpo para la cirugía. “El otro es la guardia operativa nacional del Incucai junto con la sede provincial, una de las 24 que existen en el país, el último es donde la persona recibirá el o los órganos.”

Domingo. 22.30. Buenos Aires.
Dolores recibe la confirmación del doctor Trimarchi Jurado de que el órgano del hombre de Bariloche le servirá para dejar se inyectarse insulina todos los días.

No era la primera vez que iba a recibir un trasplante. “Pero estaba, por supuesto, muy nerviosa”, cuenta. Tiempo atrás, su hermana, la mujer que ahora la acompañaba a la Fundación Favaloro a realizarse los últimos estudios antes de la operación, le dio uno de sus dos riñones. “Los míos se estaban deteriorando por los medicamentos y todo indicaba que iba a necesitar un trasplante.” Al llegar al hospital “me reconocieron cuando entré, y me hicieron estudios para la operación”, añade tiempo después.

La historia de su médico es diferente: tras dar la confirmación, parte a Bariloche en un avión sanitario. No todas las provincias tienen uno, pero en tal caso se utilizan taxis aéreos. Cuando el doctor llega, aparecen más inconvenientes. Como el donante no manifestó su decisión de donar los órganos, un juez debe avalar la elección positiva de su familia. “El juez no estaba, así que se tuvo que esperar la homologación por fax”, narra Dolores.

Los trámites fueron más sencillos que años atrás, en parte por la Ley de Donante Presunto, que según el Ministerio de Salud permitió un aumento de donantes y trasplantados. En concreto, los 1.270 trasplantes realizados en 2008 establecieron un nuevo récord, al superarse las 1.143 intervenciones de 2007. Estadísticas del Incucai aseguran que la tasa de donantes reales “se duplicó” entre 2002 y 2008, al pasar de “241 a 519”, es decir una tasa de 13 por millón de habitantes (PMH).

Carlos Sorati, secretario de Políticas, Regulación e Institutos de la cartera sanitaria, dice que son tres las causas del aumento. “En los últimos años hubo un proceso de intervención fuerte, que comenzó con el Programa Federal de Procuración, que fortaleció los organismos provinciales, creó un registro unificado y la figura del coordinador hospitalario.”

Destaca luego “el debate social” en torno a la Ley de Donante Presunto. El tercer componente es el Sintra. El programa informático on line fue el que permitió que en cuestión de segundos el donante de Bariloche fuera vinculado con la paciente capitalina.

Lunes. 8.00. Buenos Aires.
Dolores está internada ya en el Hospital Británico a la espera del órgano y su médico. Se apresta a ser el segundo caso en la Argentina de trasplante de páncreas únicamente. “En general se realiza el trasplante de páncreas y de riñón en conjunto”, dice, ya casi especialista. Pero recién a las cinco de la tarde regresan de Bariloche con los órganos.

El traslado es otro de los pasos cruciales en las intervenciones, en el que participan hasta 30 personas. Muchas veces se apela a aviones sanitarios, ya listos para salir cuando llega al aeropuerto, a toda velocidad, la ambulancia. El Incucai tiene cuatro unidades y en cinco provincias hay vehículos reservados para estos operativos. Hay que preservar el órgano aséptico y a baja temperatura para que logre mantenerse.

Cuando el órgano es sacado del hospital, queda el cuerpo, y la ardua tarea de médicos de entregárselo a su familia. Dolores comienza a ser operada, y con el lento transcurso de la intervención, su nombre deja de aparecer en la lista de espera… La vida se ha traspasado. Una historia que parece increíble en un país en el que los paros de personal sanitario por malos sueldos e infraestructura colapsada son moneda corriente.

Otros, unos 5.500 en promedio, todavía esperan el llamado. “El número se mantiene desde hace muchos años, porque si bien hay más trasplantes, también hay más acceso a la lista de espera”, afirma Torres. La lista no va a quedar nunca en cero, en parte por “esa mayor accesibilidad”, porque “no importa la cobertura social que tenga, todo argentino que necesite un trasplante va a formar parte de esa lista de espera, sin distinciones”.

Las operaciones que se hacen en Capital suelen adquirir notoriedad, como el caso del médico Jorge Rodríguez Kissner, que recibió un corazón. Hay, sin embargo, 199 instituciones que realizan trasplantes, 135 que hacen implantes de córneas y 86 en donde se transfiere piel y huesos.

Martes. 19.00. Buenos Aires.
A casi dos días de recibir el llamado definitivo, Dolores yace en la cama del hospital, abriendo los ojos de a poco a medida que pasa el efecto de la anestesia.

Tendrá semanas de recuperación y controles periódicos de por vida. Pero se dará cuenta con los días de que la diabetes que la perseguía desde los once años y las inyecciones de insulina que se aplicaba cada día ya son cuestión del pasado.

Cómo tomar una difícil decisión
En agosto de 2004 la tragedia golpeó la puerta de la familia de Eduardo y Susana Andino, de Rosario (Santa Fe), tras recibir una llamada de la escuela donde asistía Natalia, su hija de 11 años. Era para solicitarle que se hiciera presente en el establecimiento porque Natalia presentaba dolor de cabeza. “Cuando llegué –cuenta Susana–, Natalia se encontraba consciente, la internamos y se terminó operándola porque se le había cortado una venita del cerebro, un derrame cerebral. Con partes médicos poco alentadores y una vez fallecida, una psicóloga del Cudaio nos interrogó sobre la decisión de donar los órganos de Natalia. Mi esposo y yo coincidimos en decirle sí a la donación.”

Esta decisión se vio reforzada por una charla familiar tenida un año antes. En una sobremesa y ante las repercusiones televisivas que tuvieron los familiares de Abril por su salud, Natalia les preguntó a sus padres por qué la gente no donaba sus órganos porque, así, se podían salvar muchos chicos. Susana le respondió que ellos eran donantes, pero sus hijos nunca “ya que uno no quiere pensar en la muerte de nuestros hijos”, reflexiona. Es así que recomienda que se hable sobre el tema “ya que si vos tenés una idea de lo que la persona quiere, es más fácil decidir”.

Lo que se pudo donar de esta niña fueron sus dos riñones y válvulas cardíacas, ya que al haber estado Natalia tres días medicada en terapia intensiva, algunos órganos se pudieron haber afectado.

“No estuvimos presentes en el operativo –comentan Susana y su esposo Eduardo–. Nos fuimos a hablar sobre lo sucedido con nuestro otro hijo, que en aquel entonces tenía 14 años. Lo que sí sabemos es que el operativo fue muy ruidoso, como era Natalia: con sirenas, movimientos de médicos y ambulancias, cortes de calles, móviles policiales y mucha gente.”

Comprometidos con la causa de crear conciencia, tanto la familia Andino como otra familia de Rosario trabajan en campañas de difusión ya que consideran que hay que donar los órganos por cómo vivió la persona, no por cómo murió. Es así que Susana reparte folletos y globos para el Día del Niño, por ser la fecha en la que falleció su hija.

Ficha del artículo:

Título original: Donacion de órganos, El milagroso recorrido que traspasa la vida
Fecha de publicación: 18 de enero de 2009
Medio: Diario Perfil, Buenos Aires, Argentina
Link: http://www.diarioperfil.com.ar/edimp/0331/articulo.php?art=12211&ed=0331

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Nuestro país se ha convertido en una de las mecas del “hacking”, la polémica y compleja técnica por la que se ingresa a computadoras y sistemas vulnerando su seguridad. Entre fiestas under y consultorías a 1.000 dólares la hora, los hackers niegan ser delincuentes y se nuclean en torno a un manifiesto libertario, que defiende una Internet abierta.

Por Pedro Ylarri

“No puedo creer que me hayan seguido hasta aquí. Está bien, perdí.” Esa fue la frase que el español Mario Raúl García Rodríguez pronunció tras darse por vencido y entregarse a seis agentes de Interpol. Aquel día, el experto en informática más buscado de España había dejado su modesto ciclomotor en la puerta de su casa y caminaba hacia lo de un vecino cuando fue sorprendido por la Policía. Ocurrió en julio de 2005 en Carcarañá, una pequeña ciudad santafesina de 16 mil habitantes cercana a Rosario, que linda al río homónimo.

La detención fue una prueba contundente de la extensión de Internet. García Rodríguez, a quien le decían el “Gordo” y llevaba una vida modesta según los testigos, subía esposado al patrullero acusado de realizar estafas millonarias mediante la red de redes. Los medios de la península lo llamaban “el hacker más temido”, y su método era el “phishing”, con el que clonaba páginas de bancos para obtener datos y contraseñas de clientes.

La condena más grave, sin embargo, no la recibió de la Justicia, sino de sus propios pares cibernéticos, la llamada –y muchas veces temida– “comunidad hacker”, que dejó de considerarlo parte del clan. El caso del español, como el de muchos otros que utilizan su conocimiento en informática para cometer delitos, sirvió “para estigmatizar aún más nuestra actividad”, coincidieron varios hackers argentinos consultados por PERFIL. “Pero no nos importa, siempre hay tentaciones”, añade uno de ellos.

Detrás de las noticias sobre detenciones y denuncias existe un mundo “underground”, según ellos mismos denominan, repleto de expertos en seguridad dedicados a descubrir agujeros de seguridad en Internet y programas. Una de las capitales de este mundo es la Argentina, donde abandonaron la oscuridad del sótano para organizar cursos, festivales y competencias. En parte motivados por el mercado de la seguridad informática, que atrajo a muchos de ellos a trabajar en grandes compañías o crear propias.

PERFIL consultó a cinco miembros de la comunidad, y los descubrió en medio de estrictos códigos de ética, anarquistas en el uso de la información, promotores de una Internet libre y gratuita, ajenos a la realidad televisiva, cobrando hasta 400 dólares la hora por trabajos de consultoría, y divirtiéndose sobre la estrecha línea que separa lo legal de lo transgresor en la informática.

Intrusos. El perfil del hacker se aproxima al prejuicio que la gente tiene de ellos: “Manejan un perfil excéntrico e inofensivo”, dice a este diario el director de un curso on line que ya tiene unos 500 alumnos. “Muchos de ellos surgieron siendo jóvenes trabajando en grupo”, añade Francisco Amato, gerente de Infobyte, una firma argentina dedicada a la seguridad informática. Ariel Baggieri, ejecutivo de Etek, destaca que “tienen conocimientos de seguridad de redes, pero sin aprender en la facultad, más bien en charlas del mundo underground”.

Los hackers consultados se describen a sí mismos en tercera persona, sin incluirse, “porque nadie puede autodenominarse hacker, ese honor debe ser otorgado por otro hacker”, afirma el director del curso on line. “Así dice la jerga”, explica, y lanza su mejor descripción, esta vez incluyéndose: “Todos sabemos que el primer hacker del mundo fue José, quien hackeó a María y la dejó embarazada aún siendo virgen”.

Cristian Borghello viene siguiendo las actividades de los hackers desde el portal Segu-info y, en diálogo con PERFIL, separa en forma tajante los hackers de los crackers, aquellos que tienen el conocimiento de los primeros pero lo utilizan para cometer delitos. “Trato de no mencionar la palabra hacker porque ya está muy gastada, digo en cambio ‘investigadores’, y llamo directamente delincuentes o crackers a aquellos que cometen delitos.”

Amato, considerado un hacker por sus pares, también combate las palabras: “Es muy de Hollywood poner estos títulos”. También separa su actividad de lo ilegal, al afirmar que “la gente que venía cometiendo delitos ahora utiliza la tecnología para seguir haciéndolos, esos son crackers. A mí me gusta decir que (los hackers) son gente a la que le gusta investigar, que trata de buscar formas y maneras distintas de descubrir las cosas, es algo cultural”.

El límite de lo que se puede o no hacer está regulado por el “manifiesto hacker”, cuya primera versión fue realizada por el estadounidense conocido como “The Mentor” en 1986, criticando a quienes condenaban los ingresos no autorizados a equipos de comunicación. “Mi delito es la curiosidad”, definió. Con la difusión de Internet –y de los ataques por parte de crakers–, nuevos principios se incorporaron. Las declaraciones más populares condenan el ingreso a sitios, programas y redes con el fin de estafar o dañar los sistemas.

País en “hacke”. El país fue mencionado en crónicas de hackers de diarios de todo el mundo por casos como el del escurridizo español, pero con protagonistas locales. La historia de Julio Cesar Ardita es la que más transcendió: fue el primer latinoamericano condenado en Estados Unidos por sustraer contraseñas de la Universidad de Harvard e ingresar en computadoras militares de ese país. Tres años en libertad condicional y una multa de 5 mil dólares lo convirtieron en un hacker famoso, que pronto montó una compañía de seguridad informática junto con un “socio capitalista”, según mencionó.

También los grupos de hackers Knet y b0er, de Argentina y Chile, fueron noticia al bloquear la página del Senado de México, en la que colgaron una foto de la Chilindrina y mandaron saludos a Roberto Gómez Bolaños, más conocido como Chespirito. “No está ciento por ciento mal lo que hicieron, no hay daños en la página ni sustracción de información, sólo un aviso, que nosotros llamamos ‘grafiti’, para advertir la inseguridad”, dijo uno de los hackers consultados, mendocino.

En los últimos dos meses, una competencia entre hackers turcos y argentinos dejó fuera de servicio decenas de páginas, una de ellas www.ilustresdemoron.com.ar, un tributo de la municipalidad a sus ciudadanos ilustres. Fue reemplazado con la ilustración de una calavera, con un mensaje en donde el hacker Pit10 envía desde Turquía saludos a sus colegas argentinos.

La misma presidenta Cristina Fernández sufrió la acción de hackers en junio, cuando –según la versión oficial– el sitio de la AFIP fue hackeado y la mandataria pasó de estar en el régimen general a ser monotributista. En 2006, periodistas y políticos debieron salir a dar explicaciones a familias o colegas, cuando hackers difundieron mails privados que los comprometían en el plano afectivo y laboral.

Una década tardó el Congreso en aprobar una ley que combatiera el espionaje de correos electrónicos y la intromisión en redes informáticas. La primera causa conocida fue iniciada por la Corte Suprema de Justicia en 1998, cuando su sitio web resultó hackeado, pero los responsables fueron excarcelados por un “vacío legal”, ya que “los elementos inmateriales no están protegidos por leyes penales, “sólo personas, animales y cosas”, sostuvo el juez de la causa, Daniel Torres.

En junio, el Congreso aprobó por unanimidad una ley que al reformar el Código Penal protege el correo electrónico y castiga delitos informáticos, como la intromisión a sistemas de almacenamientos de datos. Para los hackers consultados, la norma “no los afecta en absoluto”, aunque deslizaron una crítica: “Juntar vino con jamón no está bien”. Así cuestionaron que sean tratados en el mismo texto aquellos que ingresan en una computadora (vino), con los que venden pornografía on line (jamón).

“Para nosotros y los jueces es fundamental, porque estábamos trabajando en el aire, y sólo podíamos detener a los hackers vinculados con delitos concretos”, dijo un agregado de la sede local de Interpol.

Actitud. Los hackers argentinos –la mayoría hombres jóvenes– abandonaron en los últimos años su actitud “underground” y la reemplazaron por un “activismo sin fronteras”, que incluye la fundación de una escuela de hacking en Rosario, el dictado de cursos, competencias entre pares y hasta fiestas. La más conocida del “mundo under” es la Ekoparty, que se realizó recientemente en Buenos Aires y contó con la presencia de hackers reconocidos de seis países de la región.

Su paso más transcendente, sin embargo, es la participación en empresas de seguridad. “El mercado de la seguridad hace tiempo que viene creciendo. Las organizaciones comenzaron a tomar conciencia de la problemática y buscan proteger sus recursos y la información”, dice Borghello. Según sus estimaciones basadas en la industria, un hacker puede cobrar “entre 75 y 1.000 dólares por hora” para descubrir deficiencias en los sistemas.

Root Secure, SIC Informática, Cybsec y Core Technology son algunas de las empresas nacionales con hackers en sus planteles, dijo Borghello. El especialista de Segu-info añadió que el país tiene “profesionales capacitados y muy solicitados en América latina para capacitación y ‘penetration test’”, por el que se le paga a un hacker para que intente ingresar en los sistemas.

Amato, quien dirige Infobyte, explicó a PERFIL que otro negocio de los hackers consiste en “vender información sobre una vulnerabilidad” de alguna red o programa a empresas como Idefense (de Verysing) y Zero Day Iniciative (propiedad de Tipping Point). Estas pagan “entre 800 hasta 50 mil dólares” por cada falla que encuentran los hackers en los software. Muchas compañías de antivirus pagan por el servicio para mantener actualizados sus programas.

También multinacionales trabajan en el país con la llamada “ética del hacking”. Etek, una de ellas, con sede en Estados Unidos, consideró que el capital humano es “fundamental”, porque “los especialistas deben tener un conocimiento que no se aprende en la universidad”, dijo Baggieri.

La polémica está servida. “No es lo mismo ser cerrajero que usar una llave para abrir una puerta”, finaliza el director del curso de hacking on line.

Pistolas y revólveres exportados por nuestro país estarían siendo usados por delincuentes haitianos contra la misión de paz de la ONU, que es integrada por militares de la Argentina, entre otros países, según las denuncias de diversas ONGs. En los últimos meses, el gobierno argentino comenzó a trabar las ventas de armas a República Dominicana, que comparte con Haití una frontera porosa, donde no hay controles contra el tráfico ilegal, como señala Naciones Unidas.

Por Pedro Ylarri

Mientras usted se apresta a leer este texto, 750 argentinos y otros 1.211 brasileños se encuentran en Haití integrando la misión de paz conducida por Naciones Unidas. Son en total casi 9 mil personas que ocupan posiciones en fronteras y otros lugares estratégicos con el objetivo de pacificar el país, hundido en una convulsión interna desde la sangrienta revuelta que en 2004 derrocó al entonces presidente Jean Bertrand Aristide. Igual cantidad de familias esperan a los soldados en Brasil y la Argentina. Lo que muchas de ellas no saben, es que sus seres queridos tienen serias posibilidades de resultar heridos por balas lanzadas con armas fabricadas en sus países de origen, cuyos gobiernos autorizaron exportar.

La Argentina y Brasil vendieron entre 1994 y 2006 –y luego también, aunque sin confirmación oficial– 7,9 millones de dólares en armas a República Dominicana, país señalado por organizaciones civiles especializadas y Naciones Unidas por su imposibilidad de controlar el tráfico legal o ilegal de armamento hacia su vecino Haití y otras naciones centroamericanas. El tráfico de armas, en especial de pistolas, revólveres y municiones, fue confirmada a PERFIL por dos empresas exportadoras, autoridades argentinas, brasileñas y dominicanas, y estadísticas de la ONU en base a datos oficiales.

Las sospechas sobre República Dominicana y la transferencia de armamento a Haití, que por su estado de convulsión social no puede importar por un embargo de ONU, fue una de las conclusiones de un estudio reciente de la Asociación Políticas Públicas (APP) elaborado con datos del Comtrade , la base de datos mundial sobre ventas de mercancías. También la fundación colombiana Seguridad y Democracia y la brasileña Viva Río advirtieron sobre la transferencia de armamento sudamericano a Centroamérica, una de las regiones más violentas del mundo.

La confirmación de que armas argentinas se encontraban en el circuito ilegal en la región, y la sospecha de su tráfico hacia Haití, obligó a la Cancillería argentina a rechazar autorizaciones de exportación en los últimos meses hacia República Dominicana. La información fue otorgada por dos empresas fabricantes de armamento y municiones, aunque el ministerio de Relaciones Exteriores, que conduce Jorge Taiana, afirmó que es un “tema sensible” y evitó confirmar a este diario la medida.

Los datos de Comtrade, elaborado con información oficial de todos los países miembros, revelan que la Argentina exportó a República Dominicana armas por 3,6 millones de dólares, mientras que Brasil envió cargamentos por valor de 4,3 millones de dólares entre 1994 y 2006. Detrás de los Estados Unidos, el mayor exportador –concentra 61% de los envíos de armas a ese país– los dos países líderes del Mercosur son los principales exportadores, con 14% de los envíos en términos de dinero en conjunto.

“Los datos de ventas de armas a República Dominicana no significan que la Argentina y Brasil o las empresas que exportan infrinjan alguna normativa. No es una acción ilegal, pero sí puede facilitar eventuales desvíos a Haití, ya que en un país con serios índices de violencia, el tráfico no siempre puede ser evitado”, advirtió a PERFIL Diego Fleitas, titular de la APP.

La entidad publicó este mes un informe titulado “Tráfico de Armas en América Latina”, en el que resalta la importancia del “tráfico legal”, ya que en la región “existen grandes riesgos de desvío y triangulación: las armas y transferencias criminales o ilícitas casi siempre comienzan siendo legales”.

Exportar armas a países en conflicto o con sospechas de actuar como destinos “de traspaso”, aún sin prohibición ni embargo de la ONU, es considerado por las ONGs especializadas una “transferencia irresponsable”. Según Fleitas, en esa categoría podrían llegar a inscribirse los gobiernos de Argentina y Brasil, que exportan a República Dominicana. “Existe suficiente literatura sobre el estado de situación de República Dominicana como para evitar una venta, está comprobado la falta de control”, señaló.

Especialistas brasileños confirmaron a PERFIL la existencia de armamento de ambos países en Haití. “Es una situación kafkiana e inaceptable. Es evidente que es una contradicción extraordinaria que nuestros soldados estén siendo agredidos con armas exportadas por Brasil y la Argentina”, advirtió Ricardo Seitenfus, experto en relaciones internacionales y asesor de la ONU y de la Organización de Estados Americanos (OEA).

La afirmación se enmarca en registros de falta de control en la frontera: “Están intentando controlar los ingresos marítimos con algunos barcos, pero (el tráfico) siempre ha sido una preocupación. Es inaceptable el no control del lado haitiano, tampoco hay control de los puertos”, añadió el especialista.

Un corresponsal de una agencia internacional en Santo Domingo aportó más datos a este diario: “Verdaderamente la situación en la frontera es completamente precaria, no se necesitan documentos la mayoría de las veces para cruzar entre un país y el otro. Si han detenidos haitianos con armas argentinas y de otras procedencias en República Dominicana, no es descabellado pensar que esas mismas armas sean utilizadas del otro lado de la frontera”.

Seitenfus añadió que las políticas de desarme impulsadas por la misión de paz son en parte contraproducentes: “Si MINUSTAH recoge armas y da dinero por ellas, y al mismo tiempo no hay control en las fronteras, lo que estamos haciendo es cambiar armas viejas por nuevas”. Según el experto, los que adhieren al plan de desarme luego compran con el dinero recibido nuevos armamentos del otro lado de la frontera.

APP construyó con los datos de ONU un estudio “mirror” (espejo). Consiste en cruzar datos de exportación e importación declarados por un país con la información provista por el supuesto país de destino y origen de esos envíos. En el caso de República Dominicana, los resultados fueron contundentes: el gobierno dominicano aseguró que no realizó exportaciones de armas entre 1994 y 2006, aunque varios países aseguraron haber recibido armas de ese país por 2.8 millones de dólares en el mismo lapso. A su vez, el país en cuestión aseguró haber importado 41 cargamentos de armas por 6,8 millones de dólares, mientras que otros países aseguraron haberle vendido 425 cargamentos, por 55,7 millones de dólares.

“Sin duda no se están evaluando los riesgos y problemas, es un riesgo que República Dominicana no sea productor pero sí exportador, y después habla del poco control que existe sobre la transferencia de armamento.”

Las armas argentinas ya se encuentran en el circuito ilegal, lo que posibilita el envío hacia Haití, donde están desplegados miles de soldados latinoamericanos. La Policía Nacional Dominicana confirmó a PERFIL que se incautaron armas argentinas en varios operativos, aunque evitó estimar cómo ingresaron a la clandestinidad. Sus registros informan de, al menos, seis secuestros en los últimos meses, y entre ellos, menciona los siguientes:

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) desmanteló en junio en un operativo sin precedentes cuatro puntos de venta de droga cercanos a Haití, detuvo a 16 personas, y secuestró dos revólveres de origen argentino marca Bersa 9 mm.

El Ejército Nacional detuvo en la frontera con Haití a tres personas acusadas por contrabando de langostas desde ese país. Dos de ellos tenían pistolas Bersa, también 9 mm, fabricadas en la Argentina y registradas en República Dominicana. Sucedió en abril.

Dos revólveres argentinos fueron secuestrados el 27 de agosto. Uno de ellos era portado sin autorización, mientras que el otro había sido robado a un comerciante en un asalto cometido presuntamente por cuatro haitianos.

Este mes fue asesinado de un disparo el hijo del empresario dominicano Melvin Guerrero, quien se resistió a un asalto con su arma argentina, que portaba legalmente.

La exportación de armas a destinos considerados “sensibles” no es un secreto. Dos de los más importantes fabricantes de armas en la Argentina aseguraron a PERFIL que países de Centroamérica son un destino “muy frecuente” de exportación. La mayor productora, según registros oficiales, es Bersa SA. Su presidente, el italiano Benso Bonadimani, aceptó hablar con este diario: “El trámite para vender comienza con un permiso de importación del destino, éste se presenta en la Cancillería y en el Registro Nacional de Armas (RENAR), y si ellos autorizan la venta porque consideran que el destino es fiable, entonces nosotros exportamos”.

“De todas formas, hay que ser sinceros, con nuestras armas no podemos hacer la guerra, son para la funda, para protección personal, en esos países buscan armas pesadas, como ametralladoras”, expresó el directivo de Bersa. Surge en los datos de la industria que el revólver 9 mm es el preferido en República Dominicana.

Otro fabricante –que prefirió no ser nombrado– afirmó que Centroamérica se lleva hoy “más de un tercio” de las exportaciones argentinas, y que “hace cuatro o cinco meses” la Cancillería comenzó a trabar las exportaciones a República Dominicana, “al parecer por lo que usted dice, falta de control y transferencia a zonas conflictivas”, detalló en una conversación informal con este cronista.

Para Cancillería y el ministerio de Defensa, el tema es “sensible” y sus voceros prefirieron no responder a las preguntas de este medio. Fuentes del RENAR –quienes optaron por el anonimato– dijeron que Cancillería elabora una lista con países en conflicto a los que no está permitido vender, y que “aún si un destino no está en la lista, se manda el pedido a Relaciones Exteriores para que autorice el envío, ellos tienen la última palabra”.

En la última década, Fabricaciones Militares (FM) disminuyó un 40% su producción de armas, aunque el país conserva el tercer puesto entre las naciones exportadoras de América latina, con 6% del total de ventas. Se encuentra luego de Brasil (79%) y México (11%). La Argentina exportó entre 1994 y 2006 más de 90 millones de dólares en armas, mientras que importó 130 mil millones.

Desde 2001, pese a las campañas oficiales de desarme, la exportación crece a un ritmo de 20% anual, estimaron a PERFIL referentes de la industria. Además de Bersa, producen las empresas Tactical Technology (escopetas), Reno Mahely (carabinas), F&L (pistolas) y Lasserre (revólveres Rexio). FM produce para las Fuerzas Armadas los revólveres 9 mm Hi Power y el Fusil FSL, la versión civil del clásico –y polémico– FAL.

La misión de paz conducida por argentinos y brasileños cumplió en 2008 cuatro años. Mientras el Gobierno promueve el canje de armas por alimentos o dinero, sus soldados desplegados en tierras lejanas se ven amenazados de resultar heridos por armas fabricadas en sus propios países.

Llegan de distintas partes del mundo tentados por la variedad y riqueza de las piezas que encuentran en provincias como Chaco, Entre Ríos y Buenos Aires. Pero también aprovechan la flexible legislación sobre el tema y las barreras aduaneras poco eficaces. Con la guía y apoyo de los lugareños y la ayuda de sofisticados detectores de metales inician la búsqueda. Una vez concretados los hallazgos, ellos mismos los sacan del país o los mandan por encomienda. La venta se concreta a través de páginas de Internet y garantiza un mercado de miles de dólares.

Por Pedro Ylarri

La masa cósmica abandona el vacío del espacio y entra en fricción con la atmósfera. La temperatura puede hacerla explotar, entonces la piedra metálica entra en caída libre, o bien sigue en combustión como una estrella fugaz, impacta en la Tierra y produce un cráter. De inmediato, cazadores de meteoritos del mundo, alertados por redes de información propias, preparan su pasaporte, llenan sus mochilas y se dirigen en búsqueda de su codiciado objeto, en cualquier país en el que haya caído, incluso en la Argentina.

La compra-venta de objetos celestes está a la orden del día en el país, garantizada por una legislación flexible y barreras aduaneras poco eficaces. Especialistas en rastrear meteoritos eligen a la Argentina no como opción turística, sino para aprovechar las deficiencias legales en la materia, y entusiasmados con la gran oferta existente en los campos locales. Dicen buscarlos por su belleza y rareza, aunque detrás existe un mercado millonario, cuyo principal vehículo es Internet.

“En el mundo están registrados más de mil meteoritos caídos en Argentina”, estimó en conversación con PERFIL un miembro de The Meteoritical Society, una organización sin fines de lucro nacida en 1933 para el estudio de materiales extraterrestres. La mayoría de estos cuerpos son de pocos gramos y fueron sacados del país en la últimas décadas. Muchos de ellos cayeron en Campo del Cielo, un terreno ubicado entre Chaco y Santiago del Estero. Allí se encuentra El Chaco, el segundo meteorito más grande del mundo, una pieza de 37 toneladas codiciada por coleccionistas y museos, que se estima aterrizó hace unos 4 mil años. En 1990 y 1996 descubrieron in fraganti a dos coleccionistas que deseaban exportarlo, pero no fueron detenidos, ya que no infringían ninguna ley.

En Campo del Cielo fueron hallados 26 cráteres de gran tamaño, y algunos formaron con el tiempo lagunas o quedaron bajo tierra. El noroeste argentino, la Patagonia y provincias como Entre Ríos y Buenos Aires son lugares privilegiados por los llamados “meteorite hunters”. Hasta allí llegaron en los últimos años los dos cazadores de meteoritos más célebres del mundo: Robert Haag y Michael Farmer. Ambos venden las piedras on line, algunas de las cuales pesan más de 200 kilogramos.

La naturalidad con la que se manejan es asombrosa: se los ve a ellos mismos en el país, comiendo asados con los lugareños, y utilizando detectores de metales sofisticados arriba de cuatriciclos. Algunos de los meteoritos en vidriera no entran en valijas y su peso excede con creces el permitido en las aerolíneas. Su autenticación se realiza en laboratorios de la NASA o en museos especializados de Estados Unidos. Allí, en 2006 la prestigiosa casa de remates Bonhams de Nueva York vendió en 90 mil dólares un meteorito chaqueño de 161 kilos, comprado por Haag en la Argentina y que era parte de la colección Macovich, la más grande del mundo.

Dos coleccionistas norteamericanos coincidieron en afirmar a PERFIL que las “mayores rarezas de la Argentina ya no se encuentran allí”. Se refieren al meteorito El Esquel, llamado “pallasite” por su composición de hierro pedregoso. “El Esquel es 50% níquel-hierro y 50% olivino, una piedra cristalina verde semipreciosa. Cuando es cortado en láminas y pulido, es translúcido y excepcionalmente hermoso. Es además muy costoso: su precio oscila entre 25 y 40 dólares por gramo, es más costoso que el oro”, explicó a este diario Geoffrey Notkin, de Aerolite Meteorites, una firma especializada en el tema.

El Esquel, que pasaba los 755 kilogramos, fue hallado por un granjero en 1951 en la ciudad chubutense homónima, y se estima que los últimos fragmentos fueron llevados al exterior a fines de los 90. Otros meteoritos argentinos con fuertes cotizaciones en el extranjero son El Sampal (Chubut) y el Laguna Manantiales (Santa Cruz). “Estos son meteoritos muy raros, de hierro, y es inusual verlos ofrecidos a la venta”, añade Notkin.

Legislación flexible. ¿Cómo hicieron para sacarlos del país; no tuvieron ningún inconveniente?, preguntó este diario a un coleccionista local, que aseguró tener cien piezas. Su respuesta fue otro interrogante: “¿Por qué habríamos de tener problemas?”.

La venta de meteoritos está prohibida en Chaco desde 1990, y limitada en el país desde agosto pasado, cuando las piedras cósmicas fueron declaradas bienes culturales. El proyecto, elaborado por la ex senadora Alicia Mastandrea, impone algunas regulaciones para la comercialización de cuerpos celestes, pero no prohíbe la venta. Un asesor de la legisladora explicó que “con este título, ahora los meteoritos todavía pueden ser vendidos, pero deben servir a la investigación o a la difusión, entre otros requisitos”.

Aerolite Meteorites y The Meteoritical Society, además de otro coleccionista que pidió reserva de su nombre, afirmaron conocer que en el Chaco existe cierta legislación sobre el tema. Según afirmó el coleccionista, son “personas cercanas a Campo del Cielo las que los venden”. La empresa, registrada como “mayorista de diarios y revistas”, adquirió el predio hace dos décadas en 35 mil pesos, y en forma reciente perdió un juicio contra el Estado chaqueño por la propiedad de los meteoritos. Sus propietarios no respondieron a los insistentes llamados de PERFIL.

“El valor es incalculable”, señaló a PERFIL Mariano Peter, de la Asociación Entrerriana de Astronomía (AEA) y uno de los que denunció el tráfico de meteoritos. “Se han encontrado en ellos aminoácidos, también llamados bloques de la vida, que permitirían conocer si el origen de la vida en la Tierra proviene del cielo. También está el valor cultural”.

La relación entre identidad y meteoritos fue estudiada en la Universidad Nacional de La Plata por Sixto Giménez Benítez, Alejandro López y Luis Mammana, quienes aseguran que el Campo del Cielo era conocido por los tobas y mocovíes residentes en la zona. Los indígenas le rendían culto al Mesón de Fierro, el meteorito de mayor tamaño, luego “extraviado”, que consideraban un desprendimiento del Sol. La primera expedición colonial al lugar data de 1576.

Siglos después, los meteoritos argentinos hacen furor en la Web. Decenas de páginas los ofrecen a la venta y los envían a domicilio. Peter asegura que “tiene que existir complicidad de la Aduana” para transportar piedras de cientos de kilogramos.Para los cazadores de meteoritos y coleccionistas, en cambio, el “correo tradicional” es el más efectivo. Son enviados a Estados Unidos, donde la venta está permitida; y en el caso de las piedras valiosas, son fragmentadas en el país y llevadas como “recuerdo” en pequeños bolsos de mano.

Así de fácil fue para Michael Farmer llevarse fragmentos del último meteorito que cayó en Argentina. Fue en la ciudad de Berduc, Entre Ríos, en mayo de este año. Llegó días después de la caída y a la semana siguiente tenía el relato de la expedición subido a Internet.

El control del tráfico en el mundo

La legislación sobre el tráfico de meteoritos es desigual en el mundo: mientras que algunos países incentivan la búsqueda de los coleccionistas, otros prohíben su venta o exportación.

En Estados Unidos y Japón, los cuerpos celestes son propiedad del dueño del campo en donde el meteorito ha caído, que puede venderlos y exportarlos en forma legal. En este sentido, si las piedras son halladas en tierras fiscales, la propiedad es del gobierno federal, aunque existe un incentivo económico a quien lo encuentre. En Estados Unidos, el Smithsonian Institute tiene el privilegio de compra para los meteoritos caídos en terrenos públicos.

Si bien con limitaciones, la provincia del Chaco, en Argentina, e India tienen las leyes más duras respecto de los hallazgos, ya que indican que todos los meteoritos son del Estado, que no pagará a quien lo encuentre. Los coleccionistas consultados por PERFIL indican que leyes de este tipo “limitan la búsqueda” y promueven “el tráfico”, porque “nadie querría revelar un hallazgo”.

En Australia, el Estado promueve la búsqueda con incentivos a los llamados “cazadores de meteoritos”, aunque en caso de hallazgos ostenta la propiedad y sólo permite su traslado a museos. Para la legislación canadiense, en cambio, los bienes culturales pueden ser vendidos y son de quienes los encuentran. Para exportarlos, sin embargo, debe contar con un permiso de un directorio federal y esperar seis meses, período durante el cual pueden ser comprados por museos locales a precios promocionales.

Ficha del artículo:

Título original: Cazadores internacionales aprovechan la legislación flexible, Más negocios con meteoritos argentinos.
Fecha de publicación: 17 de Agosto de 2008
Medio: Diario Perfil, Buenos Aires, Argentina
Link: http://www.diarioperfil.com.ar/edimp/0287/articulo.php?art=9246&ed=0287

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La Justicia tiene pendiente de resolución causas presentadas contra la petrolera por unos 30 mil ex trabajadores, quienes reclaman deudas de la época de la privatización. En el marco de la venta de una parte de la compañía al empresario kirchnerista Enrique Eskenazi, un desconocido grupo inversor apareció ahora en el medio para ofrecer un resarcimiento a cada trabajador de US$ 9 mil. Repsol-YPF niega impulsar la operación, aunque reconoce estar al tanto de la propuesta.

Por Pedro Ylarri

En Madrid y Buenos Aires, los directivos de Repsol y del Grupo Petersen, que controla el empresario kirchnerista Enrique Eskenazi, debaten detalles y pormenores de la venta de casi 15% del paquete accionario de YPF SA, la petrolera más importante de la Argentina.

Hay muchos temas de conversación, desde cuestiones accionarias hasta esquema de inversiones. Pero hay un asunto que le preocupa a Eskenazi y que está fuera de la mesa formal de negociación. Está más bien cerca de la ciudad salteña de General Mosconi, de la mendocina Luján de Cuyo y de la santacruceña Pico Truncado. En esas ciudades, entre muchas otras, residen los 30 mil ex trabajadores de la otrora firma estatal, quienes reclaman por vía judicial al Estado y a la empresa unos US$ 1.500 millones en concepto de acciones y dividendos no recibidos cuando se privatizó.

Se trata del pasivo judicial que arrastra YPF y con el que el empresario argentino no quiere lidiar. Por eso, pretende que la cuestión esté liquidada para cuando amplíe su participación efectiva en la compañía, aprovechando la “reargentinización” de la petrolera.

Para liquidar esta cuestión apareció sorpresivamente en el medio, entre la empresa y los ex trabajadores, una oscura firma española, llamada Komat Eurogroup SL. Se trata de una compañía que recién se formó en 2005, que tiene una página web dada de baja, en la que como único teléfono figuraba un celular y que opera en la oficina en donde uno de los dueños tiene un emprendimiento para video juegos.

Así de informal es la compañía que en los últimos meses ofreció a los ex trabajadores de YPF un acuerdo extrajudicial para dejar sin efecto las causas que se tramitan en el juzgado de Claudio Bonadío, a cambio de US$ 9 mil por persona, lo que representa una operación de US$ 350 millones, si se le suman gastos de escribanía e impuestos.

Los ex empleados de YPF vinculan a Komat con Repsol, y atribuyen la operación a “tener que limpiar su principal factor de riesgo” antes de desprenderse de buena parte de su subsidiaria argentina. Creen que Eskenazi está detrás, ya que la oferta recién apareció en los últimos meses, en coincidencia con la venta. Las fuentes oficiales del Grupo Petersen y de Repsol-YPF negaron tener vinculación con Komat, aunque admitieron que estaban al tanto del ofrecimiento realizado por la sospechosa firma española.

“Están comprando el juicio”, sintetizó a PERFIL la abogada cordobesa Alejandra Dibo, una de las referentes de los trabajadores que rechaza un eventual acuerdo. Para la letrada, representante de unos 3.700 ex empleados, “no sólo Eskenazi y Repsol están atrás de la negociación, también el Gobierno argentino quiere sacarse de encima a los ex agentes”.

Todas las versiones. La versión oficial sostiene que Komat Eurogroup SL es un actor independiente, que opera con inversores privados interesados en adquirir el paquete accionario que le corresponde a los trabajadores por leyes y decretos que regularon la privatización en los 90 (ver recuadro). En su sitio en Internet asegura que “inicia la operativa de lo que es la fase final en la adquisición de un significativo paquete accionarial de la compañía YPF”.

Después de muchos esfuerzos, PERFIL logró una respuesta de la firma, en la cual reconoce que realiza “grandes inversiones, pero el valor y la capacidad de inversión no están en Komat”. Agrega además: “Cada una de las operaciones que realizamos es capitalizada por diferentes inversores privados que ponen a nuestra disposición los fondos necesarios”. Estos datos no hacen más que alentar las sospechas de que los intereses de Repsol y de Eskenazi están detrás de la operación.

La página komateurogroup.com, que fue levantada cuando PERFIL intentó contactar a sus ejecutivos, estaba construida con una plantilla web gratuita, y su contenido fue copiado en parte de otros web sites.

Entre los socios de la compañía, figura Pablo Sánchez, quien viajó a la Argentina para reunirse con ex agentes de YPF y sus abogados, según ellos mismos confirmaron a PERFIL, y Manuel Ujados, titular del celular y único teléfono de contacto que aparece en pantalla. Ujados es dueño también de la compañía Multimedia Mobile Services SL, gestora del portal 1001juegos.com y con una declaración de insolvencia por deudas por cerca de 15 mil euros.

La dirección es Hiedra 30, Madrid, detrás de una estación ferroviaria y lejos de los circuitos financieros madrileños. En el transcurso de esta investigación, la firma cambió su domicilio declarado y se mudó a Francisco Alonso 9, en la comuna madrileña de Alcalá de Henares. En el edificio de la nueva sede, a metros de un complejo industrial, también está radicado el banco de créditos personales Cetelem, propiedad de BNP Paribas, uno de los que respaldó al ingeniero Eskenazi para comprar YPF.

La compleja trama de las negociaciones entre los supuestos inversores y los ex empleados comenzó en junio de 2007, días después de que el presidente de Repsol-YPF, Antonio Brufau, dio a conocer su voluntad de sacar fichas del tablero en América latina para sumarlas en Africa y Medio Oriente.

Eskenazi ya se perfilaba por lo bajo con intenciones de adquirir parte de la empresa. En efecto, el periódico Crónica de Comodoro Rivadavia consignó en junio de ese año, en boca de referentes de los trabajadores, que el mismo Eskenazi era quien tenía intenciones de pagar $ 27 mil pesos por agente por el derecho a ser querellante, la misma cifra que meses más tarde ofrecería Komat. El Grupo Petersen no se comunicó para pedir la rectificación de la información, dijeron a PERFIL periodistas de ese diario.

La coincidencia temporal que vincula la operación con Repsol y Petersen se reflejó en la insistencia de Komat para cerrar un acuerdo antes de fin de año. En este marco, Ujados se comunicó insistentemente con la abogada Dibo para coordinar un viaje a España y cerrar la operación con sus representados.

“En diciembre y en febrero de este año se realizaron las dos asambleas en las que los ex agentes debatieron y aprobaron llevar adelante la operación”, confirmó a PERFIL el abogado Rubén Leto, quien lleva adelante la negociación “por pedido expreso de la Federación de ex Agentes de YPF”.

La Federación de ex Agentes de YPF y el Foro Nacional Ypefiano, las dos entidades más importantes de ex trabajadores, no tienen dudas sobre quiénes son los interesados en comprar la acción civil en el juicio multimillonario contra funcionarios de la Nación e YPF.

El presidente del Foro, José Tonón, opinó desde Mendoza ante una consulta de PERFIL: “Esta operación está directamente relacionada con Repsol, que lo necesita para poder seguir avanzando en una oferta pública de acciones, en donde las provincias intervengan (como inversionistas) y el Grupo Petersen esté en condiciones de operar” la empresa.

Por su parte, Olga Quinteros, referente de los empleados y esposa del presidente de la Federación, Carlos “Lito” Reinoso, aseguró que “Repsol ha buscado a Komat” para hacer el acuerdo, y que Pablo Sánchez, titular del grupo inversor, los visitó en Santa Cruz para proponer el “acuerdo extrajudicial”.

Un directivo de una firma petrolera que solicitó reserva afirmó que la empresa “está al tanto de la situación” y que “no sorprende a nadie” la hipótesis de que Eskenazi y Repsol están detrás de la operación: “Nadie querría comprar una empresa como YPF en un país con fuerte control estatal de precios y pocos incentivos para inversiones. Una causa judicial de esta naturaleza actúa en contra en una eventual venta, traba líneas de crédito y ahuyenta a los compradores”.

La fuente vinculó la limpieza del pasivo judicial con la idea de “blanquear” la salida de Repsol. “Acá están los motivos”, dijo el directivo, con un cable de la agencia Reuters en la mano. En el texto, Brufau anunciaba una nueva emisión de acciones de YPF SA por otro 20% en la bolsa local para el segundo semestre de 2008.

Con todo, el gerente de Relaciones Externas de Repsol-YPF en el país, Sergio Resumil, señaló a PERFIL que “ni el Grupo Petersen ni Repsol tienen que ver con las ofertas que se les están realizando a los ex agentes. Ninguna de las dos tiene relación con Komat Eurogroup ni con sus directores”, aunque reconoció que la española advirtió formalmente sobre la existencia de la demanda, en el marco de las negociaciones por la compra-venta.

El ofrecimiento de Komat a los trabajadores generó una polémica en las filas de ex empleados y entre sus representantes: mientras unos estaban de acuerdo en cobrar “hoy” $ 27 mil a cambio de perder el juicio, otros saltaron de furia al afirmar que “no es una inversión, sino la compra de los juicios”.

General Mosconi, Luján de Cuyo y Pico Truncado, entre otras decenas de ciudades que viven o vivían del petróleo, están que arden. El tema se debate en asambleas, reuniones con los letrados y en los medios locales. “A nadie le importa si es Repsol o Eskenazi, pero necesitamos el dinero ya, la mayoría de los 30 mil despedidos de YPF nunca volvimos a conseguir trabajo y estamos viviendo mal. Si no hay justicia, que haya oxígeno”, dijo enojado un ex trabajador, desde una cabina pública de las afueras de la helada Comodoro Rivadavia.

Qué reclaman los ex agentes de la petrolera

- Las leyes de Reforma del Estado (1989) y de Federación de Hidrocarburos (1991) otorgan a los trabajadores de YPF un 10% del paquete accionario de la compañía.
- En 1993, resoluciones de Trabajo y Economía no publicadas en el Boletín Oficial indican que quienes adhieran a retiros voluntarios pierden su posibilidad de tener acciones.
- El Gobierno compra en 1997 a los trabajadores el 10% de las acciones que retenía del Programa de Propiedad Participada (PPP) y paga en dólares a las 4.600 personas que trabajaban a esa fecha.
- Un fallo de la Corte Suprema reconoce el derecho de 36 mil agentes a recibir parte del 10% de las acciones a través del PPP.
- Más de 20 mil personas inician juicios contra el Estado, YPF y Repsol. La causa penal más importante es la 8568/99, que se tramita en el juzgado federal de Claudio Bonadío.
- En 2003, el gobierno de Néstor Kirch-chner aprueba una compensación de $ 27 mil en bonos para los damnificados. Varias provincias inician programas en este sentido.

“Nos emocionaría un negocio”

PERFIL se comunicó con Komat Eurogroup para conocer su posición sobre el tema. Aquí los fragmentos más salientes de las respuestas enviadas por Manuel Ujados, uno sus directivos.

La operación.
“Si fuese posible, y con el acuerdo de todas las partes, Komat Eurogroup tendría interés en llevar adelante la operación de adquisición de los derechos que corresponden a los ex agentes de YPF. Nos emocionaría la posibilidad de un negocio que además significase beneficiar a un grupo tan numeroso de personas.”
“Si fuese posible llegar a participar YPF, nos sentiremos especialmente orgullosos.”
“Es evidente que esta posibilidad no tiene validez sin acuerdo y satisfacción de los ex agentes de YPF y del resto de las partes que intervienen.”
“El presupuesto que se destinaría está por cerrar, es cierto que esa cifra (400 millones de euros) se ha manejado en determinados momentos, pero aún no sabemos con exactitud el montante total.”
“Nuestra voluntad sería acordar con todas las personas que representan el 10% del accionariado de YPF o la cantidad más aproximada al porcentaje.”

La compañía.
“Komat Eurogroup fue fundada en noviembre de 2005, con CIF B-97674683.”
“Desde Komat Eurogroup se realizan grandes inversiones pero el valor y la capacidad de inversión no está en Komat.”
“Estamos más cerca de ser un consultor financiero que de ser un fondo de capital de riesgo.”

Vínculos con Repsol y Eskenazi.
“Absoluta y rotundamente no tenemos relación con la familia Botín o con la familia Eskenazi en lo que respecta a lo relacionado con esta operación.”
“Ninguno de los inversores en Komat Eurogroup está relacionado directa o indirectamente con Repsol, no sabemos más de la compañía que aquello que se puede leer en la prensa. Alguien se acercó a Komat en meses pasados y decía hablar en nombre de Repsol, pero sinceramente creemos que simplemente se trataba de alguien más buscando provecho propio.”
“Nuestra opinión es que cualquiera que desee la solución del tema debería observar a Repsol como una de las piezas del puzzle.”
“Creemos que (Eskenazi) es conocedor (de la situación) pero es sólo una suposición.”
“Los nombres no importan, importa la solución y es necesario el consenso y la buena voluntad de todas las partes.”

La polémica llegó al exterior

La polémica por el reclamo millonario de los ex trabajadores de YPF ingresó en los últimos días al plano internacional, cuando la abogada Alejandra Dibo se presentó en varias embajadas en esta ciudad para poner en conocimiento la oferta del grupo inversor. Dibo hizo firmar actas notariales en presencia de un escribano público en los consulados de España y Estados Unidos en Buenos Aires, y adelantó a PERFIL que planea iniciar causas judiciales en esos países para que investiguen los ofrecimientos en el marco de la venta de Repsol-YPF.

Una eventual denuncia en España estará dirigida contra Ramón Cerda Sanjuán, Ignacio Purcell Mena, Juan Pablo Sánchez Gasque y Manuel Ujados, los supuestos responsables del grupo español que quiere comprar los derechos de acción civil en la causa penal contra el Estado, Repsol e YPF. En Estados Unidos pedirán una investigación por la venta en 1997 de unas 35 millones de acciones que correspondían por ley a los empleados.

Algunas fuentes que se reunieron en varias oportunidades con Komat sostuvieron a este diario que los US$ 350 millones para concretar la operación provendrían de tres inversores de América del Norte. De hecho, un abogado de los ex empleados aportó pruebas a PERFIL de que fue contactado en los últimos días por Antonio Sticca, de la canadiense Perfica Solutions Inc y con actividad en Estados Unidos, quien hizo una oferta similar a la de Komat.

El pago de US$ 9 mil a los 30 mil ex agentes de YPF también es seguido de cerca por el gobierno canadiense a través de su embajada en Buenos Aires. PERFIL pudo comprobar que Jean-Louis de Quimper, del Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá, se contactó con referentes de los trabajadores para conocer detalles sobre Rubén Leto, abogado de la Federación de ex Agentes. Lo hizo a través de la asistente comercial de la Embajada de Canadá, Kathleen Gittins, quien estaba de vacaciones cuando este diario intentó consultarla.

Esperé con ansias leer este libro, al menos dos años. Hablar de jóvenes suicidas donde el mundo termina tenía de antemano todos los condimentos para atrapar a cualquier curioso de vidas ajenas. Pero el texto, para mi sorpresa, se queda a mitad de camino. Y poco habla de los suicidas y de aquellos compañeros de la misma edad que quedaron, y que sienten cada historia como propia.

Por Pedro Ylarri

Esperé con ansias leer este libro, al menos dos años. Hablar de jóvenes suicidas donde el mundo termina tenía de antemano todos los condimentos para atrapar a cualquier curioso de vidas ajenas. Pero el texto, para mi sorpresa, se queda a mitad de camino. Y poco habla de los suicidas y de aquellos compañeros de la misma edad que quedaron, y que sienten cada historia como propia.

Leila Guerriero camina por las calles de la ciudad de Las Heras, en la provincia de Santa Cruz, como quien recorre un pueblo sobre el que poco conoce de su historia. Camina como quien no es cronista y deja las historias a merced de la intención y voluntad de sus entrevistados. La mayoría de ellos, aún habiendo visto las caras de los muertos del fin del mundo, hablan de sus propias percepciones, y con un cassette. Y hablar de los suicidas del fin del mundo debería ser hablar sobre sus sentimientos, sobre cómo vivían y sobre qué miraban sus ojos cuando estaban abiertos.

En cambio, la escritora habla de prostíbulos y de clubes nocturnos. De personas sin rumbo. En todo pueblo como Las Heras existe la diferencia entre NYCs (Nacidos y criados) y VYQs (venidos y quedados), pero Guerriero parece que no lo sabe. Y confunde. Habla en cambio de la división entre “peronistas y radicales” y todo el tiempo de prostitutas. Las Heras es en este libro un gran prostíbulo. Pero poco dice de los suicidas, de quienes eran realmente, de cómo sufrían el horizonte de la nada.

Prevalece de todas formas la dignidad de la buena intención. La nobleza de acudir, de esperar, de observar, de perderse, de intentar narrar una historia y llevar ese pedazo de mundo a alguien que lo desconoce. Por eso es una crónica recomendable.

El primer gran pecado de Guerriero es jugarse poco por lo que ve. Gran parte del texto son desgrabaciones de entrevistas, en la que ella habla poco, no repregunta y deja que sus entrevistados hagan lo que quieran. Por eso, si bien con fragmentos bizarros y hasta irónicos, las entrevistas no dejan ver el interior de la persona que habla. Gente con poca instrucción habla en forma ridícula sobre cómo Dios ayudó a sobrepasar el suicidio de sus hijos, en textos alarmantes por la forma en la que viven la religiosidad. No se ve el dolor, la culpa, bronca, odio, desesperanza y tristeza de esas personas.

Cuando Guerriero es la que ve y la que narra, todo es diferente: es simplemente genial. Es ella la que nos lleva de la mano a ingresar al pueblo, la que guía y advierte:

“A los costados, arriba, abajo, no había nada. Ni pájaros ni ovejas ni casas ni caballos. Nada que pudiera llamarse vivo, joven, viejo, exhausto, enfermo. Sólo había eso –desierto puro-, los balancines del petróleo con sus cabeceos tristes, y el ruido de una botella que iba y venía por el pasillo y que nadie –ni yo- se molestaba en levantar. No éramos más de cinco pasajeros, el chofer impávido y un poco de música”. (Página 22).

“Era mi primer día en Las Heras. El viento levantaba olas de polvo, azotaba los frentes de las casas bajas y todas las ventanas estaban cerradas. Después, días después, entendí que detrás de esos postigos había bares y kioscos, tiendas y mercados, algún gimnasio, pero entonces, luchando para avanzar contra ese viento inverosímil, lo que vi fue una ciudad cegada que por obra y gracia de un corte de ruta empezaba a ser, además, un sitio fuera del mundo, un lugar perdido”. (Página 30)

“Entonces supe. Esto era el Sur. El Sur del país pero también del mundo. El fondo, el confín, el sitio donde todo queda lejos. Y viceversa. Muy viceversa”. (Página 39)

Cuando es ella la que describe, opina y piensa sobre las personas, sobre quienes son, una oración parece ser más valiosa que cinco páginas de testimonios:

“Ser alguien era algo que querían ser muchos ahí en Las Heras. Ser alguien, decían. Como si ellos, así, no fuera nadie, nada”. (Página 40)

“Al otro lado de calle estaban las vías muertas, y, unos cien metros más allá, el cementerio. La argentinidad, pensé, es muchas cosas pero sobre todo ese gusto por poner las cosas del coger y del morir tan cerca la una de la otra. Aquí se coge, aquí se muere, y en el medio de la vida, aunque allí estaba –y ya no está- el ferrocarril”. (Página 68 )

“Nadie vio en eso nada raro pero ella ya sabía: había acariciado por última vez esas mejillas, sus ojos habían visto por última vez aquellos ojos. La muerte goteaba de las manos. Sus dedos eran ya lo de una muerta”. (Página 92)

“Una pausa. Una respiración honda. En la grieta de sus ojos bailaba un agua rara”. (Página 141)

Un déficit que debería ser corregido en ediciones futuras es el rigor periodístico, a menudo olvidado por la escritora. En la página 50, por ejemplo, dice: “la noticia había llegado a Buenos Aires, y era, probablemente, una de las primeras noticias de las Heras que había llegado nunca”. Me pregunto cuánto tiempo podrá demandar dirigirse al archivo y comprobar esa falacia. Cuando habla sobre la falta de servicios de teléfono, dice “hasta aquí no llegan el largo brazo de la Telefónica ni las pretensiones francesas de Telecom”. Telecom, cuando escribe, sólo podía prestar servicios en la zona centro y norte de Argentina, según la ley vigente de telecomunicaciones. Son casos que se repiten y dañan el texto.

La exageración es otra falta de rigor periodístico. Sólo una página después, Guerriero dice: “Peronistas y radicales no suelen ser amigos, salir juntos, mezclar familia”. Muchas cosas pueden ser los santacruceños, pero una de sus cualidades particulares es que Santa Cruz es un pueblo anarquista, en un sentido amplio de la palabra. En Las Heras falta preguntar nomás a los mismos partidos políticos para comprobar la escasa afiliación y participación de los vecinos en política.

Al texto, además, le falta una buena pincelada de edición periodística. En las primeras 100 páginas, seis veces se menciona Las Heras e inmediatamente después, entre comas, las palabras “provincia de Santa Cruz”. Se repite también que Néstor Kirchner era gobernador de Santa Cruz otras tantas veces, y, en la página 79, después de mencionar y describir el cementerio, cuenta que también hay “un” cementerio.

Con todo, ciertas citas dan en el blanco, explican el porqué y conmueven:

“…‘Acá si no sos fuerte, si no tenés mucho empuje, se te van apagando las ilusiones. A veces, no te creas… yo creo que esta idea de quitarse la vida la ha tenido todo el mundo. Es que te cansa. Esto te cansa’. Señaló la puerta. El viento pateaba para poder entrar”. (Página 126)

“‘La gente habla mal del pueblo, y yo pienso que cuando uno está disconforme en algún lugar es porque está disconforme con uno mismo… Acá la gente naturaliza todo: el embarazo adolescente, el suicidio, la violencia. La gente naturaliza cosas graves’”. (Página 140)

“‘No es que me dé alegría, que sea algo placentero, pero el viento te da algo distinto, te demuestra que estás en un lugar específico’”. (Página 156)

No escribo esta crítica por costumbre ni obligación. Guerriero es una escritora excepcional que podría haber echo de está, una crónica fantástica. Hizo una obra buena, tres estrellas. Fundamentalmente la hizo, y eso es lo importante.

Crítica ylarri.com.ar: Bueno ***

En 1993, el ex “canciller” de las FARC recorrió las Cataratas del Iguazú, Mar del Plata, San Telmo y hasta vio un Boca-River. En 1999 volvió para una visita institucional.

Por Pedro Ylarri

Quince años antes de que fuera abatido en una incursión aérea colombiana en el Ecuador, Raúl Reyes, el canciller y uno de los hombres más poderosos de las FARC, asumió una misión: convencer a las agrupaciones latinoamericanas de izquierda que la causa de la guerrilla era justa y que por ese motivo debían oponerse a los intereses de Estados Unidos en la región.

Reyes decidió comenzar su cometido en la Argentina, en una gestión secreta que recién ahora se conoce. En 1993 hizo su primera visita al país. No tuvo éxito por la escasa influencia del comunismo local en aquella época, pero sí fue el puntapié inicial para la propaganda pro FARC en la región. Regresaría a Buenos Aires por última vez seis años más tarde.

La historia sobre cómo el grupo guerrillero hizo lobby desde el territorio argentino permaneció oculta hasta la muerte de Reyes, el 1º de marzo pasado. Junto con su cuerpo y los de otros 18 guerrilleros, fueron hallados un teléfono celular y una computadora portátil. En ella había fotografías suyas con el titular del Partido Comunista (PC) argentino, Patricio Echegaray, quien aceptó revelar a Perfil la historia inédita de Reyes en la Argentina.

“Sí, el de la foto soy yo”, dice Echegaray, y comienza a recordar los dos viajes de Reyes al país, “aunque yo sólo lo vi en el primero”, aclara. Cuando Reyes –cuyo nombre verdadero era Luis Edgar Devia Silva– llegó a la Argentina, hacía dieciséis años que no salía de la selva colombiana. Fue un viaje “de descanso y conocimiento”, lo define Echegaray. Sería el comienzo también de la “activa” presencia “político-diplomática” de las FARC en el país, según un informe dado a conocer por la fundación Fupomi, que preside Carlos Corach.

Víctor Kot, el segundo en el PC, cuenta que con Reyes y Javier Calderón, otro miembro de las FARC, viajaron a las Cataratas del Iguazú y a Mar del Plata. “Fue por un tratamiento que debía hacer Reyes contra la presión arterial”, explica Echegaray. De vuelta en Buenos Aires, el guerrillero anduvo por San Telmo, comió pizza en El Cuartito, un bife de chorizo por la noche y luego fue a ver tango a Casablanca, según el líder del PC.

Los dirigentes comunistas que lo conocieron aseguran que Reyes era un “gran conocedor” de la geografía argentina y de su cultura, había leído mucho de Cortázar y Borges. “El fútbol y el tango fueron sus mayores intereses.” Kot recuerda que en su primera visita fue a una presentación del cantante Jorge Sobrano y que compró varios discos de Carlos Gardel.

El tour incluyó un Boca-River en el Monumental, visto desde “la bandeja” de Boca. Cuenta Kot, que “en el medio del partido, los de River tiraban encendedores”, y Reyes ironizó: “Esto es peor que la selva”. El viaje terminó en el delta del Paraná y con la promesa de Reyes de volver. Lo hizo seis años después.

Segunda vuelta. El lobby guerrillero en la Argentina se había intensificado y no sólo se circunscribía a las visitas del canciller a los destinos turísticos. Javier Calderón se constituyó en un virtual embajador y agente propagandístico de las FARC en el país.

Hay varios registros del “comandante” colombiano en varios puertos latinoamericanos entre 1996 y 1998: el 28 de febrero de 1996 fue detectado en Uruguay, el 21 de junio de 1997 ingresó a Chile, y el 2 de octubre del año siguiente fue detenido y luego liberado en el Paraguay.

El titular del Partido Obrero (PO), Néstor Pitrola; su par de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Juan Carlos Alderete, y otros dos dirigentes de izquierda que prefirieron el anonimato confiaron a PERFIL que la actividad del colombiano era “intensa”, no sólo en el país, donde ofreció entrevistas en Córdoba, Salta, Santa Fe y Neuquén, sino en cumbres realizadas en Uruguay, Chile, Ecuador, Brasil y Venezuela.

Una vez que Calderón preparó el terreno, Reyes volvió en 1999, donde estuvo una semana. El segundo viaje fue más “institucional”, y ya en ese momento Reyes era uno de los siete miembros del secretariado del Estado Mayor Central de las FARC.

“Se reunió en secreto con personalidades influyentes de todo el arco político, gente del gobierno (de Carlos Menem), y hasta se vio con Alfonsín”, aseveró Echegaray a Perfil. El líder radical luego lo negaría, aunque el encuentro fue confirmado por Calderón y por Kot.

Reyes salió del país de la misma manera en la que había ingresado: en avión, por el aeropuerto de Ezeiza, y utilizando documentación con su nombre verdadero. Sería el último viaje que el guerrillero pudo hacer al país hasta que el diálogo de paz con el gobierno de Andrés Pastrana se quebró, y las FARC comenzaron a tener dificultades en su pretensión de conquistar adeptos en el continente.

ADVIERTEN INEFICACIA DE PLANES PARA COMBATIR
DESNUTRICION, CAUSA DE MORTALIDAD INFANTIL
Por Pedro Andrés Ylarri

BUENOS AIRES, ene 26 (DyN) – Organizaciones vinculadas a la infancia y expertos pusieron en duda esta semana la eficacia de los programas oficiales para combatir la desnutrición y la mala alimentación de niños y madres, una de las principales causas en la Argentina de mortalidad en menores de un año.
La subalimentación y la falta de educación de hijos y padres fueron sindicadas el lunes por Unicef como causantes centrales del fallecimiento, en promedio, de 25 niños por día en el país, muchos de ellos por “enfermedades” y “contextos evitables”.©
El Centro de Estudios Sobre la Nutrición Infantil (CESNI) y la Asociación de Padrinos de Alumnos y Escuelas Rurales (APAER), además de la delegación argentina de Unicef, alertaron en diálogo con DyN la “falta de eficacia”, “descoordinación” y “ausencia de fondos” de planes oficiales para combatir la desnutrición.
Edith Scheuer, de APAER, sostuvo que las provincias del NEA, como Formosa, Chaco y algunas zonas de Misiones, presentan “los niveles más críticos de desnutrición del país”, por políticas públicas “casi inexistentes, con inversiones de menos de un peso por día por niño”.
“Decretamos el alerta roja nutricional porque vemos a diario chicos subnutridos, que no aprenden, no crecen, con Tuberculosis y Mal de Chagas”, dijo Sheuer a DyN, y añadió que “el problema comienza antes del nacimiento” con “madres que dan a luz en mal estado de salud y nutricional”.
La representante de APAER consideró que “la falta de partidas por parte de las provincias, aunque hay anuncios de mejoras” son las principales “fallas” y que es “mínimo” el rol de Estado Nacional, a través de las carteras de Salud y Desarrollo Social.
El informe Estado Mundial de la Infancia 2008 dado a conocer por Unicef el lunes sostiene que el nivel de instrucción de la madre “puede duplicar la tasa de mortalidad infantil”, y vincula el fallecimiento de niños antes de cumplir un año con la falta de acceso al sistema sanitario y la desnutrición.
La Encuesta Nacional de Nutrición realizada en 2007 por el Ministerio de Salud, citada en el documento, dice que 1 de cada 10 niños menores de 5 años padece “talla baja” (desnutrición crónica) y que 35 por ciento de los niños menores de 24 meses sufre de anemia.
Paula Pueyrredón, investigadoras de CESNI, una reconocida entidad que elabora estrategias para mejorar la nutrición de los niños, dijo a DyN que “falta educación alimentaria a las madres y políticas para concientizar sobre el tema”, y consideró que “sólo hay pequeños emprendimientos, son necesarios muchos más”.
“En el nivel más pobre la situación es preocupante, un nacimiento con bajo peso debe ser alertado por el médico, pero no se hace, y los embarazos siguientes, en poco tiempo, causan daños irreversibles” en los niños, afirmó la nutricionista.
El Centro de Estudios fomenta en este sentido la provisión de hierro a mujeres en edad fértil a fin de disminuir el riesgo de anemia en los niños y el bajo peso de nacimiento, dos problemas vinculados a la mortalidad infantil.
Unicef también se sumó a las críticas y reclamó “políticas integrales” en materia sanitaria, para evitar la muerte por año de unos 9.000 niños menores de 12 meses en la Argentina, de los cuales “más de 4.000 se salvarían si se lograra reducir lo reducible”.
PAY FM

AMNISTIA RECLAMO AL GOBIERNO POLITICA DE
ESTADO PARA COMBATIR VIOLENCIA DE GENERO

BUENOS AIRES, ene 24 (DyN) – Amnistía Internacional reclamó hoy al gobierno argentino que instrumente una “política de estado” para combatir la violencia de género y denunció que la situación es “muy grave” y “una vergüenza para los Derechos Humanos”.
La organización lanzó el alerta tras conocerse este mes el asesinato de tres mujeres por parte de sus concubinos o ex maridos en Río Negro, Entre Ríos y Tucumán, e instó a las autoridades a “pensar el grave problema en forma integral y a largo plazo, tal como piensa la inflación”.©
“El problema es tremendo, muy grave, en menos de un mes hubo tres mujeres muertas”, expresó en diálogo con DyN el director ejecutivo de Amnistía Internacional (AI) local, Rafael Barca.
La entidad sostuvo a través de un comunicado que “la violencia contra la mujer está marcando el inicio del año” y que para AI “estos hechos son una vergüenza para los Derechos Humanos y ponen en evidencia que aún son muchos los retos del Estado argentino y del conjunto de la sociedad para combatir esta problemática”.
“Amnistía Internacional insta al Estado argentino y a las autoridades competentes a abordar esta violación recurrente de los derechos humanos de una manera urgente y efectiva y a dar muestras claras de su compromiso en el combate de la violencia contra las mujeres”, reclama el documento.
AI enfatizó que “un gran número de esas mujeres violentadas son golpeadas, amenazadas y humilladas en su entorno familiar, por ello, al abordar la violencia contra la mujer es sumamente importante hacer énfasis en la violencia que se genera en el ámbito doméstico”.
Barca, consultado por DyN, definió el alcance del reclamo, al explicar que ante este “panorama tremendo”, la administración de Cristina Fernández de Kirchner debe “crear nuevos refugios para víctimas, coordinar políticas con provincias, capacitar a jueces, a la policía” e “introducir cambios en el sistema de educativo”.
El director ejecutivo de AI consideró que la violencia contra las mujeres es un problema “que afecta a muchísimos países”, y que “la diferencia” se encuentra en “aplicar o no políticas para combatir” el flagelo.
El pedido de Amnistía Internacional se realizó en el marco de un crecimiento en las denuncias por abuso y acoso de mujeres, en particular en el ámbito doméstico, que fue evidenciados en reportes de la Policía Bonaerense, el Consejo Nacional de la Mujer y otras entidades públicas y privadas.
La Línea de Mujer de la Dirección General de la Mujer del gobierno porteño informó, en este sentido, que recibió 7.876 llamadas por violencia familiar entre enero y septiembre de 2007, mientras que las 24 Comisarías de la Mujer bonaerenses recibieron 18.498 denuncias similares de enero a junio de ese mismo año, frente a las 26.631 registradas en todo el año 2006.
La Ley de Violencia Familiar, aprobada en forma reciente, y otras normas que actúan en este sentido en Capital y provincia de Buenos Aires, entre otros distritos, fueron consideradas como “un cierto avance” por AI, que ratificó no obstante la necesidad de una política integral”.
PAY JC

AUMENTA EMBARAZO EN ADOLESCENTES EN SITUACION
DE CALLE. EXPERTOS DIVERGEN SOBRE LOS RIESGOS
Por Pedro Andrés Ylarri

BUENOS AIRES, dic 29 (DyN) – La cantidad de adolescentes en situación de calle embarazadas o madres recurrentes aumentó en los últimos años y triplica en algunos distritos el promedio de menores de edad con hijos, aunque especialistas divergen sobre las causas y consecuencias del fenómeno.
Organizaciones del ámbito civil y centros oficiales alertaron en diálogo con DyN el aumento de madres con menos de 16 años sin hogar o residentes la mayor parte del día en la calle, y en los últimos meses lanzaron estadísticas e informes que reclaman planes de apoyo “integrales” y “específicos” para el sector.©
Especialistas del Centro de Atención Integral a la Niñez y Adolescencia (CAINA) revelaron esta semana a DyN un informe sobre la temática, según el cual “en 2007, 44 por ciento de las chicas que más asisten (al centro) están embarazadas o son madres”, lo cual constituye un “fuerte incremento” respecto a años anteriores.
CAINA, que depende de la Ciudad aunque atiende también a adolescentes viviendo en calles del Gran Buenos Aires, estimó que “el promedio de edad de las chicas embarazadas en situación de calle es de 16 años” y que “en su mayoría se anoticiaron tardíamente de su embarazo” y carecen de “parejas estables”.
El informe elaborado por las especialistas Agostina Braggio y Natalia Cillis sostuvo que muchas adolescentes con hijos, que viven en las calles, “han sido excluidas del sistema educativo, no accedieron a capacitación en oficios” y han visto vulnerados otros de sus derechos, como salud, vivienda y alimentación.
Sin bien los asesores del centro indicaron que no existen datos de todo el país, sostuvieron a DyN que en muchos distritos las adolescentes embarazadas en situación de calle “hasta triplican” la cantidad de menores de edad con hijos.
Las causas y consecuencias del fenómeno divergen entre los especialistas y actores territoriales, ya que si bien algunos, entre ellos el ministerio de Salud de la Nación, consideran el embarazo adolescente como una problemática provocada por la falta de educación sexual, otros entienden que las jóvenes ven en la maternidad la “oportunidad para salir de la calle”.
“Muchas veces se constituye en una ocasión que posibilita comenzar a recorrer el abandono de prácticas perjudiciales para su salud, el inicio del cuidado propio y de su bebé, un proyecto de vida diferente, y quizás el alejamiento paulatino de la situación de calle”, expresó CAINA.
Investigadores del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) comprobaron que “entre madres adolescentes de sectores populares, se advierte que más de un tercio de las adolescentes que no utilizaron métodos anticonceptivos, lo hizo porque quería tener un hijo, lo que muestra que el embarazo es una alternativa válida para muchas jóvenes”.
“En un contexto de pobreza, en donde las expectativas de presente y futuro son restringidas, la maternidad cobra para las adolescentes un sentido que quizás no tendría en circunstancias más favorables”, sostuvieron desde CEDES Mónica Gogna, Silvia Fernández y Nina Zamberlin, en un texto reciente sobre el tema.
El Centro Latinoamericano Salud y Mujer (CELSAM), en cambio, sostuvo en relación a datos propios que “6 de cada 10 madres adolescentes argentinas no planificó tener un bebé”, lo que “es traumático en la mayoría de los casos” porque “algo se posterga o anula del devenir adolescente”.
En el mismo sentido se expresó el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), al señalar en su informe anual de 2007 que el índice de embarazo en adolescentes en Argentina viene creciendo en los últimos años y es entre “seis y diez veces” mayor que cifras registradas en España, Italia y Canadá.
El Fondo, que promueve la disminución de los embarazos en la adolescencia, indicó que uno de cada seis niños nacidos son gestados en el vientre de mujeres de 15 a 19 años, lo que está relacionado al bajo peso al nacer, muerte prematura y una mayor tasa de mortalidad materna.
Las entidades coincidieron en que son “insuficientes” e “ineficaces” las políticas públicas destinadas al cuidado de las adolescentes “antes, durante y después del parto”, y reclamaron acciones “integrales” y específicas”.
En la Ciudad, el ministro de Desarrollo Social, Esteban Bullrich, quien realizó un censo de menores de edad en situación de calle este mes, evitó anticipar la información respecto a las madres jóvenes, y aseguró en diálogo con DyN que habrá planes “específicos y diferentes de acuerdo a sus necesidades”.
PAY FM

DOS MILLONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
CARECEN DE SERVICIO DE SALUD. DIA MUNDIAL
Por Pedro Andrés Ylarri

BUENOS AIRES, dic 1 (DyN) – Más de dos millones de personas que viven con alguna discapacidad carecen de servicios de salud gratuitos dispuestos por la legislación vigente y sólo 25 por ciento tiene un empleo fijo, advirtió una entidad civil, en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
Unas 2,8 millones de personas afrontan discapacidades físicas o psicológicas en Argentina, de las cuales sólo dos de cada diez (2,24 millones) posee su certificado de discapacidad, lo que habilita a ingresar al sistema de prestaciones básicas de salud y recibir 100 por ciento de cobertura.©
Las cifras fueron difundidas por la Fundación Par y toma en cuenta datos de la Encuesta Nacional de Discapacidad (ENDI), que asegura que más de la mitad de las personas que afrontan alguna problemática de ese tipo “paga con dinero propio” el servicio de salud, “es decir, no recibe ayuda del Estado”.
La entidad denunció que el Gobierno, a través del PAMI, incumple la legislación que promueve la entrega gratuita de sillas de rueda, audífonos, aparatos, bastones, computadoras adaptadas, oxígeno y sondas, así como “tampoco tienen una cobertura integral” para favorecer su integración.
Organizaciones no gubernamentales advirtieron también que sólo 15 por ciento de los niños con discapacidad estudian en escuelas comunes, y que 70 por ciento no recibió rehabilitación o estimulación temprana, según cifras dadas a conocer a DyN.
“El acceso a las escuelas comunes es un proceso complejo y muy dificultoso, pocos acceden a la rehabilitación adecuada, y luego tampoco consiguen empleo, 75 por ciento está desempleado”, sostuvo el informe de Fundación Par.
La entidad consideró que “las personas con discapacidad enfrentan cotidianamente en Argentina una vulneración tras otra, aunque sobre todo, una escasa proporción conoce sus derechos y participa activamente en el ejercicio de los mismos”.
Con el fin de promover la defensa de los derechos, la ONG realizará en el Día de las Personas con Discapacidad, que se conmemora el lunes, una campaña mediática de comunicación con el lema “Defender tus derechos es igualar tus oportunidades”.
El objetivo es difundir la línea de atención gratuita 0800-122-3727 de “información y concientización sobre derechos y obligaciones ciudadanas”, dirigida a personas con discapacidad y a sus familiares, informó Par en un comunicado.
La Defensoría del Pueblo porteño y de la Nación y una decena de entidades no gubernamentales realizarán además una serie de actividades para reclamar por la inclusión de las personas con algún tipo de discapacidad y el cumplimiento de leyes vigentes que aseguran beneficios sanitarios y transporte, entre otros.
La Defensoría porteña prevé acompañar un reclamo contra la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) para exigir el cumplimiento del decreto 38/04, que establece la gratuidad de los viajes en el transporte terrestre.
La Defensora del Pueblo adjunta, Graciela Muñiz, afirmó esta semana que la norma “es una de las herramientas más importantes que tiene una persona con discapacidad para mejorar su calidad de vida” y que si bien “hay legislación para la discapacidad, el Estado es el principal incumplidor de estas leyes”.
PAY FM EMJ

Fecha de publicación: 1º de diciembre de de 2007.
Medio: Agencia Diarios y Noticias (DyN)
Autor: Pedro Andrés Ylarri
Título original: DOS MILLONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
CARECEN DE SERVICIO DE SALUD. DIA MUNDIAL

FIRMAN CONVENIO PARA ELIMINAR DISCRIMINACION
EN ESCUELAS, PRINCIPAL AMBITO DE SEGREGACION

BUENOS AIRES, dic 19 (DyN) – El Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI) y el sindicato de maestros CTERA firmaron hoy un convenio para realizar actividades y programas a fin de eliminar las prácticas de segregación en escuelas, uno de los principales ámbitos en donde se discrimina en el país.
El convenio, uno de los primeros firmados entre los sectores público y sindical referido a la problemática, pretende “sumar esfuerzos” para evitar acciones de discriminación no sólo contra alumnos, sino docentes y trabajadores de la educación, informó a DyN la Confederación Trabajadores de la Educación (CTERA).©
La secretaria general de CTERA, Stella Maldonado, y la presidenta del INADI, María José Lubertino, como así también dirigentes sindicales docentes y funcionarios del organismo estatal celebraron la firma del acta esta tarde, en Capital Federal.
Las partes buscarán “favorecer el desarrollo de cursos y talleres de capacitación para los trabajadores de la educación” y “proponer acciones para la no discriminación” en colegios, con un especial interés en “prevenir”, dijeron las mismas fuentes.
El texto insta a los firmantes a “promover acciones contra toda forma de discriminación, desmedro o maltrato en perjuicio de los actores del quehacer educativo: trabajadores, alumnos y dirigentes sindicales”, y comenzará a aplicarse en marzo.
El secretario de Derechos Humanos de CTERA, Gerardo Marturet, explicó en diálogo con DyN que el plan comenzará en el primer semestre de 2008 en Corrientes, Santa Fe, Córdoba, La Pampa y Formosa, con la aplicación de cursos sobre “educación sexual”.
“Los que más sufren discriminación son los alumnos, la idea es capacitar a los docentes para que sepan intervenir y que eduquen en la no discriminación”, añadió, al explicar que el “convenio retoma uno anterior”, también firmado con el INADI.
Marturet consideró que “no existe un patrón” de conducta de la problemática, sino que depende de la jurisdicción: “En el norte la pobreza o la indigencia de un niño y su familia es discriminada, en los centros urbanos es la nacionalidad”.
Las acciones para erradicar las prácticas de segregación en las escuelas se da en el marco de estudios que indican la fuerte incidencia de prácticas de segregación en el ámbito educativo, en particular en el Gran Buenos Aires y en el interior.
El INADI reveló en el Mapa de Discriminación en la Argentina que 84 por ciento de las personas que residen en la ciudad y el conurbano bonaerense consideran que “prevalece” la discriminación, en tanto que “seis de cada diez personas” dijeron haber presenciado actos de segregación” en 2006.
La encuesta advirtió que la escuela, junto con comisarías y la vía pública son los ámbitos en donde “más se discrimina”, en tanto que en la Ciudad de Buenos Aires, los colegios aparecen en los primeros seis puestos de lugares con alta segregación.
La discriminación por nacionalidad, obesidad, aspecto físico, nivel socioeconómico, apariencia física y enfermedad aparecen como los casos más comunes de segregación en el colegio en el Área Metropolitana, sostuvo el informe al que tuvo acceso DyN.
El convenio busca además combatir “a través de la educación” las prácticas de discriminación, ya que los lugares frecuentados por jóvenes son los ámbitos en donde más prevalecen estos actos, en especial boliches bailables y clubes.
PAY JC

Fecha de publicación: 19 de diciembre de 2007.
Medio: Agencia Diarios y Noticias (DyN)
Autor: Pedro Andrés Ylarri
Título original: FIRMAN CONVENIO PARA ELIMINAR DISCRIMINACION
EN ESCUELAS, PRINCIPAL AMBITO DE SEGREGACION

CENSARON NIÑOS EN SITUACION DE CALLE EN LA
CIUDAD: MAS DE 3 MIL CON MENOS DE 16 AÑOS

BUENOS AIRES, dic 18 (DyN) – El gobierno porteño finalizó hoy un censo de niños que habitan en las calles de la ciudad, una problemática que afecta a más de 3 mil con menos de 16 años en el distrito, causada por la pobreza, la violencia familiar y la falta de políticas públicas destinadas a la infancia.
El estudio de campo oficial, el tercero que se realiza sobre el tema en los últimos años, fue la primera etapa de un plan de tres fases que finalizará en julio con la implementación de un programa “integral” para niños en situación vulnerable.©
El operativo comenzó anoche a las 21, se extendió hasta las 5 de hoy, y contó con la presencia del ministro de Desarrollo Social porteño, Esteban Bullrich, quien dijo a DyN que “los datos se presentarán el viernes”, en rueda de prensa.
Para desarrollar el operativo, que incluyó la presencia de 190 operadores, entre ellos asistentes sociales y psicólogos, y 60 móviles, se dividió la ciudad en 21 zonas geográficas.
El plan procura ir “más allá de la asistencia material”, hacia “un trabajo real de restitución de derechos”, sostuvo.
El ministro explicó a DyN que “detectar factores de riesgo asociados con el niño, con la familia, con la comunidad y la red social de subsistencia en calle nos va a permitir pensar y focalizar nuestras acciones en conjunto, para dar respuestas acertadas en el corto plazo”.
La primera acción de la administración de Mauricio Macri en la temática de la infancia respeta los parámetros del llamado Programa de Atención Integral de Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de calle, lanzado en marzo de 2005, y que funcionó en forma discontinua durante el mandato de Jorge Telerman.
La Comuna dio cuenta luego de seis meses de trabajo que contactó a 2.699 niños en situación de calle en la ciudad, y estimó que el número de menores de 16 años que residían en 2005 en la vía pública era de 3.800.
El plan de 2005 incluía equipos de operadores de calle con grupos de revinculación familiar, atención en paradores, casas abiertas y atención en hogares de tránsito o permanentes, y durante 6 meses realizó el seguimiento de unos 360 niños.
El Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes de la Comuna lanzó en 2006 un segundo censo sobre la temática, en conjunto con un trabajo de base sobre cartoneros, según el cual al menos 786 niños y adolescentes eran empleados en tareas de recolección en el distrito, un 23 por ciento del total de recolectores.
La presencia de niños que habitan en las calles de la ciudad responde en especial a “situaciones de pobreza” y “violencia en el ámbito doméstico”, y su permanencia a “malas intervenciones”, advirtieron a DyN fuentes de la Federación Argentina para la Protección de la Infancia y la Adolescencia en Riesgo (FAPPIAR).
FAPPIAR expresó que algunas dificultades para la solución del problema son la falta de un registro único sobre la historia de cada niño, la desarticulación entre instituciones públicas y privadas, la “apropiación” de menores de edad y las políticas “basadas en conceptos ideológicos”.
La entidad sostuvo en un estudio reciente al que tuvo acceso DyN, que adicciones, trata de personas, explotación sexual y laboral y la indocumentación son los principales problemas a los que se enfrentan los niños residentes en las calles porteñas.
El nuevo censo pretende ser un “diagnóstico detallado” sobre la situación, para lo que relevó “cantidad, edad, sexo, procedencia, contacto familiar, actividad en la calle y situación escolar”, informaron allegados a Bullrich.
La segunda fase del censo consiste en la “profundización” de la información obtenida “a partir de un muestreo cualitativo en las zonas de mayor concentración”, a partir de enero, mientras la tercera etapa procurará “confirmar o adecuar los datos recuperados en las instancias anteriores” a fin de lanzar el llamado plan integral.
PAY JMN JMC MP FM

Fecha de publicación: 18 de diciembre de 2007.
Medio: Agencia Diarios y Noticias (DyN)
Título original: CENSARON NIÑOS EN SITUACION DE CALLE EN LA
CIUDAD: MAS DE 3 MIL CON MENOS DE 16 AÑOS

INSTAN A REFORMAR JUSTICIA Y EDUCACION PARA
COMBATIR ALTO INDICE DE VIOLENCIA DOMESTICA
Por Pedro Andrés Ylarri

BUENOS AIRES, feb 25 (DyN) – La difusión de estadísticas que
revelan altos índices de violencia doméstica provocó la reacción de funcionarios, legisladores y organizaciones no oficiales, que
advirtieron es necesario revertir “la cultura de la discriminación”, a través de “reformas” en la Justicia y en la educación, en especial en las provincias del NOA y del NEA.
El Consejo Nacional de la Mujer y especialistas reveló que un
60 por ciento de las mujeres residentes en grandes ciudades son
sometidas a violencia doméstica o conoce a alguien que la padece, mientras cifras oficiales, a las que DyN tuvo acceso, muestran un notable incremento de denuncias.©
La reacción de funcionarios no se hizo esperar, y la titular
del Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI), María José Lubertino, expresó que “detrás de la violencia hay una situación de discriminación, porque la violencia es el último eslabón de la cadena de prejuicios que están en la base de la discriminación”.
La segregación “se da por la naturalización de prejuicios en
las relaciones entre varones y mujeres. Esto se puede ver todavía en la distribución de roles en el hogar, en el ámbito laboral, en materia de salud sexual y reproductiva, pero en especial en algunos dictámenes de la justicia”, dijo Lubertino.
“Hay situaciones muy graves en muchas provincias del noroeste
(NOE) y noreste argentino (NEA), donde el Poder Judicial emite
sentencias discriminatorias hacia las mujeres, donde bajan (las penas por maltrato) por una supuesta cultura”, agregó.
Para “combatir eso hay que reformar el Código Penal, no para
aumentar las penas, pero sí para desactivar la discriminación que está allí, en el capítulo de delitos sexuales, para decir como se debe aplicar la justicia”, sentenció.
Desde el ámbito legislativo, la diputada nacional Lucrecia
Monti (Justicialismo Nacional) advirtió a DyN que “es necesario
adecuar la legislación interna (a tratados internacionales) para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer”, y
advirtió que un proyecto de su autoría sobre el tema “sólo fue
tratado por 1 de las 4″ comisiones que deben emitir dictamen.
El proyecto, según indicó, pretende la capacitación de agentes judiciales, policiales, docentes y profesionales que trabajen en la problemática, así como “un manual de buenas prácticas” para ser utilizado por medios de comunicación, la “asistencia digna a las víctimas”.
Por su parte, una experta en la temática del Ministerio del
Interior, que pidió no ser nombrada, advirtió a DyN que existe en fuerzas provinciales un actitud “machista y desconsiderada” ante delitos de violencia familiar, que “sólo podrá evitarse con una reforma en la formación” de los efectivos.
Organizaciones consultadas agregaron que “la solución y la
forma de prevenir la violencia doméstica está en la educación, en la aplicación de contenidos que aporten a la reflexión sobre paridad y vínculos democráticos” entre géneros.
“Hay una responsabilidad de cada una de las provincias, salvo
en (la policía de) Buenos aires y la Federal, yo no veo avances en la capacitación para la inclusión… da la impresión de que no hay trabajo con el poder judicial, la educación y la fuerzas de seguridad”, consideró Lubertino al respecto.
Cifras del Ministerio de Seguridad bonaerense indicaron que
hubo casi 20.000 denuncias de violencia doméstica sólo en la
provincia durante 2006, mientras 11 mil se registraron en la Capital, donde un 90 por ciento de los casos corresponde a mujeres sometidas por su pareja o por alguien de su entorno.
Especialistas destacaron la labor del Gobierno, el Congreso y
de administraciones provinciales y municipales, en especial por el lanzamiento de nuevas dependencias receptoras de denuncias, como las 37 comisarías de la Mujer bonaerenses.
La sanción de una nueva ley de Educación y la aprobación del
protocolo facultativo del Cedaw, que otorga a las mujeres la
posibilidad de acudir a organismos internacionales ante casos de
maltratos, permiten, según expertos, conocer la dimensión del problema, “pero ahora son mecanismos que hay que implementar”.
PAY FCR EMJ

Fecha de publicación: 25 de febrero de 2007.
Medio: Agencia Diarios y Noticias (DyN)
Autor: Pedro Andrés Ylarri
Título original: INSTAN A REFORMAR JUSTICIA Y EDUCACION PARA
COMBATIR ALTO INDICE DE VIOLENCIA DOMESTICA

“LA MITAD DE LOS NIÑOS DE ZONAS MARGINALES
NACE SIN CONTROLES DE SIDA”, ADVIRTIO CAHN
Por Pedro Andrés Ylarri

BUENOS AIRES, ene 27 (DyN) – El presidente de la Fundación Huésped, Pedro Cahn, denunció que en zonas empobrecidas del país “la mitad” de los niños nace “sin controles” para evitar la transmisión del VIH de madre a hijo, y alertó por las consecuencias en la infancia que tiene la presencia del virus.
Cahn, quien dirige la asociación de lucha contra el SIDA,
reconoció en una entrevista con DyN que la enfermedad, que padecen más de 3 mil niños en Argentina, “sigue siendo no aceptada socialmente en algunos sectores”.
Afirmó que en algunas zonas “es dificultoso el acceso a la
salud debido a barreras burocráticas” y exhortó a la industria
farmacéutica a producir “formulaciones pediátricas apropiadas”.
La siguiente es una síntesis del diálogo que DyN mantuvo con
el especialista:
* DyN: ¿Qué consecuencias tiene en la vida de un niño ser portador del virus del SIDA?
* PC: Esta es una enfermedad que a pesar de los años
transcurridos desde el inicio de la epidemia y mayores conocimientos en la población sigue siendo no aceptada socialmente en algunos sectores. Esto se ve reflejado en la población adolescente, donde a la problemática propia de la edad se agrega el sentirse diferentes a sus pares por el hecho de tener que recibir periódicamente medicaciones y visitas medicas, lo que trae aparejado el riesgo de la perdida de adherencia al tratamiento.
* DyN: ¿Qué necesidades especiales tienen estos niños?
* PC: Frecuentes visitas médicas de distintas especialidades y complejos regímenes antirretrovirales. Un trabajo especial de
contención que les permita convivir con una enfermedad crónica que requiere dedicación diaria, que en su inmensa mayoría adquirieron al nacer. Por añadidura, muchos de los niños viviendo con el virus son huérfanos.
* DyN: ¿Qué acciones hay que realizar para suplirlas? ¿Cuál es el papel del Estado?
* PC: En realidad no depende sólo del estado. A la industria
farmacéutica le corresponde la producción de formulaciones
pediátricas antirretrovirales apropiadas que faciliten a los niños y sus cuidadores la pesada y difícil tarea de la administración constante de medicamentos.
* DyN: ¿Y con respecto a la prevención?
* PC: Considerando que la mayoría de los casos son debidos a
transmisión vertical, el Estado dispone de medicación apropiada
para todas las embarazadas, el testeo de las mismas, el suministro de leche maternizada para los RN y la supresión medicamentosa de la lactancia para las madres. Si bien en muchos centros la tasa de transmisión vertical es cercana a 0 por ciento, todavía nacen niños infectados en la Argentina.
* DyN: ¿Por qué?
* PC: Porque los sectores sociales más marginados y castigados por la crisis son los que menos acceso tienen al sistema hospitalario, a la educación y la prevención. Todavía en diversos lugares del país cerca del 50 por ciento de las mujeres dan a luz sin los controles prenatales necesarios, lo que presupone no sólo riesgo de transmisión del HIV sino también de otras patologías como chagas, hepatitis y toxoplasmosis.
* DyN: ¿Considera que son ineficaces e insuficientes las acciones del Gobierno para estos casos?
* PC: Aún en algunos lugares del país sigue siendo dificultoso el acceso a la salud debido a las barreras burocráticas en los distintos niveles que hacen que lleguen sólo algunos y no todos los que lo necesitan.
* DyN: Fue testigo de la inconstancia en el envío de
medicamentos contra el VIH que se registró en varias provincias durante 2006. ¿Cómo afectó en los niños?
* PC: La suspensión transitoria del suministro de
medicamentos por la razón que fuere es perjudicial para el paciente, conspira contra la adherencia al tratamiento y su eficacia y conlleva el riesgo de generar resistencia.
PAY FM MP

Fecha de publicación: 27 de enero de 2007.
Medio: Agencia Diarios y Noticias (DyN)
Autor: Pedro Andrés Ylarri
Título original: “LA MITAD DE LOS NIÑOS DE ZONAS MARGINALES
NACE SIN CONTROLES DE SIDA”, ADVIRTIO CAHN

CAMPAÑA ARGENTINA QUE PROMUEVE DERECHOS DE LA
INFANCIA RESULTO “UN EXITO” EN EL EXTRANJERO
Por Pedro Andrés Ylarri

BUENOS AIRES, ene 1 (DyN) – Una campaña que fomenta hábitos de convivencia y promueve derechos de la infancia resultó “un éxito” en países de América Latina, Europa y Africa, lo cual refleja, según la Asociación Argentina para la Infancia que la realiza, la necesidad de la sociedad de tener “pautas mínimas de civilización”.
“¿Encendió? Apague, ¿abrió? Cierre, ¿desarmó? Arme, ¿rompió? Arregle”, son algunos de los consejos básicos que recomienda el primer afiche de la campaña, que con el lema “Reglas básicas de convivencia” intenta desde 2004 ser un aporte “para la reflexión de conceptos fundamentales para la vida diaria”, explicó a DyN la presidenta de la fundación, María Marta Hall.©
La idea de crear un afiche para difundir las pautas de convivencia para hogares, colegios, hospitales y clubes, comenzó a gestarse en 2004, cuando se diseñaron coloridos pictogramas que identifican 13 normas de conducta y se imprimieron los mil primeros pliegos.
“¿Ensució? Limpie, ¿no sabe cómo funciona? No toque, ¿no sabe cómo hacerlo mejor? No critique y ¿pidió prestado? devuelva”, son otros de los consejos de la entidad, que como recomendación extra propone “pedir siempre por favor” y “decir gracias”.
“En 2004 buscábamos cómo adherirnos al Año Internacional de la Familia, dispuesto por Naciones Unidas, y se nos ocurrió hacer los pictogramas para chicos y adultos. Una vez lanzados comenzaron a llegar pedidos de todos lados, nunca pensamos que la demanda iba a ser tan grande”, dijo a DyN Hall.
Ese año, la asociación, que en 2006 cumplió 50 años, logró firmar un convenio con el gobierno porteño, por el que el afiche llegó a cientos de colegios e institutos de la ciudad.
Sin embargo, no fue hasta la difusión de la campaña en la prensa nacional que el plan cobró dimensión.
“El 13 de febrero de 2005 publicaron una nota con la campaña y al día siguiente nos llegaron 600 e-mails de todas partes del mundo pidieron por los afiches”, recordó la presidenta.
En Colombia los afiches se publicaron en la revista Semana y “causó sensación”, aseguró a DyN un colaborador, quien afirmó que en ese país la campaña “es muy conocida y se reparte en escuelas, universidades y en otros sitios, y hasta se hizo un programa de televisión”.
Desde Colombia y “todas las naciones de América Latina”, países europeos conocieron también la iniciativa y la aplicaron en distritos de Africa, Medio Oriente y América del Norte.
“La obra ya fue traducida a portugués, inglés y alemán, entre otras lenguas”, dijeron en la fundación.
“Desde el momento en que esta campaña cobró dimensión nacional e internacional se puso en evidencia la necesidad de alcanzar un nivel de compromiso y de reflexión más alto, que pusiera en textos e imágenes sencillas temas como el error, el perdón, la verdad, la moderación, el respeto, el diálogo, el bien y la paz”, explica un documento.
Por eso en septiembre fue lanzado el segundo afiche titulado “De la convivencia a la paz”, que entiende y fomenta un “nuevo orden”, no ligado al “viejo paradigma” de la regulación y la represión, sino que pretende soluciones pacíficas a los conflictos y el respeto por la diversidad.
Es “en ese punto donde entran en juego los derechos de los niños, en este caso el derecho a la paz, a crecer en un mundo donde sean educados para la paz. Es algo amparado en la Convención (de los Derechos del Niño) y tiene un fuerte sustento teórico”, destacó Hall.
“La paz es mucho más que la ausencia de conflicto”, destacó la especialista, quien expresó su deseo de que “en los próximos años la idea sea tomada en cuenta sobre todo por los adultos… y en todos los ámbitos, hasta en empresas y medios”.
Hall reconoció que “todavía” está “sorprendida” por el éxito de la campaña, y consideró que la creciente difusión se debe a que “la sociedad necesitaba algún tipo de hilo conductor para trasmitir las normas simples de civilización”.
PAY FM

Fecha de publicación: 1º de enero de 2007.
Medio: Agencia Diarios y Noticias (DyN)
Autor: Pedro Andrés Ylarri
Título original: CAMPAÑA ARGENTINA QUE PROMUEVE DERECHOS DE LA INFANCIA RESULTO “UN EXITO” EN EL EXTRANJERO