Cooperación Internacional: el Gobierno quiere “estatizar” los fondos que reciben las ONG

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Los bajos índices de pobreza e inflación que difunde el INDEC son tomados como referencia por los países desarrollados y las entidades globales, que prefieren enviar su ayuda social a otros países de la región, como Brasil y Colombia. Esta causa, junto con la sospecha de falta de transparencia oficial, está reduciendo drásticamente el presupuesto de las entidades civiles, que deben competir entre ellas para mantener sus planes de asistencia. Como si fuera poco, el Gobierno analiza “estatizar” los envíos solidarios como hace Chávez en Venezuela, lo que ya puso en “alerta” a los países donantes.

Por Pedro Ylarri

El Gobierno nacional está analizando la posibilidad y conveniencia de administrar por sí mismo los fondos multimillonarios de cooperación internacional que reciben las organizaciones no gubernamentales (ONG) para realizar actividades con fines sociales, en lo que parece ser un nuevo y polémico capítulo en la escalada de estatizaciones impulsada por el kirchnerismo, que incluyó la nacionalización de los fondos de la ANSES, de Aerolíneas Argentinas y las transmisiones del fútbol.

La información fue confirmada por fuentes diplomáticas y de ONGs, quienes aseguraron a PERFIL que la Cancillería comenzó a enviar cartas requiriendo datos sobre inversiones sociales en el país a embajadas extranjeras y a las sedes consulares argentinas en el exterior. La vía diplomática es la principal receptora de fondos de ayuda a ONGs por parte de organismos multilaterales, países, entidades civiles globales y donantes privados; por lo que la misiva oficial causó “preocupación” y “sorpresa” y analizan qué posición tomar respecto al requerimiento de la cartera de Jorge Taiana.

“El pedido de la Cancillería se refiere a cuánto dinero reciben, en qué concepto, a qué ONG o institución se dirige, para qué proyecto y cuál es su tiempo de duración”, sostuvo a PERFIL un directivo de una reconocida organización civil, quien solicitó reserva, al destacar que la misiva incluye una sugestiva afirmación según la cual al Gobierno “le gustaría participar en el proceso” de administración de los fondos.

Las embajadas extranjeras todavía no han respondido al pedido oficial –en rigor, no tienen obligación de hacerlo– y se encuentran debatiendo qué posición común tomar. “La situación es complicada, porque involucra la soberanía y hay temor de que se avance al control de los fondos”, afirmó otra fuente del caso del tercer sector, quien aseguró que “hay contactos entre las embajadas, y entre ellas y el Gobierno”. Los dirigentes de al menos cuatro organizaciones civiles consultadas por PERFIL mantienen una estricta cautela, decidida en una reunión realizada hace diez días: “No queremos caldear los ánimos”, afirmó una persona que participó.

La Cancillería, por su parte, evitó contestar los siete llamados que PERFIL realizó durante las últimas dos semanas y tampoco quiso confirmar el avance oficial por el control de los fondos, sobre los que no se conoce a ciencia cierta de cuánto dinero se trata. Si bien las embajadas y las ONG entienden que “por ahora” se trata “sólo de un pedido de información”, tienen temor en que la administración de Cristina Fernández de Kirchner “importe” una polémica ley venezolana ideada por su presidente, Hugo Chávez, y que el dinero a administrar sea utilizado para “sancionar” a las ONG críticas o a “premiar” a las afines al Gobierno, al igual que lo hace con los medios a través de la distribución arbitraria de publicidad oficial.

La llamada Ley de Cooperación Internacional fue aprobada por la Asamblea Nacional de Venezuela en 2006, y si bien Chávez la promocionó diciendo que su objetivo era aumentar la ayuda del extranjero, una coalición de 62 ONGs de ese país denunció que “lesiona la vida, la esencia y el accionar independiente del movimiento no gubernamental en el país”.

Mal momento. La posibilidad de que el Estado avance en el control de los fondos extranjeros para las ONG ocurre en una de las peores circunstancias históricas en materia de financiación para las entidades civiles en la Argentina. Estas aseguran que el Gobierno no sólo “no se dedica” a conseguir más fondos en el extranjero y los reparte en forma “poco clara”, sino que en forma indirecta “espanta” la ayuda solidaria que llega directamente o a través de embajadas.

Sucede que la escasa cantidad de pobres que recuenta el gobierno kirchnerista a través del INDEC y la falta de transparencia gubernamental están provocando una “drástica reducción” en la ayuda internacional que recibe nuestro país, advirtieron a PERFIL directivos de Poder Ciudadano, del Cippec y de otras dos entidades que prefirieron el anonimato.

Según afirman, los indicadores de progreso que divulga el instituto de estadísticas provoca que organismos multilaterales y fondos solidarios elijan otros destinos como Colombia o Brasil, o incluso Africa, antes de ayudar a la Argentina.

“La tergiversación de datos sobre situación económica, financiera, social y laboral ofrece una imagen de la Argentina que evidentemente la presenta como un país donde muchos problemas ya están solucionados o en vías de solución”, explicó a PERFIL la presidenta de Poder Ciudadano, Delia Ferreyra Rubio. En consecuencia, los limitados recursos de la cooperación internacional “se orientan hacia países más necesitados”.

“Oficialmente”, el dinero en concepto de cooperación para el desarrollo económico que recibe el país de otras naciones o fondos multilaterales se ha mantenido constante durante los últimos años o incluso disminuido en términos corrientes. Sin embargo, si se incluyen subsidios privados o de ONGs internacionales la llegada de dinero para fines sociales cayó hasta 40 por ciento entre 2002 y 2008, período en que la cooperación mundial ha crecido, estimó Guillermo Correa, que lidera la RACI, una coalición de ONGs formada para fomentar la llegada de ayuda.

“En los últimos años la ayuda fue disminuyendo; es cierto que la Argentina nunca fue un país prioritario para quienes financian proyectos desde el exterior, pero en 2001, con la crisis, la llegada de dinero repuntó considerablemente respecto a la década anterior, aunque luego volvió nuevamente a bajar”, explicó Inés Castro Almeyda, directora de Desarrollo Institucional del Centro de Políticas Públicas para la Igualdad y el Crecimiento (Cippec).

Referentes de ONGs argentinas advirtieron en diálogo con PERFIL que la tergiversación de las cifras de pobreza, desocupación e inflación que divulga el INDEC del kirchnerismo transforma en “invisibles” a los que necesitan de ayuda. Aunque no sólo eso: también la falta de avances en materia de corrupción promueve una imagen “negativa” y “opaca” que espanta los envíos de fondos solidarios, dicen entidades locales y otras globales, como Transparencia Internacional.

Sobre el tema, la especialista de Cippec reconoce que “lo que no ayuda (para poder conseguir fondos) es la poca transparencia y claridad; un ejemplo son las estadísticas de pobreza o mortalidad infantil, la falta de información no ayuda a las organizaciones, y cada vez estamos peor”.

En concreto, datos obtenidos por este medio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) indican que las ayudas para el desarrollo en América latina se han mantenido cercanas a los 50 mil millones de dólares anuales en la última década, mientras que regiones como Africa han visto crecer los arribos de dinero solidario de 110 a 320 mil millones entre 1997 y 2006 (ver infografía).

La Argentina, siempre según la OCDE, recibió 81 millones de dólares en 2006, es decir apenas 0,03 por ciento de la ayuda que recibe Africa. Los números se encuentran incluso muy lejos de lo que reciben otras naciones de la región, entre ellas Colombia (más de once veces lo que llega a Argentina), Bolivia (siete veces) o Guatemala, que ve llegar más de cinco veces lo que se dona a nuestro país (ver infografía).

ONGs en problemas. La situación está preocupando a muchas de las 30 mil organizaciones que se estima existen en la Argentina y asisten problemas sociales, ya que la carencia de fondos genera una “virtual competencia” entre ellas. Es por eso que una decena de las más importantes ONGs han creado la Red Argentina de Cooperación Internacional (RACI), que lanzó en forma reciente un manual para conseguir apoyo en el exterior, ante la supuesta falta de capacitación en el tema y la escasa iniciativa oficial.

Correa, su coordinador ejecutivo, explicó que el trabajo de la RACI de por sí es arduo, ya que en primera instancia “la Argentina está calificada como un país de renta media, por lo que no es prioridad para Naciones Unidas”.

Además, América latina también es una región postergada. Es por eso que capacitan a las ONG chicas para que busquen ayuda.

“Lo que hacen los que invierten es mirar las estadísticas oficiales. Por eso, cuando miran los índices de pobreza te preguntan para qué queremos fondos ‘si estamos genial’; o si pedimos más fondos porque subieron los precios te dicen ¿pero si la inflación fue de 10 por ciento por qué pedís un 30 por ciento más”, explicó.

Pese al avance que significó reunirse y promocionar entre todos la ayuda, el panorama para las ONG no es el mejor. Al triple problema que tenían –falta de fondos, descrédito por las estadísticas y falta de transparencia– ahora se les suma la intención oficial de administrarles su propio presupuesto.

Sospechas sobre la Cancillería

Las sospechas de corrupción y falta de transparencia del Gobierno están provocando según las ONG un descenso en la cantidad de dinero solidario que reciben, por lo que ahora investigan el accionar oficial para evitar que los fondos terminen en una “caja negra”.

“Estamos siguiendo el tema e investigando y que si bien no hay datos concretos, sentimos que algunas cosas no están muy claras… notamos que la gestión de los fondos y las prácticas no son transparentes”, afirmó a PERFIL Guillermo Correa, encargado de la RACI, una red de entidades sin fines de lucro que promueve la llegada de fondos solidarios.

Correa, especialista en temas de cooperación, explicó que “eso es claramente un incentivo negativo, porque no genera vínculos de confianza con otros fondos y países… los que invierten no son tontos, ellos buscan que sus inversiones tengan un impacto real, por lo que si no pasa nada con los fondos que envían, no los mandarán más”, agregó.

Desde Transparencia Internacional, Delia Ferreyra Rubio, encargada del capítulo local y presidenta de Poder Ciudadano, agregó que “la preocupación por la falta de transparencia se refiere a fondos y préstamos que ingresan al Estado y que muchas veces no se aplican al destino para el que han sido solicitados”. Para ella, la situación se enmarca en las “falencias” oficiales para manejar todo el presupuesto, no sólo los fondos con fines sociales.

La Cancillería es el órgano sobre el que recaen parte de las sospechas. Su Dirección General de Cooperación está encargada de recibir los fondos y remitirlos a las instituciones que lo necesiten, aunque desde el ministerio se negaron a dar información pese a los insistentes llamados de este diario.

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Autor Pedro Ylarri

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Periodista argentino especializado en economía, negocios y medios. Emprendedor digital. Con experiencia en la Agencia DyN, el diario Perfil y El Cronista Comercial (Argentina), Corresponsal de El Economista (España) y Euromonitor (Inglaterra).

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